Santiago, veintinueve de
enero de dos mil trece.
Vistos:
En
estos autos RUC N°1040022976-2 y RIT N°O-46-2010, del Juzgado de
Letras del Trabajo de Punta Arenas, doña Ana María Amarante
Williams, profesora y don Javier Lagos Troncoso, abogado, en
representación de doscientos
ochenta y siete profesores, dedujeron
demanda de cobro de prestaciones laborales, en juicio laboral de
aplicación general, en contra de la Corporación Municipal de Punta
Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor, representada
por don Orlando Estefó Harambour, a fin de que se ordene el pago
íntegro del Bono SAE (subvención adicional especial)
correspondiente a los años 2007, 2008 y 2009 por una suma de
$4.000.000 para cada uno de los actores, más reajustes, intereses y
costas, invocando lo dispuesto en la Ley N°19.419 y en el inciso 3°
del artículo 9 de la Ley N°19.933, modificado por la Ley N°20.158.
La
demandada, al contestar, solicitó el rechazo de la acción con
costas. Explica que con motivo del
paro nacional de profesores del año 2009 se acordó entre el Colegio
de Profesores, el Ministerio de Educación y la Asociación de
Municipalidades observar la forma de cálculo que determine la
Contraloría General de la República. Dice que es efectivo que en
junio de 2009 se estableció el compromiso de pagar a los docentes
una suma de dinero con carácter de abono o anticipo de lo que
pudiera adeudarse por concepto de bono extraordinario de excedentes
correspondientes a los años 2007 y 2008. Añade que a fin de
concluir el conflicto, pagó con carácter de anticipo del bono
extraordinario a cada docente con una carga horaria de 20 o más
horas, la suma de $ 500.000, y la suma de $ 300.000 a los docentes
con jornada de menos de 20 horas. Explica que la Contraloría General
de la República, mediante Dictamen 44.747 de 18 de agosto de 2009,
estableció la fórmula de cálculo y que, impugnado por el Colegio
de Profesores, mediante recurso de protección, éste fue resuelto en
contra de la recurrente, lo que fue confirmado por la Corte Suprema
en fallo de fecha 5 de mayo de 2010. Por lo anterior, opone
excepción de pago por cuanto los montos a que estaba efectivamente
obligada por concepto de bono extraordinario de excedentes para los
años 2007, 2008 y 2009 eran inferiores a los que fueron pagados a
los beneficiarios, por lo que los actores han percibido sumas
superiores a las cantidades que correspondían de conformidad a la
ley, pues de acuerdo a la fórmula de cálculo fijada por la
Contraloría, se puede concluir que ha cumplido cabalmente con la
obligación de repartir entre los docentes los excedentes generados
por la aplicación del art. 13 letra d) de la Ley 20.158, por cuanto
ha empleado en la determinación las mismas las planillas de cálculo
que al efecto ha establecido el Ministerio de Educación, no
adeudando en consecuencia, a su juicio, nada a los actores por dicho
concepto. Además, opone excepción de finiquito
respecto
de los actores Vásquez Klein, Lizondo Loncomilla, Cofré Saavedra,
Quiroz Ríos, Valenzuela Neuquen, Bruna Rodríguez, Barrientos
Saldivia, Dubrasich Cárdenas, Pérez Arteaga, Mansilla Pérez,
Cárdenas Mansilla, Oliarte Ojeda, Almonacid Núñez, Bozinovic Coto,
Calbullahue Cheuquepil, Avendaño Saa, Leiva Montiel, Saldivia
Montenegro, Aguilar Bravo, Alvarado Asenjo, Núñez Núñez, Torres
D’ Espesailles, Barriga Sanhueza, Lagos González, Vásquez Ruiz,
Soto Muñoz, Leiva Troncoso, Soto Mayorga, Calisto Alarcón, Gómez
Kamann y Amarante Williams, quienes cesaron en su relación laboral,
sin reserva de derechos. Por otro lado, la demandada dedujo demanda
reconvencional, solicitando que se ordene a la demandada restituir
la totalidad de las sumas que cada uno de los actores recibiera en
exceso, con ocasión de un anticipo que por concepto de bono
extraordinario de excedentes percibieran durante el año 2009,
fundado en las mismas alegaciones y defensas esgrimidas en la
contestación de la demanda principal, solicitando que se declare en
definitiva: “1.- que la demandada y demandante reconvencional se
encuentra facultada para imputar o deducir lo pagado en exceso en el
abono SAE correspondiente al año 2010, respecto de los actores en
que exista un saldo a favor del empleador, de conformidad a la
formula de cálculo instruida por el Ministerio de Educación; 2.- en
subsidio, para el evento que no existan excedentes y no sea posible
imputar y deducir de las remuneraciones de cada demandante en
funciones el pago en exceso, con relación al abono pagado por el
empleador, conforme a lo expuesto en la contestación de la demanda.-
y 3.- por su parte en relación con los trabajadores que cesaron en
sus funciones, solicitan se declare que nada se les adeuda,
encontrándose obligados a percibir lo pagado en exceso, conforme a
la liquidación que resulte aplicada la fórmula de cálculo del bono
SAE que ha determinado el Ministerio de Educación, con costas”.
Por
sentencia definitiva de veintisiete de marzo del año dos mil doce,
que rola en los antecedentes en custodia, se resolvió acoger
la excepción de pago opuesta por la demandada y, en consecuencia, se
rechazó la demanda interpuesta;
asimismo, se rechazó la demanda reconvencional.
En contra de la referida
sentencia la parte demandante interpuso recurso de nulidad, alegando
la causal de infracción de ley establecida en el artículo 477 del
Código del Trabajo, en relación con el artículo 9 inciso 3° de la
Ley N°19.933 introducido por la Ley 20.158, artículos 3 y 52 de la
Ley 19.880, 5° Transitorio de la Ley N°19.070, artículo 10 letra
c) de la Ley N°19.410, artículo 2° de la Ley N°19.598 y artículo
52 del Código Civil, pues al haber acogido la excepción de pago se
ha aceptado la forma de cálculo pretendida por la demandada para
determinar la procedencia del bono aludido, apartándose con ello de
la normativa legal que refiere como vulnerada.
La Corte de Apelaciones
de Punta Arenas, conociendo del recurso de nulidad reseñado, por
resolución de tres de agosto de dos mil doce, que rola a fojas 24 y
siguientes de estos antecedentes, lo acogió estimando configurada la
infracción de ley denunciada, especialmente a los artículos 10
letra c) de la Ley N°19.410 y 9 inciso 3° de la Ley N°19.933;
luego, procedió a invalidar la sentencia del tribunal a quo. Acto
seguido y sin nueva vista procedió a dictar sentencia de reemplazo,
revocando la sentencia del tribunal de la instancia y, en su lugar,
resolvió acoger la demanda y condenar a la demandada a pagar a cada
uno de los actores el denominado Bono SAE por los años 2007, 2008 y
2009, más intereses y reajustes, sin deducción del incremento del
valor hora cronológica, dejándose para la etapa de cumplimiento de
la sentencia la determinación del monto que corresponde a cada uno
de ellos; además, rechazó las excepciones de pago y la demanda
reconvencional.
En contra de la sentencia
que acogió el recurso de nulidad la demandada dedujo, a fojas 64,
recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando que esta Corte
lo acoja y dicte una sentencia de reemplazo que, en definitiva,
rechace el recurso de nulidad declarando que su parte nada adeuda a
los demandantes, con costas.
Se ordenó traer estos
autos en relación.
Considerando:
Primero:
Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 483 del Código del
Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando
respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren
distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes
emanados de tribunales superiores de justicia.
Segundo:
Que la unificación de jurisprudencia pretendida en estos autos por
la demandada se plantea en relación a la materia de derecho objeto
del juicio consistente en determinar cuál es la correcta
interpretación de las expresiones “…y lo pagado en similar
período, por concepto de incremento de valor hora en los años en
que procedió” a que alude el nuevo inciso 3° del artículo 9 de
la Ley N°19.933, introducido por la Ley N°20.158 en la fórmula
para calcular la existencia de excedentes y, por consiguiente, la
procedencia del llamado Bono SAE. Es decir, si dicha frase se refiere
a valores futuros y originados con posterioridad al 29 de diciembre
de 2006 –fecha de publicación de la Ley N°20.158- o, por el
contrario, si se refiere a incrementos pasados.
El recurrente sustenta su
recurso en que la interpretación llevada a cabo por los Ministros de
la Corte de Apelaciones ha sido errada, por cuanto han decidido
prescindir de la interpretación entregada por la Contraloría
General de la República en el Dictamen 44.747 de 18 de agosto de
2009, en lo que concierne a la fórmula de cálculo instruida por
dicho organismo y por el Ministerio de Educación para determinar la
existencia de excedentes y, en consecuencia, el bono extraordinario o
SAE.
Tercero:
Que,
por otra parte, de la lectura del fallo que acompaña, dictado por la
Corte de Apelaciones de Valdivia en el ingreso N°27-2011 y que se
lee a fojas 56 y siguientes –único a considerar pues el de fojas
44 dictado por la Corte de Apelaciones de Copiapó no se ha
acompañado el certificado que dé cuenta de encontrarse ejecutoriada
dicha decisión-, se desprende que se trata de la demanda interpuesta
por profesores del sector municipal –similar a la de autos- en que
se ha ejercido la acción contra la Municipalidad de La Unión, a fin
de que se ordene el pago del bono extraordinario de excedentes a que
tendrían derecho los actores, correspondientes a los años 2007 y
2008. En el motivo sexto de la sentencia la Corte aludida,
pronunciándose sobre la existencia de infracción de ley al artículo
10 letra c) de la Ley N°19.410 y 9 inciso 3° de la Ley 19.933
introducido por la Ley N°20.158, afirma que junto con establecer
los requisitos para que proceda el bono extraordinario, explica que
la deducción respecto al incremento del valor hora importa una
diligencia contemplada en la Ley N°20.158. Adiciona que se advierte
que la voz “procedió” es el pretérito perfecto del verbo
“proceder”, de modo que el mandato legislativo alude a
incrementos del valor hora ya dispuestos por el legislador; en
cambio, lo que pretende el recurrente importa concluir que el
legislador obligó a incorporar en la ecuación un valor o valores
que al tiempo de publicar la disposición -29 de diciembre de 2006-
no tenían existencia, lo que es insostenible. Por el contrario, se
dice que fueron leyes anteriores las que incrementaron el valor hora,
por lo que la disposición obliga al intérprete a establecer que la
norma se ha referido a dichos aumentos. Por lo anterior, desestima el
recurso.
Cuarto:
Que,
por el contrario, en la sentencia recurrida, los sentenciadores de la
Corte de Alzada, al acoger la nulidad, han resuelto que del estudio
de la normativa no se puede concluir que en el cálculo del bono en
cuestión deba hacerse un descuento del incremento del valor hora,
por lo que la forma en que la demandada ha realizado la operación
para determinarlo constituye una errónea aplicación e
interpretación de la ley. Añaden que, en efecto, se trata de un
incentivo remuneracional para los docentes de las municipalidades que
se aplicará durante los años 2007 a 2010 y que solamente para su
cálculo se remite a la Ley N°19.410, no para efectuar deducciones
no establecidas, pues ese no ha sido el propósito del legislador.
Por otro lado, los jueces arguyen que no es posible concluir que una
norma que ayude a mejorar las remuneraciones del sector docente
establezca un procedimiento para reducir el incentivo, lo cual se
traduciría en descuentos que afectan sus ingresos, lo que estaría
expresamente prohibido en el artículo 58 del Código del Trabajo.
Por lo señalado, concluyen que el razonamiento de la demandada es
errado, sin que sea posible la reducción de lo gastado en
remuneraciones por incremento del valor hora en la operación de
cálculo del bono en análisis.
Quinto:
Que de lo expuesto se infiere que concurre en el caso la similitud
fáctica necesaria entre la sentencia impugnada y la resolución
tenida a la vista y queda de manifiesto la existencia de distintas
interpretaciones de Tribunales Superiores de Justicia sobre lo
dispuesto en el inciso 3° del artículo 9° de la Ley 19.933, en
cuanto a lo que debe entenderse o cómo deben interpretarse las
expresiones “los años en que procedió” referidos a incrementos
del valor hora que deben descontarse.
Sexto:
Que
existiendo distintas interpretaciones sobre dicha materia, el
presente recurso de unificación de jurisprudencia deberá acogerse
en este aspecto.
Por
estas consideraciones y en conformidad, además, con lo dispuesto en
los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se
acoge el recurso de unificación de jurisprudencia
interpuesto por la demandada a fojas 64 de estos antecedentes en
contra de las sentencias de nulidad y de reemplazo, ambas de tres de
agosto de dos mil doce, dictadas por la Corte de Apelaciones de Punta
Arenas.
Redacción a cargo del
Ministro señor Patricio Valdés Aldunate.
Regístrese.
N°6.849-12.-
Pronunciado
por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros
señores Patricio Valdés A., Héctor Carreño S., señora
Rosa Egnem S., la Ministro Suplente señora
Dinorah Cameratti R., y el Abogado Integrante señor Ricardo Peralta
V. Santiago, veintinueve de enero de dos mil trece.
Autoriza la Ministra de
Fe de la Excma. Corte Suprema.
En Santiago, a
veintinueve de enero de dos mil trece, notifiqué en Secretaria por
el Estado Diario la resolución precedente.
_______________________________________________________________________
Santiago,
veintinueve de enero de dos mil trece.
Dando cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 483 C, inciso segundo, del Código del
Trabajo, se dicta la sentencia de reemplazo que sigue en unificación
de jurisprudencia.
Vistos:
De la sentencia de
nulidad de tres de agosto de dos mil doce se mantiene su parte
expositiva y sus considerandos primero a cuarto, eliminándose los
restantes.
Y teniendo además
presente:
Primero:
Que respecto del capítulo de la nulidad impetrada por la demandada,
fundada en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo en
relación con el artículo 9 inciso 3° de la Ley N°19.933
introducido por la Ley 20.158, artículos 3 y 52 de la Ley 19.880, 5°
Transitorio de la Ley N°19.070, artículo 10 letra c) de la Ley
N°19.410, artículo 2° de la Ley N°19.598 y artículo 52 del
Código Civil, ella se basa en haberse dictado el fallo con
infracción de ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo
del mismo por cuanto el tribunal de la instancia ha hecho suyo el
Dictamen de la Contraloría General de la República en cuanto a la
fórmula para determinar la base de cálculo de los excedentes a
repartir por concepto de Bono SAE. En efecto, la sentencia recurrida
estableció que el cálculo de excedentes efectuado por la demandada
–según la documentación acompañada- permitió determinar que
para los años 2007 y 2008 la demandada pagó el Bono SAE a los
actores sin que nada les adeude a la fecha por dicho concepto, y que
respecto de los años 2009 y 2010 la demandada no obtuvo excedentes
que repartir a ese título.
Segundo:
Que
para determinar la procedencia del bono extraordinario de excedentes
demandado por los actores -todos profesionales de la educación del
sector municipal- debe aplicarse la fórmula que emana del inciso 3°
del artículo 9 de la Ley N°19.933 que dispone, en lo pertinente, lo
siguiente: “Con
todo, para efectos del cumplimiento de lo establecido en el inciso
primero del presente artículo, a partir del año 2007 y hasta el año
2010, en los meses de diciembre de cada año se aplicará el
mecanismo dispuesto en la letra c) del artículo 10 de la ley
N°19.410, en términos de comparar lo percibido por aplicación de
los artículos 6°, 7° y 8° de la presente ley en el año de que se
trate y lo pagado en similar período por concepto de incremento del
valor hora, en los años en que procedió, el bono proporcional y la
eventual planilla complementaria. El excedente que resultare se
pagará necesariamente a los profesionales de la educación, de una
sola vez, como bono extraordinario, no imponible ni tributable,
proporcional a las horas de designación o contrato, durante el mes
de diciembre de cada año…”
Tercero:
Que dicha fórmula contempla la deducción, en la referida operación,
del incremento del valor hora en los años en que procedió.
Cuarto: Que
debiendo aplicarse la fórmula ya mencionada y a la luz de la
controversia seguida entre las partes, surge la necesidad de precisar
qué debe entenderse por incremento del valor hora en los años en
que procedió. Lo anterior, a efectos de hacer posible la
determinación de la existencia de los excedentes al momento de la
liquidación que deba realizarse para dichos efectos.
Quinto: Que
esta Corte, pronunciándose ya en recursos de unificación Roles
7871-2011 y 5916-2012, ha dicho que para la tarea propuesta cabe
tener presente lo siguiente:
1.- que tratándose de un
pasaje obscuro de la ley se impone la necesidad de acudir a las
normas legales de interpretación contenidas en los artículos 19 al
24 del Código Civil. Es así como aplicando el artículo 22 inciso
2° del referido código, resulta pertinente efectuar una
interpretación lógica o sistemática de las leyes 19.598 y 19.933
modificada por la Ley N°20.158 –que por lo demás versan sobre el
mismo asunto-.
2.- que el bono
extraordinario se reactivó –procediendo su pago siempre que se
configuren sus requisitos- con la dictación de la Ley N°19.598, en
cuyo artículo 2° se hizo alusión expresa al procedimiento para su
cálculo desde el año 1998. Asimismo, fue esta ley la que dio el
punto de partida a los incrementos legales del valor hora
cronológica.
3.- que claramente la
expresión “años en que procedió” se encuentra redactada en
tiempo pretérito, por lo que es ineludible concluir que los
descuentos a efectuarse a este título deben incluir todos los
incrementos pasados que correspondan. Lo anterior, sin que esto
signifique dar un efecto retroactivo a la ley sino que simplemente
permite aplicar una fórmula de cálculo determinada.
4.-
que,
en todo caso, la subvención siempre debe destinarse exclusivamente
al pago de remuneraciones y de otros beneficios de carácter
remuneratorio, y el incremento del valor hora tiene esta calidad, de
modo que para determinar si existen excedentes de la subvención para
proveer al pago de bono extraordinario resulta lógico descontar lo
pagado por incremento de valor hora, pues este pago se ha hecho con
cargo a los mismos dineros o fondos de la referida subvención.
Sexto: Que
atendido lo razonado en el motivo precedente, cabe concluir que las
expresiones “años en que procedió” comprenden los incrementos
del valor hora cronológica a partir del año 1998 en adelante y
anteriores al año 2007, los que deben rebajarse como gasto o egreso
en la operación de comparación o fórmula de cálculo de existencia
de excedentes para determinar la procedencia del bono extraordinario
o SAE.
Séptimo:
Que atendido lo resuelto, la interpretación efectuada por el
tribunal a quo ha sido la correcta, puesto que al acoger la excepción
de pago
no ha hecho sino corroborar la aplicación de la fórmula de cálculo
usada por la demandada para determinar la procedencia del bono
extraordinario de excedentes -que no es otra que la determinada por
la Contraloría General de la República, como lo ha sostenido al
contestar la demanda- que considera como gasto, en la referida
operación, los incrementos del valor hora desde el año 1998 y hasta
el año 2006, pues desde éste y hasta el año 2010 no los hubo. En
consecuencia, no
se ha incurrido en la causal de nulidad denunciada, por lo que el
recurso no podrá prosperar.
Por
estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos
474, 477, 479 y 482 del Código del Trabajo, se
rechaza, sin costas, el recurso de nulidad deducido
por la demandante contra la sentencia de veintisiete de marzo del año
“dos mil once” (sic), que rola en custodia, dictada por el
Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, la que, en
consecuencia, no es nula.
Redacción a cargo del
Ministro señor Patricio Valdés Aldunate.
Regístrese y devuélvase
con sus agregados.
N°6.849-12.-
Pronunciado
por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros
señores Patricio Valdés A., Héctor Carreño S., señora
Rosa Egnem S., la Ministro Suplente señora
Dinorah Cameratti R., y el Abogado Integrante señor Ricardo Peralta
V. Santiago, veintinueve de enero de dos mil trece.
Autoriza la Ministra de
Fe de la Excma. Corte Suprema.
En Santiago, a
veintinueve de enero de dos mil trece, notifiqué en Secretaria por
el Estado Diario la resolución precedente.
