Puerto Montt,
veintisiete de agosto de dos mil catorce.
Vistos y teniendo presente:
Primero: Que, en estos autos RIT T-13-2014 del Juzgado
del Trabajo de Puerto Montt, caratulados “Vidal con Gobierno
Regional de Los Lagos”, el abogado Raúl Oliva Camadro, en
representación de la demandante doña Patricia Jimena Vidal
Figueroa, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución
del tribunal de primer grado dictada en audiencia preparatoria en
procedimiento ordinario, de fecha 15 de julio de 2014, por la cual,
basándose en lo dispuesto en el artículo 1º del Código del
Trabajo, acoge la excepción de incompetencia absoluta opuesta por el
demandado.
Segundo: Que, resumidamente el recurrente fundamenta su
arbitrio procesal de la siguiente manera:
1.- Por cuanto el artículo 1º del Código del Trabajo en su inciso
3º, permite a los trabajadores de las entidades de la Administración
del Estado, centralizada y descentralizada y otros que indica, acudir
a las disposiciones del Código del Trabajo en materias no
contempladas en sus respectivos estatutos, que no sean contrarias a
ellos, reconociendo a estos funcionarios el carácter de trabajadores
afectos a dicho código.
2.- Agrega que el Estatuto Administrativo no contiene normas ni
procedimiento en materia de tutela o vulneración de derechos
fundamentales. Además, la Ley 20.087 que introdujo esta materia es
reciente y posterior a la última de las reformas de la norma
administrativa, por lo que mal podría haber considerado ésta
materias de índole tutelar.
3.- Porque el artículo 76 de la carta fundamental y los artículos
1º, 5º y 10 del Código del Trabajo establecen de manera
indiscutible que la facultad de conocer las causas civiles y penales
corresponde exclusivamente a los tribunales y que reclamada en forma
legal y en negocios de su competencia, éstos no pueden excusarse de
ejercer su autoridad ni aún por falta de ley que resuelva la
contienda o el asunto sometido a su decisión, cualquiera sea su
naturaleza o la calidad de las personas que intervengan.
4.- Que, al dejar el tribunal a quo sin derecho a defensa a la
trabajadora respecto de la vulneración de sus derechos fundamentales
por la vía de la discriminación y acoso laboral, señalando que
tales derechos podrían ser defendidos en sede administrativa, lo que
no es efectivo, se está frente a una situación de denegación de
justicia.
5.- Expresa que las normas internacionales a las que nos hemos
obligado como Estado, establecen obligaciones insoslayables en
materia de protección de las personas. Señala que al efecto el
artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, bajo el título de
Garantías Judiciales, en su numerando 1, señala: “Toda persona
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” Lo que aparece
luego refrendado por otras normas de similar naturaleza.
6.- Finalmente el recurrente invoca reciente sentencia de unificación
de jurisprudencia pronunciada por la Excma. Corte Suprema en causa
rol 10972-2013, la que determina que los funcionarios públicos no se
encuentran limitados por el Estatuto Administrativo para acceder a
los procedimientos de tutela del Código del Trabajo reformados y por
ende a la competencia de los tribunales laborales.
Con estos argumentos solicita se revoque la resolución impugnada y
se declare no dar lugar a la excepción de incompetencia absoluta
opuesta.
Tercero: Que, por su parte el apelado expresa, también
expuesto resumidamente, que el artículo 1º del Código del Trabajo
es claro en señalar cuál es su ámbito de aplicación y su
especificidad en cuanto a las relaciones que regula, dejando
expresamente fuera de su normativa a los funcionarios de la
Administración del Estado, centralizada y descentralizada. Norma de
naturaleza prohibitiva y de orden público que excluye situaciones
como la pretendida en autos.
Agrega que existe una confrontación de disposiciones entre la
regulación de funcionarios públicos y la normativa establecida en
el Código del Trabajo, ya que el artículo 15 del D.F.L. Nº
1-19.635, que fija el texto refundido y sistematizado de la Ley Nº
18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del
Estado, señala: “El personal de la Administración del Estado
se regirá por normas estatutarias que establezca la ley, en las
cuales se regulará el ingreso, los deberes y derechos, la
responsabilidad administrativa y la cesación de funciones.”
Esta confrontación y la naturaleza jurídica de la contratación de
la actora permite colegir que su vinculación se encuentra dentro de
la esfera del Derecho Administrativo y no frente al Derecho Laboral,
por lo que no le resulta aplicable el inciso 3º del citado artículo
1º del Código del Trabajo, tal como lo han sostenido diversos
fallos de la Excma. Corte Suprema distintos al mencionado por el
recurrente.
Cuarto: Que, estos sentenciadores estiman que si bien
es cierto expresamente el artículo 1º del Código del Trabajo en su
inciso segundo excluye, entre otros, de la aplicación de sus normas
a los funcionarios de la Administración del Estado, en su inciso
tercero sujeta a estos trabajadores a dicho texto normativo en los
aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos,
siempre que no fueren contrarios a estos últimos. De esta forma, no
advirtiéndose en el Estatuto Administrativo, cuerpo de normas de ese
carácter que regulan las relaciones de los empleados públicos,
disposiciones que efectivamente establezcan un procedimiento
jurisdiccional especial de lato conocimiento para conocer y juzgar
denuncias de vulneración de derechos fundamentales que afecten a
estos trabajadores en el ejercicio de sus labores, aparece
justificada la excepción contenida en el aludido inciso tercero y
manifiesta la necesidad de que se les aplique el procedimiento de
tutela laboral previsto en el artículo 485 y siguientes del Código
del Trabajo.
Quinto: Que, no obsta a lo que se viene resolviendo la
naturaleza administrativa de la relación de las partes y la
existencia del procedimiento de reclamación previsto en el artículo
160 del Estatuto Administrativo, o de cualquier otro en que pudiere
perseguirse responsabilidades administrativas o disciplinarias al
interior de las instituciones públicas, toda vez que ninguno de
ellos entrega al trabajador de ese sector acceso a la jurisdicción
para el debido resguardo de sus derechos fundamentales en el ámbito
laboral y al Estado la posibilidad de cumplir con el deber
inexcusable de conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado a través
exclusivamente de los tribunales establecidos por la ley, como lo
impone el artículo 76 de la Constitución Política de la República
y lo reafirman los artículos 1º, 5º y 10º del Código Orgánico
de Tribunales, por lo que se acogerá el presente recurso.
Por estas consideraciones, y lo dispuesto por los artículos citados
y 453, 474 y 476 del Código del Trabajo, se declara:
Que se revoca la resolución apelada de fecha 15 de julio de
2014, por la que se acogió la excepción de incompetencia absoluta
en relación a la materia, opuesta por el demandado, y en su lugar se
resuelve rechazar dicha excepción, debiéndose continuar con la
tramitación del procedimiento.
Notifíquese y devuélvase.
Redacción del abogado integrante Roberto Henríquez Valenzuela.
Rol N° 105-2014.
Pronunciada por la Primera Sala de esta Iltma. Corte de
Apelaciones, presidida por don Jorge Pizarro Astudillo e integrada
por la Fiscal Judicial doña Mirta Zurita Gajardo y por el Abogado
Integrante don Roberto Henríquez Valenzuela. No firma el Presidente
don Jorge Pizarro Astudillo, quien concurrió a la vista y acuerdo
por encontrarse realizando labores de Presidencia. Autoriza la
Secretaria Titular doña Lorena Fresard Briones.
Puerto Montt, veintisiete de agosto de dos mil catorce, notifiqué
por el estado diario la resolución que precede. Lorena Fresard
Briones, Secretaria Titular.
