Santiago, ocho de
julio de dos mil catorce.
VISTO
Y TENIENDO PRESENTE:
1º.-
Que en este procedimiento ordinario, Rol Nº 35456-2009, seguido ante
el 22° Juzgado Civil de Santiago, caratulado “Urtubia Lizana Nora
Emperatriz y otros con Inmobiliaria Quillay Limitada y otros”,
la parte demandada recurre de casación en el fondo en contra de la
sentencia de la Corte de Apelaciones de esta ciudad que rechazó las
excepciones de falta de jurisdicción, de prescripción y de falta de
legitimación activa; y que acogió la demanda en cuanto condena a
las demandadas al pago del daño moral fijado en la suma de $
10.000.000 (diez millones de pesos) a cada uno de los demandantes,
con costas;
2º.-
Que el recurrente sostiene que en el fallo cuya nulidad de fondo
persigue, se han sido infringidos los artículos 18 inciso 6° n° 3,
21 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; 1857 del Código
Civil; 3° de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria; y 144 del Código
de Procedimiento Civil, aduciendo, que la pretensión de las actoras
es de conocimiento del Juzgado de Policía Local, pues a dicho
tribunal le corresponde declarar la existencia de un vicio de
construcción en forma previa a la discusión de la indemnización de
perjuicios. Agrega que la acción resarcitoria por vicios
redhibitorios prescribió y, que a mayor abundamiento, los daños
alegados por la parte demandante corresponde a un ducto de
alcantarillado, que por ser un bien común, los eventuales reclamos
deben ser alegados por la administración de la comunidad;
3º.-
Que
la sentencia cuestionada que reprodujo y confirmó el fallo de primer
grado rechazando las excepciones opuestas y acogiendo, en definitiva,
la demanda de autos, en relación a la falta de jurisdicción, señala
que “el artículo 21 del D.F.L. N° 458, de 1975, Ley General de
Urbanismo y Construcciones, modificado por la Ley N° 19.472,
publicada en el Diario Oficial el 16 de septiembre de 1996, se
refiere a las infracciones a las disposiciones de la citada ley, de
su ordenanza general y de los instrumentos de planificación
territorial, todo lo cual será de conocimiento del Juez de Policía
Local respectivo, mientras que la acción intentada en autos es la de
indemnización de perjuicios, que deriva de fallas o errores de la
construcción”.
Acerca de la
excepción de prescripción, se indica que “en conformidad al
artículo 18 del Decreto con Fuerza de Ley N° 458 vigente a la fecha
de la celebración de los respectivos contratos de compraventa, esto
es, el 6 de abril de 2005, en lo relativo a doña Verónica Ivonne
Milla Godoy y 27 de abril de 2005 en lo referido a doña Nora Urtubia
Lizana el plazo de prescripción de las acciones indemnizatorias era
de cinco años contados desde la recepción definitiva de las obras
por parte de la Dirección de Obras Municipales, indistintamente del
tipo de fallas que afectasen al inmueble. El plazo de tres años que
aluden las demandadas fue introducido por la Ley N° 20.016 de 20 de
mayo de 2005, no aplicable al presente caso, en conformidad al
artículo 25 de la Ley sobre Efecto Retroactivo de las Leyes”.
Agrega que, en
cuanto a la prescripción de la acción rescisoria por vicios
redhibitorios, “esta no es la acción que han intentado las
actoras, sino que se desprende claramente del libelo que el
fundamento de su acción es el artículo 18 del D.F.L. N° 458”.
En tanto a la
excepción de falta de legitimación activa, la sentencia impugnada
señala que “del citado texto legal que regía a la época de la
recepción definitiva de la obra al no distinguir las fallas que
afectan al inmueble, no distingue tampoco respecto al legitimado
activo para intentar la acción, estando acreditado en autos que las
actoras son propietarias de los inmuebles, por lo que les compete el
derecho para ejercer la acción sublite”.
Por último, al
resolver el fondo del asunto de marras, los jueces dieron por
establecido que “en la habitación principal del departamento 202
de doña Nora Urtubia Lizana las mediciones de ruido, según lo
indicado en la norma NCH 351/2000 supera el máximo permitido en 24,4
decibeles y en la habitación principal del departamento 203 de doña
Verónica Milla Godoy, lo hace en 31,8 decibeles”, lo que permite
concluir que “ambas demandantes experimentaron un daño moral, que
avalúa en la suma de diez millones de pesos para cada una”;
4º.-
Que
de conformidad con lo reseñado en el motivo que precede, se observa
que los sentenciadores al rechazar las excepciones opuestas y acoger
la demanda, han efectuado una correcta aplicación de la normativa
atinente al caso de que se trata, pues al momento de celebración de
los contratos de compraventa, la ley vigente a la época establecía
un plazo de prescripción de 5 años. Además, lo atinente a las
áreas comunes, no se requería que la acción fuese entablada por la
Administración de la comunidad, por lo que al ser las actoras
propietarias de sus respectivos departamentos, están habilitadas
para ejercer la acción de marras. Por último en cuanto a las
alegaciones efectuadas respecto de la acción resarcitoria de vicios
redhibitorios, ella no fue la ejercida en estos autos, tal como fue
razonado por los jueces del mérito;
5°.-
Que en mérito de lo expuesto, el recurso de casación en el fondo en
estudio no podrá prosperar por adolecer de
manifiesta falta de fundamento,
dada la clara inexistencia del error de derecho que se denuncia.
6°.-
Que, en relación a la denuncia efectuada por infracción al artículo
144 del Código de Procedimiento Civil, cabe recordar que el recurso
de casación en el fondo procede contra las sentencias definitivas,
contra las interlocutorias cuando ponen término al juicio o hacen
imposible su continuación y, excepcionalmente, contra las sentencias
interlocutorias dictadas en segunda instancia sin previo
emplazamiento de la parte agraviada, o sin señalar el día de la
vista de la causa;
7°.-
Que lo impugnado en el presente arbitrio, en lo que se refiere a la
condena de las costas, no presenta las características de aquellas
aludidas en los motivos anteriores, toda vez que no ha puesto fin a
la instancia, ni tampoco ha concluido el juicio ni hace imposible su
prosecución.
Por
estas consideraciones y de conformidad además con lo dispuesto en el
artículo 782 del Código de Procedimiento Civil,
se rechaza
el recurso de casación en el fondo interpuesto en la petición
principal de la presentación de fojas 284, por el abogado, don
Abraham René Quiros Varela, en representación de la parte
demandada, en contra de la sentencia de veinticuatro de marzo del año
en curso, escrita a fojas 283.
Regístrese y
devuélvase, con sus agregados.
Nº 10.813-2014.-
Pronunciado por la
Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Nibaldo
Segura P., Guillermo Silva G., Sra. Rosa Maggi D., Sr. Juan Fuentes
B. y Abogado Integrante Sr. Jorge Lagos G.
Autorizado por la
Ministra de fe de la Corte Suprema.
En Santiago, a ocho
de julio de dos mil catorce, notifiqué en Secretaría por el Estado
Diario la resolución precedente.
