Santiago, doce de marzo de dos mil dieciocho.
VISTOS:
Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de
sus considerandos quinto a undécimo que se eliminan.
Y se tiene en su lugar presente:
Primero: Que el recurso de protección de garantías
constitucionales establecido en el artículo 20 de la
Constitución Política de la República constituye
jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar,
destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías
y derechos preexistentes que en esa misma disposición se
enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que
se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida,
amague o perturbe ese ejercicio.
Segundo: Que, en consecuencia, para acoger la presente
acción debe en primer término constatarse el carácter
preexistente e indiscutido del derecho afectado, que en
este caso específico corresponde al derecho que asistiría a
los recurrentes de registrar ante la Inspección del Trabajo
recurrida el instrumento que celebraron con su empleador,
al que le atribuyen la calidad de instrumento colectivo del
trabajo, conforme lo dispuesto en el artículo 320 del
Código del Trabajo, calidad jurídica que cuestiona la
recurrida en su informe.
Tercero: Que, del análisis del libelo, el informe de
la recurrida y los antecedentes allegados al proceso se colige que en la especie existe controversia respecto de la
calificación jurídica del documento cuyo registro se
solicita, controversia que excluye la preexistencia de un
derecho incuestionado respecto de los actores.
En efecto, en ausencia de una declaración previa del
supuesto de su acción, -el carácter de instrumento
colectivo del documento que pretende registrar- el
recurrente carece de un derecho indubitado, cuestión que no
permite consecuentemente hacer lugar a la acción incoada,
por ausencia de uno de sus presupuestos procesales.
Cuarto: Que no habiéndose acreditado en autos la
existencia de tal derecho indiscutido y preexistente de
aquellos cuyo imperio esta Corte ha de proteger por esta
vía cautelar de urgencia, resulta ésta razón suficiente
para concluir que la presente acción ha de ser rechazada,
sin perjuicio de otras acciones que pudieren asistirle a
quienes recurren.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo que
dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la
República y el Auto Acordado de esta Corte sobre la
materia, se revoca la sentencia apelada de cuatro de
diciembre de dos mil diecisiete y, en su lugar se declara
que se rechaza el recurso de protección deducido por
Francisco Ugarte Cruz Coke en la representación que invoca.
Se previene que la Ministra señora Egnem concurre al
rechazo del recurso entablado teniendo para ello únicamente presente que esta acción cautelar no es la vía idónea para
conocer de la cuestión que se propone, razón suficiente
para proceder a su rechazo.
Regístrese y devuélvase.
Redacción a cargo del Ministro (S) Sr. Miranda y de la
prevención su autora.
Rol N° 45.354-2017.
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema
integrada por los Ministros Sra. Rosa Egnem S. y Sra. María
Eugenia Sandoval G., el Ministro Suplente Sr. Julio Miranda
L. y los Abogados Integrantes Sr. Jean Pierre Matus A. y
Sra. Leonor Etcheberry C.
No firma, no obstante haber
concurrido al acuerdo de la causa, el Ministro señor Miranda
por haber terminado su periodo de suplencia. Santiago, 12 de
marzo de 2018.
--------------------
ADVERTENCIA:
Si se trata de un fallo de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
