La Serena, quince de marzo de dos mil diecisiete
Visto y teniendo presente:
1°Que, en el caso de esta ejecución y a la luz de lo dispuesto en el artículo 440 del
Código del Trabajo, el municipio de La Serena fue requerido de pago el día 22 de febrero de
2017 por la suma de $31.274.306 más $600.000 por concepto de costas y más las
remuneraciones que se han seguido devengando hasta esta fecha por el no pago de
cotizaciones de seguridad social;
2° Que, así las cosas, está latamente vencido el plazo para oponer excepciones,
estando firme el mencionado requerimiento de pago;
3° Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica de
Municipalidades la ejecución de una sentencia condenatoria, cuyo es el caso de autos, tiene
un procedimiento especial de cumplimiento consistente en la dictación de un decreto
alcaldicio que disponga el pago de lo adeudado;
4°Que, por otra parte y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 432 del Código del
Trabajo, en materia laboral recibe aplicación supletoria el Código de Procedimiento Civil en
sus Libros I y II en tanto que estas normas no sean contrarias a los principios del proceso
laboral;
5°Que, tratándose de una obligación de hacer (dictación de un decreto alcaldicio) en
principio habría que utilizar el procedimiento de apremio para este tipo de obligaciones, pero
ello resulta improcedente en este caso desde que el juez carece de facultades para firmar un
decreto como el mencionado, lo que nos lleva necesariamente al artículo 238 del Código de
Procedimiento Civil, esto es, el procedimiento de cumplimiento de resoluciones judiciales
que no tienen otra forma de ser ejecutadas y que permite la medida de arresto. Y tanto es así,
que la propia Ley de Municipalidades prescribe que el arresto debe ser dirigido al Alcalde en
cuyo ejercicio se contrajo la multa, haciendo procedente este tipo de apremio;
6°Que, tratándose de una deuda por varios conceptos, resulta necesario determinar la
fecha en que ésta ha sido contraída para poder individualizar a la persona que ha de ser
arrestada en caso de no cumplimiento de lo que aquí se ordenará. Así las cosas y en lo que
respecta a las indemnizaciones y sanción de nulidad, la obligación indemnizatoria surge con Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
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o en la tramitación de la causa.
la declaración de despido injustificado y nulo, lo que ocurrió el día 17 de octubre de 2016
(fecha de dictación de la sentencia) y en lo tocante a las cotizaciones de seguridad social,
éstas se devengan mes a mes y por lo tanto el actual alcalde es responsable para estos efectos
desde la fecha de inicio de su primer mandato, es decir, desde el año 2012 ya que se trata de
una relación laboral que se extendió entre el año 2008 y el 2016;
7°Que, sólo a mayor abundamiento y según el mérito de la sentencia condenatoria que
precede a esta ejecución, conviene recordar que el caso que nos convoca involucra una
práctica ilegal muy extendida en los servicios públicos de todo tipo en nuestro país y que
consiste en disfrazar el contrato de trabajo bajo la fórmula del contrato a honorarios para
burlar las limitaciones presupuestarias y de personal, dejando a estos trabajadores al margen
de la protección laboral que les resulta aplicable mientras prestan estos servicios a
“honorarios”. De esta manera el señor Alcalde del municipio local ha sido parte de este
irregular sistema desde que la trabajadora ejecutante prestó servicios durante sus mandatos y
por lo tanto su responsabilidad no es sólo la política propia del cargo que se ejerce;
8°Que, así las cosas, como se pide a la petición subsidiaria de la ejecutante en cuanto
se apercibe al señor Alcalde de la Municipalidad de La Serena don Miguel Jacob Jure
con arresto de dos meses si en el plazo de diez días hábiles no dicta el decreto alcaldicio que
ordene el pago de lo adeudado en esta causa. Todo ello en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 32 de la Ley Orgánica de Municipalidades y normas laborales ya citadas.
Notifíquese al señor Alcalde en forma personal por funcionario del Tribunal.
RIT: C-36-2017
RUC: 16-4-0021064-4
Resolvió doña Nancy Aurora Bluck Bahamondes, Juez Titular del Juzgado de Letras
del Trabajo de La Serena.
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