Iquique, diez de enero de dos mil diecinueve.
VISTO Y OIDO:
En estos autos RUC 1840113809-5, RIT T-102-2018, la parte
demandada, representada por el abogado don Osvaldo Ardiles
Álvarez, recurre de nulidad en contra de la sentencia dictada el
veinticinco de septiembre pasado, por la Juez Sra. Marcela Díaz
Méndez, que acogió la demanda por tutela de derechos
fundamentales, deducida por Gunther Orlando Hener Pérez, en contra
de Gobierno Regional de Tarapacá.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: El abogado recurrente, luego de explicar la acción
deducida, señalar los puntos de prueba determinados por el tribunal, y
de reproducir el motivo décimo octavo del fallo impugnado, además
del resuelvo definitivo, formula las causales de nulidad de la letra c)
del artículo 478, y del artículo 477, ambas del Código del Trabajo, ésta
última en relación con la Ley 18.575, en carácter de principal y
subsidiaria, respectivamente.
SEGUNDO: Sobre la causal principal afirma, después de
transcribir los fundamentos décimo segundo y décimo tercero de la
sentencia, que concurre porque el tribunal consideró que el Gobierno
Regional de Tarapacá fundó la desvinculación del actor en la facultad
que posee para poner término anticipado a su contrata, y en el cargo
de confianza que el actor detentó hasta el 11 de marzo de 2018 con la
autoridad de turno, misma confianza que le privó de la preferencia de
la actual autoridad sin motivo alguno, lo que hace patente la
arbitrariedad de la desvinculación, indicando el recurrente que ese convencimiento debe analizarse desde la perspectiva de la causa Rol
126-2018, de esta Corte, relacionada con un recurso de protección
recaído en hechos idénticos pero relativos a otro funcionario también
desvinculado, acción que fue desestimada y confirmada por la Excma.
Corte Suprema, por considerarse inexistente la ilegalidad o
arbitrariedad, y es en este sentido que es posible apreciar la existencia
del error en la calificación jurídica de los hechos, ya que ante actos
administrativos idénticos en su contenido y razonamientos, la sra. Juez
estimó que la resolución carece de fundamento objetivo, en cambio
esta Corte y el Excmo. Tribunal han establecido que no existe
controversia acerca de las facultades del actual Intendente Regional
para poner término anticipado a una contrata, así como también que el
arbitrio señalado debe ejercerse con arreglo a la ley, cuyo es el caso,
dado que la Resolución Exenta está redactada y fundamentada en
términos idénticos para los casos del actor y del otro funcionario
desvinculado, no divisándose discriminación alguna.
Por otro lado, el letrado sostiene que el tribunal también se
equivoca al expresar que su representada invocó un cargo pretérito
ejercido por el demandante, porque con los dichos de los testigos de
ambas partes y la absolución de posiciones del demandante, quedó
establecido que si bien su calidad jurídica cambió, igualmente siguió
ejerciendo labores de asesoría directa en el gabinete de la ex
Intendente hasta el día en que se produjo el cambio de autoridad,
estando también acreditado que la modificación de la calidad jurídica
del demandante fue solicitada por él para conseguir estabilidad
laboral, pero sin dejar de ejercer las funciones que por años ejecutó. Luego, el abogado alude al motivo décimo tercero del fallo, para
alegar que en este razonamiento llama la atención que a pesar de
entender la sra. Juez que el actor realizó alegaciones que no logró
acreditar, o erradas e incongruentes con los hechos de la causa, tales
como que se habría prorrogado su contrato, o que la autoridad no le
habría renovado su contrata, concluye acogiendo la demanda por
entender arbitrario el término del vínculo al encarnar una desigualdad
de trato discriminatoria por los efectos adversos producidos,
afirmaciones que subsidian la actividad de su contraparte, repitiendo
las alegaciones relacionadas con los fallos en que las sustenta.
TERCERO: En cuanto a la causal subsidiaria, afirma que se
materializa en el motivo décimo segundo, y concurre el vicio porque al
afirmar la sra. Juez que el demandante en caso alguno detentó la
calidad de asesor en los términos establecidos por la Ley 18.575,
única forma de concebirse tal calidad jurídica, se infringe la referida
Ley, interpretándola y aplicándola erróneamente, ya que en ninguna
parte de su actual articulado se hace referencia a las características o
calidad jurídica que deben detentar los asesores de los Gobiernos
Regionales, citando, a mayor abundamiento, su artículo 21, para
indicar que el legislador expresamente prescribe que las normas del
Título II Normas Especiales, Párrafo 1°, De la Organización y
Funcionamiento, no se aplicarán a los Gobiernos Regionales,
señalando en este punto que el actor fue contratado y desempeñó
labores de asesor directo de las dos últimas autoridades regionales, lo
que consta de los hechos que se tuvieron por demostrados.
CUARTO: A la conclusión, la parte recurrente pide se acoja el
recurso, se invalide la sentencia y se dicte otra de remplazo que
rechace la demanda de autos, alegaciones que reiteró en la audiencia
de vista del recurso, rebatiéndolas su contraparte en la forma que
aparece en el registro de audio.
QUINTO: Entonces, teniendo en cuenta, por una parte, que el
recurso extraordinario de nulidad es asimilable al de casación, en tanto
persigue la invalidación de la sentencia en el evento que se hayan
ocasionados perjuicios a un litigante que no los ha provocado, debido
a una acción u omisión de particularidades trascendentales en la
aplicación de una o más normas legales que origina un resuelvo
injustificado, imposible de remediar por otra vía, y de otro lado, que la
causal principal planteada es aquella que hace procedente la
alteración de la calificación jurídica de los hechos sobre la base de
aquellos que el propio tribunal ha tenido por acreditados, el deducido
se acogerá.
SEXTO: En efecto, soslayando desde luego la facultad de que
goza el Intendente Regional para terminar anticipadamente una
contrata y lo dispuesto en los artículos 3, letra c), y 10, de la Ley
18.834, por no hallarse discutidos en esta sede tales aspectos, el
recurso se acogerá simplemente porque si la propia sentenciadora
concluyó, a través de la ponderación de las probanzas, que se
demostró el desempeño del actor para el organismo demandado bajo
la modalidad de contrato a honorarios a suma alzada, que sus
funciones eran las de asesor encargado de conflictos y de equipos de
avanzada en visitas a terreno del Intendente Regional, asesor en
seguridad, de conflictos, de matriz de servicios, de la visita del Papa, encargado de compromisos presidenciales, barrios de emergencia y
enlace de organismos de seguridad e inteligencia, todo ello en calidad
de experto y agente público, hechos establecidos que, por no haber
deducido recurso de nulidad la parte demandante, deben entenderse
aceptados por ésta, resulta imposible que acto seguido pudiera haber
interpretado que tales asesorías no tuvieran particularidades
relevantes que evidentemente las encuadraban dentro del quehacer
del personal de confianza de la autoridad que a nivel regional
representa al Presidente de la República; si así no fuera, resultaría
inexplicable que careciendo de una profesión que lo hubiera
capacitado especialmente para esas tareas - ya que en sus posiciones
dijo no tener profesión -, pudiera haberse encargado o ser consejero
en temas de seguridad, de compromisos presidenciales, y de
organismos de seguridad e inteligencia, resultando menos entendible
aún el resuelvo, si la sra. Juez destacó en el motivo décimo tercero
suprimido, la precariedad de la demanda y sus ruegos, de suerte que
al decidirse la afectación del actor por una desigualdad de trato al
ponerse término a su contrata, iniciada sólo en enero de 2018, como si
se tratara de aquel tipo de empleado que desarrolla actividades
administrativas comunes y propias del cargo que desempeña, se
incurrió en el vicio denunciado.
SÉPTIMO: Por lo razonado, inoficioso resulta referirse a la
causal subsidiaria.
Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo
dispuesto en los artículos 474 a 482 del Código del Trabajo, SE
ACOGE el recurso de nulidad deducido por don Osvaldo Ardiles Álvarez, en contra de la sentencia dictada el veinticinco de septiembre
último, por la juez doña Marcela Díaz Méndez, y en consecuencia, SE
LA INVALIDA, reemplazándose por la que se dicta a continuación.
Regístrese, notifíquese e incorpórese al sistema virtual y
devuélvase.
Redacción de la Ministro sra. Mónica Olivares Ojeda.
Rol Corte N° 138-2018 Laboral - Cobranza.
Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por los Ministros Sra. MÓNICA OLIVARES OJEDA,
Sr. PEDRO GÜIZA GUTIÉRREZ y el Abogado Integrante Sr. DAMIÁN TODOROVICH CARTES. No firma la Ministro
Sra. Olivares, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo, por encontrarse ausente con licencia.
Iquique, diez de enero de dos mil diecinueve.
En Iquique, a diez de enero de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución
precedente.
Sentencia de Reemplazo
Iquique, diez de enero de dos mil diecinueve.
VISTO Y OIDO:
De la sentencia anulada, se reproducen todos sus fundamentos,
previa eliminación de sus razonamientos décimo segundo, décimo
tercero, décimo quinto a décimo octavo, ambos inclusive.
Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Del recurso, alegatos de las partes, motivaciones de
la sentencia anulada que se han mantenido, y del fallo de nulidad
precedente, se desprende que el actor se desempeñó para el
organismo demandado bajo la modalidad de contrato a honorarios a
suma alzada, que sus funciones eran las de asesor encargado de
conflictos y de equipos de avanzada en visitas a terreno del Intendente
Regional, asesor en seguridad, conflictos, matriz de servicios, visita
del Papa, encargado de compromisos presidenciales, barrios de
emergencia y enlace de organismos de seguridad e inteligencia, todo
ello en calidad de experto y agente público, como se establece
expresa y determinadamente en el motivo undécimo.
SEGUNDO: Tales hechos asentados y firmes - dado que, como
se dijo en la sentencia de nulidad, no fueron impugnados por la parte
demandante, y a los que el tribunal de la instancia arribó en virtud de
la apreciación de las probanzas rendidas en conformidad con las
reglas de la sana crítica -, permiten finalmente alcanzar el
convencimiento que la labor del actor tuvo permanentemente
características diversas e importantes, que no sólo le permitieron
posicionarse dentro del personal de confianza de la autoridad que a
nivel regional representa al Presidente de la República, sino que además lo distinguía de los restantes empleados, toda vez que
careciendo, como se dijo, de una profesión que lo habilitara
particularmente para esos cometidos, se encargaba de aconsejar en
temas de seguridad, de compromisos presidenciales, de organismos
de seguridad e inteligencia, así como también de servir de funcionario
de avanzada en visitas del intendente o en la visita del Papa, sin que
pueda dejar de considerarse en la decisión que sólo obtuvo la contrata
a comienzo de enero de 2018, resolución de la que se tomó razón a
fines de marzo del mismo año.
TERCERO: Por lo expuesto, no concurriendo los presupuestos
de la acción deducida respecto de la decisión del Gobierno Regional
de poner término a la contrata del actor, y considerando también las
expresiones vertidas por la juez del grado en el motivo décimo tercero
eliminado, se la rechazará.
Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 159 a 163, 168,
420, 453 y siguientes del Código del Trabajo, SE RECHAZA la
demanda deducida por Gunther Orlando Hener Pérez en contra de
Gobierno Regional de Tarapacá, en estos autos RUC 1840113809-5,
RIT T-102-2018.
Regístrese, notifíquese e incorpórese a la carpeta virtual y
devuélvase.
Redacción de la ministro Sra. Mónica Olivares Ojeda.
Rol Corte N° 138-2018 Laboral - Cobranza.
Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por los Ministros Sra. MÓNICA OLIVARES OJEDA,
Sr. PEDRO GÜIZA GUTIÉRREZ y el Abogado Integrante Sr. DAMIÁN TODOROVICH CARTES. No firma la Ministro Sra. Olivares, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo, por encontrarse ausente con licencia.
Iquique, diez de enero de dos mil diecinueve.
En Iquique, a diez de enero de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución
precedente.
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