Santiago, veintiséis de febrero de dos mil diecinueve
Visto:
En estos autos RIT O-1516-2017, RUC 1740066438-2, del Juzgado de
Letras del Trabajo de Concepción, por sentencia de veintitrés de julio de dos
mil dieciocho, se acogió la demanda interpuesta por doña Marcela Aedo
Ahumada en contra del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile S.A., sólo en
cuanto declaró injustificado el despido y condenó a la demandada al pago de
la suma de $ 3.397.496 por concepto del 30 % de recargo legal de la
indemnización de perjuicios y de $ 2.514.946 a título de devolución del
descuento efectuado en el finiquito por el empleador por su aporte al fondo
de cesantía, con reajustes e intereses.
En contra del referido fallo la demandada interpuso recurso de nulidad
que fue rechazado por una sala de la Corte de Apelaciones de Concepción,
por resolución de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho.
En relación con esta decisión, la misma parte interpuso recurso de
unificación de jurisprudencia solicitando que esta Corte lo acoja y dicte la
sentencia de reemplazo que describe.
Se ordenó traer estos autos en relación.
Considerando:
Primero: Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 483 y
483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia
procede cuando, respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existen
distintas interpretaciones sostenidas por uno o más fallos firmes emanados
de los tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser
fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas
interpretaciones respecto del asunto de que se trate, sostenida en las
diversas resoluciones y que hayan sido objeto de la sentencia contra la que
se recurre y, por último, se debe acompañar copia fidedigna del o de los
fallos que se invocan como fundamento.
Segundo: Que la materia de derecho que la recurrente solicita unificar
se refiere a determinar la “procedencia o improcedencia del descuento del
aporte al seguro de cesantía, efectuado por el empleador, con imputación a
la indemnización por años de servicio, cuando concurre la causal del artículo
161 inciso primero del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la
empresa”.
Tercero: Que señala que esta misma materia ha sido objeto de
interpretaciones diferentes por fallos de los tribunales superiores de justicia,
según los cuales la determinación de injustificado de un despido fundado en
la causal de necesidades de la empresa no transforma en indebido el
descuento de la indemnización por años de servicio de lo aportado por el
empleador al seguro de cesantía.
Cuarto: Que, de la lectura de la sentencia impugnada se observa que
resuelve la controversia con un criterio diferente, en la medida que al
pronunciarse sobre el recurso de nulidad entablado por la demandada
señala, en lo que interesa, que “ … del texto de la norma antes transcrita –
artículo 13 de la Ley N° 19.728-, resulta evidente que para que el empleador
pueda imputar a la indemnización por años de servicios, la parte del saldo de
la Cuenta Individual por Cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas
por el empleador, es menester que el contrato de trabajo haya terminado por
aplicación de la causal prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo,
vale decir, por necesidades de la empresa, si ello no es así, como ocurrió en
este proceso, en que el despido fue declarado injustificado, dicha imputación
resulta improcedente”.
Quinto: Que, en consecuencia, existiendo distintas interpretaciones
sobre una materia de derecho corresponde que esta Corte se pronuncie
acerca de cuál de ellas es la correcta.
Sexto: Que para resolver en qué sentido debe unificarse la
jurisprudencia respecto de la interpretación del artículo 13 de la Ley N° 19.728,
debe considerarse lo que precepto indica que “Si el contrato terminare por
las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, el afiliado
tendrá derecho a la indemnización por años de servicios … ”, Y el inciso
segundo indica que “se imputará a esta prestación la parte del saldo de la
Cuenta Individual por Cesantía…”.
Séptimo: Que, como ya lo ha señalado esta Corte en los autos Rol N°
2.778-15, “una condición sine qua non para que opere –el descuento- es que
el contrato de trabajo haya terminado por las causales previstas en el artículo
161 del Código del Trabajo”, agregando que “la sentencia que declara
injustificado el despido por necesidades de la empresa priva de base a la
aplicación del inciso segundo del artículo 13 de la ley ya tantas veces citada”.
Octavo: Que tanto la indemnización por años de servicio como la
imputación de la parte del saldo de la cuenta individual por cesantía,
constituyen un efecto que emana de la exoneración prevista en el artículo
161 del Código del Trabajo.
En consecuencia, si el término del contrato por necesidades de la
empresa fue considerado injustificado por el juez laboral, simplemente no se
satisface la condición, en la medida que el despido no tuvo por fundamento
una de las causales que prevé el artículo 13 de la Ley N° 19.728.
Adicionalmente, si se considerara la interpretación contraria, constituiría un
incentivo a invocar una causal errada validando un aprovechamiento del
propio dolo o torpeza, por cuanto significaría que un despido injustificado, en
razón de una causal impropia, produciría efectos que benefician a quien lo
practica, a pesar que la sentencia declare la causal improcedente e
injustificada.
Mal podría validarse la imputación a la indemnización si lo que justifica
ese efecto ha sido declarado injustificado, entenderlo de otra manera tendría
como consecuencia que declarada injustificada la causa de la imputación, se
le otorgara validez al efecto, logrando así una inconsistencia, pues el despido
sería injustificado, pero la imputación, consecuencia del término por
necesidades de la empresa, mantendría su eficacia.
Noveno: Que, por otra parte, para resolver se debe tener en
consideración el objetivo del legislador al establecer el inciso 2° del artículo
13 de la Ley N° 19.728, que no ha sido otro que favorecer al empleador en
casos en que se ve enfrentado a problemas en relación con la subsistencia
de la empresa, con una suerte de beneficio cuando debe responder de las
indemnizaciones relativas al artículo 161 del Código del Trabajo. Es así
como, tratándose de una prerrogativa, debe ser considerada como una
excepción, y por lo tanto, su aplicación debe hacerse en forma restrictiva, lo
que lleva a concluir que sólo puede proceder cuando se configuran los
presupuestos del artículo 161 mencionado, esto es, cuando el despido del
trabajador se debe a necesidades de la empresa que hacen necesaria la
separación de uno o más trabajadores, de manera que, cuando por
sentencia judicial se ha declarado que tal despido carece de causa, no es
posible que el empleador se vea beneficiado, siendo autorizado para imputar
a la indemnización por años de servicio, lo aportado al seguro de cesantía.
Décimo: Que, en tal circunstancia, no yerran los sentenciadores de la
Corte de Apelaciones de Concepción cuando rechazan el recurso de nulidad
interpuesto por la demandada fundado en la causal del artículo 477 del
Código del Trabajo.
Por lo reflexionado, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en
los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se rechaza el recurso
de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada, en
relación con la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho,
dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción.
Acordada con el voto en contra de la ministra señora Chevesich, quien
fue de opinión de acoger el recurso de unificación de jurisprudencia, por las
siguientes consideraciones:
1°.- Que, en forma previa, conviene tener presente que el seguro
obligatorio que consagra la Ley N° 19.728 persigue atenuar los efectos de la
cesantía y de la inestabilidad en el empleo, estableciendo un sistema de
ahorro obligatorio sobre la base de la instauración de cuentas individuales
por cesantía -conformado por cotizaciones mensuales del empleador y del
trabajador-, y la creación de un fondo de cesantía solidario que opera como
uno de reparto, complementario al referido sistema de cuentas, que se
financia con una fracción que aporta el empleador y otra que es de origen
estatal. Corrobora lo señalado el Mensaje que dio origen a dicha ley, en la
medida que indica: “ … Mediante el establecimiento del presente sistema, el
trabajador logrará una mayor certeza en la percepción de los beneficios por
cesantía, en el caso de las contingencias referidas. A su vez, el empleador
verá transformada su actual responsabilidad única de indemnización, por
otra en que se combina el pago de las cotizaciones previas con el pago
directo de una prestación. De este modo, por una parte, se otorga al
trabajador una mejor protección, por el mayor grado de certeza de los
beneficios que percibirá y, por otra, facilita al empleador su obligación de
pagar las indemnizaciones que corresponda, lo cual tiene particular
trascendencia en el ámbito de la micro, pequeña y mediana empresa … ”.
2°.- Que, en consecuencia, tratándose de las causales de término de
contrato de trabajo que no dan derecho a indemnización por años de
servicios, dicho seguro actúa como una suerte de resarcimiento a todo
evento, puesto que el trabajador con la sola presentación de los antecedentes que den cuenta de la desvinculación, tiene derecho a efectuar
giros mensuales con cargo al fondo formado con las cotizaciones aportadas
y su rentabilidad, según lo disponen los artículos 14, 15 y 51 de la Ley N°
19.728.
3°.- Que, sin embargo, conforme lo prescribe el artículo 13 de la citada
ley, si el contrato de trabajo termina por las causales previstas en el artículo
161 del Código del Trabajo, el afiliado tiene derecho a la indemnización por
años de servicios prevista en el inciso 2° del artículo 163 del citado código,
calculada sobre la última remuneración mensual que define el artículo 172
del mismo, con un límite máximo de trescientos treinta días de remuneración,
a menos que se haya pactado, individual o colectivamente, una superior,
caso en el cual se aplicará esta última; prestación a la que se debe imputar la
parte del saldo de la Cuenta Individual por Cesantía constituida por las
cotizaciones que efectuó el empleador, más su rentabilidad, deducidos los
costos de administración que correspondan, con cargo a las cuales el
asegurado pueda hacer retiros en la forma que señala el artículo 15 de la
misma ley; no pudiendo, en ningún caso, tomarse en cuenta el monto
constituido por los aportes del trabajador.
Por lo tanto, lo que el empleador está obligado a solucionar, en
definitiva, es la diferencia que se produce entre el monto acumulado como
resultado de su aporte en la citada cuenta y el equivalente a treinta días de la
última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción
superior a seis meses.
4°.- Que, además, corresponde considerar que el inciso penúltimo del
artículo 168 del Código del Trabajo dispone que si el juez establece que no
se acreditó la aplicación de una o más de las causales de terminación del
contrato consagradas en los artículos 159 y 160, se debe entender que su
término se produjo por alguna de aquellas señaladas en el artículo 161, en la
fecha en que se invocó la causal, surgiendo el derecho a los incrementos
legales pertinentes en conformidad a lo que disponen los incisos anteriores,
esto es, de 30%, 50% o 80%, según sea el caso. Entonces, si el despido se
fundó en la causal de necesidades de la empresa, ya sea que fue la
primitivamente esgrimida, o es aquella que por ley deba entenderse como de
término de la relación laboral, el empleador debe pagar la indemnización
legal pertinente, pero aumentada en un 30%; por lo mismo, la calificación judicial que se haga del despido tiene como efecto económico el incremento
legal respectivo sin incidir a los fines de la imputación de que se trata; razón
por la que se debe colegir que si el contrato de trabajo terminó por esa
causal según lo prescribe la primera disposición mencionada, procede aplicar
lo que señalan los artículos 13 y 52 de la Ley N° 19.728, ergo, como la
declaración judicial que se efectúe del despido no constituye un obstáculo
para efectuar la imputación que se reclama, a juicio de la disidente, es
correcta la interpretación que sobre la materia asumió la sentencia
impugnada.
Regístrese y devuélvase.
Rol N° 26.225-2018.-
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema por las Ministras Sra.
Gloria Ana Chevesich R. Sra. Andrea Muñoz S., el Ministro Suplente Sr.
Eduardo Meins O., y los Abogados Integrantes Sra. Leonor Etcheberry C. y
Sr. Antonio Barra R. No firman el Ministro Suplente Sr. Meins y la Abogada
Integrante Sra. Etcheberry, no obstante haber ambos concurrido a la vista del
recurso y acuerdo del fallo, por haber cesado su periodo de suplencia el
primero, y estar ausente la segunda. Santiago, veintiséis de febrero de dos
mil diecinueve.
En Santiago, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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