Santiago, cuatro de abril de dos mil diecinueve.
Vistos:
En autos Rit O-78-2017, Ruc 17-4-0001620-0, del Juzgado de Letras
del Trabajo de Curicó, caratulados “Banco Santander Chile con Delgado”, por
sentencia de ocho de agosto de dos mil diecisiete, se rechazó la solicitud de
desafuero maternal deducida por el Banco Santander Chile respecto de la
trabajadora doña Abigail Delgado Anabalón.
El actor dedujo en contra de dicho fallo recurso de nulidad fundado en
la causal de la letra b) del artículo 478, en relación con el artículo 456, ambos
del Código del Trabajo, y una sala de la Corte de Apelaciones de Talca,
mediante sentencia de nueve de enero de dos mil dieciocho, lo acogió y, en
sentencia de reemplazo, dio lugar a la demanda, autorizándolo a poner
término al contrato de trabajo celebrado con la demandada, por la causal del
artículo 159 N° 4 del Código del Trabajo, esto es, vencimiento del plazo
convenido.
Respecto de dicha decisión la demandada dedujo recurso de
unificación de jurisprudencia, para que esta Corte lo acoja y dicte la
sentencia de reemplazo que desestime el recurso de nulidad y la petición de
desafuero, con costas.
Se ordenó traer estos autos a relación.
Considerando:
Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y
483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia
procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen
distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de
tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser
fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas
interpretaciones respecto del asunto de que se trate sostenidas en las
mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la
que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada del o de
los fallos que se invocan como fundamento.
Segundo: Que la materia de derecho objeto del juicio que la
recurrente solicita unificar, dice relación con determinar el “sentido y alcance
de la disposición contenida en el artículo 174 del Código del Trabajo, en tanto ella otorga al juez del trabajo una facultad para autorizar -o no hacerlola desvinculación de un trabajador amparado por la inamovilidad o fuero”.
Señala que es erróneo lo decidido por la Corte de Apelaciones de
Talca en la sentencia de reemplazo, al estimar que basta que se verifiquen
los elementos objetivos que configuran la causal de caducidad del numeral 4
del artículo 159 del Código del Trabajo, pues establece una facultad,
entendida como el ejercicio de un imperio por parte del juez, atribución que
adquiere preponderancia en el evento de tratarse de causales de
exoneración subjetivas controvertibles o, especialmente, en el caso de la
ponderación de las objetivas; opinión que contradice el criterio jurisprudencial
sostenido por esta Corte en las sentencias dictadas en los autos roles
números 12.051-2013 y 14.140-2013, cuyas copias acompaña para su
contraste.
Solicita se acoja su recurso y acto continúo y sin nueva vista, pero
separadamente, se dicte un fallo de reemplazo en los términos señalados.
Tercero: Que la decisión impugnada resolvió la controversia
argumentando que “…entre las partes no se hizo cuestión sobre la vigencia
de la relación laboral que las unió, el periodo de vigencia de la misma, que
es concordante con el valor de la prueba documental que se incorporó, esto
es, que se inició la relación laboral el 15 de diciembre de 2016, que contenía
cláusula de plazo fijo al 31 de marzo de 2017.
Que, la empleadora en conocimiento del embarazo de la trabajadora y
antes de la terminación del plazo para el cual fue contratada, dio inicio a la
gestión de desafuero, en razón del eventual fuero maternal que hubiere
podido amparar la trabajadora. Todo lo cual, unido a las máximas de la
experiencia, aparece como suficiente para acceder al desafuero de la
trabajadora y dar por terminada la relación laboral por cumplimiento del plazo
para el cual fue contratada, según se razonó en la sentencia de nulidad”.
Cuarto: Que la primera sentencia acompañada para la comparación
de la materia de derecho propuesta, correspondiente al ingreso N° 12.051-
2013 de esta Corte, dictada con fecha 22 de abril de 2014, expresa que de la
lectura del artículo 174 del Código del Trabajo “aparece que la regla general
en materia de despido de trabajadores aforados, es la imposibilidad de
desvincular a un dependiente protegido por fuero laboral -si así no fuera, la
tutela perdería eficacia- y la excepción está constituida por el despido, caso en el cual se requiere obtener de modo previo -también en procura de la
efectividad de la protección- la autorización del juez con competencia para
resolver el evento”.
A continuación, señala que “la norma establece una facultad, una
potestad, el ejercicio de un imperio por parte del juez, atribución que
adquiere preponderancia en el evento de tratarse de causales de
exoneración subjetivas controvertibles o, especialmente, en el caso de la
ponderación de las objetivas. En ambos casos, el sentenciador está imbuido
de la misma facultad; en otros términos, tanto a propósito de las causales
subjetivas como de las objetivas, corresponde al juez examinar los
antecedentes incorporados al proceso, de acuerdo a las reglas que le hayan
sido dadas por el legislador al efecto -en la especie, sana crítica- para decidir
en sentido positivo o negativo”.
Enseguida, concluye que “si bien en la especie se ha tratado de la
ponderación de una causal objetiva, no es menos cierto que la misma ha
sido apreciada por la jueza del Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago,
quien fundadamente ha resuelto hacer uso de su atribución en sentido
negativo, es decir, rechazando la petición de desafuero, decisión que
corresponde simplemente al ejercicio de su jurisdicción desde que no es
dable reprocharle arbitrariedad, irracionalidad o ilegalidad a la resolución que
se le cuestiona”.
En el mismo sentido se pronuncia el fallo correspondiente al ingreso
número 14.140-2013 de 6 de mayo de 2014.
Quinto: Que, por consiguiente, se constata la existencia de
interpretaciones disímiles sobre el recto sentido y alcance de la prerrogativa
contenida en el artículo 174 del Código del Trabajo, en tanto otorga a la
judicatura del trabajo la facultad para autorizar el despido de una trabajadora
amparada por fuero, verificándose, por lo tanto, la hipótesis establecida por
el legislador en el artículo 483 del Código del Trabajo, lo que conduce a
emitir un pronunciamiento al respecto y proceder a uniformar la
jurisprudencia en el sentido correcto.
Sexto: Que, para los fines de asentar la recta exégesis en la materia, debe tenerse presente lo ya resuelto por esta Corte en las sentencias acompañadas al recurso, cuyos razonamientos se comparten. Al efecto, corresponde señalar que la maternidad se encuentra resguardada en instrumentos internacionales de contenido general, a saber, artículo 25 número 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, artículo 10 número 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado en la misma asamblea en el año 1966, y apartado 2 del artículo 11 de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; y en aquél que se refiere específicamente a la protección de la maternidad, esto es, el Convenio 103 de la Organización Internacional del Trabajo. La referida protección, en el orden constitucional, también se desprende de lo dispuesto en los incisos 2 y 3 del artículo 1 y en los números 1, 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; y en el legal, en lo que interesa, esto es, coligado a la preservación del empleo, se encuentra consagrada expresamente en el artículo 201 del Código de Trabajo, en la medida que establece que la trabajadora durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad queda sujeta a lo que prescribe el artículo 174 del mismo código, esto es, no puede ser despedida sin autorización judicial. La doctrina define el fuero como “una medida de protección para los trabajadores que se encuentran en situaciones especiales, que les impide cumplir sus deberes contractuales en forma normal, y estando en situación de vulnerabilidad, se le protege con la conservación del cargo o puesto; la suspensión del derecho del empleador de terminar el contrato; la exigencia de obtener una autorización judicial previa para despedir; la anulación de los despidos de hecho; la reincorporación imperativa y retribuida del trabajador despedido” (Guido Macchiavello, Derecho del Trabajo, tomo I, Fondo de Cultura Económica, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1986, p. 228). Y, en el caso de una trabajadora embarazada, el empleador no puede poner término a la relación laboral a menos que el juez otorgue la autorización planteada en ese sentido, la que puede ser otorgada en los casos que señala el artículo 174 del Código del Trabajo, esto es, por vencimiento del plazo convenido en el contrato de trabajo, la conclusión de la labor o servicio que dio origen al vínculo contractual, o tratándose de las causales de caducidad contenidas en el artículo 160 del citado código.
Sexto: Que, para los fines de asentar la recta exégesis en la materia, debe tenerse presente lo ya resuelto por esta Corte en las sentencias acompañadas al recurso, cuyos razonamientos se comparten. Al efecto, corresponde señalar que la maternidad se encuentra resguardada en instrumentos internacionales de contenido general, a saber, artículo 25 número 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948, artículo 10 número 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado en la misma asamblea en el año 1966, y apartado 2 del artículo 11 de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; y en aquél que se refiere específicamente a la protección de la maternidad, esto es, el Convenio 103 de la Organización Internacional del Trabajo. La referida protección, en el orden constitucional, también se desprende de lo dispuesto en los incisos 2 y 3 del artículo 1 y en los números 1, 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; y en el legal, en lo que interesa, esto es, coligado a la preservación del empleo, se encuentra consagrada expresamente en el artículo 201 del Código de Trabajo, en la medida que establece que la trabajadora durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad queda sujeta a lo que prescribe el artículo 174 del mismo código, esto es, no puede ser despedida sin autorización judicial. La doctrina define el fuero como “una medida de protección para los trabajadores que se encuentran en situaciones especiales, que les impide cumplir sus deberes contractuales en forma normal, y estando en situación de vulnerabilidad, se le protege con la conservación del cargo o puesto; la suspensión del derecho del empleador de terminar el contrato; la exigencia de obtener una autorización judicial previa para despedir; la anulación de los despidos de hecho; la reincorporación imperativa y retribuida del trabajador despedido” (Guido Macchiavello, Derecho del Trabajo, tomo I, Fondo de Cultura Económica, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1986, p. 228). Y, en el caso de una trabajadora embarazada, el empleador no puede poner término a la relación laboral a menos que el juez otorgue la autorización planteada en ese sentido, la que puede ser otorgada en los casos que señala el artículo 174 del Código del Trabajo, esto es, por vencimiento del plazo convenido en el contrato de trabajo, la conclusión de la labor o servicio que dio origen al vínculo contractual, o tratándose de las causales de caducidad contenidas en el artículo 160 del citado código.
Séptimo: Que la norma del artículo 174 del Código del Trabajo utiliza
la expresión “podrá”, la que precede al verbo rector de la excepción, cual es,
“conceder”, esto es, acceder u otorgar el permiso para despedir. Es decir, la
norma establece una facultad, una potestad, el ejercicio de un imperio por
parte del tribunal, atribución que adquiere preponderancia en el evento de
tratarse de causales de exoneración subjetivas o, especialmente, en el caso
de la ponderación de las objetivas.
Octavo: Que, en consecuencia, a la judicatura laboral se le concede
la potestad de consentir o denegar la petición formulada por el empleador
para desvincular a una trabajadora embarazada, la que debe ejercer ya sea
que se invoque una causal de exoneración subjetiva u objetiva, y para
decidir, en uno u otro sentido, debe examinar los antecedentes incorporados
en la etapa procesal pertinente, conforme a las reglas de la sana crítica y a la
luz de la normativa nacional e internacional indicada en el motivo sexto; esta
última precisamente por lo que dispone el artículo 5 de la Carta
Fundamental.
Una conclusión en sentido contrario, esto es, que la judicatura con
competencia en materia laboral debe necesariamente acoger la solicitud de
desafuero una vez que verifica que se acreditó la causal objetiva de término
de contrato de trabajo invocada, no permite divisar la razón por la que el
legislador estableció que previo a poner término al contrato de trabajo de una
dependiente en estado de gravidez, debe emitirse un pronunciamiento previo
en sede judicial, que, evidentemente, puede ser positivo o negativo para el
que lo formula, dependiendo de la ponderación de los antecedentes.
Noveno: Que, en estas condiciones, yerra la Corte de Apelaciones de
Talca cuando al dictar la respectiva sentencia de reemplazo, por haber
acogido el recurso de nulidad que dedujo el empleador y ejerciendo la
facultad que concede el artículo 174 del Código del Trabajo no ponderan las
circunstancias del caso y la preceptiva aplicable, exige a la demandada
justificar la oposición a la autorización, limitándose a constatar la
concurrencia del presupuesto de la causal de término de contrato de trabajo
invocada en la demanda, esto es, el vencimiento del plazo acordado por las
partes y, en razón de ello, se acoge la solicitud de desafuero. Lo anterior
conduce a concluir que se interpretó erradamente la referida norma legal.
Décimo: Que, conforme a lo razonado, y habiéndose determinado la
interpretación acertada respecto de la materia de derecho objeto del juicio, el
presente recurso de unificación de jurisprudencia deberá ser acogido, por lo
mismo, el de nulidad deducido en contra de la sentencia de base
corresponde que sea desestimado.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los
artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se acoge el recurso de
unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandada respecto de la
sentencia de nueve de enero de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de
Apelaciones de Talca, y se declara que se rechaza el recurso de nulidad que
interpuso la parte demandante contra la sentencia de base de ocho de
agosto de dos mil dieciséis, emanada del Juzgado de Letras del Trabajo de
Curicó, en autos Rit O-78-2017, Ruc 17-4-0001620-0, por lo tanto, cobra
pleno vigor en cuanto desestimó la solicitud de desafuero maternal deducida
por el Banco Santander Chile.
Regístrese y devuélvase.
N° 3.481-2018.-
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por las
Ministras. señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., el Ministro
Suplente Sr. Mario Gómez M. y los abogados integrantes señora Leonor
Etcheberry C. y señor Ricardo Abuauad D. No firman el Ministro Suplente Sr.
Gómez y el abogado integrante Sr. Abuauad, no obstante haber ambos
concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por haber terminado su
periodo de suplencia el primero, y encontrarse ausente el segundo. Santiago,
cuatro de abril de dos mil diecinueve.
En Santiago, a cuatro de abril de dos mil diecinueve, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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