JurisChile

Cambio de custodia

2009-12-03T18:44:00.001-03:00

Santiago, veintiocho de octubre de dos mil nueve.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia de catorce de julio dos mil nueve, elimin�ndosele sus considerandos d�cimo tercero, d�cimo cuarto, d�cimo quinto y d�cimo sexto, y los siguientes pasajes del d�cimo s�ptimo: a) ?se se�ala que si bien este tuvo algunos inconvenientes con su hija en relaci�n a las inasistencias de Tamara, este se muestra en mejores condiciones y con m�s habilidades para poder asumir el cuidado de su hija por cuanto es capaz de percibir sus necesidades siendo capaz de movilizarse por ellas. En cuanto a la parte econ�mica? y b) ?, sin embargo solicit� a su empresa el traslado y se encuentra buscando trabajo en el pa�s incluso con una remuneraci�n menor? y el apartado del d�cimo octavo que expresa ?si bien de acuerdo a los informes recibidos todos se�alan que la madre no cuenta con elementos suficientes para dar la debida protecci�n a su hija,?

Y SE TIENE, ADEMAS, PRESENTE:
El fallo que ambas partes atacan constituye un esfuerzo por regular una situaci�n en s� misma compleja, atendida la caracterizaci�n de cada uno de los tres protagonistas de la contienda, que ha quedado suficientemente expuesta en la resoluci�n.
Con todo y tal vez como consecuencia de la misma problem�tica, se advierte que a la postre el tema del cuidado personal y directo de Tamara deriv� en una suerte de comparaci�n por parte de la acuciosa juzgadora, entre las dotes de paternidad exhibidas por el padre Pablo Massis, por una parte, y las de maternidad mostradas por la madre Soledad Ang�lica S�nchez, por la otra, concluyendo que los m�ritos favorecen al primero.
Perspectiva semejante para la resoluci�n de tan trascendental materia no acomoda a estos jueces -que pretenden interpretar con fidelidad el ordenamiento jur�dico y dejarse iluminar por los principios que lo informan-.
Dada la situaci�n de hecho -padres biol�gicos que no comparten un hogar con la hija com�n- no es cosa de competencia entre uno y otro para ?ganar? el cuidado de la menor. La ley ha efectuado una opci�n en favor de la progenitora, que no puede ser privada del cuidado mientras no se acredite alguna causal de inhabilidad, regla �sta que preside esta tem�tica en el derecho interno de familia y que no incumbe a las judicaturas calificar en cuanto a su grado de bondad o maldad.
Tamara vivi� siempre con Soledad Ang�lica; cuando ten�a un a�o su padre dej� de convivir con su mam�; desde el 8 de mayo �ltimo y a ra�z de una medida de protecci�n, est� al cuidado de Pablo Massis, quien labora en la Rep�blica del Per� por lo que durante sus ausencias la ni�a no queda a su cargo.
El dictamen de la medida de protecci�n tuvo motivos para ordenar que Massis asumiera un programa para fortalecer las habilidades parentales.
Los antecedentes de car�cter t�cnico que considera el fallo que se revisa, particularmente aquellos que identifica bajo el rubro ?Pericial? en su razonamiento 4 III y los que aborda en el primero de los dos fundamentos ?sexto?, han de tener val�a procesal probatoria �nicamente si explicitan convincentemente conocimientos propios de la especialidad que sus autores ejercen profesionalmente. Ellos no interesan en la parte que contienen apreciaciones sobre la situaci�n sub iudice, sino en cuanto arriban a definiciones y conclusiones propiamente cient�ficas, con basamento consistente. Los juicios de valor acerca de los hechos de la contienda incumben a la judicatura en exclusiva.
A pesar de lo que viene de reivindicarse, el an�lisis de la sentencia, efectuado sobre la base de las audiencias que constan en audio, permite a la Corte entrever hasta qu� punto han influido en la decisi�n de fondo los ?pareceres? opiniones y puntos de vista de los ?peritos?, tocantes a cu�l de los dos progenitores ser�a mejor confiar el cuidado de la ni�a.
No encuentran estos jueces elementos probatorios convincentes de cara a la inhabilidad que afectara a la madre, como para alterar el estado de cosas que ven�a d�ndose con Tamara hasta la medida de protecci�n de mayo �ltimo, que la confi� cautelarmente a Pablo Massis.
En atenci�n, tambi�n, a lo que prev�n los art�culos 45 incisos segundo y tercero y 69 inciso primero de la Ley 19.968, as� como el 457 inciso primero del C�digo Org�nico de Tribunales, se revoca el referido fallo en cuanto por decisi�n signada 1. hace lugar a la demanda interpuesta por Pablo Massis Nazar y le confiere el cuidado personal de su hija Tamara Soledad Massis S�nchez, declar�ndose en su lugar que ella queda desestimada y que, en consecuencia, su cuidado debe volver a su madre Mar�a Ang�lica S�nchez Luengo, cesando la medida de protecci�n adoptada en los autos rit P1308-2.008 del Tribunal de Familia de Pudahuel.
Por ser incompatible con lo resuelto, d�jase sin efecto la decisi�n 2. de la misma sentencia, debiendo el juzgado establecer un r�gimen de relaci�n directa y regular entre la ni�a y su padre.
Acordada con el voto en contra del ministro se�or Villarroel, quien estuvo por confirmar la sentencia en virtud de sus propios fundamentos.
El juzgado agregar� copia autorizada de esta sentencia al rit P1308-2.008.

Reg�strese y devu�lvase.
Redacci�n del ministro don Carlos Cerda Fern�ndez.
N� 2.062-2.009.
Pronunciada por la Segunda Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los ministros se�ores Carlos Cerda Fern�ndez y Patricio Villarroel Valdivia y por el abogado integrante se�or Angel Cruchaga Gandarillas.

Hilo curado en carretera y responsabilidades

2009-12-02T17:56:00.002-03:00

Santiago, cuatro de noviembre de dos mil nueve.

VISTOS.

Se reproduce la sentencia de cuatro de junio de dos mil ocho, escrita a fs. 440, elimin�ndosele lo siguiente:

- el pasaje del considerando s�ptimo, que reza ?, constat�ndose el revisar, que en el lugar en los momentos y condiciones que refrendan, que tales hilos se encontraban con varios d�as en el lugar?.
- la parte final del razonamiento octavo, desde donde expresa ?: ?Que de las pruebas aportadas puede concluirse la falta de servicios?? (fs. 429).
- los argumentos noveno, d�cimo, und�cimo, duod�cimo, d�cimo tercero y d�cimo cuarto.
Y SE TIENE, ADEM�S, PRESENTE:

1�.- Que la acci�n indemnizatoria que aqu� se ventila se basa en la falta de servicio en que habr�a incurrido el Estado de Chile, a trav�s de los �rganos demandados, de acuerdo con los preceptos pertinentes del C�digo Civil y los art�culos 4 y 44 de la Ley 18.575, Org�nica Constitucional de Bases Generales de la Administraci�n del Estado;

2�.- Que en la acepci�n que corresponde, la prestaci�n de un servicio importa el cuidado de un inter�s o la satisfacci�n de una necesidad. Tal inter�s o necesidad pueden ser p�blicos, caso en el cual el quehacer que le concierne se entiende formar parte del ejercicio de una funci�n.
Trat�ndose de un �rgano u organizaci�n p�blicos, lo que sirven, tambi�n p�blicamente, es ese cuidado o satisfacci�n;

3�.- Que la funci�n est� sujeta, naturalmente, a sus posibilidades materiales de eficiencia y es por ello que en derecho se la vincula a la capacidad de un ente, la que, a su vez y por lo mismo, est� estrechamente ligada a su condici�n natural o, trat�ndose de personas jur�dicas, al destino que convencionalmente lse ha sido asignado. En este sentido, ?funci�n? es un concepto an�logo al de capacidad de acci�n de los cargos y oficios.
De parecida manera, h�blase de ?funcional? en referencia a una acci�n
eficazmente adecuada al fin propio del sujeto que acciona. ?Funcional? equivale a ejecutar la tarea propia y ?funcionario?, al empleado o individuo que as� act�a;

4�.- Que esas precisiones sem�nticas adquieren relevancia a la hora de enjuiciar si determinada conducta constituye o no una falta de servicio, desde que y como va de suyo, ello pasa por sopesar el exacto alcance que a �ste haya de darse en determinado contexto socio funcional.

Este abordamiento camina por dos cauces:
El primero, de orden principial, ense�a que el derecho no tolera lo imposible, lo absurdo, lo imprevisiblemente casual.
El segundo, de car�cter general en el ordenamiento jur�dico nacional, limita los deberes u obligaciones a aquello razonablemente exigible, de modo que, en concordancia con el principio que acaba de enfatizarse, nunca se extreme la coacci�n al punto de hacerla contraria a la raz�n.
La convergencia de lo uno y lo otro en la situaci�n sub iudice exige de un criterio juicioso en el que, por encima de cualquier consideraci�n, se determine con prudencia y objetividad hasta qu� punto el Estado de Chile, a trav�s de los �rganos aqu� concernidos, estuvo efectivamente en situaci�n de impedir el accidente que condujo al lamentado deceso, pues resulta inconcuso que de eso depender� la legitimaci�n jur�dica de la pretensi�n;

5�.- Que m�s all� de la exacta delimitaci�n de los sucesos aqu� enjuiciados, forma parte de la tesis de los actores una circunstancia seg�n ellos inherente a lo acontecido, consistente en que el hilo curado que degoll� a Acevedo era uno de entre otros que colgaban sobre la v�a desde tiempo antes.
De este detalle factual se aprovechan los demandantes para sostener la falta de servicio por parte de la autoridad que, habiendo dispuesto de tiempo para eliminar esa clase de obstrucci�n, omiti� hacerlo, lo que resulta imperdonable si se tiene en cuenta que la peligrosa presencia de hilo curado hab�a pasado a ser una preocupaci�n colectiva;

6�.- Que es determinante examinar si esa circunstancia de hecho qued� establecida en la causa.
En torno a ello no se dispone m�s que del testimonio de Georgina Jeannette Pernas Arroyo, que al declarar por los pretendientes a fs. 122, asevera que hab�a hilos antes del accidente. Para dar raz�n de ese aserto explica que al d�a siguiente de la tragedia volvi� al sitio del suceso, lo recorri� y vio hilos de volant�n en un �rbol que estaba al lado de la carretera, por lo que atraves� la pasarela y al otro lado vio hilos enredados en ella, los que llegaban a la calle. Por lo tanto, lo suyo es una inferencia, pues no estuvo en el lugar antes del hecho.
El testigo Guillermo Andr�s Reichhardt Droste manifiesta no saber el tiempo que el hilo estaba en el lugar, a pesar de lo cual se permite a�adir -a juicio de esta Corte, contradictoriamente- que ten�a (el hilo) ?m�s tiempo que ese d�a? (fs. 428).
No hay m�s pruebas en torno a esta materia.
No cree esta judicatura que la sola aseveraci�n de la deponente Pernas tenga la fuerza probatoria que le exige el N� 1� del art�culo 384 del C�digo de Procedimiento Civil como para autorizar concluir que el letal c��amo haya estado emplazado en el preciso lugar por el que se desplaz� el hoy difunto, con alguna anterioridad al percance;

7�.- Que es dable vincular esta conclusi�n con los principios y reglas b�sicas del ordenamiento inicialmente recordados, para iluminar un juicio en orden a si estuvieron materialmente los demandados en situaci�n material de intervenir la ruta con la eficacia necesaria para impedir lo sucedido.
La vida de la ciudad est� tan plena de movimiento cuanto de novedad. El esparcimiento forma parte del tr�fago ciudadano. Nadie, menos el Estado, est� autorizado para inhibir el hedonismo p�blico, liberado dentro del marco convencionalmente tolerado.
Aceptada tal premisa, no es descartable que, como ocurre con el juego y/o deporte de elevar volantines, alguna de las partes que se utiliza para practicarlo vaya a dar, inoportunamente, a un sitio o punto que ponga en riesgo a terceros, verbigracia, una ?mariposa? que, a velocidad, cae inadvertidamente con su puntudo v�rtice sobre una cabeza o un rostro;

8�.- Que as� las cosas, asisten dudas m�s que razonables de que el hilo que cercen� fatalmente al motorista no haya estado en ese preciso lugar desde breves instantes antes del impacto.
Si ello no queda descartado, imposible resulta atribuir falta de servicio culpable a quienes aqu� se viene persiguiendo, como si, por ejemplo, alguien que conduce por la v�a p�blica y que resulta afectado por un accidente que en ella se produce, culpase al encargado de la misma por el hecho del accidente.
Obvio es asumir que quien tutela las v�as de la Naci�n no puede responder de lo que le resulta inevitable, como, en el presente caso, eliminar en forma instant�nea o inmediata un hilo cortado que hace presente en el camino.
Es cierto que si, acept�ndose el discurso de los apelados, se tuviese conocimiento por las autoridades de que usualmente ca�an hilos letales en la carretera, habr�a de asumirse que el hecho de su interferencia no era un imprevisto para el Estado. Pero ello en caso alguno querr�a decir que el elemento obstructor hubiera de ser eliminado tan prontamente, que no hubiere de darse alg�n lapso razonable entre su intromisi�n y su retiro.
De ah� que la posible y no descartada intrusi�n del elemento extra�o en tiempo inmediatamente anterior al siniestro, se alce como un imprevisto en verdad imprevisible e inevitable, que descarta la culpabilidad y aborta la responsabilidad que se ha demandado.
En atenci�n, tambi�n, a lo que prev�n los art�culos 2314 del C�digo Civil y 186 del de procedimiento Civil, se revoca el referido fallo y se declara en su lugar que se rechaza la demanda deducida a fs. 8, sin costas, por haber mediado motivo plausible para intentarla.
Acordada con el voto en contra del ministro se�or Cerda, quien estuvo por confirmarlo en virtud de sus propios fundamentos.
Reg�strese y devu�lvase.
Redacci�n del ministro don Carlos Cerda Fern�ndez.
N� 4.443-2.008.-
No firma el ministro se�or Cerda, quien no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Pronunciada por la Segunda Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los ministros se�ores Carlos Cerda Fern�ndez y Patricio Villarroel Valdivia y por el abogado integrante se�or Angel Cruchaga Gandarillas.

Incumplimiento contractual a Carabineros

2009-12-02T17:52:00.002-03:00

Santiago, veinte de octubre de dos mil nueve.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepci�n de sus considerandos und�cimo, duod�cimo y d�cimo quinto, que se eliminan.
Y se tiene en su lugar y, adem�s, presente:

1�) Que en el contrato de compraventa suscrito por las partes el 26 de abril de 2005 constan las siguientes estipulaciones:

a) que las tenidas de campa�a materia de la compraventa ser�an recibidas por una comisi�n de recepci�n integrada por personal de la Secci�n Control de Calidad para verificar la calidad del producto.

b) en el evento no corresponder el producto a la calidad establecida, el vendedor se obliga a reemplazarlo dentro del plazo de 15 d�as contados desde la fecha en el que comprador comunique por escrito la no conformidad de las especies entregadas.

c) que en caso de entregarse productos que no se reciban conforme a las estipulaciones pactadas y no fueren reemplazadas dentro del plazo se�alado, la vendedora pagar�a una multa del 1% diario del valor de las especies no recibidas conforme.

d) que para garantizar la obligaci�n de entregar las especies con la calidad especificada, el proveedor entreg� al firmar el contrato una boleta bancaria de garant�a por el 10% del valor total de la operaci�n, por US $ 3.060, la que se mantendr�a en custodia en dependencias de la instituci�n compradora.
A su vez, en las bases administrativas para la propuesta p�blica en cuyo �mbito se celebr� el contrato, incorporadas a �ste, se establece que, una vez adjudicada la venta al proveedor, la Secci�n Control de Calidad de la Subdirecci�n de Log�stica de Carabineros remitir� para an�lisis t�cnico de calidad ?un ejemplar? de la especie que se encuentre en proceso de producci�n y/o producto terminado a fin de certificar si la calidad t�cnica est� conforme a las respectivas especificaciones.

2�) Que al informe t�cnico de calidad reci�n mencionado corresponde el Informe n� 247 de 25 de mayo de 2006 que en copia rola a fojas 57, que contiene el an�lisis de ?Una Tenida de Instrucci�n Escalaf�n Masculino? remitida por el proveedor a la Secci�n Control de Calidad de Carabineros de Chile y presentada por �sta a IDIC, en cuya conclusi�n se expresa que la muestra analizada cumple con la especificaci�n t�cnica respectiva, presentando s�lo observaciones menores que no tienen incidencia alguna en la aptitud de uso del material. Agrega este informe que sus resultados corresponden s�lo a la muestra enviada por el cliente y no representa lote de fabricaci�n o partida alguna.
En base a este informe t�cnico, Carabineros de Chile inform� a la demandada, por oficio n� 1671 de 26 de junio de 2006, la aprobaci�n de la muestra y que extiende el Certificado de Calidad n� 10/2006.

3�) Que una vez recepcionadas en sus bodegas por la Secci�n de Almacenamiento y Distribuci�n de Carabineros la totalidad de las especies, esto es, las 542 Tenidas de Campa�a materia de la compraventa, elegidas al azar 13 de ellas, fueron enviadas al Instituto de Investigaci�n y Control IDIC a fin de efectuar el an�lisis t�cnico de las mismas.
Este informe es el que en copia rola a fojas 74 bajo el n� 586 de fecha 20 de septiembre de 2006, en cuya conclusi�n se se�ala que la muestra analizada no cumple con la especificaci�n t�cnica all� citada y que de los no cumplimientos detectados, el siguiente incide en la aptitud de uso del material: Huincha de ajuste interior quep�, solidez del color al sudor (manchado), lo que afectar� la presentaci�n del usuario y podr� transferir colorante a la piel.
Conforme a este informe, por oficio n� 2694 de 28 de septiembre de 2006 el Departamento de Adquisiciones y Abastecimiento de Carabineros comunic� a la demandada que rechaza la mercanc�a, por lo que el proveedor deber� efectuar los cursos de acci�n para corregir el defecto se�alado en el quep� de la tenida.

4�) Que este informe t�cnico de la calidad del producto, contemplado por las partes contratantes para ser realizado luego de la entrega, por el organismo t�cnico competente, es suficiente para acreditar que las especies materia del contrato de compraventa no cumpl�an los requisitos de calidad estipulados por las partes, independientemente de la mayor o menor relevancia del defecto constatado, pues su sola existencia basta para tener por incumplido el contrato. En tal situaci�n cab�a dar aplicaci�n a lo pactado en la cl�usula sexta del contrato, conforme a la cual la demandada debi� reemplazar las piezas defectuosas dentro de 15 d�as de comunicado que le fue el rechazo o no conformidad de las especies entregadas, cosa que no hizo, pues ning�n antecedente existe al respecto. Lo anterior, sin perjuicio de haberse devengado, adem�s, la multa estipulada del 1% del valor total de las especies que no se recibieron conformes, esto es, los quepis correspondientes a las 542 tenidas de campa�a materia del contrato.

5�) Que establecido el incumplimiento del contrato por parte de la demandada, de conformidad a lo dispuesto en el art�culo 1489 del C�digo Civil, procede declarar la resoluci�n del mismo, como lo solicita el demandante.

6�) Que dicha parte tambi�n solicita se proceda a las restituciones mutuas entre los contratantes como consecuencia de la resoluci�n del contrato. Al efecto solicita que la demandada sea condenada a pagarle la suma equivalente a US $ 12.921,28 como restituci�n del precio total pagado por el Fisco.
7�) Que la demandada no hace referencia alguna al hecho de haber recibido el pago total del precio de la venta, ni la parte demandante acompa�� antecedente probatorio alguno de haber efectuado dicho pago.
Por otra parte, seg�n se ha dejado establecido anteriormente, el proveedor debi� dejar en poder del comprador una Boleta Bancaria de Garant�a por US $ 3.060 para garantizar la calidad del producto; se oblig� a pagar una multa del 1% diario del valor total de las especies que no se recibieron conformes, en este caso, s�lo los quepis de las tenidas de campa�a y, adem�s, el comprador pod�a descontar del pago final dicha multa, en el evento que la boleta de garant�a no fuere suficiente para cubrir este monto.
Todos estos antecedentes impiden determinar con certeza el monto que debe serle restituido al comprador, atendido que existe una boleta de garant�a entregada y por no aparecer razonable y l�gico que el Fisco haya hecho pago �ntegro del precio no obstante que parte de las tenidas de campa�a no cumpl�an los requisitos de calidad previamente establecidos y que tal situaci�n hab�a generado multas a pagar por el proveedor.

Por estas razones, procede desestimar la demanda, en esta parte, sin perjuicio de los derechos y acciones que el demandante pueda hacer valer y ejercer en otro procedimiento.
Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en el art�culo 186 del C�digo de Procedimiento Civil, SE REVOCA la sentencia apelada, de veintid�s de mayo de dos mil ocho, escrita a fojas 125 y siguientes, que rechaza en todas sus partes, sin costas, la demanda deducida a fojas 35, y se decide, en cambio, que dicha demanda es acogida s�lo en cuanto se declara la resoluci�n del contrato de compraventa celebrado por las partes con fecha 26 de abril de 2005, y se la desestima respecto a lo dem�s solicitado, sin costas, por no haber sido la demandada totalmente vencida.
Reg�strese y devu�lvase.
N� 7320-2008.-
Redacci�n de la Ministro se�ora Pilar Aguayo Pino

Pronunciada por la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro se�ora Adelita Ravanales Arriagada, e integrada por la Ministro se�ora Pilar Aguayo Pino y por el Abogado Integrante se�or Rodrigo Asenjo Zegers.

Para procedencia de terceria de posesi�n, se debe acreditar comportamiento de se�or y due�o.

2009-12-02T17:27:00.003-03:00

Punta Arenas, treinta de marzo de dos mil seis.
VISTO: Se reproduce la resoluci�n en alzada, con excepci�n de sus fundamentos cuarto, quinto y sexto, que se eliminan. Y SE TIENE, ADEMAS, PRESENTE: 1�) Que a fs. 39 y siguientes de estas compulsas, la abogado do�a Paola Vidal Amarante, por el tercerista, dedujo recurso de apelaci�n en contra de la sentencia dictada con fecha 9 de septiembre del a�o en curso, por la cual se rechaz� sin costas, la tercer�a de posesi�n interpuesta por don Rodrigo Javier Venegas Calder�n en representaci�n de la Sociedad Comercial Venegas y Compa��a Limitada, por cuanto el sentenciador dictamina que no existe legitimaci�n activa por parte del primero para actuar en representaci�n de la sociedad tercerista. Estima el apelante que la alegaci�n de falta de legitimaci�n es una excepci�n que los demandados debieron alegar en la oportunidad procesal correspondiente, no encontr�ndose el tribunal, a su juicio, facultado para pronunciarse sobre ella, quebrantando el principio de pasividad que regula la organizaci�n de los tribunales de justicia. Considera que la actuaci�n del juez de oficio, lleva consigo la sanci�n de nulidad absoluta de dicho acto, pues se incurre en el vicio procesal denominado ultrapetita, pues resolvi� sobre un punto o asunto no sometido a su decisi�n. Pide se enmiende conforme a derecho la sentencia apelada, acogiendo la demanda de tercer�a de posesi�n opuesta y decretando el alzamiento del embargo sobre los bienes de propiedad y posesi�n de su representada. 2�) Que para acreditar el fundamento de su acci�n, el tercerista rindi� prueba testimonial con los dichos de Alberto Arturo Vega Moll y Miguel Angel Francisco Mu�oz Risco. El primero de ellos se�ala que desde hace ocho a�os conoce a Rodrigo Javier Venegas Calder�n, quien es representante de la Sociedad Comercial Venegas y C�a. Ltda., en circunstancia que en esa �poca ingres� a trabajar para la Sociedad Comercial Pablo Venegas Olmedo y C�a. Ltda., de la cual el representante era su padre y se�ala que al momento de practicarse la actuaci�n judicial de embargo, los bienes sobre los que recayeron se encontraban en posesi�n de dicha sociedad, en su domicilio de Avda. Bulnes N� 04486, salvo unas cuantas cosas entregadas en concesi�n por la F�brica de Bebidas Coca Cola y por otros proveedores, lo que sabe y le consta por trabajar para la sociedad tercerista y estima que el embargo se debi� a que antiguamente funcion� en ese domicilio dicha sociedad, pero actualmente nada posee de all�, pues ello es, como dijo, de la Sociedad Comercial Venegas y C�a. Ltda. Por �ltimo, expresa que los bienes embargados a fs. 12 del cuaderno de apremio son los que declara conocer como de posesi�n y dominio de la tercerista. A su turno, el testigo Mu�oz Risco, expresa que hace m�s de seis a�os conoce a don Rodrigo Javier Venegas Calder�n, quien es representante legal de la Sociedad Comercial Venegas y C�a. Ltda., en circunstancia que desde esa �poca ingres� a trabajar para la Sociedad Comercial Pablo Venegas Olmedo y C�a. Ltda., representada por su padre y desde hace cuatro a�os atr�s est� trabajando para la tercerista, por lo que sabe que cuando se practic� el embargo en esta causa, los bienes que recayeron en la diligencia, al igual que el resto de ellos y los enseres que guarnecen el domicilio de Avda. Bulnes N� 04486, se encontraba en posesi�n y dominio de la sociedad tercerista, salvo algunas pocas cosas entregadas en comodato por distintos proveedores. Sostiene que tal situaci�n se produjo porque antiguamente funcion� en ese mismo domicilio la ejecutada, pero en la actualidad corresponde al domicilio de la tercerista. Finalmente dice que los bienes embargados a fs. 12 del cuaderno de apremio son los que declara conocer como de posesi�n y dominio de la sociedad tercerista. 3�) Que para que prospere un a tercer�a incidental de posesi�n es imprescindible que se acredite que, al tiempo del embargo, el tercerista ten�a la tenencia material o corpus y, que, adem�s, se compruebe su comportamiento de se�or y due�o. 4�) Que si bien es cierto que est� probada la posesi�n de las especies embargadas, no es menos verdad que el segundo elemento, esto es, el comportamiento de se�or y due�o, no se encuentra acreditado. A mayor abundamiento, el ejecutado al contratar el cr�dito, se�al� como domicilio el ubicado en calle Avda. Bulnes N� 04486 de esta ciudad, que corresponde al lugar donde se practic� el embargo de autos. Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 186, 187 y 518 N� 2 del C�digo de Procedimiento Civil, se confirma la resoluci�n apelada de fecha nueve de septiembre de dos mil cinco, escrita a fs. 36 y siguientes. Redacci�n de la Ministro Sra. Bravo. Devu�lvase con sus agregados tenidos a la vista. Rol civil N� 333-2005.

Tercer�a de posesi�n debe ser rechazada, si contrato es suscrito ante Notario No habilitado.

2009-12-02T17:18:00.002-03:00

Antofagasta, quince de abril de dos mil ocho.

Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada, y teniendo adem�s presente: PRIMERO. Que el Abogado don Juan Hun Rauld, por el tercerista don Lu�s Antonio P�rez Figueroa, mediante presentaci�n de fecha 28 de Diciembre de 2007, que corre a fojas 20 de este cuaderno, dedujo recurso de apelaci�n en contra de la resoluci�n de fecha veintiuno del mismo mes y a�o, dictada por la Sra. Juez titular del Primer Juzgado de Letras de esta ciudad, do�a Pamela Ponce Valenzuela, que rechaz� sin costas la tercer�a de posesi�n interpuesta a fojas 8 y siguientes, por ser agraviante a los derechos de su parte. A�ade el recurrente que la sentencia concluye que las pruebas aportadas por el tercerista no son suficientes para acreditar la posesi�n exclusiva de los bienes embargados por la ejecutante de autos, antecedentes que fueron incorrectamente se�alados en esa resoluci�n, y en circunstancias que se halla fehacientemente comprobada la posesi�n reclamada, como tambi�n el dominio de los bienes embargados, habiendo el tribunal estimado en el considerando quinto de la sentencia que los testigos presentados fueron legalmente examinados y est�n contestes en los hechos y circunstancias.Manifiesta el recurrente que el art�culo 700 del C�digo Civil se refiere a la posesi�n como "la tenencia de una cosa determinada con �nimo de se�or o due�o, sea que el due�o o el que se da por tal tenga la cosa por s� mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de �l. El poseedor es reputado due�o mientras otra persona no justifica serlo". En consecuencia, indica, seg�n los antecedentes aportados por su parte, esto es, el contrato de compraventa acompa�ado y la prueba testimonial rendida en autos, y de acuerdo a lo ex puesto en la disposici�n reci�n citada, se encuentran cumplidos los requisitos exigidos para dar por establecida su demanda. SEGUNDO: Que la causa rol N� 5.618-2006, del Primer Juzgado de Letras de esta ciudad, en que incide la tercer�a materia del recurso, se inici� con demanda ejecutiva que rola a fojas 11 y deducida el 19 de Diciembre de 2006 por Tamara Pizarro Olmedo, en representaci�n. SEGUNDO: Que la causa rol N� 5.618-2006, del Primer Juzgado de Letras de esta ciudad, en que incide la tercer�a materia del recurso, se inici� con demanda ejecutiva que rola a fojas 11 y deducida el 19 de Diciembre de 2006 por Tamara Pizarro Olmedo, en representaci�n del Banco de Cr�dito e Inversiones, sucesor legal de Banco Conosur, acompa�ando como fundamento de su acci�n el Pagar� N� 0.430-25-28366-0, por un valor inicial de $574.325, que se dividi� en 24 cuotas iguales y sucesivas de $33.723, con inter�s de 2,590 mensual y vencimiento los d�as 10 de cada mes, a partir de Agosto de 2006, y que fue suscrito por Luis Armando P�rez Lorca, quien solamente pag� una de las referidas cuotas.La Sra. Juez de la causa, a fojas 12, tuvo por interpuesta la referida demanda, ordenando despachar mandamiento de ejecuci�n y embargo, lo que no pudo notificarse al demandado, al no tener domicilio ni trabajar en los lugares indicados por la actora, como consta a fojas 13 del cuaderno de compulsas del juicio ejecutivo, pero s� se notific� personalmente despu�s, como aparece de fojas 20 del mismo expediente, en el inmueble ubicado en calle Hugo Silva N� 840, departamento 1202, de esta ciudad, de acuerdo a lo informado por el Servicio de Registro Civil e Identificaci�n a fojas 16, practic�ndose el requerimiento de pago con fecha 22 de Marzo de 2007 como consta de fojas 2 del cuaderno de apremio que se tiene a la vista.TERCERO: Que como consta de los autos originales tenidos a la vista y que se pidieron al Primer Juzgado de Letras de Antofagasta, el 26 de Noviembre del a�o 2007, Lu�s Antonio P�rez Figueroa dedujo tercer�a de posesi�n respecto de bienes que fueron materia del embargo pidiendo se les excluya del embargo y acompa�ando al efecto contrato de compraventa de bienes muebles incluidos en la citada diligencia, de fecha uno de Agosto de 2006, cuyas firmas est�n autorizadas por el Notario P�blico don Julio Abasolo Aravena, adem�s de contrato de compraventa del inmueble ubicado en calle Hugo Silva Endeiza N� 840, departamento 1202, Antofagasta, de fecha 3 de Enero de 2003, en que consta la correspondiente inscripci�n en el Conservador de Bienes Ra�ces de esta ciudad a su nombre, y certificado de aval�o fis cal de la misma propiedad (fojas 1 y siguientes del cuaderno mencionado).El tribunal provey� traslado a esa demanda, sin que �ste fuera evacuado, seg�n aparece a fojas 12. A fojas 15 y 15 vta. el tercerista produce prueba testimonial consistente en el dicho de dos testigos, Susana Faride Delgado Aguirre y Juan Carlos PEl tribunal provey� traslado a esa demanda, sin que �ste fuera evacuado, seg�n aparece a fojas 12. A fojas 15 y 15 vta. el tercerista produce prueba testimonial consistente en el dicho de dos testigos, Susana Faride Delgado Aguirre y Juan Carlos P�rez Vidal.A fojas 18, resolviendo el tribunal la tercer�a, neg� lugar a ella, por no haberse acreditado por el tercerista los fundamentos en que se apoya, esto es, la posesi�n exclusiva de las especies embargadas a la �poca de la traba. CUARTO: Que, como medida para mejor resolver, esta Corte orden� a la Secretaria Interina certificar si el Notario P�blico don Julio Abasolo Aravena se encontraba en funciones el d�a 1� de Agosto de 2006, fecha en que aparece autorizando las firmas puestas en el contrato que se acompa�� a fojas 1 de este cuaderno de tercer�a, constando a fojas 29 vta. el certificado en que dicha funcionaria deja constancia que el d�a indicado ese Notario P�blico no se hallaba ejerciendo su oficio, en cumplimiento a medida disciplinaria impuesta por la Excma. Corte Suprema. Adem�s, tambi�n con el mismo car�cter, a fojas 30 se dispuso oficiar al Primer Juzgado de Letras de esta ciudad para la remisi�n del cuaderno original de tercer�a de posesi�n, que fue enviado a esta Corte "comprob�ndose que all� aparec�a el contrato referido en sus originales- siendo guardado en custodia de Secretar�a de la Corte, bajo el N� 56, con fecha 28 del mes de Marzo de 2008, como consta a fojas 33. En dicho documento se halla agregado el citado contrato de compraventa de bienes muebles, con la firma original del Sr. Notario P�blico que aparece autoriz�ndolo. QUINTO: Que, en esas condiciones, resulta que se ha fundado la demanda de tercer�a de posesi�n en un contrato privado que carece de m�rito probatorio suficiente, al haberse autorizado la firma de las partes por Notario P�blico que no se hallaba legalmente en funciones a la fecha de esa diligencia, esto es, el 1� de Agosto de 2006, de lo que se desprende que necesariamente deber� rechazarse el recurso de apelaci�n interpuesto en contra de la resoluci�n de fecha veintiuno de Diciembre de 2007, dictada por la Sra. Juez titular del Primer Juzgado de Letras de esta ciudad, que rechaz� la referida demanda, sin que obste a dicha concl usi�n el dicho de los testigos que depusieron en autos, uno de los cuales asegura haber estado presente en la Notar�a al firmarse el contrato indicado. Por estas consideraciones, y atendido lo prevenido en los art�culos 152, 186 y siguientes, del C�digo de Procedimiento Civil, se declara: Se confirma la sentencia de fecha veintiuno de Diciembre de dos mil siete, escrita a fojas 18 de este cuaderno, que rechaz� la tercer�a de posesi�n deducida a fojas 20 de este cuaderno por el Abogado don Juan Hun Rauld, en representaci�n de don Luis Antonio P�rez Figueroa, sin costas.
Atendido lo expresado en relaci�n con la actuaci�n del Sr. Notario P�blico y Conservador de Minas de esta ciudad, don Julio Abasolo Aravena, pasen los antecedentes al Pleno de esta Corte, debiendo retenerse los autos originales y las compulsas.
Reg�strese y devu�lvase en su oportunidad.

Rol N� 46-2008.

Redacci�n de la Ministro titular do�a Rosa Mar�a Pinto Egusquiza.

Contrato de arriendo de inmueble no acredita posesi�n de muebles.

2009-12-02T17:11:00.002-03:00

CONCEPCION, diecisiete de julio de dos mil seis.
VISTOS: Se elimina �ntegramente la sentencia apelada de fojas 34 de estas compulsas y se tiene en su lugar presente: 1.- Que don Carlos Patricio Caba�as Candia, individualizado en autos, comparece deduciendo tercer�a de posesi�n sobre los bienes muebles embargados en los autos y que menciona en su petici�n, los que son de posesi�n suya desde que al momento del embargo se encontraban en su poder y no en el del deudor, desde que constituyen enseres de su vivienda y solicita por ello se alce el embargo sobre tales bienes; 2.- No habiendo contestado el traslado las partes del juicio, se recibi� la tercer�a a prueba sobre la efectividad de haber tenido la tercerista la posesi�n de los bienes embargados al momento de la traba del embargo, la que rindi� s�lo prueba documental consistente en los documentos que rolan de fojas 47 a 56 del cuaderno ejecutivo y que consisten en contrato de arrendamiento en instrumento privado, por el cual el tercerista toma en arrendamiento el inmueble de Ej�rcito 525 B de Concepci�n y fechado 1 de agosto de 2003; recibo de consumo de gas y electricidad de ese inmueble, as� como de servicios telef�nicos, boletas de compraventa y notificaci�n de cambio de precio de plan de salud emitida por Isapre Masvida; 3.- Que, en el primer otros� de su tercer�a, al acompa�ar tales instrumentos, el demandante no se�al� cu�l era el objeto probatorio que pretend�a demostrar con ellos y bastar�a esa observaci�n para privarles de todo valor probatorio. Sin embargo, a�n suponiendo que de esos instrumentos pretendiera derivar hechos que configuran la posesi�n de los bienes sobre los que deducce la tercer�a, tampoco es posible atribuirles tal valor. En efecto, con ellos no se acredita la posesi�n de los bienes embargados, puesto que de ellos no se deriva la prueba de actos de los que pudiera desprenderse tanto el �nimo de se�or y due�o, como tampoco la tenencia material de los mismos, elementos que, como es sabido, constituyen la esencia de la posesi�n seg�n el art�culo 700 del C�digo Civil; 4.- Que, en efecto, no se divisa c�mo de la existencia de un contrato de arrendamiento de inmueble que por lo dem�s carece de fecha cierta visto lo que se dispone en el art�culo 1703 del C�digo Civil, pudiera desprenderse los elementos constitutivos de la posesi�n de bienes muebles. Menos a�n puede resultar esa prueba del documento de notificaci�n de cambios en un plan de salud, por m�s que de �l aparezca que se envi� a la direcci�n del bien donde se embargaron los bienes objeto de la tercer�a y a nombre del tercerista. Los recibos de pago de consumos de gas y electricidad acompa�ados ni siquiera aparecen emitidos a nombre del tercerista y las boletas de compraventa y de estados de cuenta de establecimientos comerciales nada acreditan respecto de la posesi�n de los bienes de muebles objeto de la tercer�a; 5.- Que correspondiendo la prueba de la posesi�n de los bienes embargados al tercerista que la alega y no habi�ndose �sta proporcionado por los medios legales del caso, como se caba de se�alar, no era posible dar lugar as� la tercer�a de posesi�n deducida, en raz�n de lo cual deber� acogerse el recurso de apelaci�n deducido por don Marcelo Llanos Campos por el ejecunate Banco de Cr�dito e Inversiones Por esas consideraciones y teniendo presente lo dispuesto en las disposiciones legales ya referidas y en el art�culo 519 del C�digo de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia apelada de veintisiete de noviembre de dos mil tres que hab�a acogido la tercer�a deducida y en su lugar se resuelve que ella queda desestimada, con costas. Reg�strese y devu�lvase con el cuaderno de compulsas agregado Redacci�n del abogado integrante don Ram�n Dom�nguez Aguila ROL 4492-03.

No procede terceria, si tercerista tiene mismo domicilio de ejecutado.

2009-12-02T17:03:00.003-03:00

Concepci�n, diecisiete de octubre de dos mil cinco.
Visto: Se elimina el considerando cuarto de la sentencia en alzada, se la reproduce en lo dem�s y se tiene tambi�n presente: 1) Que del pagar� que se tiene a la vista, suscrito con fecha 10 de diciembre de 2001 por don Osvaldo Bladimir Beltr�n Y��ez, aparece que el deudor se�al� como su domicilio el de calle Los Olivos, Pasaje Calafates 1855, Lagunillas, Coronel. Consta del cuaderno principal y de apremio que en fotocopias se tienen a la vista, que con fecha 15 de septiembre de 2003 se notific� personalmente la demanda y se requiri� de pago a don Osvaldo Bladimir Beltr�n Y��ez en el domicilio antes indicado. Del cuaderno de apremio aparece que con fecha 7 de octubre de 2004 se trab� embargo en el domicilio ya indicado sobre las especies objeto de la tercer�a de posesi�n, diligencia que se practic� en presencia de do�a Eduvina Y��ez S�es, quien le se�al� al Receptor que las especies eran de propiedad de don Bernardo Beltr�n Jara. 2) Que los dos testigos que el tercerista present� a declarar, si bien se�alaron que las especies embargadas son de propiedad y posesi�n de don Bernardo Beltr�n Jara, por haber visitado su casa, solo uno de ellos, don Salvador S�nchez Soto, indic� que el ejecutado Osvaldo Beltr�n Y��ez viv�a en la ciudad de Talcahuano, pero no precis� desde qu� fecha ello ocurrir�a. 3) Que, en tales condiciones, la prueba de un solo testigo que dice que el ejecutado no vivir�a en el domicilio del tercerista, resulta insuficiente para acreditar este hecho, por tratarse de un testigo singular, que no da mayor informaci�n acerca del domicilio y del tiempo que lleva el ejecutado afincado en la ciudad de Talcahuano. Por consiguiente, la prueba producida por el tercerista carece de fuerza de convicci�n suficiente para establecer que el ejecutado tiene su domicilio en la ciudad de Talcahuano y que, por lo tanto, no tiene domicilio ni vive junto al tercerista, que fue el lugar donde se le notific�, requiri� de pago y se practic� el embargo. 4) Que por lo expuesto, y no habiendo demostrado el tercerista posesi�n exclusiva y excluyente, puesto que por vivir ambos en el mismo domicilio tambi�n debe considerarse que la tiene sobre las cosas embargadas el ejecutado, la tercer�a de posesi�n no puede acogerse, porque es requisito sine quanon para que pueda prosperar el que los bienes sobre que recae el embargo se encuentren en poder de una persona distinta del ejecutado, cosa que aqu� no ocurre, por no ser posible separar la posesi�n del tercerista de uno y el otro. Debe recordarse que la tercer�a de posesi�n en sus or�genes es de creaci�n jurisprudencial, y naci� como reacci�n ante la constataci�n del absurdo que significar�a exigir la interposici�n de una tercer�a de dominio para obtener la restituci�n de cosas que, por estar en poder del tercerista, la ley le presume el dominio de ellas, conforme lo dispuesto en el art�culo 700 del C�digo Civil. La situaci�n no es la misma cuando no existe claridad acerca de quien las tiene en su poder, caso en el cual para liberar las especies de la medida que las afecta no queda otro camino que el recurso a la tercer�a de dominio. 5) Que atendido lo razonado, no tiene mayor trascendencia la documental producida en autos por el tercerista. 6) Que es del caso precisar que en el cuaderno de apremio no aparece embargado ning�n televisor marca Samsung. Por estos fundamentos, se confirma la sentencia de 26 de julio de 2005, escrita a fs.29 de estas compulsas, declar�ndose que la tercer�a de posesi�n queda rechazada en todas sus partes. Reg�strese y devu�lvase con su custodia. Redacci�n del Ministro don Eliseo Antonio Araya Araya. Rol N�3.158-2005. No firma la se�ora Fiscal Judicial do�a Gladys Lagos Carrasco, quien concurri� a la vista y al acuerdo de la causa, por estar haciendo uso de feriado.

Notificaci�n de Tercer�a de Posesi�n.

2009-12-02T16:57:00.003-03:00

Concepci�n, doce de enero de dos mil cuatro.
Visto: A fs.1 recurrieron de hecho los letrados Jaime Andr�s Valenzuela Biscardi y Alfredo Navarrete Pavez, en representaci�n de Elda Elena Guti�rrez Cuadra, en autos civiles sobre tercer�a de posesi�n caratulados ABC Inversiones con Molina Guti�rrez, rol 431-2002, el cual fundaron exponiendo que con fecha 12 de mayo de 2003 se les deneg�, por extempor�neo, el recurso de apelaci�n deducido el 9 del mismo mes y a�o contra la resoluci�n que no dio lugar a la tercer�a de posesi�n. Se�alaron que con fecha 3 de mayo de 2003 fueron notificados por c�dula de la referida resoluci�n, por lo que estimaron que el recurso de apelaci�n fue interpuesto dentro de plazo, solicitando, por ello, se revoque la resoluci�n recurrida y se haga lugar a dicho recurso de apelaci�n. A fs.4 inform� la juez recurrida manifestando que por sentencia interlocutoria de 16 de abril de 2003 se rechaz� una tercer�a de posesi�n, la que fue notificada por el estado diario en la misma oportunidad a todas las partes, y si bien la misma fue notificada personalmente al apoderado del ejecutante el 2 de mayo y por c�dula al apoderado de la tercerista el 3 de mayo de 2003, ellas no fueron ordenadas por el tribunal. En raz�n de lo anterior, concluy�, el recurso de apelaci�n deducido el 9 de mayo de 2003 contra la sentencia interlocutoria, lo fue en forma extempor�nea. CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1) Que atendido el m�rito de estos antecedentes y de la causa rol N�431-02, caratulada ABC Inversiones Limitada con Molina Guti�rrez Jorge Arturo, sobre juicio ejecutivo, que se tiene a la vista, el presente recurso de hecho recae en una incidencia de tercer�a de posesi�n, y fue deducido contra la resoluci�n de 12 de mayo de 2003, que no dio lugar a tener por interpuesto el recurso de apelaci�n deducido el 9 de mayo contra la sentencia de fecha 16 de abril de 2003, notificada por el estado diario con la misma fecha, que rechaz� dicha tercer�a. Debe anotarse que la parte que hoy recurre aparece, adem�s, notificada por c�dula de la sentencia reca�da en la tercer�a de posesi�n, sin que esa especie de notificaci�n hubiese sido ordenada por el tribunal. 2) Que si bien de acuerdo a lo estatuido en el art�culo 521 del C�digo de Procedimiento Civil, la tercer�a de posesi�n debe tramitarse como incidente, ello no significa que se trate de una cuesti�n accesoria al juicio principal, pues la naturaleza de la pretensi�n establece que tiene un car�cter de principal, aut�noma y distinta de la sustentada por las partes principales del juicio ejecutivo, que tiene por objeto excluir uno o varios bienes determinados del embargo, por encontrarse en posesi�n de ellos una persona distinta del demandado, el tercerista de posesi�n. Si ello es as�, debe concluirse que la tercer�a de posesi�n constituye un nuevo juicio, en que la controversia y las partes son distintas, de modo que la demanda deber�a notificarse a los demandados conforme a lo preceptuado en el art�culo 40 del C�digo de Procedimiento Civil, esto es, en forma personal por ser la primera del juicio. Esta Corte tiene resuelto que las tercer�as que admiten los art�culos 518 y siguientes del C�digo de Procedimiento Civil, si bien est�n sujetas a tramitaci�n incidental, distintas son las partes y otro el conflicto; no se trata de una cuesti�n accesoria al pleito sino que constituyen nuevos juicios, aut�nomos del juicio ejecutivo, por lo que la demanda debe ser notificada personalmente a las partes (Recurso de Hecho rol 2.035-03). 3) Que, sin embargo, hasta ah� llega toda similitud de considerar a la tercer�a de posesi�n como un juicio nuevo, pues la ley ordena perentoriamente que su tramitaci�n debe ajustarse a las reglas establecidas para los incidentes, de manera que de no existir norma expresa en contrario, todas las resoluciones deben notificarse por el estado diario, incluida la resoluci�n que falla la tercer�a, pues no existe norma que establezca lo contrario, por lo que ya se estime dicha resoluci�n como sentencia interlocutoria o como sentencia definitiva, la regla es clara: su notificaci�n a las partes debe hacerse por el estado diario, porque de esa forma se notifican las resoluciones que resuelven incidencias. 4) Que en la especie, la resoluci�n que fall� la tercer�a de posesi�n se notific� a las partes por el estado diario, siendo ambas actuaciones de fecha 16 de abril de 2003, de suerte que el recurso de apelaci�n deducido por la parte de la actora, actual recurrente, el 8 de mayo de 2003, fue interpuesto vencido con creces el plazo de cinco d�as contemplado en el art�culo 189 del C�digo de Procedimiento Civil. Estuvo acertada, por tanto, la juez a quo cuando no dio lugar al recurso por su extemporaneidad. Por estos fundamentos y lo dispuesto en los art�culos 203 y 205 del C�digo de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de hecho deducido a fs.1. Reg�strese, devu�lvanse los autos tenidos a la vista, agreg�ndole copia autorizada de la presente resoluci�n, y arch�vese. Redacci�n del Ministro don Eliseo Antonio Araya Araya. No firma el abogado integrante se�or Carlos Alvarez N��ez, que concurri� a la vista y acuerdo en esta causa, por encontrarse ausente de la ciudad. Rol N�1.644-03

Justificante por licencia y principio de protecci�n del trabajador.

2009-12-02T16:40:00.003-03:00

Santiago, siete de julio de dos mil nueve.
Vistos:
En estos autos rol N� 664-2.008 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Chill�n, don Juan Carlos Fuentealba Fuentes dedujo demanda en contra de Cesur S.A., representada por don Juan Carlos Guerra Mancilla; para que se declare que su despido fue injustificado y se condene a la demandada a pagarle las prestaciones que detalla, todo ello con reajustes, intereses y costas. La demandada, al evacuar el traslado conferido, opone las excepciones de caducidad y de prescripci�n de la acci�n; y en cuanto al fondo, contesta la demanda, solicitando su rechazo por las razones que indica. En sentencia de diez de septiembre de dos mil ocho, escrita a fojas 84 y siguientes, el tribunal de primer grado rechaz� las excepciones; y, en cuanto al fondo de la acci�n deducida, acogi� la demanda, declar� injustificado el despido del actor, condenando a la sociedad demandada al pago de las remuneraciones y beneficios legales por el periodo comprendido entre la fecha del despido y la del vencimiento de la �ltima licencia m�dica; a la suma de $538.471 por indemnizaci�n sustitutiva del aviso previo y $1.076.942 por a�os de servicios, m�s el incremento del 30%; $538.471 por dos per�odos de feriados, m�s los reajustes e intereses legales y costas. Se alz� la parte demandada y la Corte de Apelaciones de Chill�n, en sentencia de treinta de diciembre de dos mil ocho, que se lee a fojas 100 vuelta y siguientes, revoc� la decisi�n de primer grado, s�lo en cuanto conden� al demandado al pago de las remuneraciones y dem�s beneficios legales desde la fecha del despido y la del vencimiento de la �ltima licencia m�dica y rechaz� tal pretensi�n. En lo dem�s apelado, confirm� el referido fallo. En contra de esta �ltima resoluci�n la parte demandada deduce recurso de casaci�n en el fondo, por haber sido dictada, a su juicio, con infracciones de ley que han influido en lo dispositivo de la sentencia, a fin que se la invalide y se dicte la de reemplazo que detalla. Se trajeron estos autos en relaci�n. Considerando: Primero: Que la recurrente invoca la infracci�n de los art�culos 161, 162, 168, 455 y 456 del C�digo del Trabajo, argumentando que la sentencia recurrida ha rechazado la excepci�n de caducidad interpuesta por su representada, debido a que no apreci� correctamente la prueba rendida. En efecto, indica que ambas partes est�n contestes en que la fecha de la separaci�n fue el 5 de septiembre de 2007, d�a del despido y como la demanda se present� el 12 de mayo de 2008, hab�an transcurrido 230 d�as h�biles, excediendo el plazo que previene el art�culo 168 del C�digo del Trabajo. Es err�nea la interpretaci�n que dieron los jueces del grado, pues al invocarse la causal del art�culo 161 del C�digo Laboral, estando el demandante con licencia m�dica, no hace que el despido sea nulo sino s�lo improcedente; en parte alguna se establece que el contrato deba extenderse hasta el t�rmino de la licencia m�dica. En la sentencia atacada se ordenaron pagos que no corresponden porque, a la fecha de la presentaci�n de la demanda, los derechos estaban caducados. A�ade que, tambi�n, se han infringido las reglas de la sana cr�tica al concluir que la separaci�n se produjo el 29 de marzo de 2008 en circunstancias que, las partes est�n contestes en que �sta se produjo el 5 de septiembre de 2007, contrariando las reglas de la l�gica y el sentido com�n al dar por acreditado un hecho que no lo est� y en el que, adem�s, las partes est�n de acuerdo. Hace presente que la sana cr�tica exige una valoraci�n racional de la prueba lo que no se hizo en este proceso, estableci�ndose una fecha distinta respecto de la separaci�n del trabajador de la empresa demandada. Finalmente, explica la forma en que los errores de derecho que invoca tuvieron influencia en lo dispositivo del fallo. Segundo: Que, conforme el m�rito del proceso, son hechos de la causa, en lo pertinente, los siguientes: a) No hubo controversia sobre la existencia de la relaci�n laboral, la fecha de su inicio, el monto de la remuneraci�n y el hec ho del despido. b) El d�a 5 de septiembre del a�o 2007, el demandado le envi� una carta al actor comunicando el t�rmino de su relaci�n laboral por necesidades de la empresa. c) El demandante estuvo con licencia m�dica desde el 4 de septiembre de 2007 y as� sucesivamente, hasta la �ltima, extendida el d�a 15 de marzo de 2008, por quince d�as, venciendo el 29 de marzo de ese mismo a�o. d) No se cuestion� que, a la fecha de ocurrencia del despido, el actor hac�a uso de licencia m�dica. e) La demandada no prob� la causal invocada para poner t�rmino a la relaci�n laboral del actor. f) La demanda fue presentada a distribuci�n el d�a 12 de Mayo de 2008. g) Las remuneraciones y beneficios legales pedidos por el actor fueron debidamente solucionados por la Isapre. Tercero: Que sobre la base de los hechos rese�ados precedentemente, los jueces del grado estimaron improcedente invocar la causal de necesidades de la empresa porque el actor a la fecha del despido estaba con licencia m�dica, raz�n por la cual, el plazo para reclamar se suspende y s�lo contin�a corriendo vencida la licencia m�dica, es decir, a partir del 29 de marzo de 2008. Por lo anterior, estimando que no se configuraba la excepci�n de caducidad, la rechazaron y acogieron la demanda, declararon injustificado el despido del actor, condenando a la parte demandada al pago de las indemnizaciones y prestaciones ya rese�adas en la parte expositiva de esta resoluci�n. Cuarto: Que dirimir la controversia jur�dica producida en autos pasa por interpretar la expresi�n "separaci�n" utilizada por el legislador en los art�culos 162 y 168 del C�digo del Trabajo, para los efectos de determinar la �poca a partir de la cual debe computarse el plazo de caducidad establecido en la �ltima de las normas citadas, trat�ndose de un trabajador que, a la fecha de su despido por la causal prevista en el inciso primero del art�culo 161 del C�digo del Trabajo, esto es, Necesidades de la Empresa, hac�a uso de licencia m�dica. Quinto: Que el art�culo 168 del C�digo del ramo prescribe: "El trabajador cuyo contrato termine por aplicaci�n de una o m�s de las causales establecidas en los art�culos 159, 160 y 161, y que considere que tal aplicaci�n es injustificada, indebida o improceden te, o que no se ha invocado ninguna causal legal, podr� recurrir al juzgado competente, dentro del plazo de sesenta d�as h�biles, contado desde la separaci�n, a fin que �ste as� lo declare...". De esta manera, resulta claro que en la norma citada, el legislador ha establecido que el plazo pertinente se computa desde la separaci�n del trabajador, expresi�n que no ha sido definida por la ley, pero respecto de la cual este tribunal ha se�alado que debe entenderse como "una separaci�n jur�dica o legal y que se concreta, materialmente, desde que cesa la prestaci�n de servicios por parte del trabajador". Dicho de otro modo, desde que las partes se desvinculan por decisi�n adoptada por alguna de ellas. Sexto: Que, por su parte, el art�culo 162 del mismo cuerpo legal, aplicable al caso de autos, de acuerdo con el art�culo 169 y el inciso cuarto del primer art�culo, establece que si el empleador pone t�rmino al contrato de trabajo por aplicaci�n de una o m�s causales del art�culo 160, deber� comunicarlo por escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio se�alado en el contrato y que tal aviso deber� entregarse o enviarse, dentro de tres d�as h�biles al de la separaci�n del trabajador. En este caso, nuevamente el legislador se remite a la �poca en que se produce la cesaci�n de la prestaci�n de los servicios, �poca que debe entenderse como de la separaci�n.
S�ptimo: Que del an�lisis de las disposiciones anteriores no cabe sino concluir que el momento de la separaci�n es aqu�l en que se produce la ruptura del v�nculo laboral, es decir, cuando el empleador comunica al trabajador su decisi�n de poner t�rmino a los servicios que �ste �ltimo le presta. Octavo: Que como ha quedado sentado en el fallo en estudio, el actor fue despedido por Necesidades de la Empresa mientras gozaba de licencia m�dica por enfermedad com�n, lo que se encuentra vedado por la ley al tenor de lo dispuesto en el inciso final del art�culo 161 del C�digo del Trabajo. En este caso, si bien el afectado no puede impetrar la reincorporaci�n sobre la base de la nulidad del t�rmino de su contrato de trabajo, s� puede reclamar el pago de las indemnizaciones contempladas en el art�culo 168 del C�digo del Trabajo, como sanci�n por la ilegitimidad de la ter minaci�n de su contrato de trabajo, dentro del plazo que la misma disposici�n antes citada establece. Noveno: Que si la separaci�n o desvinculaci�n de las partes se ha producido, en el caso de autos, por la decisi�n adoptada por parte del empleador de poner t�rmino al contrato de trabajo que lo un�a al actor, con fecha 5 de septiembre de 2007; es desde esa fecha, que le corre el plazo para deducir la acci�n por despido injustificado, indebido e improcedente a que se refiere el art�culo 168 del C�digo del Trabajo, fund�ndose, precisamente, en que el cese de los servicios se produjo con infracci�n a lo dispuesto en el inciso final del art�culo 161 del C�digo antes citado. D�cimo: Que no puede entenderse, como anteriormente ha sido sostenido por esta Corte, que el aviso de t�rmino del contrato de trabajo otorgado durante el per�odo de vigencia de la licencia m�dica sea ineficaz y que s�lo puede entenderse realizado al t�rmino de la referida licencia por tres motivos. Primero, porque la ley as� no lo contempla ni para este caso, ni para los trabajadores despedidos con infracci�n al fuero laboral y/o sindical; segundo, porque es necesario dar seguridad y certeza jur�dica a las partes en cuanto a la �poca de nacimiento y extinci�n de los derechos y obligaciones rec�procas y tal certidumbre se obtiene, evidentemente, con la comunicaci�n del t�rmino del contrato; y por �ltimo, porque se aviene y se ajusta con el resto de la legislaci�n laboral en materia de despido. Und�cimo: Que, por lo tanto, el hecho que el actor se encontrara con licencia m�dica al momento de verificarse el despido fundado en la causal contemplada en el art�culo 161 inciso primero del C�digo del ramo, no produjo la suspensi�n del c�mputo del plazo previsto para que operara la caducidad alegada, porque dicho efecto como se ha dicho, no est� contemplado en la ley. De esta forma, establecido como lo ha sido que el momento de la separaci�n es aqu�l en que se produce la ruptura del v�nculo laboral por decisi�n manifestada por alguna de las partes - en este caso, en la fecha en que la parte demandada decidi� finalizar la relaci�n de trabajo, esto es, el 5 de septiembre de 2007- resulta forzoso concluir que la demanda ha sido interpuesta fuera del plazo que al efecto impone el art�culo 168 en estudio. Duod�cimo: Que conforme a lo razonado aparece que, en la sentencia impugnada, se ha infringido el art�culo 168 del C�digo Laboral, infracci�n de ley que constituye el error de derecho denunciado por la demandada y que justifica la invalidaci�n del fallo en estudio, desde que influy� sustancialmente en lo dispositivo del mismo, por cuanto condujo a condenar a la empleadora al pago de las indemnizaciones propias de un despido injustificado, en circunstancias que la acci�n para reclamar por tal decisi�n se encontraba caducada a la fecha de presentaci�n de la respectiva demanda. D�cimo tercero: Que en raz�n de lo expresado precedentemente, el recurso de casaci�n en el fondo ser� acogido. Por estas consideraciones y visto, adem�s, lo dispuesto en los art�culos 463 del C�digo del Trabajo y 764, 765, 767, 783 y 785 del C�digo de Procedimiento Civil, se hace lugar, sin costas, al recurso de casaci�n en el fondo deducido por la parte demandada a fojas 111, contra la sentencia de treinta de diciembre del a�o pasado, que se lee a fojas 100 vuelta y siguientes, la que, en consecuencia, se invalida y se la reemplaza por la que se dicta a continuaci�n, separadamente, sin nueva vista. Acordada contra el voto del Ministro se�or Brito y del abogado integrante se�or Figueroa, quienes estuvieron por rechazar el recurso de casaci�n, porque en su concepto en la sentencia en estudio no se ha incurrido en error de derecho alguno, en atenci�n a las siguientes consideraciones: 1� Que si la ley en el inciso tercero del art�culo 161 del C�digo del Trabajo, proh�be poner t�rmino a los servicios de un trabajador por la causal necesidades de la empresa mientras hace uso de licencia m�dica, el aviso, que se dio durante este per�odo "seg�n estableci� en el fallo de la instancia-, resulta ser ineficaz; raz�n por la cual debe entenderse que �ste s�lo pudo realizarse una vez concluida la suspensi�n de la relaci�n laboral, esto es, vencida la licencia m�dica. 2� Que lo anterior encuentra sustento en que si durante el per�odo en que el trabajador se encuentra haciendo uso de licencia m�dica- justificante de sus ausencias a prestar servicios- no le es exigible que se le obligue a ejercer acciones que tengan por objeto el resguardo o reclamos de sus derechos. Este criterio deriva de los principios de protecci�n al trabajador que imbuyen e integran nuestra legislaci�n laboral. 3� Que, por consiguiente, si la �ltima licencia m�dica venci� el 29 de marzo de 2008, a la fecha de interposici�n de la demanda -12 de mayo de 2008-, el plazo no hab�a caducado; por lo que la sentencia en estudio al rechazar la excepci�n de caducidad opuesta por la demandada y acoger la demanda por despido injustificado, hizo una correcta aplicaci�n e interpretaci�n de las normas que se dicen infringidas, motivo por el cual el recurso debi� necesariamente rechazarse. Redacci�n a cargo del Abogado Integrante se�or Patricio Figueroa Serrano. Reg�strese.
N�1.091-09.-
Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros se�or Patricio Vald�s A., se�ora Sonia Araneda B., se�or Haroldo Brito C., y los Abogados Integrantes se�ores Ricardo Peralta V., y Patricio Figueroa S. No firma el Abogado Integrante se�or Figueroa, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, 07 de julio de 2009.
Autoriza la Secretaria de la Corte Suprema, se�ora Rosa Mar�a Pinto Egusquiza.

Compensaci�n econ�mica a c�nyuge

2009-12-02T16:01:00.000-03:00

Santiago, treinta de noviembre de dos mil nueve.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepci�n de sus fundamentos signados como 10 y 8 (segunda oportunidad), que se eliminan.
Y se tiene en su lugar y adem�s presente:

1�) Que de la prueba rendida fluye que, teniendo ambos c�nyuges la misma profesi�n -ingenieros comerciales-, la vida matrimonial, por su propia din�mica en el contexto social chileno de la �poca y por las actuaciones particulares de la c�nyuge durante la convivencia com�n, oper� de alg�n modo en perjuicio de �sta en el aspecto econ�mico, gener�ndole un menoscabo que fundamenta y hace plausible la compensaci�n econ�mica que solicita, a�n cuando por un monto menor al pretendido.

2�) Que, en efecto, dicha prueba permite afirmar que ella dedic� m�s tiempo al cuidado de los hijos; que pag� con sus ingresos el servicio dom�stico; que el padre no colabor� en las tareas del hogar, las que debieron ser efectuadas -en ausencia de la empleada- por la c�nyuge y/o en todo caso supervisadas; que efectu� aportes importantes en la compra de los inmuebles que se adquirieron en Rosita Rernard y en San Carlos de Apoquindo; que el sueldo o ingreso profesional del c�nyuge fue siempre superior al de la mujer; y que aqu�l al retirarse del hogar, llev� consigo diversos bienes de importante valor.

3�) Que, as� las cosas, corresponde otorgar compensaci�n econ�mica a la c�nyuge, tanto por las cantidades aportadas en la compra de los bienes ra�ces referidos, como por lo que dej� de percibir en mejores empleos mientras atendi� en forma preferente a la marcha del hogar, lo que se extendi� por veinte a�os. Todo lo cual se estima prudencialmente en el equivalente a un 75% de un ingreso m�nimo mensual por cada mes de los 20 a�os de convivencia de las partes, esto es, un total de 180 ingresos m�nimos mensuales remuneracionales, equivalentes a esta fecha a $29.700.000; la que se pagar� en 72 cuotas iguales y sucesivas de 2,5 ingresos m�nimos mensuales cada uno de ellas, mediante dep�sito en la cuenta de ahorro que Ana Mar�a Silva Garay abrir� en el Banco del Estado de Chile para tal efecto, a contar del mes subsiguiente a aqu�l en que quede ejecutoriada esta sentencia y dentro de los primeros cinco d�as de cada mes, pudiendo la acreedora tener como de plazo vencido la deuda en caso de acumularse m�s de dos cuotas seguidas impagas o cinco cualesquiera de ellas y hacer efectivo el cobro total del saldo impago.
Por estos fundamentos y lo dispuesto por los art�culos 67 y siguientes de la Ley de los Tribunales de Familia, se revoca la sentencia referida, que es de nueve de julio de dos mil nueve y fue dictada por la Juez se�ora Marcela Palamare Iribarne, titular del Primer Juzgado de Familia de Santiago, en cuanto neg� lugar a la compensaci�n econ�mica demandada por ambos c�nyuges, decidi�ndose, en cambio, que se acoge solamente la demandada por la c�nyuge se�ora Ana Mar�a Silva Garay, la que se fija en el equivalente a 180 ingresos m�nimos mensuales remuneracionales y se pagar� en la forma y condiciones se�aladas en el fundamento 3�) de este fallo, sin costas por no existir vencimiento total.
Acordada con el voto en contra de la Ministra se�ora Chevesich, quien fue de opini�n de confirmar la sentencia apelada porque en su concepto, no se dan los presupuestos establecidos en el art�culo 61 de la Ley de Matrimonio Civil para ordenar el pago de una compensaci�n econ�mica a favor de la c�nyuge. Tiene presente para ello, el m�rito que emana de la declaraci�n prestada por el �nico testigo que depuso en autos, y que de la prueba documental aportada no se puede apreciar el menoscabo que invoca la c�nyuge. Adem�s tiene en consideraci�n que la circunstancia que la se�ora Silva Garay haya aportado sumas determinadas de dinero para adquirir los inmuebles que se individualizan en el libelo que contiene el recurso de apelaci�n, y asumido y solucionados los gastos en que incurri� para satisfacer las necesidades de la familia com�n, por no haber cumplido el c�nyuge con la obligaci�n de proporcionar alimentos, no pueden servir de base para la pretensi�n que se analiza, por la finalidad perseguida por el legislador al establecer la compensaci�n econ�mica, y la recuperaci�n o reintegro de dichas sumas de dinero debe obtenerla mediante el ejercicio de otras acciones civiles.
Reg�strese y devu�lvase conforme proceda.
Redacci�n del Ministro se�or Cisternas.
RIT: C-700-2008.
I.CORTE N� 2265-2009.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los Ministros se�or Lamberto Cisternas Rocha, se�ora Gloria Ana Chevesich Ruiz y Abogado Integrante se�or Jorge Lagos Gatica.

Indemnizaci�n por da�o moral (Fisco)

2009-12-01T18:42:00.001-03:00

Santiago, treinta de noviembre dos mil nueve.

Vistos :

Se reproduce la sentencia en alzada, previa eliminaci�n de los motivos 9�, 10�, 11�, 12�, 13�, 14�, 15�,16�, 17�, 18�, 19�, 20�, 21�, 22�, 23�,25�.

Y teniendo, adem�s, presente:

1�) Que la acci�n indemnizatoria para obtener el pago de una indemnizaci�n por el da�o moral sufrido fue deducida en autos por don Fabio Adolfo Arana Mendoza, padre de don Percy Max Arana Salda�a, cuya muerte se produjo por actos provenientes de agentes del Estado de Chile el d�a 31 de marzo de 1984, como expresamente lo se�ala el Informe de la Comisi�n Nacional de Verdad y Reconciliaci�n y lo reafirma la Ley 19.123, por ser considerado como v�ctima de violencia pol�tica;

2�) Que, como lo se�ala la sentencia recurrida en el motivo 7�, el accionar de los agentes del Estado ha sido calificado como delictivo, por lo que genera para �ste, y para los sujetos involucrados, la obligaci�n de reparar el da�o causado a quienes lo demanden, sin perjuicio del derecho del Estado para repetir en contra de estos �ltimos.

3�) Que la acci�n intentada no es de �ndole patrimonial, porque los hechos en que se la sustenta son ajenos a una relaci�n contractual o extracontractual, sino simplemente humanitaria;

4�) Que a�n cuando el C�digo Civil se�ala en su art�culo 2497 que las reglas de prescripci�n ?se aplican igualmente a favor y en contra del Estado?, dicha norma, atendida su naturaleza no es aplicable a esta materia, atendida su especial naturaleza , toda vez que la responsabilidad del Estado por esta clase de il�citos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar el derecho interno; teniendo adem�s presente que en su virtud no es posible concebir la prescripci�n de la acci�n penal, por lo que cabe preguntarse como podr�a justificarse que este modo de extinci�n de responsabilidad fuese aplicable a la responsabilidad civil, si la responsabilidad penal siempre ser� exigible.

5�) Que, en efecto, la imprescriptibilidad penal ha recibido reconocimiento en el foro nacional, ya que la obligaci�n de perseguir y sancionar este tipo de delitos; y la obligaci�n de autoexoneraci�n de los mismos, emanan de los Principios Generales de Derecho Internacional, entonces vigentes y posteriormente afirmados y reiterados, los que han sido reconocidos por la comunidad internacional de la que Chile forma parte, y se encuentran consagrados en m�ltiples declaraciones, resoluciones y tratados, los que hoy d�a integran el acervo jur�dico del derecho internacional.
A este respecto, y en el orden convencional, cabe considerar la Convenci�n para la Prevenci�n y la Sanci�n del Delito de Genocidio de Naciones Unidas, de 1948, vigente en Chile desde 1953; la Convenci�n Americana de Derechos Humanos, de 1969, en vigor en Chile desde 1990; la Convenci�n contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, vigente en Chile desde 19888; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, de 1966, ratificada por Chile en 1972. Tambi�n debe mencionarse la Convenci�n que establece la imprescriptibilidad de los cr�menes de guerra y de los cr�menes contra la humanidad, de 1968; y la Convenci�n Interamericana sobre desaparici�n forzada de personas, de 1994, ya que aunque no est�n vigentes en Chile como tratados, contribuyen a dar forma a los principios de Derechos Internacional, los que rigen plenamente en Chile.
Tambi�n debe mencionarse la Resoluci�n N� 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de Nacionales Unidas, denominada ?Principios de cooperaci�n internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradici�n y el castigo de los culpables de cr�menes de guerra y cr�menes contra la humanidad? que se�ala: ?Los cr�menes de guerra y los cr�menes contra la humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, ser�n objeto de una investigaci�n y las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisi�n de tales cr�menes ser�n buscadas, detenidas, enjuiciadas y en caso de ser declaradas culpables, castigadas?.

6�) Que la consolidaci�n de la normativa de los Cr�menes de Lesa Humanidad, como instituciones de Derecho Internacional General se produce a trav�s, b�sicamente, de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 27 de mayo de 1993 y 8 de noviembre de 1994, que crearon los Tribunales Internacionales destinados a juzgar los Cr�menes de derecho Internacional cometidos en los territorios de Yugoslavia y de Rwanda, debiendo tenerse presente que estas decisiones del Consejo de Seguridad en esta materia, son obligatorias para todos los Estados Miembros, conforme a los art�culos 24 y 25 de la Carta, los que al definir las competencias de las Cortes conceptualizaron los cr�menes de Lesa Humanidad y los principios de Derecho Internacional Penal aplicables, en actos que implican la consolidaci�n de las normas consuetudinarias o de Derecho Internacional Penal aplicables , en actos que implican la consolidaci�n pormenorizada de las normas consuetudinarias o de Derecho Internacional General sobre la materia, al actuar a nombre de todos los Estados miembros y sin rechazo de parte de ellos.

7�) Que el punto inicial de la construcci�n de estos Principios , que son tambi�n fuente de Derecho Internacional se encuentra el conjunto de Resoluciones y Acuerdos que surgen como consecuencia de las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la segunda guerra mundial. De modo que no cabe duda que estos Principios, as� como las Convenciones aludidas estaban vigentes a la �poca en que ocurrieron los hechos de autos.

8�) Que integran tambi�n las normas y principios las sentencias de Tribunales Internacionales y las Resoluciones de los �rganos especializados. A este respecto, cabe considerar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Vel�quez-Rodr�guez, en sentencia de 29 de julio de 1988, dispuso, que a consecuencia de lo dispuesto en el art�culo 1�, p�rrafo 1�, de la Convenci�n Americana, los Estados Partes est�n obligados a ?organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a trav�s de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder p�blico, de tal manera que sean capaces de asegurar jur�dicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligaci�n, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violaci�n de los derechos reconocidos por la Convenci�n y procurar, adem�s, el restablecimiento , si es posible del derecho violado y, en este caso, la reparaci�n de los da�os producidos por la violaci�n de los derechos humanos.

9�) Que esta Corte precisa que la fuente de la responsabilidad civil, trat�ndose de una violaci�n a los derechos humanos, est� en las normas y principios de derecho internacional de derechos humanos. En efecto, de acuerdo a los art�culos 1.1 y 63.1 de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos, cuando ha existido una violaci�n a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligaci�n de reparar con el pago de una justa indemnizaci�n a la parte lesionada. Para la Corte Interamericana, el art�culo 63.1 de la Convenci�n ?constituye una norma consuetudinaria que es, adem�s, uno de los principios fundamentales del actual derecho de gentes tal como lo ha reconocido esta Corte(?) y la jurisprudencia de otros tribunales(?)(Caso Aloeboetoe y otros de 1993). En un fallo reciente aplicando este criterio se�ala: ?Tal como ha indicado la Corte, el art�culo 63.1 de la Convenci�n Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contempor�neo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho il�cito imputable a un Estado surge de inmediato la responsabilidad internacional de �ste por la violaci�n de una norma internacional, con el consecuente deber de reparaci�n y de hacer cesar las consecuencias de la violaci�n?. (Caso Trujillo Oroza, de 2002, Cantoral Benavides, de 2001, Cesti Hurtado, de 2001, Villagr�n Morales y otros, de 2001 y B�maca Vel�squez, de 2002).
La Corte tambi�n ha aclarado que el art�culo 63.1 de la Convenci�n no remite al derecho interno para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado, de manera que la obligaci�n ?no se establece en funci�n de los defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino con independencia del mismo(Caso Vel�squez Rodr�guez).

10�) Que en el mismo sentido se ha pronunciado el juez Cancado Trindade en su obra ?El derecho internacional de los derechos humanos en el siglo XXI?, Editorial Jur�dica de Chile, Santiago, y el tratadista Hern�n Hormaz�bal en su art�culo ?La transici�n de la dictadura a la democracia: el caso chileno? al se�alar que este nuevo ?ius gentium? se ha ido conformando con una serie sucesiva de convenios y tratados internacionales de car�cter universal ,regional y sectorial que conforman una red de il�citos internacionales que, por regla general, s�lo acarrean la responsabilidad del Estado al haber infringido su deber de respetar y garantizar los derechos humanos. La responsabilidad por infracci�n de estos deberes se imputa siempre al Estado y no a las autoridades o a sus agentes, y la sanci�n se traduce en la obligaci�n de reparar las consecuencias de la violaci�n, entendi�ndose que reparar significa eliminar todas las consecuencias del il�cito y consiste en la restituci�n cuando sea posible, y cuando no, en la obligaci�n de indemnizar tanto el da�o moral que se fundamenta en el sufrimiento causado a las v�ctimas y sus familiares, como el material que comprende el da�o emergente y el lucro cesante.
Por estas consideraciones y vistos adem�s lo dispuesto en los art�culos 186 y siguientes del C�digo de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada, de veintitr�s de mayo de dos mil siete, escrita a fojas 244 y siguientes que acogi� la demanda de lo principal de fojas 1 y siguientes, que conden� al Fisco de Chile a pagar al actor, por concepto de indemnizaci�n por da�o moral, la suma de $100.000.000(cien millones de pesos).

Se previene que la Fiscal Judicial, se�ora Carrasco, concurre a la confirmatoria teniendo para ello en consideraci�n:
Que en materia de prescripci�n , el esp�ritu general de nuestra legislaci�n tanto en derecho privado como p�blico, es que las acciones sean prescriptibles, siendo la imprescriptibilidad una situaci�n de excepci�n, que en ciertos casos, la ley la se�ala expresamente, todo lo cual constituye el principio de la paz social, �nsito en el instituto de la prescripci�n, cuya existencia obedece a consideraciones fundamentales como instrumento necesario para el logro de la certeza y seguridad jur�dica.

Que esta Fiscal disiente de la postura de la parte demandante en cuanto considera la imprescriptibilidad de la acci�n indemnizatoria deducida proveniente de la responsabilidad del Estado, ella no puede quedar excluida de dicho principio, m�xime si se considera el car�cter pecuniario de la acci�n reparatoria que se pretende, pues ello resulta atentatorio con lo preceptuado en el art�culo 2497 del C�digo Civil.
Que, no obstante lo se�alado precedentemente , cabe considerar si en el caso en estudio existi� interrupci�n a la prescripci�n, y conforme lo establece el art�culo 2518 en relaci�n con el art�culo 2503 del C�digo Civil, la prescripci�n se interrumpe civilmente con la demanda judicial.
Que, el legislador no hace distingos en la naturaleza de la acci�n intentada, solo exige que haya requerimiento judicial y habi�ndose denunciado los hechos que motivan el resarcimiento solicitado ante el 2� Juzgado Militar oportunamente, necesario resulta aceptar que la prescripci�n alegada por la defensa fiscal fue interrumpida y, en consecuencia, la demandante pudo reclamar v�lidamente la indemnizaci�n a que ten�a derecho por los da�os causados, con ocasi�n de la muerte de Percy Max Arana Saldana.

Reg�strese y devu�lvase.
Redacci�n de la abogado integrante Claudia Chaimovich
Rol N� 9137-2007.-
No firma la Fiscal Judicial se�ora Carrasco, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los Ministros se�or Lamberto Cisternas Rocha, Fiscal Judicial se�ora Clara Carrasco Andonie y Abogado Integrante se�ora Claudia Chaimovich Guralnik.

Falsedad de titulo

2009-12-01T18:17:00.000-03:00

Santiago, treinta de noviembre de dos mil nueve.

Vistos:

Se reproduce la sentencia apelada de treinta de abril de dos mil siete,
escrita a fojas 182 y siguientes, previa eliminaci�n de los p�rrafos tercero y cuarto del motivo 6�, as� como tambi�n de los considerandos s�ptimo al d�cimo.

Y se tiene, en su lugar, presente:

1�) Que, en el caso sub judice, nos encontramos en presencia de un acreedor que es poseedor de un documento privado en el que se reconoce una deuda, pero que carece de m�rito ejecutivo, por lo que intenta preparar la ejecuci�n mediante el procedimiento contemplado en el art�culo 435 del C�digo de Procedimiento Civil, esto es, a trav�s del reconocimiento de firma o la confesi�n de deuda, lo cual resulta procedente, toda vez que, de acuerdo a la norma legal citada, al preparar la v�a ejecutiva, el t�tulo que se originar� y que fundar� la posterior acci�n ejecutiva ser� aqu�l se�alado en el N� 4 del art�culo 434 del mismo C�digo; sin embargo, ello no impide que se puedan oponer a la acci�n que de �l emana, en el correspondiente juicio ejecutivo, las causales de extinci�n de la obligaci�n que sean procedentes en cada caso particular, como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema en sentencia pronunciada en autos Rol N� 3883-08, de 9 de septiembre de 2009;

2�) Que, conforme a lo anterior, resulta del todo necesario analizar la manera como naci� a la vida jur�dica el documento que sirvi� de base a la gesti�n preparatoria materia de autos, en cuya virtud se origin� el t�tulo que sirvi� de fundamento a la ejecuci�n;

3�) Que, para estos efectos, se trajo a la vista el proceso Rol N� 304-2006 del D�cimo Quinto Juzgado Civil de Santiago, de cuyo an�lisis se aprecia que don Daniel Gleiser Portugueis, en representaci�n de la sociedad Asesor�as e Inversiones S.A., solicit� citar a la presencial judicial a don Marcos Gleiser Portugueis, en representaci�n de la sociedad Comercial Village S.A., para que reconociera su firma puesta en un documento privado, nominado ?Reconocimiento y Consolidaci�n de Deudas?, suscrito el 2 de noviembre de 2003, bajo apercibimiento de tener por reconocida la firma si no compareciere o si s�lo diere respuestas evasivas; fundamentando su petici�n en el hecho que la demandada adeudar�a a su representada la suma de $14.831.790. Como el demandado no compareci� a la presencia judicial, se le tuvo por reconocida la firma y por confesada la deuda, deduci�ndose, luego, demanda ejecutiva en contra de don Mario Manbor Stadler, en calidad de representante de la sociedad Comercial Village S.A., quien promovi� un incidente de nulidad que fue acogido, archiv�ndose los antecedentes por no haber prosperado la gesti�n preparatoria, atendido a que el se�or Mambor Stadler no reconoci� la firma puesta en el documento que se le exhibi� en la audiencia llevada a cabo el 7 de junio de 2006, seg�n consta a fojas 70;

4�) Que, en vista de lo anterior, el demandante dedujo nuevamente una gesti�n preparatoria ante el D�cimo Sexto Juzgado Civil de Santiago, acompa�ando otro documento tambi�n denominado ?Reconocimiento y Consolidaci�n de Deudas?, datado el 6 de enero de 2003, solicitando citar a la presencia judicial a don Marcos Gleiser Portugueis, en su calidad de representante de Comercial Village S.A., para que reconociera su firma en el citado documento, bajo apercibimiento de tener por reconocida la firma si no compareciere o si s�lo diere respuestas evasivas. Consta del atestado receptorial de fojas 6, que se le notific� la gesti�n de que se trata en forma personal el d�a 13 de julio de 2006, certific�ndose en el expediente que no compareci�. Como consecuencia de lo anterior, se le tuvo por confeso de la deuda; deduciendo el demandante acci�n ejecutiva en contra de Comercial Village S.A., representada por don Mario Josef Manbor Stadler, quien, en esa calidad, opuso las excepciones de los N�s 6, 7 y 17 del art�culo 464 del C�digo de Procedimiento Civil;

5�) Que, haci�ndose cargo de la excepci�n contemplada en el N� 7 del art�culo 464 del C�digo de Procedimiento Civil, esto es, la falta de alguno de los requisitos o condiciones establecidos por las leyes para que el t�tulo tenga fuerza ejecutiva, sea absolutamente, sea en relaci�n al demandado, se sostiene por parte del ejecutado que, a la fecha de la presentaci�n y notificaci�n de la gesti�n preparatoria de la v�a ejecutiva - 19 de junio y 13 de julio de 2006, respectivamente - don Marcos Gleiser Portugueis no detentaba la calidad de representante legal de la sociedad ejecutada, al haber renunciado a la calidad de gerente en Sesi�n de Directorio de fecha 3 de septiembre de 2003, habi�ndose tenido por confeso en rebeld�a a quien no pose�a la calidad de representante legal de la demandada; debiendo haberse citado a dicha gesti�n a don Mario Josef Manbor Stadler, quien s� ten�a a esa fecha la citada calidad;

6�) Que, de la exposici�n efectuada precedentemente, se debe concluir que el documento que sirvi� de base a la gesti�n preparatoria de la v�a ejecutiva necesariamente surgi� a la vida jur�dica despu�s del 7 de junio de 2006, fecha en que qued� patente que no prosper� la gesti�n que se inici� en el D�cimo Quinto Juzgado Civil de Santiago, lo que implica que no es efectiva la fecha que indica, esto es, 6 de enero de 2003, por lo tanto, fue antedatado;

7�) Que, en consecuencia, conforme al m�rito de los antecedentes, es posible concluir que, a la fecha de la presentaci�n y notificaci�n de la gesti�n preparatoria de la v�a ejecutiva, el demandado no detentaba la calidad de representante de la sociedad ejecutada, por haber renunciado a su calidad de gerente con anterioridad a esa fecha, por lo tanto, se tuvo por confeso en rebeld�a a quien no era el representante de la sociedad, presuntamente deudora; es decir, se cit� a reconocer firma a quien no ostentaba la representaci�n de la sociedad ejecutada; sin perjuicio de que, por lo expuesto en el motivo signado con el n�mero 6�, tampoco el se�or Marcos Gleiser Portugueis era representante de la sociedad a la �poca en que se suscribi� el documento que rola a fojas 1 y siguientes, porque necesariamente debi� ser firmado en una fecha posterior al 7 de junio de 2006;

8�) Que, en esas condiciones, las consecuencias de la comparecencia o incomparecencia de don Marcos Gleiser Portugueis no pueden radicarse directamente en la sociedad ejecutada, ni obligar a dicha persona jur�dica, desde el momento que quien compareci� en su nombre carec�a de facultades para representarla, puesto que hac�a tres a�os que hab�a dejado de serlo, por lo tanto, debi� requerirse la citaci�n judicial del deudor debidamente representado y , como ya se se�al�, esa calidad la tiene don Mario Josef Manbor Stadler desde el mes de octubre de 2003; situaci�n que era de conocimiento del ejecutante, puesto que dedujo la demanda solicitando se notificara precisamente a dicha persona;

9�) Que, conforme a lo anterior, corresponde acoger la excepci�n prevista en el n�mero 7 del art�culo 464 del C�digo de Procedimiento Civil, en atenci�n a que al t�tulo le falta alguno de los requisitos establecidos por las leyes para tener fuerza ejecutiva en relaci�n al demandado, pues, seg�n ya se dijo, la gesti�n de preparaci�n de la v�a ejecutiva no ha podido tener la virtud de producir sus efectos respecto de la Sociedad Village S.A.;

10�) Que, a mayor abundamiento, cabe precisar, en todo caso, que el documento en cuesti�n de todos modos es ineficaz para la configuraci�n de un t�tulo ejecutivo, pues es de toda evidencia que fue antedatado;

11�) Que, por las razones se�aladas, corresponde acoger la excepci�n establecida en el n�mero 6 del art�culo 464 del C�digo de Procedimiento Civil, esto es, la falsedad del t�tulo, en la medida que el documento que sirvi� de base y de antecedente a la gesti�n preparatoria de la v�a ejecutiva necesariamente debi� ser firmado en una fecha posterior al 7 de junio de 2006, �poca en que don Marcos Gleiser Portugueis no era el representante de la sociedad demandada, esto es, no el 6 de enero de 2003 como se indica en el citado documento, por lo tanto, fue antedatado;

12�) Que corresponde desestimar la excepci�n de prescripci�n de la deuda y de la acci�n ejecutiva prevista en el n�mero 17 del art�culo 464 del C�digo de Procedimiento Civil, porque, seg�n se advierte a fojas 114, no fue recibida a prueba, por lo tanto, no se rindieron probanzas sobre los presupuestos f�cticos indispensables para emitir pronunciamiento sobre dicha excepci�n, resoluci�n que no fue impugnada por las partes.

Por estas consideraciones y de conformidad, adem�s, con lo que disponen los art�culos 186 y siguientes del C�digo de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia apelada de fecha treinta de abril de dos mil siete, escrita a fojas 182 y siguientes, y, en su lugar, se declara que se acogen las excepciones contempladas en los N�s 6 y 7 del art�culo 464 del C�digo citado y, en consecuencia, se rechaza la demanda deducida a fojas 48, desestim�ndose la del N� 17 del art�culo 464 del C�digo de Procedimiento Civil. Se imponen las costas a la parte ejecutante por haber sido absuelto el ejecutado de la ejecuci�n.

Reg�strese y devu�lvanse, con sus agregados.
Redacci�n de la Abogada integrante Claudia Chaimovich.
N� 4399-2007.

Injurias y calumnias a Abogado

2009-12-01T18:06:00.002-03:00

Santiago, treinta de noviembre de dos mil nueve.

Vistos:
Se reproduce la sentencia apelada de veintid�s de octubre de dos mil ocho, escrita a fojas 282 y siguientes, con las siguientes modificaciones: el motivo d�cimo escrito por segunda vez queda como d�cimo primero y el que sigue como decimo segundo; se eliminan los motivos quinto, sexto, noveno y d�cimo, y en el actual decimo primero se sustituye la palabra ??avocaron?? por ??dedicaron??, se elimina el ac�pite que se inicia con la frase ??situaci�n que lejos de?? hasta su t�rmino, se sustituyen las palabras ??no aportan antecedentes claros respecto a los hechos que originaron este juicio, remiti�ndose?? por ??se remiten??, y en el p�rrafo final la frase ??establecer que los hechos no tienen origen en un actuar doloso de la estaci�n de televisi�n?? por ?? abonar lo razonado??, y se tiene, en su lugar, presente:
1� Que don H�ctor Salazar Ardiles, su c�nyuge e hijos, seg�n consta a fojas 16 y siguientes, dedujeron demanda de indemnizaci�n de perjuicios en contra del canal de televisi�n Megavisi�n S.A., para obtener el resarcimiento del da�o moral causado por la exhibici�n reiterada de un reportaje noticioso. En dicho libelo se expresa que su fundamento lo constituye la comisi�n de los delitos de injuria y o calumnia, a que se refiere el art�culo 29 de la Ley N� 19.733, imputables a dicho medio de comunicaci�n social, y para el caso que se estime que no existen tales il�citos, se indica que se persigue la indemnizaci�n del da�o moral conforme a las reglas generales establecidas en los art�culos 2.314 del C�digo Civil.
La parte demandada solicit� el rechazo de la demanda ejercida por v�a principal, invocando la norma contenida en el art�culo 40 de la Ley N� 19.733. Respecto de la formulada subsidiariamente, expresa que el da�o moral en la hip�tesis del delito civil como fuente de la responsabilidad correspondiente no es susceptible de ser indemnizado, atendido lo dispuesto en el art�culo 2331 del C�digo Civil; que los integrantes de la familia del demandante no se encuentran legitimados activamente para demandar perjuicios, ni son sujetos pasivos de da�o moral; y que ninguno de los requisitos fundamentales para la existencia de la responsabilidad civil extracontractual se configura en la especie;
2� Que el art�culo 40 de la Ley N� 19.733, se�ala, lo siguiente: ?La acci�n civil para obtener la indemnizaci�n de da�os y perjuicios derivada de delitos penados en esta ley se regir� por las reglas generales.
La comisi�n de los delitos de injuria y calumnia a que se refiere el art�culo 29, dar� derecho a indemnizaci�n por el da�o emergente, el lucro cesante y el da�o moral?.
El art�culo 29 citado, prescribe, lo siguiente: ?Los delitos de calumnia e injuria cometidos a trav�s de cualquier medio de comunicaci�n social, ser�n sancionados con las penas corporales se�aladas en los art�culos 413, 418, inciso primero, y 419 del C�digo Penal, y con multas de veinte a ciento cincuenta unidades tributarias mensuales en los casos del N� 1 del art�culo 413 y del art�culo 418; de veinte a cien unidades tributarias mensuales en el caso del N� 2 del art�culo 413 y de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales en el caso del art�culo 419.
No constituyen injurias las apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de cr�tica pol�tica, literaria, hist�rica, art�stica, cient�fica, t�cnica y deportiva, salvo que su tenor pusiere de manifiesto el prop�sito de injuriar, adem�s del de criticar?;
3� Que teniendo en consideraci�n los t�rminos y fundamento de la demanda formulada por v�a principal, y que no se ha acompa�ado un ejemplar de la sentencia condenatoria dictada en un proceso penal, incoado para hacer efectiva la responsabilidad punitiva por los delitos de injurias y calumnias cometidos a trav�s de un medio de comunicaci�n social, corresponde que sea rechazada;
4� Que la Ley N� 19.733 sobre Libertades de Opini�n e Informaci�n y Ejercicio del Periodismo, tambi�n conocida como Ley de Prensa, autoriza para demandar en sede civil el resarcimiento de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales sufridos como consecuencia de la comisi�n de delitos penales y tambi�n por el ejercicio abusivo del derecho a informar consagrado en la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica, imputable a un medio de comunicaci�n social. En consecuencia, atento a lo razonado en el motivo precedente, corresponde emitir pronunciamiento respecto de la demanda formulada subsidiariamente;
5� Que, atendido los t�rminos del debate, en la resoluci�n que recibi� la causa a prueba que rola a fojas 60, modificada por la de fojas 73, se fijaron como hechos a probar, los siguientes: 1.- Si en el reportaje emitido por Meganoticias se efectuaron imputaciones e inferencias agraviantes y ofensivas a la persona de don H�ctor Salazar; 2.- En afirmativa de la anterior, si ello provoc� da�o moral a don H�ctor Salazar y a su familia. Cuantificaci�n del mismo; y 3.- Relaci�n de causalidad entre la emisi�n del reportaje de ?Meganoticias Central?, a que se refiere la demanda, y los perjuicios demandados en autos;
6� Que el abogado de la parte demandante, mediante escrito que rola a fojas 179 y siguiente, para los efectos de acreditar el primer hecho materia de prueba, proporcion� una trascripci�n libre de la nota period�stica correspondiente a la edici�n del noticiero del Canal Megavisi�n del d�a 17 de abril de 2007, emitido a las 21:00 horas, que, en su concepto, contiene las imputaciones e inferencias agraviantes y ofensivas a la persona del actor, reiterando en estrados dicha afirmaci�n, oportunidad en que ley� determinados pasajes de la referida reproducci�n;
7� Que, seg�n se advierte del an�lisis de dicho documento, se trata de una nota period�stica que se inici� con la intervenci�n del conductor del noticiario, del siguiente tenor: ??una grave denuncia formularon deudores de Eurolatina. Aseguran haber sido enga�ados por el prestigioso abogado de derechos humanos H�ctor Salazar??.
En seguida, se consigna que un periodista entrevist� a una persona que identifica como se�ora Sonia, se�alando previamente ??En este escenario ha pasado de todo y la historia que hoy cuentan un par de deudores, no deja de sorprender??, ?Fue as� como el prestigioso abogado de derechos humanos H�ctor Salazar Ardiles asumi� su defensa. 2 a�os despu�s el juicio estaba perdido y la �nica manera de salvar la propiedad seg�n habr�a dicho el abogado era hacer un negocio con una empresa publicitaria llamada Power Graphics que quer�a instalar letreros en ese estrat�gico sector?? y que ??El mismo d�a que sali� publicado el aviso de remate el abogado H�ctor Salazar depositaba en el tribunal un vale vista por una cifra mucho mayor al m�nimo se�alado?Pero hace algunos meses la presidenta de los deudores de Eurolatina descubri� por casualidad que H�ctor Salazar hab�a consignado 9 millones de pesos m�s para terminar con la deuda de los Ramos y solicitaba alzar la hipoteca e inscribir el 50% de la propiedad a nombre de Power Graphics. Estos ancianos se�alan que casi se murieron cuando supieron que lo que realmente hab�an firmado en una notar�a era una cesi�n de derechos a favor de la empresa publicitaria. No pueden entender, dicen, que quienes pretend�an ayudarlos a salvar su casa ahora quieran quedarse con la mitad de ella??
A continuaci�n se lee que el periodista pregunt� a un se�or de apellido Ramos si sab�a leer, contestando ??Mire, dir�a yo que casi nada?, y ante la interrogante que le formula? �O sea a Ud. simplemente le contaron lo que dec�an esos papeles?, respondi� ??Claro, mi se�ora los ley� un poquito, pero era son tantos papeles que uno no los puede leer en 10 minutos?? Ante la afirmaci�n del periodista ??En definitiva Ud nunca supo que estaba entregando la mitad de su propiedad??, se�al� ??No pues??.
Tambi�n se consigna la intervenci�n de una se�ora que se individualiza como Juana Cornejo que afirm� ??Ud ve que nosotros somos requete pobres. Un se�or que tenga tanto nombre, porque tiene nombre, es un buen abogado, porque nos hace esto a nosotros?...?
Enseguida se contiene una entrevista a H�ctor Salazar, se�alando el periodista ??H�ctor Salazar asegura que ambos ancianos siempre supieron lo que firmaban. Una y mil veces, dice, incluso ante notario les explic� el sentido de la operaci�n?? y que ??El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte y a trav�s de una de sus abogados acus� al profesional de tener intereses contrapuestos y de inducir a los deudores a firmar un documento gravoso. Salazar califica estos t�rminos como injuriosos y se�ala que los Ramos le revocaron su poder para representarlos a fines de los 90??
Adem�s se incorpor� la intervenci�n de la abogado Mar�a Sonali Julio, la que se�al� ??Nosotros estamos estudiando las acciones legales pertinentes que vamos a entablar, en contra quienes sean responsables de estos hechos de que han sido v�ctimas mis representados??
La otra tem�tica del noticiario dice relaci�n con una oficina, afirmando el periodista ??Otra arista denunciada por los abogados de los afectados es una vinculaci�n indirecta que tendr�a el abogado Salazar con Eurolatina. La oficina que arrendaba a su estudio jur�dico hasta hace alg�n tiempo pertenec�a a la cuestionada financiera??. Sobre este t�pico se consignan las respuestas que proporcion� el abogado Salazar. Lo �ltimo que expresa el periodista es lo siguiente:??Este documento oficial de Impuestos Internos se�ala que el inmueble en cuesti�n, la oficina 401 del edificio ubicado en Catedral 1009 pertenece a la Sociedad de Inversiones Eurolatina Ltda. Ahora todo este enredo de acusaciones cruzadas deber� ser zanjado en tribunales en donde se deber� determinar de que lado est� le verdad??;
8� Que la parte demandada, Red Televisiva Megavisi�n S.A., es un medio de comunicaci�n social, y en el ejercicio de dicha funci�n est� autorizada para transmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y peri�dica, textos, sonidos o im�genes destinadas al p�blico, cualesquiera que sea el soporte o instrumento utilizado. Dicha actividad genera responsabilidad civil y penal; surgiendo la primera s�lo cuando el ejercicio del derecho constitucional a informar ha sido abusivo o constitutivo de un delito penal, esto es, con el �nimo de injuriar o calumniar, que, como se se�al�, debe ser determinado en forma previa en un proceso penal;
9� Que, en todo caso, en la primera hip�tesis, ejercicio abusivo del derecho, materia de an�lisis por lo razonado en el motivo signado con el n�mero 4�, no puede hacerse efectiva la responsabilidad civil cuando la informaci�n difundida o divulgada ha sido el resultado de una investigaci�n period�stica efectuada de manera seria y responsable, tampoco cuando se ha incurrido en un error de buena fe. Lo se�alado tiene su fundamento en el art�culo 2 del C�digo �tica Period�stica, que se�ala que el periodista difundir� s�lo informaciones fundamentadas, sea por la correspondiente verificaci�n de los hechos en forma directa o con diferentes fuentes, sea por la confiabilidad de las mismas;
10� Que analizando el reportaje, cuya emisi�n ha dado origen a la demanda que se analiza, al tenor de la prueba rendida por la parte demandada, se puede advertir que se trat� de una pesquisa efectuada por periodistas que, a la fecha de los hechos, se desempe�aban en la Red Televisiva Megavisi�n S.A, relativa a una denuncia formulada por particulares y referente a la actuaci�n profesional del abogado se�or Salazar en un caso concreto. Y es en el noticiario emitido el d�a 17 de abril de 2007 el espacio televisivo en el que se dio a conocer a los televidentes, oportunidad en que el conductor del noticiario como los periodistas que intervinieron en la investigaci�n relataron determinados sucesos en los que intervino el abogado se�or Salazar Ardiles, transmitiendo las apreciaciones personales de los que figuraban como afectados en aquellos como las de su abogado, tambi�n los descargos formulados por el letrado se�or Salazar Ardiles, actuaci�n que importa el ejercicio del derecho a la libertad de expresi�n consagrada en la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica, lo que conduce al rechazo de la demanda subsidiaria;
11� Que, en efecto, la testigo se�ora Huaiquipan se�al� que el canal Mega tom� la noticia de la denuncia que hicieron con respecto a las irregularidades que hab�an en el expediente donde el se�or Salazar fue abogado de la familia Ramos, lo que se comunic� tambi�n al Ministro en Visita, y que la nota de prensa conten�a de manera �ntegra lo que denunciaron, no hubo cosas adicionales. La testigo se�ora Julio Bunster expres� que se trat� de un reportaje o investigaci�n de hechos denunciados, entrevist�ndose al se�or Ramos y al parecer a su c�nyuge que denunciaban la perdida de un inmueble, y que ellos se�alaron al periodista que al parecer el responsable era el abogado se�or Salazar, cree que se nombr� a otra persona, agregando que present� una ampliaci�n de la querella en representaci�n del se�or Ramos y de su se�ora, reconociendo la firma estampada en el documento que rola a fojas 159. La �ltima testigo se�ora Horvitz manifest� que en el programa se discut�an o exhib�an los planteamientos de la se�ora Huaiquipan, representante de los deudores de Eurolatina, haci�ndose imputaciones al abogado Salazar por su participaci�n como abogado de uno de los ejecutados; que en su calidad de abogado patrocinante del Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en la causa criminal, tomando conocimiento que uno de los deudores de Eurolatina, representado por el se�or Salazar, alegaba que hab�a sido v�ctima de enga�o porque se practic� una cesi�n de derechos gestionada por dicho abogado a una empresa de publicidad, y que, por lo tanto, hab�a sido enga�ado por Eurolatina y por su abogado, porque nunca consinti� en la cesi�n de derechos; que al revisar el expediente ejecutivo lleg� a la conclusi�n que fue muy mal defendido y que hab�an situaciones poco claras en relaci�n a los abonos efectuados a la deuda, solicitando que no se llevara a cabo la inscripci�n de la cesi�n de derechos del inmueble, escrito que gener� la ira del se�or Salazar, solicitando una declaraci�n previa para proceder criminalmente en su contra, lo que fue rechazado. Adem�s, reconoci� ser autora del documento que rola a fojas 147 y siguientes;
12� Que, no obsta a la conclusi�n anterior lo expuesto por los testigos de la actora, porque, por lo razonado precedentemente, no se prob� que haya habido un ejercicio abusivo del derecho a informar consagrado en la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica, presupuesto indispensable para que surja la obligaci�n de resarcir perjuicios en sede extracontractual, y, adem�s, porque emiten una opini�n de naturaleza subjetiva, reconociendo que la nota recogi� una denuncia formulada por los presuntos afectados por la conducta del se�or Salazar Ardiles.
As�, la primera testigo se�ora Reyna al tenor del punto signado con el n�mero 1� de la sentencia interlocutoria de prueba, se�al� que, en su concepto, las expresiones fueron agraviantes y ofensivas, atribuy�ndole a la demandada una conducta e intenci�n que no se aviene con el tenor de la trascripci�n efectuada precedentemente. El testigo se�or Caucoto si bien afirma que las expresiones fueron agraviantes y ofensivas, a la pregunta acerca de si la nota efectuada el 17 de abril conten�a una denuncia de particulares contest� que ??el canal a trav�s de sus servicios informativos se hizo eco de una denuncia, que no apareci� en ning�n otro canal, pero era una denuncia de particulares??. El testigo se�or Ianiszewski, por su parte, tambi�n reconoce la existencia de la entrevista a personas de edad que alegaban que el se�or Salazar las habr�a enga�ado, llam�ndole la atenci�n que hicieran referencia al prestigio del se�or Salazar en la defensa de causas de derechos humanos y a la buena imagen p�blica que ten�a. El testigo se�or Villarroel expuso que estimaba que las imputaciones fueron realizadas m�s por el periodista que por la familia Ramos y que las opiniones del se�or Salazar m�s corresponden a las declaraciones de un imputado. El testigo se�or Madariaga Leiva estim� que era una nota tendenciosa que buscaba denostar la imagen p�blica del actor, no objetiva;
Por estas consideraciones y lo dispuesto en los art�culos 186 y siguientes del C�digo de Procedimiento Civil, se confirma la sentencia apelada de veintid�s de octubre de dos mil ocho, escrita a fojas 282 y siguientes.
Reg�strese y devu�lvanse.
Redacci�n de la Ministro se�ora Gloria Ana Chevesich Ruiz.
Rol N� 8214-08.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los Ministros se�ora Gloria Ana Chevesich Ruiz, se�ora Pilar Aguayo Pino y Abogado Integrante se�ora Claudia Chaimovich Guralnik.

Cambio de destino residencial

2009-12-01T16:02:00.000-03:00

Santiago, treinta de noviembre de dos mil nueve.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepci�n de los considerandos sexto, s�ptimo y octavo, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar y adem�s presente:

Primero: Que han acudido a esta sede cautelar do�a Elizabeth Anabal�n Segura, do�a Marcela Rojas Segura, do�a Claudia Rojas Segura, do�a Claudia Barrera Renault, don Jorge Ochoa Mu�oz y don Guillermo Vergara Harris, en representaci�n de la sociedad de profesionales de Tratami ento de Enfermedades Psiqui�tricas CETEP Asociados Limitada, quienes interponen recurso de protecci�n en contra de la Municipalidad de Las Condes y de los Concejales don Carlos Larra�n, do�a Mar�a de la Luz Herrera, do�a Cecilia Serrano, don Mauricio Camus, do�a Ximena Ossand�n, don Felipe de Pujadas, don David Jankelevich y don Gabriel Flandes, por cuanto en la sesi�n de fecha 2 de abril del a�o en curso, el Concejo Municipal acord� negar lugar a la solicitud de cambio de destino respecto del inmueble ubicado en calle Soria N� 626 de la se�alada comuna, el que precisamente hab�an adquirido para ejercer su labor profesional de m�dicos. Afirman que, con semejante decisi�n, se hanvulnerado las garant�as contempladas en los numerales 2, 21, 23 y 24 del art�culo 19 de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica;

Segundo: Que en el recurso se sostiene que el �nico requisito que la ley exige para disponer el cambio de destino es un informe favorable del Director de Obras Municipales; que no existen normas legales que otorguen competencia al Alcalde y/o al Concejo Municipal para decidir discrecionalmente cuando un inmueble puede ser objeto de cambio de destino. Afirma, por otra parte, que el Decreto N� 2016 de la propia Municipalidad, de 15 de abril de 2008, que prev� la consulta al Concejo Municipal para la autorizaci�n del cambio de destino constituye una norma inconstitucional, por exceder del �mbito de facultades que la ley le ha entregado al Alcalde y al Concejo Municipal. Solicita que se deje sin efecto el referido acuerdo del Concejo Municipal, de 2 de abril �ltimo y se ordene que el Director de Obras emita derechamente un pronunciamiento sobre su solicitud de cambio de destino;

Tercero: Que, de acuerdo al m�rito de lo se�alado por las partes y los antecedentes aportados, se tienen por establecidos los siguientes hechos:

A.- El 11 de diciembre de 2007 fue extendido por la Direcci�n de Obras Municipales un certificado de informes previos respecto del inmueble ubicado en calle Soria N� 626, comuna de Las Condes, en el que se se�ala que el uso de suelo en que se ubica el inmueble es de vivienda.

B.- En el a�o 2008 los recurrentes elevaron una solicitud a la Direcci�n de Obras Municipales para obtener el cambio de destino del inmueble de vivienda a equipamiento clase servicios profesi onales en la actividad de consultas m�dicas.

C.- En ese mismo a�o, la Direcci�n de Obras Municipales inform� ciertas observaciones y durante el mes de agosto, la parte interesada ingres� diversos documentos para cumplir con los reparos. (Fs. 8 y 9).

D.- Por acuerdo N� 52-2009 de fecha 2 de abril de 2009 se resolvi� por el Concejo Municipal rechazar el cambio de destino;

Cuarto: Que, aparte de lo se�alado, cabe considerar que la autoridad recurrida, junto con presentar el recurso de apelaci�n en examen, acompa�� las actas del Concejo Municipal (fojas 75 y siguientes), en las que aparece que la decisi�n de negar la solicitud de cambio de destino se fundament� en que el lugar donde se ubica el inmueble corresponde a un barrio netamente residencial; que no existen otros cambios de destino en el barrio y que hay otros inmuebles que se encuentran funcionando sin haber obtenido la autorizaci�n;

Quinto: Que, como se advierte, la adecuada resoluci�n del asunto requiere dilucidar, en primer t�rmino, qui�n es el titular de la facultad de autorizar las solicitudes de cambio de destino de un inmueble y, en segundo lugar, si esta atribuci�n es reglada o bien de car�cter discrecional;

Sexto: Que, respecto del primer punto, es pertinente transcribir lo dispuesto en el inciso segundo del art�culo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el que se�ala:

?Los inmuebles construidos o que se construyan, seg�n los permisos municipales, para viviendas, no podr�n ser destinados a otros fines, a menos que la municipalidad respectiva autorice el cambio de destino y el propietario obtenga la aprobaci�n de los planos y pague el valor de los permisos correspondientes, cuando procediere?;

S�ptimo: Que la referida norma debe concordarse con lo preceptuado en el art�culo 2� de la Ley 18.695, que dispone:

?Las municipalidades estar�n constituidas por el alcalde que ser� su m�xima autoridad y por el concejo?.

Octavo: Que las dos normas que se viene de transcribir, interpretadas en forma arm�nica, permiten concluir que las autoridades recurridas se encuentran legalmente habilitadas, para decidir acerca de la solicitud de cambio de destino de un inmueble, no resultando por el lo acertada la aseveraci�n de los actores en cuanto sostienen que aqu�llas carecer�an de competencia para resolver su petici�n.

La intervenci�n del Director de Obras Municipales se limita a informar acerca de las peticiones respectivas, seg�n lo preceptuado en el art�culo 5.1.4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que establece:

?El Director de Obras Municipales informar� favorablemente el cambio de destino, si dicho cambio cumple con el uso del suelo, las normas de seguridad establecidas en los cap�tulos 2 y 3 del T�tulo 4 y las dem�s normas que para el nuevo uso se�ale la presente Ordenanza y el Instrumento de Planificaci�n Territorial respectivo?;

Noveno: Que, en lo concerniente a la segunda cuesti�n planteada, esto es, si la facultad que establece el art�culo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones es reglada o discrecional, es preciso recordar que la doctrina ense�a que ?hay poder discrecional cuando la ley o el reglamento dejan a la administraci�n un poder libre de apreciaci�n para decidir si debe obrar o abstenerse, en qu� momento debe obrar, c�mo debe obrar y qu� contenido va a dar a su actuaci�n. El poder discrecional consiste, pues, en la libre apreciaci�n dejada a la Administraci�n para decidir lo que es oportuno hacer o no hacer?; y que ?hay competencia reglada, por el contrario, cuando la norma jur�dica impone al poder p�blico la decisi�n que se tome, en atenci�n a la existencia de ciertos requisitos que ella establece. La autoridad en este caso no queda en libertad para elegir el camino que m�s le conviene, ya que en presencia de determinadas circunstancias, deber� actuar en el sentido prescrito por la norma?;

D�cimo: Que, de este modo, el examen de la disposici�n contenida en el inciso segundo del art�culo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en relaci�n con aqu�lla del art�culo 5.1.4 de la Ordenanza de la misma ley, permite deducir que la facultad a que se refieren es reglada, en cuanto para decidir sobre la materia la autoridad municipal s�lo debe comprobar que se acompa�e el informe favorable del Director de Obras Municipales; mientras que este �ltimo tiene la obligaci�n de comprobar que se hayan cumplido la preceptiva sobre uso del suelo, las normas de seguridad establecidas en los cap�tulos 2 y 3 del T�tulo 4 y las dem�s disposiciones que para el nuevo uso se�ale la Ordenanza y el Instrumento de Planificaci�n Territorial respectivo;

Und�cimo: Que, en consecuencia, las razones expuestas en el acta del Concejo Municipal para denegar la solicitud de cambio de destino no guardan relaci�n alguna con los supuestos legales y reglamentarios previstos por el legislador y la ordenanza, por lo que es ineludible colegir que se ha configurado un acto que contraviene la legalidad, por ausencia de motivos legales;

Duod�cimo: Que el acto ilegal ha producido una perturbaci�n en el derecho de propiedad que detenta la sociedad recurrente respecto del inmueble aludido, en cuanto afecta las facultades inherentes a ese derecho en orden a usar y gozar a su arbitrio del bien sobre que recae, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno y que se encuentra garantizado en el art�culo 19 N� 24 del C�digo Pol�tico;

D�cimo tercero: Que, sin perjuicio de lo reflexionado, cabe consignar que en los antecedentes acompa�ados no hay certeza que el Director de Obras Municipales haya verificado el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para emitir un informe favorable, de lo que se deja constancia a efectos de se�alar lo pertinente en lo resolutivo de esta sentencia.

D�cimo cuarto: Que en esas condiciones, el recurso de protecci�n ser� acogido en los t�rminos que se indicar�n.

Por estas consideraciones y visto adem�s lo dispuesto en el art�culo 20 de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se confirma la sentencia apelada de veintiocho de agosto del a�o en curso, escrita a fojas 69, con declaraci�n que el acuerdo del Concejo Municipal impugnado queda sin efecto, debiendo el Director de Obras de la Municipalidad de Las Condes verificar el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios destinados a determinar si informa favorablemente o no la solicitud de cambio de destino formulada por la recurrente, prosigui�ndose la tramitaci�n, en lo dem�s, con arreglo a derecho.

Reg�strese y devu�lvase.

Redacci�n a cargo del Ministro se�or Oyarz�n.

Rol N� 6721-2009. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Adalis Oyarz�n, Sr. Pedro Pier ry, Sra. Sonia Araneda; Sr. Haroldo Brito y el Abogado Integrante Sr. Arnaldo Gorziglia. No firma, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el Ministro se�or Brito por estar en comisi�n de servicios y el Abogado Integrante se�or Gorziglia por estar ausente. Santiago, 30 de noviembre de 2009.

En Santiago, a treinta de noviembre de dos mil nueve, notifiqu� en Secretar�a por el Estado Diario la resoluci�n precedente.

Derecho de agua para Psicultura

2009-12-01T15:39:00.000-03:00

Corte Suprema.

Santiago, treinta de noviembre de dos mil nueve.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepci�n de sus motivos quinto a d�cimo que se eliminan.
Y se tiene en su lugar y adem�s presente:

Primero: Que la Sociedad Holding and Trading S.A. ha recurrido de protecci�n, en contra de la Direcci�n General de Aguas de la D�cima Regi�n y en contra de su Director Regional don Luis Moreno Rubio por haber dictado este �ltimo la resoluci�n exenta N� 1128 por la que se dispone, entre otras medidas, detener las extracciones de aguas desde seis pozos profundos que se individualizan y que se ubican en la propiedad de la actora, en circunstancia que a su juicio no tiene la facultad legal para ordenar la paralizaci�n de la extracci�n de agua, lo que conculca sus garant�as constitucionales consagradas en los numerales 3 y 24 del art�culo 19 de la Carta Fundamental;

Segundo: Que la autoridad recurrida al informar, ha se�alado que el recurso es improcedente por existir otras v�as, las que indica, para impugnar la resoluci�n cuestionada. Informa adem�s, que se encuentra facultada para obrar como lo hizo de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 299 letra c) del C�digo de Aguas,
esgrimiendo asimismo, que la actora no ostenta un derecho sobre las aguas que extrae;

Tercero: Que la a cci�n de protecci�n de garant�as constitucionales procede ante una actuaci�n arbitraria o ilegal que amenace, prive o perturbe un derecho protegido por la Carta Fundamental. De esta forma resulta indispensable la existencia de un derecho por parte de quien ejerce la acci�n cautelar, y s�lo ante su existencia corresponde determinar si se dan o no los dem�s requisitos para otorgar la cautela requerida;

Cuarto: Que en la especie, la actora dedica su recurso a cuestionar la legalidad de la medida adoptada reprochando a la recurrida la carencia de facultades que la habiliten para disponer la paralizaci�n de la extracci�n de aguas; sin embargo, no justifica ni demuestra la existencia del derecho que pretende le sea tutelado por esta v�a constitucional. En efecto, la recurrente se limita a se�alar que es titular de un derecho para desarrollar la actividad comercial de la piscicultura, en el sector del R�o Cude, comuna de Castro ?derecho que la recurrida no le cuestiona-, enseguida refiere que los pozos profundos existen y se encuentran dentro de su propiedad, pero omite demostrar si tiene constituidos los respectivos derechos de aguas sobre esos pozos, por lo que al no hacerlo, no puede brindarse la protecci�n a un derecho inexistente;

Quinto: Que de esta manera, la actora no ha acreditado la existencia de un derecho cierto y determinado que pueda ser objeto de protecci�n, de manera que faltando este requisito esencial, resulta inconducente entrar a analizar la legalidad o arbitrariedad imputada a la recurrida;

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el art�culo 20 de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica y en el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de siete de septiembre �ltimo, escrita a fojas 30 y en su lugar se rechaza el recurso de protecci�n interpuesto en lo principal de fojas 6.

Reg�strese y devu�lvase con sus agregados.

Redacci�n a cargo del Abogado Integrante se�or Mauriz.
Rol N� 6640-2009. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema, integrada por los Ministros Sr. Adalis Oyarz�n, Sr. Pedro Pierry, Sra. Sonia Araneda, Sr. Haroldo Brito y el Abogado Integrante Sr. Benito Mauriz. No firma, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo el Ministro se�or Brito por estar en comisi�n de servicios. Sa ntiago, 30 de noviembre de 2009.

En Santiago, a treinta de noviembre de dos mil nueve, notifiqu� en Secretar�a por el Estado Diario la resoluci�n precedente.

Profesionales de educaci�n municipal.Compatibilidad de bono por retiro voluntario e indemnizaci�n por a�os de servicio.

2009-11-30T10:52:00.002-03:00

Concepci�n, veintiocho de noviembre dos mil nueve.

Visto:

1.- Que la parte demandada apela de la sentencia definitiva que le conden� pagar las sumas que se�ala a t�tulo de indemnizaci�n por a�os de servicios, solicitando en definitiva que sea revocada y que no se de lugar a lo pedido en la demanda desech�ndola en todas sus partes.

2.- Que esta materia ya ha sido debatida y resuelta por los tribunales en numerosas sentencias tanto en primera instancia como en segunda, donde se han sostenido posiciones contradictorias, en algunos casos se ha aceptado la compatibilidad del bono que contempla la ley N� 18.070 con las indemnizaciones por a�os de servicios de la ley N� 19.070, y en otras ha sido negado.

3.- Que la cuesti�n a dilucidar consiste en que si es procedente pagar a los actores la indemnizaci�n por a�os de servicios establecida en el art�culo 2� transitorio de la ley 19.070 Estatuto Docente y si �sta es compatible con la bonificaci�n por retiro voluntario contemplada en el articulo 2� transitorio de la ley N� 20.158, que ya le fue pagada a la actora, hecho no discutido.

4.- Que el inciso 7� del art�culo 2� transitorio de la ley N� 20.158 se�ala que la bonificaci�n ser� compatible con cualquier otro beneficio homologable que se origine en una causal de similar otorgamiento, quedando sujetas a las condiciones que se establezcan para dicho otro beneficio.

Por su parte de acuerdo al art�culo 2� transitorio de la ley N� 19.070 llamado Estatuto Docente, los profesionales de la educaci�n traspasados a las municipalidades conservan el derecho a percibir las eventuales indemnizaciones por a�os de servicios que pudieren corresponderles, percibi�ndolas al momento del cese de efectivo de servicios, cuando �ste se produjere por una causal similar a las establecidas en el art�culo 3� de la ley N� 19.010.

5.- Que la referencia hecha al art�culo 3� de la ley N� 19.010 debe entenderse actualmente efectuada al art�culo 161 del C�digo del Trabajo, seg�n el cual ?el empleador podr� pone t�rmino al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalizaci�n o modernizaci�n de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la econom�a, que hagan necesaria la separaci�n de uno o m�s trabajadores.

Estas causales de cese de servicio de la ley N� 19.010 son las establecidas en las letras e) y h) del art�culo 72 de la ley 19.070, esto es, las que se configuran por la obtenci�n de jubilaci�n o pensi�n por vejez o invalidez y por salud incompatible o irrecuperable, ya que �stas suponen el deterioro de las condiciones ps�quicas o f�sicas del docente, lo que afecta e influye que el adecuado funcionamiento del establecimiento en que laboran, dando origen a que se pueda prescindir de sus servicios, lo que constituye indudablemente una causal similar a la de necesidades de la empresa, establecimiento o servicio.

Importante es destacar que la ley habla de causal ?similar? lo que denota que nunca fue la intenci�n del legislador que fuera id�ntica. Este concepto de ?similar? seg�n la definici�n del Diccionario de la Lengua Espa�ola, significa que tiene ?semejanza o analog�a con algo?. Por su parte ?analog�a? de acuerdo al mismo Diccionario, en su acepci�n N� 4 que corresponde a Derecho, es el ?M�todo por el que una norma jur�dica se extiende, por identidad de raz�n, a casos no comprendido en ella?, esto �ltimo es lo que acontece en la especie.

6.- Que en este razonamiento se encuentra el origen del establecimiento de la bonificaci�n a los profesores, conforme lo se�ala la historia fidedigna de la ley N�20.158, (Mensaje del ejecutivo, p�ginas 6, 7 y 8), el objeto del citado art�culo 2� transitorio fue obtener el retiro de los profesionales de la educaci�n del sector municipal que cumplan la edad legal para jubilar, ( y que se resist�an a hacerlo por las bajas pensiones que les ofrec�a un sistema previsional), para terminar con el problema del ?envejecimiento de las dotaciones docentes con lesivos efectos en la calidad de los procesos de ense�anza y aprendizaje?. Con el fin de enfrentar este problema, ?se plantea un efectivo plan especial de retiro para docentes del sector municipal que hayan cumplido las edades legales para jubilar? a fin de lograr una soluci�n eficaz, se establece una bonificaci�n extraordinaria, pagada por una sola vez, al retiro del personal que cumple los requisitos dentro del plazo de los a�os 2007 y 2008. Los que lo hagan voluntariamente dentro de los primeros diez meses tendr�n el monto m�ximo. A los que posterguen su desici�n, su empleador podr� declararles vacantes el cargo, en cuyo caso recibir�n un monto menor. Con esta f�rmula, se espera que se retiraran cerca de 8.000 docentes que tienen los requisitos.

7.- Que de lo expuesto, ambos beneficios pecuniarios est�n destinados a favorecer al docente que cesa en sus funciones con motivo de su jubilaci�n, debiendo entenderse la renuncia a que se refiere el art�culo 2� transitorio de la ley 20.158 no como el derecho subjetivo de que dispone todo trabajador para hacer abandono voluntario de su puesto, sino como la causa necesaria para poder obtener los respectivos derechos previsionales, por lo que ella no puede impedir el goce conjunto de bonificaci�n y de la indemnizaci�n por a�os de servicios, o como lo sostiene la Contralor�a ?solo la causa necesaria para poder obtener los respectivos beneficios previsionales?

Se debe tener presente que la renuncia que debieron formular los profesores no ten�an otra alternativa, o renunciaban ?voluntariamente? o era provocada por el empleador, para que dejara el trabajador su cargo y jubilarse, con la finalidad antes consignada esto es prescindir de sus servicios por una causal similar a la de necesidades de la empresa, establecimiento o servicio.

8.- Que en el sentido que se ha venido argumentado es la opini�n de la Contralor�a General de la Rep�blica, expresada en su dictamen 44766 de 25 de septiembre de 2008, al concluir que son compatibles la bonificaci�n por ?retiro voluntario? y la indemnizaci�n por a�os de servicios, que contempla los citados cuerpos legales.

9.- Que como se ha sostenido en esta Corte en fallos sobre la misma materia, Rol N�64-2009 de 15 de octubre de 2009; Rol N�53-2009, de fecha 16 de octubre de 2009; Rol N� 80-2009 de 20 de octubre de 2009, se debe considerar que, en un r�gimen normal, se da una situaci�n similar al retiro voluntario previsto en el art�culo 2� transitorio de la ley N� 20.158, cuando un profesional de la educaci�n decide jubilar o pensionarse por vejez, ya que para poder obtener tal beneficio, debe presentar antes su instituci�n previsonal el decreto de cese de funciones respecto del total de horas que sirve, acompa�ado del certificado de nacimiento. Tal exigencia lo obliga a manifestar, previamente, a su empleadora su voluntad de retirarse ( retiro voluntario), a fin de que �sta dicte el decreto de cese de funciones que le exige la instituci�n provisional respectiva para dar curso a su solicitud, entendi�ndose, en forma reiterada y numerosa jurisprudencia administrativa y judicial, que en esta situaci�n se configura la causal de t�rmino de la relaci�n laboral ?obtenci�n de jubilaci�n, pensi�n o renta vitalicia? prevista en la letra e) del art�culo 72 del estatuto Docente y que esta causal es similar a la causal de necesidades de la empresa establecimiento o servicio establecida en el art�culo 161 del C�digo del Trabajo, ya que ella supone un deterioro de las condiciones ps�quicas o f�sicas del docente, lo que influye o afecta en el adecuado funcionamiento del establecimiento en que laboran, por lo que, en estos casos, al momento de cese de funciones, el docente tiene derecho a percibir la indemnizaci�n por a�os de servicios contemplada en el art�culo 2� transitorio de la ley 19.070, que es lo que reclama la demandante en esta causa.

En s�ntesis, tanto en el caso de retiro voluntario en el r�gimen normal, como en el caso de retiro voluntario conforme al plan especial de retiro contemplados en los art�culos 2� y 3� transitorio de la ley 20.158, el docente se encuentra en la misma situaci�n, esto es, en ambos casos debe formalizar a su empleadora su voluntad de retirarse (renuncia) para obtener jubilaci�n o pensi�n, acreditando que cumple la edad legal para jubilar, por medio del certificado de nacimiento.

10.- Que por otra parte las incompatibilidades constituyen limitaciones de car�cter excepcional, y la norma legal debe contenerlo clara y expresamente siendo su aplicaci�n de derecho extricto sin que se puedan hacer extensiva por analog�a a casos no contemplados expresamente por el legislador.

11.- Que sobre esta materia, como se dijo, se han dictado sentencias en diversos tribunal del pa�s tanto de primera como de segunda instancia, con posiciones en uno u otro sentido de acuerdo a las normas en cuesti�n, asimismo en el orden administrativo se ha pronunciado la Contralor�a General de la Rep�blica aceptando la compatibilidad y la Inspecci�n del trabajo desestimado esa posibilidad es por ello, que es posible concurrir al principio protector o tutelar de la legislaci�n laboral, una de ellas es la regla de interpretaci�n in dubio pro operario, que tiene aplicaci�n como sucede en este caso, cuando la norma legal no es clara, exista duda o tenga diversos alcances, inclin�ndose, desde luego, a la posici�n m�s favorable a los trabajadores que es la compatibilidad de ambos beneficios.

Por esto fundamentos disposiciones legales citadas y de conformidad con lo dispuesto art�culo 473 del C�digo del Trabajo, se confirma la sentencia de nueve de septiembre de dos mil nueve, escrita de fojas 71 a 80

Acordada con el voto en contra de la Ministro se�ora Mar�a Leonor Sanhueza Ojeda, quien estuvo por revocar la sentencia, y por ende, no dar lugar a la demanda de autos, compartiendo as�, los votos de mayor�a dictados en esta Corte en causas Rol N� 47-2009, 53-2009, 97-2009 y 331-2009, teniendo presente para ello las siguientes consideraciones:

Primera: Que la bonificaci�n por retiro voluntario establecida para los profesionales de la educaci�n municipal -que fue pagada a la parte recurrente- ?ser� compatible con cualquier otro beneficio homologable que se origine en una causal de similar otorgamiento, quedando sujeta a las condiciones que se establezcan para dicho otro beneficio?, de acuerdo a lo establecido en el inciso 7� del art�culo 2� transitorio de la ley N� 20.158.
A su vez, seg�n lo establece el art�culo 2� transitorio de la Ley N� 19.070, los profesionales de la educaci�n traspasados a las municipalidades conservan el derecho a percibir las eventuales indemnizaciones por a�os de servicios que pudieren corresponderles, percibi�ndolas al momento del cese efectivo de servicios, cuando �ste se produjere por una causal similar a las establecidas en el art�culo 3� de la ley N� 19.010.
Segunda: Que la referencia hecha al art�culo 3� de la ley N� 19.010 debe entenderse actualmente efectuada al art�culo 161 del C�digo del Trabajo, seg�n el cual ?el empleador podr� poner t�rmino al contrato de trabajo invocando como causal las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las derivadas de la racionalizaci�n o modernizaci�n de los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones del mercado o de la econom�a, que hagan necesaria la separaci�n de uno o m�s trabajadores?.

Estas causales de cese de servicios de la ley N� 19.010 son las establecidas en las letras e) y h) del art�culo 72 de la Ley N� 19.070, esto es, las que se configuran por la obtenci�n de jubilaci�n o pensi�n por vejez o invalidez y por salud incompatible o irrecuperable, ya que �stas suponen el deterioro de las condiciones ps�quicas o f�sicas del docente, lo que afecta e influye en el adecuado funcionamiento del establecimiento en que labora;

Tercera: Que de la lectura de las normas legales citadas anteriormente, puede concluirse que la causal de terminaci�n de contrato que se estableci� en el art�culo 2� transitorio de la ley 20.158 es precisamente la renuncia voluntaria del trabajador, y el legislador ha sido particularmente claro en cuanto a excluir la compatibilidad de la bonificaci�n que all� acuerda con la indemnizaci�n por antig�edad;

Cuarta: Que no obstante ello, la parte recurrente insiste en cuanto a que el art�culo 2� transitorio de la Ley 20.158 se�ala que la bonificaci�n que acuerda es compatible con todo otro beneficio homologable que se origine en una causal de similar otorgamiento; sin embargo, ocurre que la misma norma agrega a continuaci�n: ?Con todo, si el trabajador hubiere pactado con su empleador una indemnizaci�n a todo evento, conforme al C�digo del Trabajo, deber� optar entre una u otra?. Es decir, los beneficios compatibles deben originarse en causa similar, cuyo no es el caso de la indemnizaci�n por a�os de servicio, que no es procedente en caso de retiro voluntario. En efecto, tan es as� que para aquellos casos en que se pact� igualmente esa indemnizaci�n de antig�edad a�n para cuando la relaci�n termine por renuncia del trabajador, la ley no permite la compatibilidad. Es por ello que en un escenario en que exista un pacto contractual relativo a indemnizaci�n de antig�edad a todo evento, incluyendo entonces el caso de renuncia voluntaria, si el legislador se preocup� de anular el vigor de ese pacto haciendo incompatible aquella indemnizaci�n con la bonificaci�n que acuerda, es evidente que con mucha mayor raz�n no habr� derecho a doble indemnizaci�n cuando falte aquel pacto. Es m�s, si la ley tuvo que ponerse en el caso de la indemnizaci�n a todo evento fue justamente porque no se est� aqu� ante una causal de t�rmino de contrato homologable al despido por necesidad de la empresa. Si as� fuera, con o sin pacto la indemnizaci�n de antig�edad, en principio proceder�a. Si bien no es �ste el caso de autos, no cabe dudas que la ley pretendi� cerrar la posibilidad de que se obtuviera el pago de antig�edad sumado a la bonificaci�n, en el caso de que el primero se hubiere acordado para cualquier causal de terminaci�n de los servicios.

Quinta: Que, a mayor abundamiento, la bonificaci�n que estableci� el art�culo 2� transitorio de la Ley 20.158, �nica y exclusivamente es compatible, acorde a su inciso s�ptimo, ?con cualquier otro beneficio homologable que se origine en una causal de similar otorgamiento?, cuesti�n que descarta la pretensi�n indemnizatoria que la parte recurrente desea a�adir al bono que ya percibi�, como quiera que la indemnizaci�n a que se refiere el art�culo 2� transitorio del Decreto con Fuerza de Ley N� 1, de 1997, del Ministerio de Educaci�n, que estableci� el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 19.070, ?Estatuto de los Profesionales de la Educaci�n?, s�lo tiene lugar cuando el cese efectivo de los servicios del docente se hubiere producido por alguna causal similar a las establecidas en el art�culo 3� de la Ley 19.010, es decir, con la causal de ?necesidades de la empresa? que actualmente establece el art�culo 161 del C�digo del Trabajo;
Sexta: Que, as� las cosas, es evidente, entonces, que no existe compatibilidad entre la bonificaci�n primeramente citada y la eventual indemnizaci�n que pueda percibirse, desde que el bono del art�culo 2� de la referida Ley 20.158, parte del supuesto b�sico que se haya producido la renuncia o retiro voluntario del docente a la dotaci�n respectiva, situaci�n que no guarda relaci�n alguna con la terminaci�n de los servicios por necesidades de la empresa.

Si bien es cierto que uno de los requisitos del bono es el hecho que el docente haya tenido la edad para jubilar al 31 de diciembre de 2006, no lo es menos que ello no cambia la circunstancia que la condici�n necesaria para percibir la bonificaci�n haya sido el retiro voluntario o renuncia por parte del docente, vale decir, su acto jur�dico voluntario destinado a dejar de pertenecer a su dotaci�n docente, lo que nada tiene que ver con la causal de despido unilateral que hace procedente la eventual indemnizaci�n a que se refiere el art�culo 2� transitorio del Estatuto Docente (Ley N� 19.010), y lo primero no se desnaturaliza -jur�dicamente hablando- por el hecho que se haya incentivado pecuniariamente el mencionado acto de renuncia a la dotaci�n docente;

S�ptima: Que, por otro lado, de aceptarse las argumentaciones de la parte recurrente, se quebrar�a el principio de incompatibilidad que consagra el art�culo 176 del C�digo del Trabajo, que es la regla general en nuestro derecho, produci�ndose una discriminaci�n, sin que existiere una norma que la reglara de un modo claro y expreso, cual es la forma de dar tratamiento legal a las situaciones de car�cter excepcional o que alteran la regla general.

Octava: Que, por otra parte, no debe olvidarse que la interpretaci�n que pudiera haber hecho la Contralor�a General de la Rep�blica a que alude la parte recurrente, no son vinculantes para el �rgano jurisdiccional, que es en definitiva al que le corresponde constitucionalmente la misi�n de interpretar y aplicar la ley para hacer justicia material en cada caso particular.

Reg�strese y devu�lvase.

Redact� el fallo el Ministro Jaime Sim�n Sol�s Pino y, la disidencia, su autora.

No firma la Ministro se�ora Rosa Patricia Mackay Foigelman, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con licencia m�dica.

Se deja constancia que los miembros del tribunal hicieron uso del art�culo 82 del C�digo Org�nico de Tribunales.

Rol N� 514-2009.

Contra personas naturales, no procede demanda de pago de gratificaciones legales.

2009-11-28T16:37:00.003-03:00

Santiago, treinta y uno de julio de dos mil nueve.
VISTOS: (a) En cuanto al recurso de casaci�n en la forma: PRIMERO: Que, la recurrente alega la nulidad del fallo de 1 de marzo de 2008, rolante a fs.63 y siguientes, en atenci�n a que �ste contiene decisiones contradictorias, incurriendo en el vicio descrito en la causal 7� del Art.768 del C�digo de Procedimiento Civil. Fundando el recurso, sostiene que el sentenciador tom� una cl�usula de un contrato de trabajo suscrito entre la demandante con el se�or Guillermo Echeverr�a R�os, hijo del demandado, que es una persona distinta del se�or Guillermo Echeverr�a Fern�ndez, y que una de las cl�usulas de ese contrato fue la que le sirvi� de base al sentenciador para acreditar el reconocimiento de antig�edad. La contracci�n se funda, en consecuencia, en que en un considerando se cita un contrato celebrado con otra persona, distinta del demandado. SEGUNDO: Que, las causales de nulidad que motivan un recurso de casaci�n en la forma pueden verificarse durante el procedimiento ? en cuyo caso se requiere de preparaci�n -, o en el fallo que se impugna. Respecto de los vicios incurridos en la sentencia, para que se verifique aquel invocado por la recurrente es indispensable que: (a) se presente una pluralidad de decisiones, y (b) cuya ejecuci�n conjunta acarrear� que la decisi�n no pueda cumplirse. TERCERO: Que, de la lectura del fallo cuestionado se desprende que la decisi�n de condena afecta a una sola persona, don Guillermo Echeverr�a Fern�ndez, hecho que es concordante con la petici�n formulada por la demandante a fs.1, de donde se concluye que no se verifica el primer supuesto que habilita la interposici�n del recurso por el vicio que se invoca. Por otra parte, tampoco existen decisiones contradictorias en cuanto a las prestaciones a las que fue condenada la demandada, raz�n por la cual tampoco se configura el segundo extremo de la causal invocada. CUARTO: Que, de la lectura del recurso se vislumbra que la supuesta inconsistencia estar� dada por la existencia de considerandos inconexos con el fundamento del fallo, materia que, de verificarse, habilita la interposici�n del recurso de casaci�n en la forma por infracci�n al Art.170 del C�digo de Procedimiento Civil y al Auto Acordado de 1920 de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias (Art.768, causal 5� del C�digo de Procedimiento Civil). Por estas razones procede que esta Corte rechace el recurso de casaci�n en la forma. (b) En cuanto al recurso de apelaci�n: Se reproduce la sentencia apelada de fs.63, con las siguientes modificaciones: (a) se elimina el primer p�rrafo del considerando s�ptimo; en el considerando octavo, se elimina de la parte final del primer p�rrafo la frase que comienza con las palabras ?conclusi�n que adem�s ??, incluyendo la coma que les precede, hasta las palabras ?de autos?, (b) se elimina el considerando d�cimo tercero. y se tiene en su lugar y adem�s presente: PRIMERO: Que, el actor ha sostenido que prest� servicios bajo dependencia y subordinaci�n a favor de don Guillermo Echeverr�a Fern�ndez y es por ello que demand� de despido injustificado. SEGUNDO: Que, si bien el contrato de trabajo es consensual, es obligaci�n del empleador hacerlo constar por escrito y mantenerlo debidamente actualizado. Asimismo, la terminaci�n de la relaci�n laboral debe constar en un finiquito escrito, constituyendo su otorgamiento m�s que una obligaci�n, una carga en sentido procesal para el empleador. En efecto, el inciso primero del Art.177 del C�digo del Trabajo se�ala que ?el instrumento respectivo que no fuere firmado por el interesado y por el presidente del sindicato o el delegado del personal o sindical respectivos, o que no fuere ratificado por el trabajador ante el inspector del trabajo, no podr� ser invocado por el empleador?. En consecuencia, mientras no se acompa�e el correspondiente finiquito debe presumirse que la relaci�n laboral no ha terminado y que ha seguido desenvolvi�ndose en el tiempo. TERCERO: Que, en estos autos no se ha acompa�ado finiquito y no puede sostenerse legalmente que la relaci�n laboral con del demandado Echeverr�a Fern�ndez ha finalizado en la fecha que �l indic�. En efecto, con la declaraci�n de los dos testigos contestes del actor, est� por acreditado que el trabajador demandante prest� servicios para el demandando, recibiendo �rdenes de este �ltimo. Nada obsta a la conclusi�n anterior el hecho que exista un contrato de trabajo con Guillermo Echeverr�a R�os (fs.27), hijo del demandado, y que �ste hubiera pagado las cotizaciones previsionales generadas en raz�n de este �ltimo contrato, ya que �l da cuenta de otra relaci�n jur�dica, no constando que ella hubiera reemplazado a la primera. Los testigos indicaron que el demandante prestaba servicios laborales de secretario para el Sr. Echeverr�a Fern�ndez. CUARTO: Que el Art.47 del C�digo del Trabajo se�ala que la obligaci�n de gratificar recae en los establecimientos mineros, industriales, comerciales o agr�colas, empresas y cualquiera otros que persigan fines de lucro, y las cooperativas, que est�n obligados a llevar libros de contabilidad y que tengan utilidades o excedentes l�quidos en sus giros. El demandante dedujo su acci�n en contra de una persona natural, que desarrollaba una actividad profesional como m�dico. Por este s�lo hecho, no procede hacer lugar a la petici�n de pago de gratificaciones cuando no se ha demostrado que ellas hubieran sido pagadas voluntaria o convencionalmente. QUINTO: Que, para que las afirmaciones contenidas en los escritos del demandado puedan tenerse por ciertas, es indispensable que cada aserto hubiera sido debidamente acreditado, cosa que no ha ocurrido en la especie. Asimismo, la competencia para conocer de un recurso de apelaci�n est� dada por lo pedido por el apelante, de modo que no procede alterar el fallo analizado si no es por una solicitud formulada por el recurrente, no pudiendo extenderse a otros puntos diferentes, salvo aquellos casos en que la ley permite actuar de oficio. Y vistos lo dispuesto en los art�culos 768 del C�digo de Procedimiento Civil y 463, 468 y 473 del C�digo del Trabajo, se declara que se rechaza el recurso de casaci�n en la forma intentado en lo principal de fs.75, con costas; y que se confirma la sentencia de uno de marzo de dos mil ocho, rolante a fs.63 y siguientes, con costas. Reg�strese y devu�lvase. Redacci�n del abogado integrante se�or Eduardo Morales Robles. N� 6.676-2.008.-
Pronunciada por la D�cima Sala de esta Ilustr�sima Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro se�or Omar Astudillo Contreras e intergrada por la fiscal judicial se�ora Clara Carrasco Andonie y por el abogado integrante se�or Eduardo Morales Robles.

Infracci�n a la normativa de urbanismo y construcci�n por local comercial.

2009-11-28T16:08:00.002-03:00

Santiago, once de junio del a�o dos mil tres.

Vistos: En estos autos rol N�3921-01 don Tom�s Canales Hormaz�bal y do�a Mar�a Aguilar Zamorano dedujeron recurso de casaci�n en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechaz� el reclamo de ilegalidad deducido a fs.17 contra los Decretos Secc. 2da. N�966 y Secc. 2da. N�1039, dictados por el Alcalde de la I. Municipalidad de Santiago, y en contra del Decreto Secc. 2 N�71, de 22 de enero de 1999, del mismo Alcalde, por el cual se decidi� rechazar un reclamo de ilegalidad planteado en su contra, por los dos Decretos primeramente mencionados. Estos a su vez modificaron el Decreto Alcaldicio Secci�n 2da. N�411, de 22 de agosto de 1996, que dispuso la clausura del Servicio de Mantenimiento del establecimiento de los recurrentes, ubicado en calle Agustinas N�2582, en atenci�n a que no acredit� permiso ni recepci�n final de las construcciones y anexi�n predial de los terrenos que se ocupan, contraviniendo con esto el art�culo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Se trajeron los autos en relaci�n. Considerando: 1�) Que el recurso denuncia la infracci�n de lo que denomina la ley reguladora de la prueba respecto de la prueba documental, afirmando que por los decretos impugnados el Alcalde decidi� clausurar el Servicio de Mantenimiento de Buses, que mantiene en Agustinas 2502 y Cueto 161, por no haber acreditado permiso ni recepci�n final d e unas peque�as construcciones y de una pretendida anexi�n predial de los terrenos que se ocupan. El reclamante ha sostenido, agrega, que tales construcciones tienen recepci�n definitiva, por resoluci�n de 19 de mayo de 1976, cuya certificaci�n ha acompa�ado. A�ade que el propio Alcalde ha reconocido que no le consta, sino que supone, que existe anexi�n predial, al indicar que en las ocasiones en que la arquitecto municipal ha realizado visitas inspectivas, se le ha denegado permiso de ingreso; 2�) Que el recurso agrega que la Corte de Apelaciones decidi� tener por acreditadas ambas pretendidas infracciones con la abundante documentaci�n que se acompa�� al proceso, sin que se diga en qu� consiste dicha documentaci�n, no hay una descripci�n de la misma ni referencia a si son instrumentos p�blicos o privados con lo que se infringieron las normas reguladoras de la prueba documental, por cuanto no se puede conceder valor de plena prueba a documentos indeterminados ni a documentos privados, ni se puede dar m�s valor a la documental que a la propia confesi�n del reclamado, en cuanto a que no le consta la anexi�n predial; 3�) Que, a continuaci�n, el recurrente precisa que las normas legales infringidas, al tener por comprobados hechos con el solo m�rito de documentos indeterminados que no han emanado de la parte contra la que se presentan sino de la parte que los alega en su favor, son los art�culos 1700, 1702 y 1713 del C�digo Civil; 4�) Que, asimismo, el recurso denuncia la infracci�n de los art�culos 20, 21 y 161 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y 6, 7 y 19 N�3 de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica. Explica que ha sostenido que la facultad que otorga el art�culo 161 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones al Alcalde, en cuanto a la clausura de establecimientos y locales comerciales, no puede ser ejercida en todo caso y circunstancia y de cualquier forma, sino que debe restringirse a las facultades que la ley le confiere. Agrega que la referida facultad de clausurar est� limitada en lo formal, previa determinaci�n judicial de los hechos que justifican la clausura, lo que compete a los Juzgados de Polic�a Local, por expreso mandato de los art�culos 20 y 21 del texto legal ya se�alado; y, en lo sustantivo, el art�culo 161 est� ubicado en el p�rr afo 8� De la seguridad, conservaci�n y reparaci�n de edificios y s�lo con este fin podr� el alcalde ejercerla; 5�) Que el recurso a�ade que, como consta en autos, no ha habido previamente un juicio ante el Juez de Polic�a Local por el que se determine si existe infracci�n de leyes o reglamentos, ni se ha probado que las faltas que se imputan al recurrente se traduzcan en un peligro para la seguridad de las personas o influyan negativamente en la conservaci�n o reparaci�n de edificios. Los preceptos indicados en esta segunda parte del recurso afirma-, se infringieron del siguiente modo: el art�culo 7 inciso segundo de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica, porque se ha permitido al alcalde atribuirse facultades o derechos ajenos a su investidura; el 21 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece que ser�n de competencia del Juez de Polic�a Local las infracciones a sus disposiciones, ordenanzas y a los instrumentos de planificaci�n t�cnica; el 20 inciso segundo de la misma ley, porque la municipalidad puede denunciar ante el Juez de Polic�a Local las infracciones a sus disposiciones, en forma fundada y acompa�ada de los medios probatorios de que disponga; y el 161, porque se extendi� su aplicaci�n a situaciones no previstas en dicha norma; 6�) Que, al explicar la forma en que los errores de derecho denunciados influyeron sustancialmente en lo dispositivo del fallo, el recurso se�ala que, de haberse evaluado correctamente la prueba documental, no se habr�a podido dar por establecida la existencia de ninguna de las infracciones que se le imputan por el alcalde, careciendo de sustento las �rdenes de clausura, y se habr�a acogido el reclamo. En lo tocante al segundo grupo de normas, estima que de no infringirse, se habr�a debido declarar que la clausura ordenada por el alcalde era ilegal, por carecer de facultades, salvo en casos excepcionales, en que est� comprometida la seguridad de las personas y edificios; y adem�s, se habr�a acogido el reclamo porque no existi� debido proceso en que se hubiere acreditado lo que se le imputa; 7�) Que resulta conveniente, en el presente caso, hacer una breve rese�a de lo obrado en el proceso: a) Por el Decreto Secc. 2da. N�411 de 22 de agosto de 1996, que aparece dictado por don Jaime Ravinet de la Fuente, Alcalde de Santiago, se dispone la clausura inmediata del Servicio de Mantenimiento Empresa F�nix Pullman Norte Ltda., ubicada en calle Agustinas N�2502 y Cueto N�161, de propiedad de la misma firma, indic�ndose como fundamento, el que no ha acreditado permiso y recepci�n final de las construcciones, y la anexi�n predial de los terrenos que se ocupan, contraviniendo con esto el art�culo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones; b) Con posterioridad, el Decreto Secc. 2da. N�966, de 1� de diciembre de 1998, modific� el anteriormente indicado, en lo tocante a la persona del representante legal de la empresa de que se trata, y agreg� la frase y a que se encuentra mal emplazada de conformidad con el Plan Regulador Vigente; y c) Finalmente, el Decreto Secc. 2da. N�1039, de 22 de diciembre de 1998, modific� otra vez el Decreto N�411, ahora en lo tocante a la direcci�n de calle Agustinas, en que se precisa que el n�mero 2502, debe ser 2582; 8�) Que el reclamo de ilegalidad que fuera interpuesto en su oportunidad ante el propio Alcalde, se refiri� a los dos �ltimos Decretos indicados y no al que orden� la clausura; y tal recurso fue rechazado por el Decreto Secc. 2 N� 71 de 22 de enero del a�o 1999. Por su parte, en sede jurisdiccional, el reclamo deducido ante la Corte de Apelaciones se dirigi� contra el Decreto n�mero 71, y tambi�n contra aquellos que llevan los n�meros 966 y 1039; 9�) Que la sentencia recurrida, ha decidido rechazar el reclamo, en virtud de los mismos fundamentos que se tuvieron en consideraci�n para desestimar el recurso de ilegalidad rol N�807-99 de la Corte de Apelaciones de Santiago. Aqu�l, a su turno se tiene a la vista, en su primer motivo, ha estimado impugnado el Decreto que rola a fs.1 (que corresponde al de fs.3 de estos autos), que no fue motivo de reclamo administrativo, para concluir rechazando el deducido a fs.16 ante la Corte referida; 10�) Que en el marco se�alado se ha analizar el recurso presentado, teni�ndose en consideraci�n que de lo expuesto surge que el procedimiento seguido ha sido equ�voco, cuesti�n que esta Corte no puede pasar por alto y debe hacer notar, a�n cuando no forme parte del problema de derecho. Ello no fu e advertido durante la tramitaci�n y fallo del asunto, no siendo una cuesti�n menor, porque la forma como se plante� todo el problema, pudo perfectamente llevar a estimar extempor�neo el reclamo, habida cuenta que la clausura fue realmente impuesta mediante un decreto que no se impugn� derechamente; 11�) Que la primera infracci�n denunciada, dice relaci�n con lo que se denomin� en el recurso la ley reguladora de la prueba respecto de la prueba documental y precisa que se trata de los art�culos 1700, 1702 y 1713 del C�digo Civil. Una primera situaci�n que hay que destacar es que se impugnan, en este cap�tulo, normas de car�cter formal, sin que se se�ale precisamente, cu�les son los instrumentos que probar�an los dichos del reclamante, ni a cu�les ha de d�rseles el valor que �ste estima del caso, para poder dar por infringida la ley, ni tampoco a cu�les no se les debi� dar determinado valor. En este aspecto, el recurso adolece del mismo defecto que imputa a la sentencia, en el sentido de que no hay ninguna descripci�n de los documentos que se tienen en cuenta o que se han de tener en cuenta. La adecuada descripci�n de los mismos resulta fundamental, en el recurso de casaci�n en el fondo, al tenor de lo que dispone el art�culo 772 del C�digo de Procedimiento Civil, pues las infracciones de ley que se estime que se han producido se deben describir de modo claro, de tal suerte que este Tribunal quede habilitado para su debido an�lisis, lo que en la especie no puede hacer dada la defectuosa manera como se interpuso el que se estudia; 12�) Que, en cuanto a la vulneraci�n de los art�culos 20 y 21 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, fundada en que la facultad de clausura la tiene el Juez de Polic�a Local y no el alcalde, debe expresarse que el primero de dichos preceptos se refiere a que toda infracci�n a las normas que se detallan, ser� sancionada con multa, sin perjuicio de la paralizaci�n o demolici�n de todo o parte de la obra; en su inciso segundo dispone que las autoridades que se se�alan o cualquier persona podr�n denunciar ante el Juzgado de Polic�a Local pertinente, las infracciones indicadas en el inciso primero; y el art�culo 21, a su turno, establece la competencia de dichos jueces, para conocer de las infracciones a la ley de que se trata, su ordenanza general y de los instrumentos de planificaci�n territorial; 13�) Que es innegable, a la luz de tales preceptos, que la regla general en la presente materia, es la competencia de los Jueces de Polic�a Local. Sin embargo, dicha norma general tiene excepciones, como se desprende del art�culo 145 de la Ley de que se trata, ya que seg�n su primer inciso Ninguna obra podr� ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepci�n definitiva, parcial o total. El inciso final del mismo precepto estatuye que Sin perjuicio de las multas que se contemplan en el art�culo 20, la infracci�n a lo dispuesto en el inciso primero de este art�culo podr� sancionarse, adem�s, con la inhabilidad de la obra, hasta que se obtenga su recepci�n y desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza p�blica, que decretar� el Alcalde, a petici�n del Director de Obras Municipales. La inhabilidad y desalojo, indudablemente que implican una virtual clausura del inmueble, sentido que es el que hay que dar a dicho precepto que, de otro modo, no tendr�a aplicaci�n pr�ctica; 14�) Que, sin embargo, es a�n m�s claro y categ�rico el art�culo 161 del texto legal ya precisado, seg�n el cual La Alcald�a podr� clausurar los establecimientos o locales comerciales o industriales que contravinieren las disposiciones de la presente ley, de la Ordenanza General y de las Ordenanzas Locales; 15�) Que se ha pretendido por el recurso que dicha norma no habilita al Alcalde para clausurar, acudiendo para ello al argumento de que se ubica en el p�rrafo llamado De la seguridad, conservaci�n y reparaci�n de edificios y que s�lo con el fin se�alado en tal sentido podr�a actuar. Con ello, se alude a un criterio interpretativo que este Tribunal no comparte, porque como se sabe, las normas de interpretaci�n de los art�culos 19 al 24 que en todo caso no se dieron por infringidas, a�n cuando ello debi� tambi�n denunciarse- se aplican unas en subsidio de otras, pues el primero y principal es el contenido en el art�culo 19, inciso primero, que dispone que Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatender� su tenor literal, a pretexto de consultar su esp�ritu; 16�) Que, en la especie, el sentido del precepto de que se trata es claro y en todo caso, de atenderse al criterio del recurrente, habr�a que estimarlo inaplicable, porque pareciera no guardar ninguna relaci�n con el ep�grafe ya referido. Sin embargo, lo cierto es que se refiere a establecimientos o locales comerciales o industriales, calidad que el recurso no ha discutido que tenga el del reclamante de estos autos, por lo que resulta cabalmente aplicable al presente caso; 17�) Que, por otro lado, pretender que dicha facultad �nicamente se puede poner en movimiento previo juicio ante el Juzgado de Polic�a Local respectivo, constituye una exigencia que no se encuentra en la ley ni se deriva de las normas invocadas por el recurrente, a�n analiz�ndolas con la mayor buena voluntad; 18�) Que, en lo tocante a las normas constitucionales invocadas como vulneradas, este tribunal de casaci�n se ve en la obligaci�n de ser reiterativo en se�alar la redundancia de fundar un recurso de casaci�n en disposiciones de la naturaleza se�alada, como ha ocurrido en la especie, cuando dichos preceptos establecen principios o garant�as de orden general, que usualmente tienen desarrollo en preceptos de inferior jerarqu�a. En efecto, la presente materia tiene una regulaci�n especial contenida en la Ley Org�nica Constitucional de Municipalidades, n�mero 18.695, esto es, normas con rango de ley concepto entendido seg�n la definici�n del art�culo 1� del C�digo Civil- y es a ella a la que se debi� acudir �nicamente, puesto que los invocados son precisamente de aquellos que establecen garant�as gen�ricas, pero cuya aplicaci�n pr�ctica queda entrega a los tribunales a trav�s de normas legales y en cada caso concreto, y �stas �ltimas otorgan a los que se sientan afectados en sus intereses por un asunto como el planteado, las herramientas jur�dicas adecuadas para reclamar respecto del mismo; 19�) Que, finalmente, cabe dejar sentado que la opini�n del Ministerio P�blico, tra�da a colaci�n por el recurrente, no es vinculante para la Corte de Apelaciones y no puede presentarse como fundamento de un recurso de casaci�n; 20�) Que, todo lo anteriormente expuesto lleva a la conclusi�n de que no se han producido las vulneraciones de ley que se denunciaron, por lo que el r ecursodebe ser desestimado. De conformidad, asimismo, con lo que disponen los art�culos 764, 767 y 805 del C�digo de Procedimiento Civil, se declara que se rechaza el recurso de casaci�n en el fondo deducido en lo principal de la presentaci�n de fs.112, contra la sentencia de treinta y uno de julio del a�o dos mil uno, escrita a fs.110. Reg�strese y devu�lvase, con sus agregados. Redacci�n a cargo del Ministro Sr. G�lvez. Rol N�3.921-2.001. Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ricardo G�lvez, Sr. Domingo Yurac; Sr. Humberto Espejo y Sr. Adalis Oyarz�n; y el Abogado Integrante Sr. Jos� Fern�ndez.

Incumplimiento grave y falta de probidad por abogado de Corporaci�n de Asistencia Judicial.

2009-11-28T15:49:00.003-03:00

Santiago, veintid�s de julio de dos mil nueve.

Vistos: En autos rol N�1544-2006, del Cuarto Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, don Manuel Acevedo Bustos deduce demanda en contra de la Corporaci�n de Asistencia Judicial de la Regi�n Metropolitana, representada por do�a Paula Correa Camus, a fin que se declare injustificado y carente de motivo plausible el despido de que fue objeto y se condene a la empleadora al pago de las indemnizaciones, recargo legal y prestaciones que se�ala, con los respectivos reajustes, intereses y costas.

Evacuando el traslado conferido, la demandada solicit� el rechazo de la acci�n deducida en su contra, alegando que la exoneraci�n del actor se ajust� a las causales contempladas en los n�meros 1 letra a) y 7 del art�culo 160 del C�digo del Trabajo, esto es, falta de probidad e incumplimiento de las obligaciones que le impone el contrato de trabajo, de acuerdo a las circunstancias que indica.

El tribunal de primera instancia, en sentencia de veinte de mayo de dos mil ocho, escrita a fojas 158 y siguientes, hizo lugar a la demanda interpuesta, declarando que el despido del actor fue injustificado y condenando a la empleadora al pago de las indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por a�os de servicios, recargo legal y feriados legal pendiente y proporcional, por los montos que indica, m�s reajustes e intereses, sin condena en costas. Se alz� la demandada y la Corte de Apelaciones de Talca, por fallo de veinticinco de febrero de dos mil nueve, que se lee a fojas 202, confirm� la decisi�n de primer grado.

En contra de esta �ltima resoluci�n, la Corporaci�n de Asistencia Judicial de la Regi�n Metropolitana deduce recurso de casaci�n en el fondo, por haber sido dictada, a su juicio, con infracciones de ley que han in fluido en lo dispositivo de la sentencia, a fin que se la invalide y se dicte la de reemplazo que describe. Se trajeron estos autos en relaci�n.

Considerando:

Primero: Que la recurrente denuncia la infracci�n de los art�culos 10 N�7 y 160 N�1 letra a) y N�7 del C�digo del Trabajo, 52, 56 y 62 de la Ley N�18.575, fundada en que los sentenciadores, al hacer suya la decisi�n del tribunal de primera instancia, llegan a una conclusi�n err�nea dado que no consideran lo siguiente: a) la formalizaci�n de la investigaci�n y posterior suspensi�n condicional del procedimiento, seguida contra el representante de la Corporaci�n de Asistencia Judicial de la VII Regi�n por un il�cito penal; estar �ste revestido de la calidad de funcionario de confianza de la Directora General y, ser un funcionario p�blico que no s�lo desempe�a una tarea de ese car�cter, sino que adem�s, como un jefe directivo, deb�a actuar con mayor cuidado y responsabilidad en relaci�n a los patrocinados y los postulantes. Todos presupuestos que dan cuenta de que la conducta del actor se subsume en las causales de cese de servicios invocadas en su contra. b) la incompatibilidad con la funci�n p�blica que desempe�aba el demandante al ejercer actividades particulares durante un horario que coincida total o parcialmente con la jornada de trabajo asignada expresamente en el contrato de trabajo, espec�ficamente en la cl�usula segunda. Relacionado con lo anterior, llama la atenci�n de la demandada que los jueces de las instancias no hayan reparado en la aludida condici�n del demandante y la aplicaci�n que a su respecto cabe de las normas sobre probidad contenidas en la ley N�18.575, como lo ha se�alado reiteradamente la jurisprudencia administrativa de la Contralor�a General de la Rep�blica, as� como el art�culo 8� de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica que contempla la sujeci�n al principio de probidad. Finalmente, al explicar la influencia de los errores de derecho rese�ados, la recurrente indica que de no haber incurrido en ellos, los sentenciadores habr�an concluido que la Corporaci�n de Asistencia Judicial de la Regi�n Metropolitana "creada por la ley N�17.995- es un �rgano p�blico, descentralizado y que, de conformidad con lo dispuesto en la ley N�10.336, en relaci�n a los art�culos 6 y 7 de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica, est� sometida a la fiscalizaci�n de la Contralor�a General de la Rep�blica, �rgano encargado, a su vez, de interpretar las normas que le son aplicables como a sus funcionarios, los cuales ostentan el car�cter de servidor p�blico. El que en ning�n caso se ve alterado por la circunstancia que dichas personas se rijan por el C�digo del Trabajo, pues ello s�lo fija la relaci�n estatutaria que los vincula con el Estado. En tales circunstancias, aplicando correctamente las normas reguladoras de la prueba, el tribunal habr�a concluido que la causal prevista en el art�culo 160 N�7 del C�digo Laboral, siempre resultante de una investigaci�n sumaria, tambi�n se relaciona con las normas de probidad de los art�culos 52 y siguientes de la ley N�18.575, as� como 56 y 18. Se habr�a colegido, entonces, que el demandante infringi� especialmente el N�4 del art�culo 62 de la ley N�18.575, en reiteradas ocasiones, al ejecutar actividades ocupando tiempo de su jornada de trabajo para fines a ajenos a la corporaci�n empleadora, hechos establecidos en la investigaci�n pertinente, perjudicando as� a los patrocinados e incumpliendo los fines de dicho servicio p�blico, pues la satisfacci�n de las necesidades colectivas, como lo define el art�culo 28 de la citada ley, con eficiencia y dentro de la legalidad, son exigibles a todo trabajador de la entidad demandada y cuya inobservancia acarrea la responsabilidad administrativa respectiva, seg�n el inciso final del 52 del mismo cuerpo legal.

Segundo: Que en la sentencia impugnada se han establecido como hechos, en lo pertinente, los siguientes: a) el 20 de septiembre de 2000, el actor ingres� a prestar servicios para la demandada como Director Zonal de la Direcci�n Zonal de la VII Regi�n de la Corporaci�n de Asistencia Judicial, siendo despedido con fecha 21 de noviembre de 2006, por haber incurrido en las causales de t�rmino de contrato previstas en el N�1 letra a) y N�7 del art�culo 160 del C�digo del Trabajo, esto es, falta de probidad e incumplimiento grave de las obligaciones que impone la convenci�n. b) de acuerdo a la carta de aviso del cese de los servicios, la empleadora acus� al dependiente de haber infringido las normas sobre prob idad contempladas en la ley N�18.575 y lo dispuesto en sus art�culos 65 y 66, seg�n expediente sumarial: 1) por haberse ausentado de manera reiterada al trabajo debido a su ejercicio profesional en asuntos particulares durante la jornada, cuando el d�a 11 de julio de 2002 y sin mediar autorizaci�n, permiso administrativo ni feriado, aunque s� habiendo firmado el respectivo libro de asistencia, efectu� un alegato en la causa "Soto con Municipalidad de Colb�n"; y el d�a 29 de junio de 2004 asisti� a una prueba testimonial en la causa sobre nulidad de matrimonio "Montesinos con Polanco". 2) por haber recibido documentaci�n de asuntos particulares en dependencias de la Corporaci�n de Asistencia Judicial de la Regi�n Metropolitana. 3) por no incluir en su declaraci�n de intereses informaci�n relevante, ni tampoco actualizarla oportunamente, puesto que omiti� consignar sus contrataciones con la Municipalidad de Colb�n desde el 1 de septiembre de 2003, con una vigencia de 8 d�as, y con el Municipio del Maule, a partir del 10 de agosto al 31 de diciembre de 2003. 4) por no haber indicado la existencia de dichos contratos en su respuesta a lo consultado por la Fiscal que instruy� investigaci�n sobre estos hechos en su contra, en cuanto a si hab�a prestado servicios profesionales a alguna instituci�n p�blica o privada desde el a�o 2000. 5) por haber asistido habitualmente a reuniones en su calidad de representante del Consejo Regional del Maule, CORE, durante su jornada de trabajo, afectando el desenvolvimiento de su Direcci�n Zonal. 6) por solicitar dos permisos administrativos los d�as 22 de noviembre y 22 de diciembre de 2004, respectivamente, extendidos en un formato que s�lo vino a implementarse en dicha Corporaci�n el a�o 2006. c) se tuvieron por probados los hechos consignados en los n�meros 1), 2) 3), 4) s�lo respecto del contrato suscrito por el demandante con la Municipalidad de Colb�n y 6). En cuanto al se�alado en el n�mero 5), tambi�n qued� asentado por el tribunal, pero en relaci�n al mismo se estableci� que no qued� demostrada la afectaci�n del desenvolvimiento de la demandada y que la asistencia a las reuniones de que se trata eran conocidas por la Corporaci�n emplazada.

Tercero: Que sobre la base de los presupuestos f�cticos consignados, los sentenciadores estimaron que si bien el demandante incurri� en las actuaciones que se le reprocha, ellas no constituyen las causales esgrimidas para su desvinculaci�n, acogiendo la acci�n impetrada. Efectivamente, en lo que respecta a las ausencias, por cuanto las �nicas dos que se se�alan en la carta respectiva no configuran, en caso alguno, las faltas reiteradas que se le atribuyen al dependiente, careciendo, por lo mismo, de la entidad necesaria para justificar el cese de los servicios; y, sin perjuicio de lo anterior, porque las ausencias que, por la distancia temporal que tengan entre s� -como en la especie- o que, por otros motivos, no obedezcan a las descritas en el n�mero 3 del art�culo 160 del C�digo del Trabajo, no pueden constituir �sta causal ni tampoco una distinta, atendido el car�cter de norma especial del citado numeral en relaci�n a los restantes del mismo precepto, en especial el 7. Por otra parte, razona el tribunal, el hecho de que el actor no las haya consignado en el libro de asistencia, no conlleva a su juicio una falta a la probidad. En relaci�n a la recepci�n de documentaci�n de asuntos particulares en dependencias de la demandada, los jueces de la instancia no advierten c�mo podr�a ello afectar la rectitud del actor en t�rminos tan severos que justifiquen el t�rmino del v�nculo, as� como tampoco podr�a constituir una inobservancia grave de sus obligaciones, si en la convenci�n laboral no se estableci� una prohibici�n expresa en tal sentido, ni se declar� incompatibilidad alguna entre la funci�n para la cual fue contratado el actor y el ejercicio de la profesi�n de abogado en asuntos ajenos. La omisi�n en la declaraci�n de intereses del trabajador de informaci�n relevante en relaci�n a sus contrataciones con las Municipalidades de Colb�n, por 8 d�as desde el 1 de septiembre de 2003 y del Maule, entre el 10 de agosto y el 31 de diciembre de 2003, tampoco configura, en concepto de los sentenciadores, alguno de los motivos de la exoneraci�n sublite, pues no reviste la gravedad necesaria, tanto porque la informaci�n que se dice silenciada no se refiere a funciones incompatibles con el cargo del demandante o que hubieren producido un perjuicio cierto y acreditado en el desempe�o del mismo, cuanto porque la propia ley, en los art�culos 65 y 66 del DFL N� 1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Org�nica Constitucional de las Bases Generales de la Administraci�n del Estado, claramente asigna a las distintas formas de infracci�n que contempla al deber de realizar declaraci�n de intereses, diversas consecuencias, todas de menor envergadura que la aplicada en la especie y, en ning�n caso, la desvinculaci�n o separaci�n del cargo. En cuanto al hecho que el actor haya preterido indicar la existencia de los contratos aludidos ante la consulta de la Fiscal que instruy� la investigaci�n criminal en su contra, sobre su prestaci�n de servicios profesionales a instituciones p�blicas o privadas desde el a�o 2000 y luego de dejar asentado que el olvido s�lo lo fue en relaci�n al pacto con la Municipalidad de Colb�n, los jueces de la instancia, al haber declarado la existencia de �ste �ltimo, no divisan c�mo podr�a dar cuenta de una falta de probidad desde que, apreciadas las probanzas conforme las reglas de la sana cr�tica, aparece como un simple olvido en el momento de la declaraci�n. Descarta de la misma forma el tribunal, la configuraci�n de los motivos de exoneraci�n alegados por la empleadora a partir de la asistencia habitual del demandante a las reuniones de Consejo Regional del Maule, en calidad de representante del mismo, dada la falta de prueba relativa a la afectaci�n que ello pudo generar en el desenvolvimiento de su Direcci�n Zonal y, por otra parte, el conocimiento que la demandada ten�a de dichas citas desde el inicio de la relaci�n laboral. Asimismo, desestima la concurrencia de las causales de que se trata por la solicitud de los permisos administrativos los d�as 22 de noviembre y de diciembre, ambos de 2004, en el formato implementado en el a�o 2006.

Cuarto: Que para la resoluci�n de la controversia de autos, es decir, decidir si las conductas del actor, establecidas en el proceso, constituyen el presupuesto tenido a la vista por el legislador como causal subjetiva de despido, en la especie, el incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, cabe tener presente, en primer lugar, que el contrato de trabajo, definido en el art�culo 7 del C�digo del ramo, es la convenci�n por la cual el empleador y el trabajado r se obligan rec�procamente, �ste a prestar servicios personales bajo dependencia o subordinaci�n del primero, y aqu�l a pagar por estos servicios una remuneraci�n determinada. Dicho pacto constituye, entonces, un acto jur�dico bilateral y consensual, que, para la formaci�n del consentimiento y nacer a la vida jur�dica, requiere del concierto de las voluntades que en �l participan, tanto del trabajador como del empleador y cuyo elemento distintivo es la situaci�n de subordinaci�n en virtud de la cual el �ltimo se encuentra facultado para ordenar al dependiente el lugar, horario, y forma en que deber�n cumplirse las labores.

Quinto: Que como lo ha declarado esta Corte en otras oportunidades, el contrato de trabajo se encuentra tambi�n marcado por un contenido �tico, es decir, por el imperio de ciertos principios que las partes deben respetar, entre ellos, el deber de fidelidad y lealtad a que ambas se encuentran obligadas, atendidas, entre otras, las circunstancias de alta competitividad en el que se desarrollan en el mundo moderno las actividades empresariales. En efecto, el mayor o menor �xito de una empresa radica en la calidad y variedad de los productos que ofrezca a los consumidores de los mismos, caracter�sticas que, a su vez, dependen de un acertado proceso de producci�n en el que, sin duda, los trabajadores juegan un rol principal. Por lo mismo, las relaciones laborales han de desenvolverse en un clima de confianza, el que se genera en la medida que las partes cumplan con sus obligaciones en la forma estipulada, fundamentalmente, de buena fe, principio del cual se encuentra imbuida toda nuestra legislaci�n y consagrado, especialmente en materia contractual, en el art�culo 1546 del C�digo Civil. De esta manera, los mencionados deberes de solidaridad y colaboraci�n, integrantes de la carga �tica aludida, son claras directrices del comportamiento de los contratantes durante la vigencia de su vinculaci�n, sujet�ndolos a varios deberes que si bien no han sido explicitados en el texto del contrato pertinente o consensuados expresamente, emanan de la naturaleza de la relaci�n laboral, por ejemplo, que ninguna de las partes actuar� en perjuicio o detrimento de la otra.

Sexto: Que como consecuencia de lo se�alado, ante ciertas conductas del trabajador, graves y debidamente comprobadas, el legislador autoriza al empl eador a poner t�rmino a la vinculaci�n, sancionando a aqu�l con la p�rdida de las indemnizaciones que, en ausencia de las primeras, le habr�an correspondido, como ocurre con las invocadas por la demandada para justificar el cese de los servicios del actor, pues la primera alude a la falta de probidad, esto es, de la honradez en el actuar y la segunda, implica que la convenci�n no se est� realizando de buena fe o el contratante respectivo no est� siendo diligente al desarrollar las funciones para las que se le contrat�.

S�ptimo: Que la referida honradez en el actuar exigida al dependiente, la ley laboral la ha establecido sin mayores calificativos, es decir, basta que concurra -y haya sido acreditada- para que d� lugar a la sanci�n m�s arriba mencionada. No se requiere la convergencia o reuni�n de m�s antecedentes, sin perjuicio de la facultad de apreciaci�n de la prueba rendida, por ende, ante la ausencia de esa rectitud o integridad recibe aplicaci�n la disposici�n pertinente sin que sea necesario considerar la concurrencia de otras circunstancias.

Octavo: Que en la especie, aparece de manifiesto para estos jueces la err�tica calificaci�n de los hechos asentados que resulta cuando no se incorpora en ella la especial calidad del dependiente, en tanto funcionario de un �rgano p�blico descentralizado y mandatario para su representaci�n y administraci�n zonal, como las an�malas e irregulares circunstancias que la lectura conjunta de aqu�llos determina en relaci�n al desarrollo de la relaci�n laboral. Lejos de desconocerse por los jueces de la instancia la certeza de las actuaciones imputadas al actor, la insuficiencia de gravedad de que, a juicio de �stos, adolecen, la que lo sustrae de las hip�tesis invocadas en su contra, principalmente al no haberse declarado por las partes la incompatibilidad de las funciones asumidas por el demandante respecto de las tareas ajenas que pudiera desarrollar como abogado, lo que tambi�n constituy� el fundamento para descartar la falta de rectitud y honradez en su proceder omisivo cuando se le inquiri� sobre el punto a trav�s de instrumentos y declaraciones administrativas.

Noveno: Que la innegable condici�n de servicio p�blico con que caracteriza la ley N�17.995 a la empleadora y que justifica la fiscalizaci�n y control que sobre ella ejerce la Contralor�a General de la Rep�blica, el estatuto jur�dico al que se sujeta y, por cierto, la instrucci�n de un sumario administrativo previo a la separaci�n del actor, es gravitante al efecto, desde que su desempe�o amerita ser medido bajo la �ptica de la probidad y �tica contractual, en virtud de su contrato de trabajo, pero forzosamente, tambi�n, desde la perspectiva de la rectitud funcionaria. Esta �ltima, ciertamente no condice con las justificaciones que el tribunal consigna para los silencios del dependiente en la declaraci�n de intereses que, atendida su calidad y lo prescrito por el art�culo 57 de la Ley de Bases Generales de la Administraci�n del Estado, deb�a realizar en forma fidedigna, respecto de los contratos de honorarios y asesor�as que tambi�n serv�a, cuya existencia y desarrollo import�, de uno u otro modo, la utilizaci�n de las dependencias y las jornadas de trabajo adscritas al v�nculo de autos. As�, m�s all� de la frecuencia o intensidad de los episodios asentados en la causa y los citados por la Corporaci�n, la interpretaci�n conjunta de los antecedentes muestra al actor asistiendo a diligencias judiciales de primera y segunda instancia, relativas a juicios particulares, durante su horario de trabajo en el servicio emplazado; compareciendo a reuniones en el Consejo Regional del Maule, tambi�n en d�as y horas h�biles; recibiendo documentaci�n de sus asuntos particulares en las instalaciones de la demandada, lo que conlleva hacerse cargo de aqu�llas cuestiones en horas y espacios que son privativos a su funci�n p�blica; y finalmente, olvidando dar cuenta de las labores en que compromete su persona y tiempo, fuera del cargo que ejerce y que, adem�s, no han resultado inocuas para el v�nculo sublite desde que es el director de la Direcci�n Zonal de la VII Regi�n de un �rgano de soporte social, especialmente sensible como la Corporaci�n de Asistencia Judicial, quien result� cuestionado e investigado por todo lo relatado, a partir de su formalizaci�n ante la justicia penal por conductas il�citas, precisamente, en su desempe�o como abogado asesor de una Municipalidad. Insostenibles son entonces, las disquisiciones desarrolladas por la defensa y acogidas por el tribunal en torno a que la compatibilidad de labores que surge de la inexistencia de un pacto prohibitivo al respecto , impiden subsumir la seguidilla de actuaciones del demandante en un motivo de despido como los invocados por la empleadora, por cuanto ellas constituyen un comportamiento �mprobo que conlleva la desviaci�n persistente de tiempo de servicio p�blico y la omisi�n de informaci�n obligatoria y relevante en relaci�n a las cuestiones que distra�an al dependiente de sus funciones.

D�cimo: Que por otra parte, cabe destacar, para los efectos de la segunda causal de caducidad imputada, la relevancia que solamente en el �mbito privado tiene el cargo del demandante, en tanto no s�lo ten�a la calidad de trabajador dependiente, sino que adem�s, era mandatario para la administraci�n y gesti�n de una secci�n zonal de aqu�lla, circunstancia que si bien no lo exime de la subordinaci�n y dependencia que caracteriza el v�nculo laboral, le otorga la flexibilidad y discreci�n necesarias para el desempe�o de su cargo, precisamente por la confianza que �sta implica.

Und�cimo: Que en el referido contexto, desde la perspectiva de la l�gica y las m�ximas de experiencia, cada decisi�n u omisi�n del actor como responsable del funcionamiento de la entidad, en el departamento regional respectivo, tiene una profunda repercusi�n en cada uno de los procesos internos de la misma que, a su vez, generan consecuencias que tocan aspectos externos de aqu�lla, esto es, la eficacia, eficiencia y calidad del servicio que se ofrece a los beneficiados asistidos jur�dicamente. As�, el desentendimiento de sus labores, a�n temporal y parcialmente para la atenci�n de asuntos particulares o profesionales pero ajenos a esta peculiar empleadora, le estaba vedado no s�lo desde la perspectiva de la calidad que inviste, ya referida, sino tambi�n como mandatario de confianza, garante del mecanismo de control que pesa sobre los dem�s funcionarios del servicio y administrador de los recursos materiales e inmateriales del mismo en el cumplimiento de su fin.

Duod�cimo: Que conforme lo razonado, el correcto entendimiento de las causales de despido invocadas por la demandada y a la luz de los criterios de la sana cr�tica, el demandante, de la forma descrita, incurri� en los presupuestos de las mismas, es decir, falta de probidad e incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales, las que, por su envergadura, generaron un quiebre en las relaciones laborales de la entidad suficiente como para conducir a la empleadora a adoptar la decisi�n unilateral de poner t�rmino a la vinculaci�n que los un�a.

Decimotercero: Que al no haber sido as� declarado en el fallo atacado, los sentenciadores infringieron las normas de los n�meros 1 letra a) y 7 de art�culo 160 del C�digo del Trabajo, yerros denunciados por la recurrente y que influyeron sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia desde que llevaron a declarar injustificado el despido del actor y condenar a la empleadora al pago de indemnizaciones improcedentes en tanto la exoneraci�n se ajust� a causales legales que privan al trabajador respectivo de tales resarcimientos.

Decimocuarto: Que en consecuencia, se proceder� a acoger el recurso de casaci�n en el fondo interpuesto por la demandada y anular la sentencia impugnada.

Por estas consideraciones y visto, adem�s, lo dispuesto en el art�culo 463 del C�digo del Trabajo y 764, 765, 767, 783 y 785 del C�digo de Procedimiento Civil, se acoge, sin costas, el recurso de casaci�n en el fondo deducido por la demandada a fojas 209, contra la sentencia de veinticinco de febrero de dos mil nueve, que se lee a fojas 202, la que, en consecuencia, se invalida y se reemplaza por la que se dicta separadamente y a continuaci�n, sin nueva vista.

Redacci�n a cargo del Abogado Integrante se�or Roberto Jacob Chocair. Reg�strese. N� 2.319-09.- Pronunciada por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros se�or Patricio Vald�s A., se�ora Rosa Mar�a Maggi D., Ministro Suplente se�or Julio Torres A., y los Abogados Integrantes se�ores Roberto Jacob Ch., y Patricio Figueroa S. No firma el Ministro se�or Vald�s y el Abogado Integrante se�or Figueroa, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal el primero y por estar ausente el segundo. Santiago, 22 de julio de 2009. Autoriza la Secretaria de la Corte Suprema, se�ora Rosa Mar�a Pinto Egusquiza.

Incapacidad total derivada de accidente de tr�nsito. Indemnizaci�n

2009-11-27T18:29:00.004-03:00

Concepci�n, veintis�is de noviembre de dos mil nueve.

VISTO:

Se reproduce la sentencia en alzada en todas sus partes, sustituy�ndose en el considerando vig�simo segundo la voz: ?80%? por ?70%?.

Y SE TIENE EN SU LUGAR Y ADEM�S PRESENTE:

I.- En la parte penal:

1.- Que, como primer punto, debe establecerse que el art�culo 1� de la Ley 18.290 establece que quedar�n sujetas a ella, todas las personas que como peatones, pasajeros o conductores de cualquiera clase de veh�culos, usen o transiten por los caminos, calles y dem�s v�as p�blicas, rurales o urbanas, caminos vecinales o particulares destinados al uso p�blico de todo el territorio de la Rep�blica.

2.- Que, de lo anterior se desprende que a los preceptos se�alados en dicha ley est�n obligados todos los conductores, peatones y pasajeros all� se�alados y conductores de cualquier clase de veh�culos, la que no excluye zonas de territorio determinadas.

3.- Que el art�culo 108 de la Ley del Tr�nsito, vigente a la �poca de los hechos, (actual art�culo 102) establece la responsabilidad objetiva, prescribiendo al efecto, lo siguiente: ?los conductores, salvo se�alizaci�n en contrario, deber�n detener sus veh�culos antes del cruce ferroviario y s�lo podr�n continuar despu�s de comprobar que no existe riesgo de accidente?, lo que no ocurri� en estos autos, porque si as� hubiese sido, el accidente se habr�a evitado, no teniendo incidencia las supuestas infracciones accesorias cometidas por el conductor del tren, las que, por lo dem�s no se probaron, al no existir certeza de su ocurrencia y que de haber existido, el accidente se produjo por la conducta infraccional desplegada por el conductor del bus, quien no dio cumplimiento a la norma legal referida.

A su vez, el art�culo 114 de la referida ley se�ala: ? todo conductor deber� mantener el control de su veh�culo durante toda la circulaci�n y conducirlo conforme a las normas de seguridad determinadas en esta ley, sin que motivo alguno justifique el desconocimiento o incumplimiento de ellas. Asimismo, los conductores estar�n obligados a mantenerse atentos a las condiciones del tr�nsito del momento?.

4.- Que consta de los antecedentes allegados a la causa, como se dej� establecido en la sentencia de primer grado a trav�s de la prueba testimonial e informe pericial de la SIAT, que el acusado ingres� al cruce ferroviario al sobrepasar a un autom�vil que esperaba el paso del tren antes del cruce de la l�nea f�rrea, adelant�ndolo, raz�n por la cual se estableci� por el peritaje de fojas 349 ser �sta la causa basal del accidente.

5.- Que el DFL N�1 que contiene la Ley Org�nica de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, no tiene incidencia en la parte infraccional del caso en conflicto de estos autos, por cuanto s�lo prescribe la reglamentaci�n de se�al�tica que permita a los que transiten por dichas v�as f�rreas percibir a la distancia la proximidad de un cruzamiento de trenes con un camino p�blico, asunto no controvertido, puesto que era de conocimiento del conductor sentenciado la existencia de dicha l�nea. La mencionada ley no contempla sanciones en relaci�n a ausencia de se�alamiento vial.

6.- Que as� las cosas, dicho texto legal no tiene relaci�n con la infracci�n cometida por el conductor del bus condenado en este procedimiento, quien sabiendo de la existencia de dicho cruce de trenes, desobedeci� la Ley del Tr�nsito al no detenerse antes de dicho cruzamiento y adelantando a un veh�culo que lo preced�a, quebrantando doblemente la norma referida.

7.- Que por todo lo anterior, debe concluirse que la conducta del conductor del bus en atenci�n a lo prescrito en los art�culos 108 y 114 de la Ley del Tr�nsito fue la causa determinante del accidente, raz�n por la cual, debe confirmarse la sentencia apelada en la parte penal, desech�ndose las alegaciones del representante del sentenciado y del tercero civilmente responsable en cuanto solicitaron la absoluci�n.

II.- En la parte civil:

8.- Que consta de la prueba allegada a los autos, especialmente de la prueba documental se�alada en el considerando vig�simo segundo de la sentencia en alzada que la demandante civil recurrente de apelaci�n sufri� lesiones que le ocasionaron una incapacidad total y absoluta del 70% derivada del accidente de tr�nsito.

9.- Que dicha incapacidad tiene como consecuencia una invalidez casi total y de por vida, por lo que, esta Corte estima prudente aumentar dicha indemnizaci�n por concepto de da�o moral.

Por estas consideraciones, con lo informado por la Fiscal�a Judicial y lo dispuesto en los art�culos 510 y 514 del C�digo de Procedimiento Penal se confirma la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil ocho, escrita a fojas 1022 en su parte apelada, con declaraci�n que se aumenta el monto a pagar por los demandados civiles por concepto de da�o moral a la actora civil Marta Campos Rodr�guez la suma de $15.000.000.

Reg�strese y devu�lvase con sus agregados y custodia.

Redacci�n de la Ministro Suplente do�a Matilde Ver�nica Esquerr� Pav�n.

ROL 425-2009.-

Se rechaza petici�n de agua a propietarios de parcelaci�n

2009-11-27T17:52:00.001-03:00

Santiago, veintis�is de noviembre de dos mil nueve.

VISTOS:
En estos autos Rol 7110-2008 comparece, a fojas 17, don Cristi�n Schmitt Magasich, abogado, domiciliado en Moneda N� 920, oficina 703, Santiago, en representaci�n de la Asociaci�n de Propietarios de la Parcelaci�n La Aurora de Curacav�, persona jur�dica sin fines de lucro, de su mismo domicilio, deduce recurso de reclamaci�n de ilegalidad contra la Direcci�n General de Aguas, representada por su Director General de la Direcci�n General de Aguas, con motivo de la actuaci�n ilegal en la dictaci�n de la Resoluci�n Exenta N� 2.169 de 1 de septiembre de 2008, que rechaz� el recurso de reconsideraci�n interpuesto por su parte en contra de la Resoluci�n Exenta N� 1.807 de 27 de diciembre de 2007, ambas dictadas por el Director Regional de la DGA de la Regi�n Metropolitana, la que a su vez le deneg� una solicitud para el otorgamiento de un derecho de aprovechamiento de aguas subterr�neas, de car�cter consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, por un volumen anual de extracci�n de 2.128.680 metros c�bicos y un caudal de 67,5 litros por segundo, destinado a ser extra�do desde un pozo ubicado en un punto definido por la intersecci�n de las coordenadas UTM Norte: 6.299.242 metros y Este: 311.469, Datum Provisorio Sudamericano de 1956, en la comuna de Curacav�, Provincia de Melipilla, Regi�n Metropolitana.
Refiere que su representada present� a la Direcci�n Regional de Aguas de la Regi�n Metropolitana, con fecha 20 de abril de 2006, una solicitud de otorgamiento de un derecho de aprovechamiento de aguas consuntivo de aguas subterr�neas, en los t�rminos ya referidos, destinada al abastecimiento del consumo humano domiciliario para un proyecto de primera vivienda, que contempla un total de 1.600 lotes o parcelas, ubicado en la comuna de Curacav�, debido a que la actual dotaci�n de agua no es suficiente para cubrir la totalidad de la demanda.
Puntualiza que dio cabal, �ntegro y oportuno cumplimiento a todos los requisitos, antecedentes y tr�mites administrativos, legales, y t�cnicos que establecen al efecto tanto el C�digo de Aguas como las normas dictadas por la DGA, form�ndose un Expediente Administrativo en la Direcci�n Regional Metropolitana de Aguas que lleva el c�digo ND-1305-1919.
Refiere que en febrero de 1992 los propietarios de la Parcelaci�n ?La Aurora? acordaron por unanimidad organizarse en una Asociaci�n de Propietarios denominada ?Asociaci�n de Propietarios de la Parcelaci�n La Aurora de Curacav�?, aprob�ndose los estatutos de la organizaci�n y constituy�ndose su primer Directorio, obteniendo su personalidad jur�dica el 3 de ese mismo mes y a�o. Agrega que en 1986, la empresa Inmobiliaria Curacav� Limitada desarroll� un proyecto inmobiliario denominado ?Parque La Aurora?, fusionando diversos predios que dieron origen a un predio agr�cola de 3.500 hect�reas, desarroll�ndose una parcelaci�n sin cambio de uso de suelo, que se denomin� ?Parque La Aurora?.
Se�ala que est�n definidas 1.183 parcelas agr�colas y en etapa de proyecto, consulta la creaci�n de aproximadamente 420 parcelas m�s, lo que totalizar� 1.603 parcelas.
Puntualiza que la construcci�n de la doble pista en la Ruta 68 Santiago-Valpara�so y de la Costanera Norte signific� una disminuci�n del tiempo de viaje entre el Loteo ?Parque La Aurora? y Santiago, a menos de 25 minutos, lo que ha significado un explosivo aumento en la construcci�n de primera vivienda, en la adquisici�n de nuevos lotes y solicitudes para nuevas subdivisiones de macro lotes existentes, por lo que en diez a�os podr�a significar que la poblaci�n del �rea de loteo ascienda a 14.400 habitantes.
Enfatiza diciendo que el abastecimiento de agua para la bebida y usos dom�sticos para todos los sitios y parcelas se realiza mediante un Sistema Comunitario de Abastecimiento de Agua Potable, construido y administrado por la Asociaci�n de Propietarios de la Parcelaci�n La Aurora, ya que en el sector no existe una red p�blica de agua potable y en los planes de desarrollo de las Empresas de Agua Potable Rural y Empresa Sanitaria Metropolitana no se considera abastecer al sector de La Aurora, hecho acreditado con un certificado expedido por el Director de Obras Municipales de Curacav�, el 18 de julio de 2007.
Explica que por Resoluci�n Sanitaria N.6096, de 11 de marzo de 2002, SESMA autoriz� las obras de agua potable para el servicio particular denominado ?La Aurora de Curacav�? que a la saz�n atend�a una dotaci�n de 2.100 usuarios distribuidos en 350 lotes construidos.
Se�ala que realiz� un estudio de la demanda de agua considerando el crecimiento que ha experimentado la parcelaci�n en los �ltimos 6 a�os y una estimaci�n de desarrollo en un horizonte de 10 a�os, concluyendo que la proyecci�n de la poblaci�n ser� de 14.400 habitantes: y el caudal requerido a nivel de fuente para producci�n en el mes de m�xima demanda se estima en 368 litros por segundo, por lo que se present� la solicitud de su parte que s�lo busca aprovechar los recursos de agua subterr�nea que existen en el lugar, �nica fuente de agua segura para el consumo humano y asegurar el abastecimiento de aguas a los 14.400 habitantes que se estima tendr� la parcelaci�n.
Puntualiza que en el sector donde se ubica el loteo no hay recursos de aguas superficiales y agua s�lo se puede obtener alumbrando el agua subterr�nea que se encuentra entre los 40 y 105 metros de profundidad, por medio de pozos profundos.
Refiere que los gestores inmobiliarios del loteo que dio origen a la Parcelaci�n La Aurora construyeron al interior de la parcelaci�n dos pozos profundos y obtuvieron los derechos de aprovechamiento de aguas correspondientes, que fueron posteriormente adquiridos por su representado, por caudales de 12 litros por segundo y 19 litros por segundo, debidamente inscritos, totalizando 31 litros por segundo, lo que es insuficiente para el abastecimiento de la poblaci�n.
Explica que por Resoluci�n N� 6.096 de 11 de marzo de 2002, del Servicio de Salud del Ambiente de la Regi�n Metropolitana, se autoriz� para operar como Servicio Particular de Agua Potable. Agrega que la aludida Resoluci�n contempl� un total de 350 sitios, seis personas por lote y una poblaci�n m�xima de 2.100 habitantes, con una dotaci�n de 350 litros diarios por habitante, un �rea de riego de 500 metros cuadrados por lote y una tasa de riego de 10 litros por metro cuadrado por d�a. El volumen total de agua a utilizar para cumplir con los par�metros fijados por la autoridad sanitaria, es de 907.025 m3a�o, que expresado en t�rminos de causal continuo corresponde a 28,8 litros por segundo.
Puntualiza que el requerimiento de agua para consumo de agua potable para una poblaci�n proyectada a diez a�os de 14.400 habitantes, sobre la base de los valores entregados en la Tabla de Equivalencia fijada por la propia DGA en la Resoluci�n N� 743/2005, conduce a que si se considera como Sector Residencial de Baja densidad habitacional ? inferior a 100 habitantes por hect�rea -, que es el caso de la especie, la demanda anual ser�a de 650 metros c�bicos al a�o por habitante, considerando un promedio de 9 habitantes por hect�rea, lo que en t�rminos de volumen anual de agua importan 9.360.000 metros c�bicos al a�o, que expresados en causal continuo son 296,8 litros por segundo. Y si se calcula el requerimiento de agua para los 14.400 habitantes sobre la base de los par�metros fijados por el Servicio de Salud del Ambiente, organismo que autoriz�, el servicio de agua potable particular, se tiene que el consumo de agua corresponde a 306,6 litros por segundo. El promedio, entonces, es de 301,7 litros por segundo, lo que considerando las p�rdidas, conduce a un total de consumo proyectado en la fuente de 362 litros por segundo.
Explica que con el fin de asegurar la demanda actual y futura de la parcelaci�n, la Asociaci�n cuenta con siete pozos que suministran un total de recursos disponibles de 253,4 litros por segundo, ello significa que existe un d�ficit de 108,6 litros por segundo.
Puntualiza que la aludida Resoluci�n Exenta N. 1807, de la Direcci�n Regional de Aguas de la Regi�n Metropolitana, que deneg� su solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas, se�al� err�neamente que la ubicaci�n del pozo est� en la comuna de Mar�a Pinto, en circunstancias que la captaci�n est� en la comuna de Curacav�, haciendo menci�n dicho acto administrativo de la zona acu�fera de Puangue Medio. El pozo, sin embargo, se encuentra a 600 metros al norte de la ruta 68, en una zona de secano encerrada entre cerros, a m�s de 3,5 kil�metros del Estero Puangue y de la prueba de bombeo se concluy� que el pozo tiene una profundidad de 105 metros y existe un estrato de arcilla que impide cualquier comunicaci�n con el agua superficial. La Resoluci�n recurrida, la Exenta DGA N� 1.807 de 2007, err�neamente sostiene que no existir�a disponibilidad a nivel de fuente para el otorgamiento de derechos.
Finaliza describiendo pormenorizadamente que no hay antecedentes t�cnicos suficientes que avalen la dictaci�n de una resoluci�n denegatoria, pues no est� demostrada la insuficiencia del acu�fero, habida cuenta adem�s de la nula relaci�n entre las aguas subterr�neas materia de la petici�n con otras de la cuenca.
Solicita en definitiva tener por presentado y admitido el presente recurso de reclamaci�n, lo acoja y se ordene a la autoridad recurrida que disponga la concesi�n del derecho de aprovechamiento de aguas pedido, por el caudal y volumen solicitados, o uno menor, de ser procedente o, en subsidio, que se deje sin efecto la resoluci�n y se suspenda la tramitaci�n del Expediente Administrativo ND-1305-1919 hasta tanto no existan antecedentes suficientemente claros y objetivos para emitir un pronunciamiento oficial al respecto, que resuelva lo pedido por su parte.
A fojas 59 la DGA informa a esta Corte lo siguiente:
1.- La DGA, en cuanto organismo t�cnico en materia de aguas, se encuentra dotado de la facultad de de constituir derechos de aprovechamiento sobre dicho recurso existente en fuentes naturales (r�os, esteros, lagos, acu�feros, etc.), debiendo velar en el ejercicio de esa potestad que no se perjudiquen ni menoscaben derechos de terceros, considerando la relaci�n existente entre las aguas superficiales y subterr�neas, conforme lo estatuido en el art�culo 22 del C�digo de Aguas. La constituci�n de tales derechos se materializa mediante la expedici�n de la correspondiente resoluci�n, en la medida que exista disponibilidad del recurso h�drico y fuere legalmente procedente, seg�n lo establece el art�culo 141 inciso final del mismo cuerpo legal. Por consiguiente, de conformidad a las normas sobredichas, la DGA est� obligada a constituir el derecho de aprovechamiento que se le requiere, cuando exista disponibilidad del recurso h�drico, sea legalmente efectuada la petici�n y no se lesionen o perjudiquen derechos de terceros. Se est�, entonces, frente a una potestad reglada, de manera que si concurren las tres exigencias copulativas que establece el legislador, la DGA debe necesariamente constituir mediante un acto administrativo el derecho de aprovechamiento de aguas solicitado. Por el contrario, la ausencia u omisi�n de cualquiera de los requisitos mencionados dar� lugar a la denegaci�n de la solicitud por acto de autoridad.
2.- Para adquirir originariamente por acto de autoridad el derecho de aprovechamiento de aguas, el interesado debe someterse al procedimiento administrativo contemplado en el T�tulo I, del Libro Segundo, del C�digo de Aguas, art�culo 130 y siguientes.
3.- Trat�ndose de aguas subterr�neas, la solicitud s�lo puede formularse una vez que est� comprobada su existencia, conforme lo se�ala el art�culo 60 del C�digo del ramo. La prueba de su existencia significa que las aguas han sido alumbradas, esto es, sacadas a la superficie, todo ello de acuerdo a lo normado en el art�culo 2� inciso final del mencionado C�digo, que expresa ?Son aguas subterr�neas las que est�n ocultas en el seno de la tierra y no han sido alumbradas?. Luego, es un requisito de admisibilidad procedimental, en el caso de las aguas subterr�neas, el que �stas se encuentren alumbradas, para poder formular la solicitud pertinente.
4.- La comprobaci�n de la existencia de las aguas subterr�neas y la disponibilidad del recurso h�drico subterr�neo, son dos conceptos t�cnicos claramente diferenciados y su exigencia es requerida en dos instancias diversas, a saber, la existencia debe acreditarse para determinar la procedencia de la solicitud y la disponibilidad debe comprobarse para constituir originariamente el derecho de aprovechamiento de aguas. El art�culo 22 de la Resoluci�n DGA N� 425 de 2007, se�ala que la autoridad s�lo puede constituir el derecho de aprovechamiento de aguas subterr�neas cuya disponibilidad haya sido comprobada.
5.- El criterio t�cnico definido por la DGA para determinar la disponibilidad se funda en un an�lisis detallado de la realidad de los acu�feros del pa�s y para constituir el derecho pedido es menester la concurrencia de dos exigencias copulativas, a saber: que la obra de captaci�n (pozo, dren, puntera) entregue el caudal requerido y que, adem�s, exista el recurso a nivel de la fuente o acu�fero.
La DGA, en el ejercicio de la potestad que le otorgan los art�culos 22 y 141 del C�digo de Aguas, debe velar porque no se menoscaben o perjudiquen los derechos de aprovechamiento legalmente constituidos o reconocidos. As�, al momento de estudiar una solicitud de derecho de aprovechamiento debe determinar la disponibilidad del recurso h�drico, preservando el uso y goce de las aguas que se deriven de otros derechos y en el caso de que estos �ltimos resulten menoscabados, deber� denegar la constituci�n pedida, sea de oficio, sea por las oposiciones que le formulen los titulares de los derechos de aprovechamiento de aguas, seg�n se colige de los art�culos 22 y 132 del C�digo de Aguas. A mayor abundamiento, el inciso final del art�culo 147 bis de dicho C�digo expresa que ?Sin perjuicio de lo dispuesto en los art�culos 22,65, 66, 67, 129 bis 1 y 141 inciso final, proceder� la constituci�n de derechos de aprovechamiento sobre aguas subterr�neas, siempre que la explotaci�n del respectivo acu�fero sea la apropiada para su conservaci�n y protecci�n en el largo plazo, considerando los antecedentes t�cnicos de recarga y descarga, as� como las condiciones de uso existentes y previsibles, todos los cuales deber�n ser de conocimiento p�blico?.
Dentro de las atribuciones y funciones de la DGA, de conformidad con lo expresado en el art�culo 299, est�n ?a) Planificar el desarrollo del recurso en las fuentes naturales, con el fin de formular recomendaciones para su aprovechamiento; b) Investigar y medir el recurso?.
6.- La DGA, mediante el estudio denominado ?Evaluaci�n de la Explotaci�n M�xima Sustentable del Acu�fero Puangue Melipilla?, S.D.T. N� 250, de octubre de 2007, elaborado por el Departamento de Administraci�n de Recursos H�dricos de la Direcci�n General de Aguas, realiz� un an�lisis de la recarga y demanda subterr�nea de ese sector acu�fero, evidenci�ndose que las afecciones medias a los cauces superficiales sobrepasan el valor l�mite aceptado del 10%. Asimismo, de acuerdo al informe t�cnico N� 128 de 22 de julio de 2005, del mismo Departamento de la DGA, se lleg� a la conclusi�n que proced�a declarar �rea de restricci�n al sistema de aprovechamiento com�n correspondiente a los sectores Puangue Alto, Puangue Medio, Cholqui, Popeta, Melipilla y La Higuera. Asimismo, estim� prudente otorgar como derechos provisionales hasta un 25% de los derechos otorgados en el acu�fero, lo que en el caso del sector donde se ubica la captaci�n de la reclamante, esto es, Puangue Medio, alcanza un total de 10.504.642 metros c�bicos por a�o.
Por Resoluci�n DGA N� 241 de 31 de julio de 2008, la que fue objeto de Toma de Raz�n por la Contralor�a General de la Rep�blica el 12 de septiembre del mismo a�o y publicada en el Diario Oficial de 15 de octubre de 2008, se declar� �rea de restricci�n para nuevas extracciones de aguas subterr�neas los subsectores hidrogeol�gicos de aprovechamiento com�n de Puangue Alto, Puangue Medio, Cholqui, Popeta, Melipilla y La Higuera, en las comunas de Curacav�, Mar�a Pinto y Melipilla, todas ubicadas en la Provincia de Melipilla, Regi�n Metropolitana.
Al respecto el art�culo 65 del C�digo de Aguas se�ala: ?Ser�n �reas de restricci�n aquellos sectores hidrogeol�gicos de aprovechamiento com�n en los que exista el riesgo de grave disminuci�n de un determinado acu�fero, con el consiguiente perjuicio de derechos de terceros ya establecidos en �l?.
?Cuando los antecedentes sobre la explotaci�n del acu�fero demuestren la conveniencia de declarar �rea de restricci�n de conformidad con lo dispuesto en el inciso anterior, la Direcci�n General de Aguas deber� as� decretarlo. Esta medida tambi�n podr� ser declarada a petici�n de cualquier usuario del respectivo sector, si concurren las circunstancias que lo ameriten?.
?Ser� aplicable al �rea de restricci�n lo dispuesto en el art�culo precedente?.
?La declaraci�n de un �rea de restricci�n dar� origen a una comunidad de aguas formada por todos los usuarios de aguas subterr�neas comprendidas en ella?.
7.- En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo expresado en los art�culos 22 y 141 inciso final, ambos del C�digo de Aguas, la DGA no pod�a constituir el derecho de aprovechamiento de aguas solicitado por la Asociaci�n de Propietarios de la Parcelaci�n La Aurora de Curacav�, toda vez que necesariamente se perjudicar�an y menoscabar�an derechos de terceros y adem�s no exist�a disponibilidad del recurso en dicho acu�fero a la fecha de presentaci�n de la petici�n del reclamante.
Corrobora la no disponibilidad de recursos en el acu�fero de que se trata, el hecho de la dictaci�n de la Resoluci�n DGA N� 241 de 31 de julio de 2008 que declar� �rea de restricci�n para nuevas extracciones de aguas subterr�neas los subsectores hidrogeol�gicos de aprovechamiento com�n Puangue Alto, Puangue Medio, Cholqui, Popeta, Melipilla y La Higuera, la solicitud no cumple con la exigencia de que sea legal y t�cnicamente procedente, lo que determin� su negativa.
8.- Cita jurisprudencia en su favor Rol N� 9.084-2003; 9.085-2003 y 11.309-2003 I. Corte Apelaciones de Santiago.
Finalmente, solicita rechazar el recurso en todas sus partes, con costas.
Encontr�ndose en estado, se trajeron los autos en relaci�n a fojas 69.
CONSIDERANDO:
1�) Que, como se ha consignado en la parte expositiva, los hechos que motivan el recurso de reclamaci�n consisten en que la Direcci�n General de Aguas por Resoluci�n Exenta N� 1.807, de 27 de diciembre de 2007, deneg� a la Asociaci�n de Propietarios de la Parcelaci�n La Aurora de Curacavi el derecho de aprovechamiento de aguas subterr�neas, de car�cter consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, por un volumen anual de extracci�n de 2.128.680 metros c�bicos y un causal de 67,5 litros por segundo, destinado a ser extra�do desde un pozo ubicado en un punto definido por la intersecci�n de las coordenadas UTM Norte: 6.299.242 metros y Este: 311.469, Datum Provisorio Sudamericano de 1956, en la comuna de Curacav�, Provincia de Melipilla, Regi�n Metropolitana;
2�) Que la Direcci�n General de Aguas, deneg� la constituci�n del derecho de aprovechamiento de aguas solicitado por la aludida entidad, por no existir disponibilidad del recurso en dicho acu�fero a la fecha de presentaci�n de la petici�n del reclamante, seg�n antecedentes contenidos en la Resoluci�n DGA N� 241 de 31 de julio de 2008 que declar� �rea de restricci�n para nuevas extracciones de aguas subterr�neas los subsectores hidrogeol�gicos de aprovechamiento com�n Puangue Alto, Puangue Medio, Cholqui, Popeta, Melipilla y La Higuera;
3�) Que, seg�n lo expresado en los art�culos 22 y 141 del C�digo de Aguas, la DGA est� obligada a constituir el derecho de aprovechamiento que se le requiere, cuando exista disponibilidad del recurso h�drico, sea legalmente presentada la petici�n y no se lesionen o perjudiquen derechos de terceros. Y, desde luego, no cabe duda que la DGA es el organismo t�cnico creado por la ley para determinar, mediante la aplicaci�n de los conocimientos cient�ficos y t�cnicos correspondientes, la disponibilidad del agua cuyos derechos de aprovechamiento se pide;
4�) Que como organismo t�cnico que es, la DGA debe hacer los estudios correspondientes para determinar si la constituci�n de los derechos de aguas solicitados afecta lo sustentable del acu�fero correspondiente, produciendo de paso perjuicios a los derechos de terceros. Al efecto, la DGA realiz� el estudio SDT N� 250 ?Evaluaci�n de la Explotaci�n M�xima Sustentable del Acu�fero Puangue Melipilla?, del a�o 2007, como se se�ala en la Resoluci�n reclamada, lo que no ha sido controvertido, estudio que investig� los subsectores hidrogeol�gicos de aprovechamiento com�n de Puangue Alto, Puangue Medio, Puangue Bajo, Cholqui, Popeta, Melipilla y La Higuera del acu�fero Puangue Melipilla, llegando a la conclusi�n que proced�a declarar �rea de Restricci�n a dicho sistema acu�fero, como efectivamente sucedi�, mediante Resoluci�n DGA N� 241 de 31 de julio de 2008, publicada en el Diario Oficial de 15 de octubre del mismo a�o;
5�) Que, seg�n los antecedentes expuestos en los fundamentos precedentes, la Resoluci�n reclamada en estos autos ha sido dictada por la autoridad competente, la DGA, en uso de sus atribuciones y habiendo determinado t�cnicamente la falta de disponibilidad del recurso h�drico a nivel de acu�fero, por lo que el derecho de aprovechamiento de aguas solicitado por la reclamante necesariamente afectar�a los derechos de terceros, raz�n que llevar� a esta Corte a rechazar la reclamaci�n de fojas 17;
6�) Que, en cuanto a la falta de disponibilidad del recurso h�drico en el acu�fero de que se trata, la DGA, como ya se expres�, dict� la resoluci�n DGA N� 241 de 31 de julio de 2008, publicada en el Diario Oficial de 15 de octubre de 2008, en virtud de lo que regula el art�culo 65 del C�digo de Aguas, y declar� �rea de restricci�n para nuevas extracciones de aguas subterr�neas los subsectores hidrogeol�gicos de aprovechamiento com�n Puangue Alto, Puangue Medio, Cholqui, Popeta, Melipilla y La Higuera, encontr�ndose el pozo aludido por la persona jur�dica en tal sector geogr�fico;
7�) Que, en esta instancia, la reclamante ha acompa�ado los informes de fojas 93 y 109, emitidos por Ra�l Campillo Urbano, hidroge�logo, no objetados, que avalan la posici�n del reclamante, informes que no logran desvirtuar las conclusiones t�cnicas a que arrib� las DGA, y el hecho cierto que, a esta fecha, la zona donde se ubica el pozo por el cual se alumbran las aguas cuyo derecho de aprovechamiento se solicita, est� restringida de acuerdo al art�culo 65 del C�digo de Aguas.
Por estas consideraciones, atendido lo expresado en las disposiciones legales citadas, lo dispuesto en el inciso segundo del art�culo 137 del C�digo de Aguas, se rechaza el recurso de reclamaci�n, deducido a fojas 17 por la Asociaci�n de Propietarios de la Parcelaci�n La Aurora de Curacav�, en contra de la Direcci�n General de Aguas, con expresa condena en costas.
Reg�strese, notif�quese y arch�vese en su oportunidad
Redacci�n del Abogado se�or Lagos.
N� 7.110-2008.

Recurso de amparo para enfermo mental con orden de arresto

2009-11-27T17:40:00.000-03:00

Valpara�so, veinticuatro de noviembre de dos mil nueve.

Visto:

A fs. 4 comparecen Miguel Alfaro y Mat�as Mundaca, abogados, quienes interponen recurso de amparo a favor de Edgardo Miranda Villal�n, en contra de contra de Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Vi�a del Mar, integrada por los magistrados do�a Cecilia Olivares, don Juan �ngel Mu�oz y do�a Roxana Valenzuela.
Fundan su recurso en que el d�a 20 del actual a las 9.00 a.m., deb�a llevarse a efecto juicio oral en contra del amparado, ante el Tribunal Oral en lo Penal de Vi�a del Mar, causa Rit 256-2009, quien se encuentra acusado por los delitos de apropiaci�n indebida de dineros y falsificaci�n.
Indican que desde hace varios meses Miranda Villal�n se encuentra afectado por un cuadro depresivo severo el cual se fue agudizando con el transcurso de los meses, lo que culmin� en que se le prescribiera la internaci�n en una cl�nica para trastornos mentales.
Aluden que �ste diagn�stico de depresi�n severa, fue corroborado por tres m�dicos psiquiatras, a saber Dr. Norman From, Dr. Marcelo Schiappacasse y por su m�dico de cabecera Dr. Alfredo Aroca, quienes extendieron dos �rdenes de internaci�n y un certificado dando cuenta del referido diagn�stico y estado de salud del amparado.
Agregan, que al inicio de la audiencia de juicio oral, los comparecientes informaron al tribunal que el amparado se encontraba impedido de asistir por razones de salud y por encontrarse internado en una cl�nica, acompa�ando los documentos que acreditar�an este hecho. Que, al efecto se le otorg� la palabra al Sr. Fiscal, quien solicit� orden de arresto en contra de �ste, fundado en la necesidad de cautela para asegurar su comparecencia al juicio oral. Que a pesar, en su opini�n, de haberse justificado la ausencia, los Magistrados recurridos decretaron orden de arresto en contra de su representado, la que debe ser cumplida por Polic�a de Investigaciones.
Que la referida orden significa sacar a su representado de la cl�nica en que se encuentra internado, lo que torna dicha resoluci�n, en su opini�n, en ilegal, arbitraria e inconstitucional, por cuanto se han excedido del marco establecido en el articulo 33 del C�digo Penal, pretendi�ndose as�, privar de la libertad al amparado, incluso a riesgo de su seguridad individual e integridad f�sica y ps�quica, lo que constituir�a una perturbaci�n y amenaza manifiesta de conformidad a lo establecido en el articulo 21 de la Constituci�n Pol�tica de la Republica.
Hace presente, que esta Corte de Apelaciones, en recurso de amparo y de apelaci�n anteriores, estableci� respecto del amparado medidas cautelares del articulo 155 del C�digo Procesal Penal, las que se han cumplido estrictamente.
Por lo anterior, solicita que se deje sin efecto la orden de arresto decretada, y en su caso la inmediata libertad del mismo.

A fs 14 do�a Cecilia Olivares Ojeda, Juez Presidente de Sala, del Tribunal Oral en lo Penal de Vi�a del Mar, informa al tenor del recurso, se�alado que se decret� con fecha 20 del actual orden de arresto en contra del amparado por su inasistencia injustificada en concepto de los recurridos.
Que se tuvo en cuenta para adoptar la decisi�n la insuficiencia de la argumentaci�n hecha valer por el defensor, para explicar la no concurrencia de su defendido, lo que en su concepto estaba motivada en la internaci�n en una cl�nica provocada por una afecci�n a su salud mental. Que para demostrar sus asertos, acompa�� tres fotocopias autorizadas ante Notario P�blico, de a su vez tres documentos con firma ilegible, aparentemente emitidos por tres psiquiatras.
Que sin embargo, de ninguno de ellos pudo concluirse que el acusado estuviera actualmente internado, como se afirm� por su defensor, mas a�n en el otorgado por el Dr. Shiappacasse, que carece de fecha, s�lo se indica ?depresi�n en estudio internaci�n en cl�nica adulto mayor?, sin se�alar a partir desde cuando esta se verificar�a, los restantes documentos solo mencionan un diagn�stico, el del Sr. Aroca, de fecha de 12 de noviembre del presente y el del Sr. From, se ordena que sea visto por internista de la Cl�nica Miraflores.
As�, no habi�ndose acreditado que el acusado estuviera actualmente hospitalizado, como tampoco se acredit� el tipo de establecimiento en que estar�a ni el nombre de �ste y dado que el diagnostico de padecer una depresi�n no constituir�a un impedimento para su presentaci�n se dispuso la referida orden de arresto que ahora se impugna.
Hace presente, que para actuar el tribunal tuvo en vista la facultad establecida en el art�culo 33 del C�digo Procesal Penal, que la consider� una medida de apremio menos gravosa que la solicitada por el Ministerio P�blico, la que tambi�n resultaba procedente seg�n el articulo 141 del mismo cuerpo legal.
A fs 16 se trajeron los autos en relaci�n.
Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que el articulo 21 de la Constituci�n de la Pol�tica de la Rep�blica dispone que todo individuo que se hallara arrestado, detenido o preso con infracci�n de lo dispuesto en la constituci�n o las leyes podr� recurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, a fin que esta ordene se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protecci�n del afectado. Lo mismo podr� realizar toda persona que ilegalmente sufra cualquier otra privaci�n, perturbaci�n o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

SEGUNDO: Que el presente recurso se funda en que el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Vi�a del Mar, decret� en la causa RIT 256-09, RUC 0801078500-7, con fecha 20 de Noviembre pasado, el arresto del acusado Edgardo Miranda Villal�n por su inasistencia injustificada a la audiencia del juicio oral fijada con misma data, la que exige como requisito esencial para su verificaci�n la presencia del acusado y su defensor.

TERCERO: Que cabe tener presente que el articulo 33 incisos 2� y 3�, del C�digo Procesal Penal, expresa: ?Se har� saber a los citados el tribunal ante el cual debieren comparecer, su domicilio, la fecha y hora de la audiencia, la identificaci�n del proceso que se tratare y el motivo de su comparecencia. Al mismo tiempo se les advertir� que la no comparecencia injustificada dar� lugar a que sea conducido por medio de la fuerza p�blica, que quedaran obligado al pago de las costa que causaren y que puede impon�rseles sanciones. Tambi�n se les deber� indicar que, en caso de impedimento, deber�n comunicarlo y justificarlo ante el tribunal, con anterioridad a la fecha de la audiencia, si fuera posible.
El tribunal podr� ordenar que el imputado que no compareciere injustificadamente sea detenido o sometido a prisi�n preventiva hasta la realizaci�n de la actuaci�n respectiva.?

CUARTO: Que para una mejor ilustraci�n de la cuesti�n sometida a la decisi�n de esta Corte se ordenaran los antecedentes acompa�ados por el recurrente ante los jueces recurridos de manera cronol�gica:
a) Que con fecha 29 de Octubre pasado se notifica personalmente por ministro de fe la resoluci�n del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal al acusado Edgardo Marcelo Miranda Villal�n de la audiencia de juicio oral fijada para el 20 de noviembre del a�o en curso, siendo apercibido por los art�culos 26 y 33 del C�digo Procesal Penal, seg�n consta de los antecedentes remitidos mediante Oficio N� 1.925 de 23 de noviembre del a�o en curso.
b) Fotocopia autorizada ante notario de certificado extendido seg�n se lee del doctor Alfredo Aroca Vergara, psiquiatra, de fecha 12 de Noviembre en curso en el que se consigna que dicho m�dico atiende profesionalmente al acusado Edgardo Miranda Villal�n quien presenta Tr. depresivo severo con importante baja de peso (14 Kilos) y gran des�nimo y tristeza vital, extendido a pedido del paciente para presentar en Juzgado de Vi�a. Firma ilegible.
b) Fotocopia autorizada ante notario de certificado extendido como se lee por Dr. Norman Fram R. -Psiquiatr�a - de18 de Noviembre del presente a�o, sin consignar en la celdas respectivas, el nombre del paciente, sino que en manuscrito se indica ?se orden de hospitalizaci�n?, sin llenar lo correspondiente a la edad, Rut y ,ciudad del paciente, se�alando como domicilio Cl�nica Miraflores. Seguidamente se encuentra escrito el nombre del acusado Edgardo Miranda Villal�n se se�ala ?chequeo medicina interna?. Depresi�n. Adem�s se encuentra al parecer nombre de f�rmaco que resultan ilegibles. Nuevamente se repite ?chequeo medicina general. Atte?. Firma ilegible. Finalmente se insiste se ha visto por internista Cl�nica Miraflores.

c) Fotocopia autorizada ante notario de certificado extendido seg�n se lee Dr. Marcelo Schiappacasse Saieg - Medico Psiquiatra- Psicoterapeuta. En manuscrito se encuentra consignado el nombre del acusado Edgardo Miranda Villal�n, 51 a�os, cedula de identidad n� 6.902.201-4. Domiciliado en 2 Oriente departamento 32, Vi�a del Mar. Depresi�n en estudio internaci�n en cl�nica ?el adulto mayor?. Firma ilegible, no se consigna data en que fue extendido.

QUINTO: Que la parte recurrente acompa�� ante esta Corte el d�a fijado para su vista los siguiente antecedentes:
1) certificado extendido con fecha 22 de noviembre en curso por do�a Cristina Arancibia Araya la que expresa que en su calidad de due�a de la casa ?Larga Estad�a Senior Home Jardines de Miraflores?, da fe que el acusado Miranda Villal�n se encuentra internado en su casa de estad�a desde el d�a 19 de noviembre de 2009(misma data que se encuentra fijada audiencia de juicio oral). Siendo su medico tratante el Dr. Marcelo Schiappacasse Saieg, hay firma ilegible;
2) Certificado otorgado seg�n se lee por el m�dico psiquiatra- psicoterapeuta Marcelo Schiappacasse Saieg, quien consigna lo siguiente, ?informando Ref: asuntos medico legales? el acusado Miranda Villal�n debe mantenerse en r�gimen de internaci�n por lo siguientes fundamentos;
1) cambio farmacopedia basado en el cambio de diagnostico,
2) los hallazgos de otros cuadros ?nosol�gicos? que agravan el diagnostico,
3) la existencia de un s�ndrome pre suicida. Ideaci�n suicida y por ende riesgo alto de suicido,
4) la existencia de estas conductas descriptivas, adictivas como la ?ludopat�a? y por ende se debe cuidar el peligro para si mismo. Es todo cuanto puedo informar?. Hay firma ilegible.

SEXTO: Que de otra parte es �til considerar que el recurrente reconoce en su libelo que el acusado Miranda Villal�n desde hace varios meses que se encuentra afectado de un cuadro depresivo severo el cual se fue agudizando con el transcurso de los meses para finalmente ser internado en una Cl�nica para trastornos mentales.

S�PTIMO: Que el recurrente impugna la orden de arresto judicial decretada por estimar que se en cuentra debidamente justificado la inasistencia del acusado Miranda Villal�n con los antecedentes por el acompa�ados consignados en el motivo cuarto y quinto precedente, motivo por el cual sostiene que aquella fue dada ilegalmente y arbitrariamente hecho que a su parecer constituye una perturbaci�n y amenaza a su seguridad individual y coloca en riesgo la integridad f�sica y ps�quica de aquel en los t�rminos del articulo 21 inciso final de la carta fundamental.

OCTAVO: Que as� las cosas el Tribunal recurrido decreto el arresto del acusado Miranda Villal�n por no haber comparecido injustificadamente a la citaci�n judicial debido a que su presencia en la audiencia del juicio oral es condici�n de esta (articulo 127 inciso 2 del cuerpo legal antes mencionado), teniendo en consideraci�n para ello que los documentos acompa�ados ante aquellos, signados en las letras a), b), y c). en el motivo cuarto precedente fueron insuficientes para justificar su incomparecencia, criterio que estos sentenciadores si bien comparten, con los nuevos antecedentes acompa�ados ante esta Corte aparece que efectivamente el imputado se encuentra internado en una Cl�nica de adulto mayor por haber variado su diagnostico en cuanto que padece de un s�ndrome pre suicida e ideaci�n suicida motivo por el cual se acoger� el presente recurso de amparo ello en atenci�n que los jueces recurridos en el contexto antes anotado no se encontraban facultados para decretar orden de arresto contra el amparado.
Por estas consideraciones y lo dispuesto en el articulo 21 de la Constituci�n Pol�tica de la Rep�blica se acoge la resoluci�n de veinte de noviembre del a�o en curso, y en su lugar se declara que se hace lugar al recurso de amparo interpuesto a favor de Edgardo Miranda Villal�n, dej�ndose sin efecto la orden de arresto dispuestas en los auto RIT 256-09, RUC 0801078500-7. Comun�quese lo resuelto por la v�a m�s r�pida, sin perjuicio of�ciese.
Acordada con el voto en contra de la Ministro se�ora Letelier quien fue del parecer de rechazar el recurso de amparo por las consideraciones, que m�s adelante se detallan, adem�s, de las consignadas en los motivos primero al sexto:
1) Que, el art�culo 33, del C�digo Procesal Penal, dispone, que ante la incomparecencia injustificada del imputado, previa citaci�n judicial, da lugar a que sea conducido por medio de la fuerza publica y que puedan imponerse las sanciones, sin perjuicio que en caso de existir impedimento deber�n comunicarlo y justificarlo ante el tribunal con anterioridad a la fecha de la audiencia, si fuera posible.
2) Que tal como se ha consignado en el motivo quinto precedente el recurrente reconoce que desde hace varios meses se encuentra afectado de un cuadro depresivo severo el cual fue agudiz�ndose raz�n por la cual se prescribi� su internaci�n en una cl�nica para trastornos mentales.

3) Que, es �til tener presente que la no presentaci�n injustificada a una audiencia de parte del acusado est�n sancionadas por el legislador por cuanto las maniobras dilatorias en el nuevo proceso penal est�n proscritas por cuanto ello implica la necesidad de efectuar una nueva audiencia, paralizar el proceso, etc., en definitiva, se castiga por incumplimiento de una carga procesal que posee una sanci�n definida en nuestro C�digo Procesal Penal, la que puede llegar al extremo de decretar la detenci�n del imputado.

4) Que, con lo relacionado en el numeral anterior, se debe tener presente que el art�culo 33 antes mencionado no solo exige en caso de la incomparecencia, en este caso, del acusado Miranda Villal�n, una raz�n justificada para no ser merecedor de la sanci�n que impone la ley sino que adem�s el impedimento que constituye la justificaci�n debe comunicarlo al Tribunal competente, con anterioridad a la fecha de la audiencia fijada al efecto, agregando al legislador, ? si fuera posible?; en la especie, a juicio de esta sentenciadora no concurre la justificaci�n o el impedimento comunicado con la debida anticipaci�n, por cuanto los documentos acompa�ados por el recurrente debidamente examinados y ponderados conforme a la sana critica , no acreditan, no satisfacen el est�ndar que la ley exige, el articulado en comento , desde el momento que no existe una informaci�n que responda a principios cient�ficos debidamente afianzados ,cuesti�n que, adem�s ,debi� ser planteada con anterioridad a la audiencia fijada para el juicio oral debido a que dicho impedimento se origino con muchos meses de antelaci�n a esta, conforme lo reconoce el propio recurrente como ya se ha consignado precedentemente de lo que se infiere que la comparecencia del a mparado solo tuvo como objeto la dilaci�n indebida del proceso, de manera que los jueces recurridos estaban facultados para imponer la sanci�n de arresto decretada al amparado, vale decir, solo cumplieron con el esp�ritu y por consiguiente con lo ordenado por el legislador.

5) Que a mayor abundamiento el recurrente pudo haber solicitado el procedimiento consignado en el p�rrafo 3� del T�tulo VII que trata a los sujetos inimputables durante el procedimiento, lo que en todo caso el recurrente no se encuentra en dicho caso puesto que no existe ning�n antecedente claro, objetivo y serio que informe cient�ficamente el impedimento esgrimido por la defensa del acusado, ya individualizado .Finalmente sabido es en el foro que la depresi�n no es un impedimento que exima a nadie para comparecer en juicio y justifique su inasistencia, la que en todo caso pudo hacer valer con anterioridad a la audiencia fijada para el Juicio Oral, pues de lo que se trata de evitar es la dilataci�n innecesaria de los juicios, lo que trae aparejados gastos innecesarios para el Estado, practica antigua criticada por todos en el sistema inquisitivo anterior, que nuevo sistema procesal penal desterr� de modo definitivo.

Reg�strese, comun�quese, y arch�vese en su oportunidad.
Redacci�n del voto de mayor�a y minor�a la Ministro se�ora In�s Mar�a Letelier Ferrada.
Del Rol N� 663-2009

Incumplimiento contractual con da�o, reparaci�n del da�o moral

2009-11-27T17:05:00.001-03:00

Santiago, veintis�is de noviembre de dos mil nueve.-
Vistos:
Se elimina del fallo en alzada el considerando d�cimo tercero; en el d�cimo cuarto se suprime la frase ?sin perjuicio de lo anterior,?, y en el basamento vig�simo se elimina la oraci�n que comienza con las expresiones ?que no procede? y finaliza con el vocablo ?asimismo?.
Y se tiene en su lugar y adem�s presente:
1�.- Que esta Corte comparte los razonamientos que se contienen en los basamentos d�cimo y und�cimo del fallo en alzada para desestimar la demanda de autos en cuanto la indemnizaci�n de perjuicios se funda en una eventual responsabilidad extracontractual de los demandados.
2�.- Que en cuanto ata�e a la responsabilidad contractual, cabe tener presente, contrariamente a lo afirmado por la aquo (basamento d�cimo cuarto, suprimido por este fallo), que si bien el art�culo 1556 del C�digo Civil alude en forma expresa solamente a la procedencia de indemnizaci�n respecto del da�o emergente y lucro cesante, lo cierto es que la doctrina mayoritariamente ha aceptado tambi�n en esta clase de responsabilidad la indemnizaci�n por da�o moral, estimando que la citada disposici�n no importa una limitaci�n a �ste, siendo en cambio comprensiva tanto del da�o patrimonial como extrapatrimonial.
Por lo dem�s, esta conclusi�n encuentra igualmente sustento en el principio general de derecho que la reparaci�n del da�o para ser tal debe ser completa e integral, de lo cual se sigue indiscutiblemente que en la responsabilidad contractual debe incluirse tambi�n el da�o moral.
Sobre la materia, a prop�sito de la indemnizaci�n por da�o moral en materia contractual, se ha advertido por la doctrina que las garant�as contenidas en el art�culo 19 N� 1 inciso 1� y 4 de la Carta Fundamental, que aseguran a todas las personas el derecho a la integridad f�sica y s�quica, y el honor, impiden desconocer la procedencia de esta clase de indemnizaci�n
Esta concepci�n ha sido igualmente recogida por la jurisprudencia nacional, la que ha conclu�do que el incumplimiento contractual puede ser fuente de un da�o moral; y en tal sentido, la Excma. Corte Suprema ha invocado precisamente el derecho constitucional a la integridad s�quica para justificar la expresada indemnizaci�n del da�o moral en materia contractual.
En consecuencia, no cabe sino concluir que quien incurre en un hecho il�cito o un incumplimiento contractual cuyo resultado directo y necesario es un da�o, est� obligado a la reparaci�n del da�o moral.
3�.- Que para la procedencia de la responsabilidad contractual es preciso que se haya verificado un hecho imputable al deudor, que exista un da�o o perjuicio, y una relaci�n causal que vincule al da�o con la actividad del deudor. En otras palabras, el deudor demandado debe haber incumplido una obligaci�n de naturaleza contractual, incumplimiento que puede deberse, ya sea a dolo, ya a culpa, en su caso.

Al respecto cabe advertir que el deudor demandado que no act�a conforme a la conducta exigible que emana de la obligaci�n contractual incurre en conducta culposa, conclusi�n esta que se sustenta en la presunci�n de culpa contenida en el art�culo 1547 inciso 3� del C�digo Civil.

4�.- Que en consecuencia, para la procedencia de la acci�n intentada en esta causa, la parte demandante ha debido probar la existencia de la obligaci�n y afirmar el incumplimiento en que incurrieron los demandados, para obligar a �stos a acreditar la diligencia con que actuaron o la exclusi�n de su responsabilidad por causa legal.

5�.- Que no obstante corresponderle hacerlo, la demandante no logr� acreditar en la causa los requisitos de procedencia de la acci�n entablada respecto de los demandados, tal como se analiza y razona latamente en los motivos d�cimo quinto y siguientes del fallo en alzada, el cual se encuentra dictado conforme al m�rito de los antecedentes aportados por las partes al juicio, y con arreglo a derecho.

6�.- Que las razones expresadas en este fallo constituyen motivo suficiente para desestimar las pretensiones de la demandante esgrimidas en su recurso de apelaci�n, en atenci�n a lo cual se proceder� a confirmar la sentencia de primer grado.

7�.- Que finalmente, por estimarse que la actora ha tenido motivo plausible para litigar se confirmar� igualmente el fallo recurrido en cuanto no le impuso la carga de sufragar las costas del juicio.

Por estas consideraciones, citas legales hechas y de conformidad adem�s con lo dispuesto en los art�culos 189 y siguientes del C�digo de Procedimiento Civil, se confirma, en lo apelado, la sentencia de fecha diecis�is de octubre de dos mil ocho, escrita a fs. 527 y siguientes, sin costas, por estimarse que existi� motivo plausible para recurrir.
Reg�strese y devu�lvase, con sus agregados.
Redacci�n: Ministro Dobra Lusic
N� 8162 ? 2.008

Niegan demanda por ilegalidad de empresa

2009-11-27T16:58:00.000-03:00

Santiago, veintis�is de noviembre del a�o dos mil nueve.
Vistos y teniendo adem�s presente:
1�) Que, tal como se hace presente en el fallo en examen, y se desprende adem�s de la simple lectura de la demanda de fs.7, la acci�n fue dirigida en contra de la ?sociedad Comercial La Tapera Limitada, antes La Tapera S.A., sociedad comercial de responsabilidad limitada, representada por don Alejandro Granese Philipps??, pretendiendo que �sta pague a Luis D�az Verdugo y Asocs. Ltda., sociedad del giro Asesor�as Tributarias y Contables, la cantidad de $1.122.416.238 ?o la suma mayor o menor que Ssa. determine por concepto de honorarios devengados en la reclamaci�n tributaria y defensa judicial por cobro de impuestos efectuada a favor de la Agencia Stefaan Colle??. Adem�s, se pidi� el pago de la cantidad de $2.580.282 por concepto de asesor�a profesional mensual;

2�) Que la parte demandada opuso, a fs.16, excepciones dilatorias. En primer lugar, la del N�4 del art�culo 303 del C�digo de Procedimiento Civil, consistente en la ineptitud del libelo por raz�n de falta de alg�n requisito legal en el modo de proponer la demanda. Seguidamente, opuso la excepci�n del N�6 del mismo precepto legal, esto es, ?en general, las que se refieran a la correcci�n del procedimiento sin afectar al fondo de la acci�n deducida?, la que se fund� en la circunstancia de que Comercial La Tapera Limitada ?en la actualidad no tiene existencia legal?, y, adem�s, en la falta de legitimaci�n pasiva, ?en consideraci�n a que los honorarios que se pretenden cobrar en estos autos se devengaron a consecuencia de un servicio prestado a un tercero que no ha sido demandado en estos autos?. En la contestaci�n se destaca que ?el actor se�ala que Setefaan Colle es una agencia en Chile. Al respecto debo indicar a SS que don Stefaan Colle no es una agencia, sino que es una persona natural de nacionalidad Sudafricana y que reside en dicho pa�s?. Y Resalta que ?por ello? resulta inexplicable que se deduzca acci�n en contra de mis representadas, a pesar de no tener relaci�n alguna con el beneficiario los servicios supuestamente prestados?;

3�) Que la sentencia que se revisa y tal como se le reprocha, determin� que la sociedad demandada fue dividida en sociedades distintas, una de las cuales qued� constituida como su continuadora legal, conservando sus estatutos y rol �nico tributario, y las otras dos quedaron constituidas a su vez por parte de los activos y pasivos de la extinta sociedad, de acuerdo a la divisi�n de los balances de divisi�n al 31 de diciembre de 2006. Y luego estamp�, en su motivaci�n d�cima que ?en consecuencia, no habi�ndose impetrado la demanda de autos contra la sociedad a la cual le corresponde asumir la supuesta deuda de honorarios aducida, constituyendo tal imprecisi�n un obst�culo insoslayable en la resoluci�n de la presente causa, toda vez que la correcta titularidad pasiva? es un presupuesto indispensable para que la pretensi�n de fondo pueda ser examinada, no cabe sino rechazar la demanda de autos?;

4�) Que, de este modo, el asunto est� correctamente decidido, puesto que qued� demostrado que la sociedad demandada, al deducirse la presente acci�n, carec�a de existencia legal, puesto que se hab�a escindido en otras sociedades, una de las cuales se constituy� como continuadora legal de la demandada.
En la apelaci�n se plantea que no existi� la extinci�n alegada, sino que se trat� de una modificaci�n de los estatutos de la sociedad demandada, y se afirma que ?Una lectura rasante de la escritura, habr�a bastado para constatar que Comercial la Tapera Limitada, s�lo fue objeto de una reforma de sus estatutos, sin perjuicio de la divisi�n patrimonial y nacimiento de dos nuevas sociedades?, lo cual evidentemente es err�neo puesto que la lectura de la escritura en cuesti�n ?de fecha 31 de mayo de 2007-, en especial su cl�usula o art�culo segundo, revela que Sociedad La Tapera Limitada fue dividida en tres sociedades distintas, estableci�ndose que ?una de la cuales ser� la continuadora legal de la existente, que conservar� sus actuales estatutos y rol �nico tributario, aunque con las modificaciones que m�s adelante se expresar�n, en especial su raz�n social que pasar� a ser Agr�cola y Ganadera Estancia R�o Cisnes Limitada y las otras dos que se formar�n por efecto de la misma divisi�n y que se denominar�n??.
El yerro de la apelaci�n se hace m�s manifiesto en su parte petitoria, error que no hace posible la modificaci�n de la sentencia, a�n en el evento de estimarse que la decisi�n que dicha resoluci�n contiene no fuere la apropiada. En efecto, la solicitud consiste en que se revoque dicha sentencia ?y se pronuncie respecto de todas las cuestiones que se debatieron en esta instancia y sobre las cuales no se pronunci� el fallo apelado, para en definitiva acoger la demanda en todas sus partes, con costas, condenando a la demandada al pago de los honorarios cobrados en autos o los que US.I. en derecho determine, conforme al m�rito de la prueba rendida, los servicios prestados y la utilidad obtenida a favor del cliente, m�s reajustes e intereses?;

5�) Que, en suma, la sociedad demandada perdi� su existencia legal, con fecha anterior a la de presentaci�n de la demanda de autos, mes de agosto de 2007, seg�n el respectivo timbre de cargo, y por ello no resulta posible jur�dicamente, entablar una demanda en su contra, y mucho menos que esta Corte la acoja. Lo que en derecho ha sido procedente y es lo que debi� hacer quien dedujo tan erradamente la acci�n de autos, consiste simplemente en demandar a la sociedad continuadora legal de Comercial La Tapera Limitada.
Por lo tanto, independientemente de que la sentencia pudiere tener o no alguna deficiencia, la verdad es que se ha resuelto de modo correcto y ha puesto tambi�n en evidencia y acertadamente, a juicio de esta Corte, un error insalvable de la demanda, que conduce a que cualquier consideraci�n sobre el fondo del asunto, esto es, sobre la existencia de los honorarios pretendidos, resulte simplemente improcedente, habida cuenta de que jam�s podr� ser acogida una demanda en contra de una empresa que carece de existencia legal en la actualidad, sin perjuicio de los derechos que se puedan hacer valer en contra de su continuadora legal, por cierto en un proceso diverso, pues en el presente ya se resolvi� el asunto del modo que qued� dicho en primer grado.

Por estas consideraciones y en virtud, adem�s, de lo que estatuyen los art�culos 186, 187 y 227 del C�digo de Procedimiento Civil, se declara que se confirma la sentencia apelada, de veinticuatro de julio del a�o dos mil ocho, escrita a fs.144 y siguientes.
Reg�strese, notif�quese y, oportunamente, devu�lvanse los autos.
Redacci�n del Ministro Mario D. Rojas Gonz�lez.
Rol N�32-2009.

Inexistencia de relaci�n laboral. Invalidaci�n de oficio

2009-11-27T16:07:00.004-03:00

Concepci�n, veinticuatro de noviembre de dos mil nueve.

Vistos:

En estos autos rol N� 95-2.008, del ingreso del Juzgado de Letras de Nacimiento, se dict� sentencia definitiva de primera instancia y mediante ella, en lo que interesa, se desech� la demanda en juicio laboral enderezada en lo principal de fojas 5 por Juan Aquiles Oliva Viveros, con costas.

Durante la vista de la causa, se advirti� la existencia de un posible vicio de casaci�n formal, sobre el cual no se llam� a alegar a los abogados de las partes, pues no concurrieron a la audiencia de estilo.

Con lo relacionado y considerando:

1�.- Que en esta causa, seg�n consta de la presentaci�n de fojas 5, el demandante dedujo demanda en juicio ordinario del trabajo en contra de do�a Elodia Salazar Salazar, solicitando declarar injustificado el despido y disponer el pago de las sumas que se�ala. Por su parte, al contestar la acci�n deducida en su contra, la demandada solicit� el rechazo de la misma, argumentando la caducidad de la acci�n interpuesta y, en subsidio, la inexistencia de la relaci�n laboral, seg�n se lee de su presentaci�n de fojas 26 a 28.

2�.- Que, de los escritos fundamentales de las partes, se desprende que uno de los hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, sobre los cuales debi� el tribunal dictar un punto de prueba, era el referido a si el actor prest� servicios para la parte demandada.

3�.- Que, sin embargo, del m�rito de la resoluci�n que recibi� la causa a prueba, que rola a fojas 29, se desprende que tal aspecto fue incluido de modo imperfecto e inexacto dentro de los puntos de prueba que el tribunal fij� como hechos a acreditar por las partes del pleito.

En efecto, en el punto 3 de la resoluci�n en comento el tribunal a quo se�al� como hecho sustancial y pertinente controvertido: ?Efectividad que el demandado prest� servicios para la demandada?, redacci�n del todo inadecuada e insuficiente para estimar cumplida la obligaci�n legal que pesa sobre el juzgador de establecer de modo claro e inequ�voco sobre qu� deber� recaer la prueba de los litigantes.

4�.- Que la actuaci�n anotada precedentemente, constituye, en opini�n de estos sentenciadores, una irregularidad que importa un vicio en la tramitaci�n de este proceso, porque se ha faltado al tr�mite esencial contemplado en el art�culo 795 N� 3 del C�digo de Procedimiento Civil, esto es, el recibimiento de la causa a prueba cuando proceda con arreglo a la ley, que implica establecer todos los hechos sustanciales y pertinentes controvertidos a probar por los litigantes, lo que importa la causal de casaci�n formal contemplada en el art�culo 768 N� 9 del mismo cuerpo legal, pues se ha dictado por el juzgador de primer grado una sentencia que, en lo resolutivo, deniega la demanda deducida por el actor en contra del demandado precisamente, entre otras razones, por falta de prueba de un aspecto que no fue adecuadamente establecido en la resoluci�n que recibi� la causa a prueba.

5�.- Que, a ra�z de las omisiones rese�adas, se produjo un perjuicio reparable s�lo con la invalidaci�n del fallo, influyendo �ste sustancialmente en lo dispositivo del mismo, pues del m�rito de lo obrado en autos aparece precisamente que la demanda se desech� por no haberse probado la prestaci�n de servicios propia de una relaci�n laboral, seg�n se�ala el motivo sexto del fallo de primer grado, no obstante que tal hecho no fue incluido correctamente dentro de los puntos de prueba.

6�.- Que el art�culo 472 del C�digo del Trabajo dispone que deber� la Corte, en todo caso, invalidar de oficio la sentencia apelada, cuando aparezca de manifiesto que se ha faltado a un tr�mite o diligencia que tenga el car�cter de esencial o que influya en lo dispositivo del fallo.

Por lo reflexionado precedentemente y normas legales citadas, se declara: Que se invalida de oficio la sentencia definitiva de veinticuatro de julio de dos mil nueve, escrita de fojas 54 a 55 vuelta, y todo lo obrado desde fojas 29 en adelante, y se repone la presente causa al estado de que el juez no inhabilitado que corresponda, proceda a dictar con arreglo a derecho una nueva resoluci�n que fije los puntos de prueba, continuando con la tramitaci�n del proceso hasta su conclusi�n.

Reg�strese y devu�lvase.

Redacci�n del abogado integrante Nelson Marcelo Villena Castillo.

No firma la Ministro se�ora Rosa Patricia Mackay Foigelman, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con licencia m�dica.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepci�n, integrada por los Ministros Sr. Jaime Sol�s Pino, Sra. Patricia Mackay Foigelman, y el abogado integrante Sr. Nelson Marcelo Villena Castillo.

Rol N� 466-2.009.