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Se alce orden de no innovar - Objetivo: rescatar mascotas de Chaitén

2008-05-12T18:31:00.001-04:00

Se presento esto el día de hoy lunes 12 de mayo de 2008.

EN LO PRINCIPAL: Se hace parte y pide se alce orden de no innovar; en subsidio, se aclare.
OTROSI: En subsidio, declaración que indica.

I. CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT

MARIO ENRIQUE AGUILA INOSTROZA, abogado, con domicilio en Concepción 120, piso 8, Puerto Montt, en autos sobre recurso de protección "Intendente X Región contra personas desconocidas", rol 102-2008, a S.S.I. digo:

1.- El art. 19, Nº 7 de la Constitución Política de la República de Chile señala lo siguiente:

"Capítulo III: DE LOS DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES

Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:
º.- El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual.
En consecuencia:
a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República , trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros;
b) Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes";

2.- Este recurso de protección se sustenta en que personas indeterminadas, residiendo en Chaitén al día 7 de mayo de 2008, estarían afectando contra su propia vida, porque supuestamente estarían en riesgo por una erupción volcánica.

Pues bien, la autoridad política de la República no puede pretender suplantar las herramientas legales que posee y utilizar los instrumentos constitucionales, por muy loables que sean sus fines, afectando claramente las garantías constitucionales de los habitantes de Chile.

En efecto, ante un teórico peligro en que estarían los habitantes de Chaitén y en defensa el derecho a la vida y a la integridad física de sus habitantes, se ha afectado con este recurso de protección y en particular con la orden de no innovar (ONI), la garantía constitucional ya descrita más arriba. Es decir, frente a una afectación potencial de una garantía, se limita totalmente el goce de otra garantía. Y lo que es más grave, se afecta la garantía de un número indeterminado de personas, lo que la autoridad administrativa ha interpretado como afectando la libertad personal de todos los chilenos, salvo los que ella misma autorice.

3.- De acuerdo con la Constitución existe una sola forma de afectar de manera masiva las garantías constitucionales, esto es, a través de un estado de EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL.

En efecto, traigo a colación las normas que rigen la materia:

"Estados de excepción constitucional

Artículo 39 .- El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes situaciones de excepción: guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado.

Artículo 41.- El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará el Presidente de la República , determinando la zona afectada por la misma.
El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de catástrofe. El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurridos ciento ochenta días desde ésta si las razones que la motivaron hubieran cesado en forma absoluta. Con todo, el Presidente de la República sólo podrá declarar el estado de catástrofe por un período superior a un año con acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40.
Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.

Artículo 43 inciso 3º
Por la declaración del estado de catástrofe, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá, asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada".

A su vez tenemos otra normativa que rige claramente el caso de autos:

"LEY No. 18.415

LEY ORGANICA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS DE EXCEPCION

Artículo 1º.- El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución Política asegura a todas las personas, sólo puede ser afectado en las situaciones en que ésta lo autoriza y siempre que se encuentren vigentes los estados de excepción que ella establece.

Artículo 6º.- Declarado el estado de catástrofe, las facultades conferidas al Presidente de la República podrán ser delegadas, total o parcialmente, en los jefes de la Defensa Nacional que él designe.

Artículo 7º.- Para los mismos efectos señalados en el artículo 5° de esta ley, durante el estado de catástrofe, el jefe de la Defensa Nacional que se designe tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

1) Los contemplados en los números 1, 4 y 5 del artículo 5° (1.- Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona declarada en estado de emergencia, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado, debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción; 4.- Controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella; 5.- Dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros);

2) Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes;

3) Determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada;

4) Establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso público;

5) Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la calamidad pública;

6) Difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias para dar tranquilidad a la población;

7) Dictar las directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en la zona, y

Las demás que le otorguen las leyes en su calidad de tal".

4.- Por otro lado, desde el punto de vista formal, el recurso nos merece cuestionamientos. Resulta imposible poder hablar de acción ilegal o arbitraria que afecte una garantía si en el recurso no se individualiza a él o los recurridos, por cuanto las acciones ilegales o arbitrarias son cometidas por personas, no se producen solas.
Esa vaguedad no solo es muy rara verla en un recurso de protección que pase la barrera de la admisibilidad, sino que se presta para abusos por parte de la autoridad recurrente, quien es precisamente la encargada de cumplir la ONI.
Normalmente una parte recurrente no es la misma que debe cumplir con fuerza pública una ONI; en este caso se da la situación paradojal de que la propia recurrente pide la orden, la recibe, la tramita, informa y la cumple, manu militare, según la interpretación que ella misma le de. Es decir, se da el caso preciso de dejar en el mayor desamparo a la ciudadanía, dado el gran poder que el ejecutivo tiene en un régimen presidencial como el chileno.
Cuando la ley ha querido dar ese tipos de facultades, tremendas facultades, hace intervenir al Congreso Nacional, como se indica más arriba, al tratar la Constitución acerca de los Estados de Excepción Constitucional.
Por otro lado, el otro poder del estado, el Poder Judicial, es el llamado a controlar y limitar los excesos del Poder Ejecutivo. En este caso se han cometido tales excesos, porque se ha impedido que personas ajenas al recurso, que no son parte del mismo, vean limitada la garantía constitucional del art. 19, Nº 7 de la Constitución Política, que asegura a todos "el derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República y de trasladarse de uno a otro".

5.- En lo concreto, este abogado necesita ir a Chaitén, como muchas otras personas, por los motivos que sean (en Chile no existe ley que obligue a la gente a decir por qué quiere trasladarse de una localidad a otra) y la autoridad administrativa de Chile lo impide, basado en la orden de no innovar decretada en esta causa.
Este abogado no pretende atentar contra su propia vida ni afectar garantía constitucional alguna.

6.- Hago presente que como nadie ha determinado todavía quién es parte o no de este recurso, dada la vaguedad ya denunciada, el suscrito estima que la I. Corte de Apelaciones no podría negarme la calidad de parte y afectada, porque ya he manifestado que no puedo ingresar a Chaitén, pese a desear hacerlo.

EN DICHA VIRTUD, y partiendo de la base que soy parte en este recurso, y por ende recurrido, porque esa es la interpretación que le ha dado el recurrente, la autoridad política de Chile y Carabineros de Chile (que para efectos de este recurso fungen como una sola y misma parte)
A S.S.I. PIDO, ordene levantar dicha orden de no innovar de manera absoluta, por no individualizarse correctamente al o los recurridos y porque afecta la garantía del art. 19, Nº 7 de la Constitución; en subsidio, para que declare que dicha ONI no afecta al suscrito, quien no está impedido de ingresar a Chaitén.

OTROSÍ: En el improbable evento de estimar S.S.I. que el suscrito no es parte en esta causa, POR NO SER RECURRIDO, solicito lo siguiente:
Se declare derechamente que el suscrito no es parte en esta causa. Con esta declaración quedaría procesalmente establecido que, por no ser parte, no soy recurrido y, como consecuencia de ello, quedo automáticamente facultado para poder ingresar a Chaitén cuando yo lo estime pertinente y por las razones que yo estime pertinentes.

MARIO ENRIQUE AGUILA INOSTROZA
Abogado U. Católica de Chile
http://aucia.cl
Puerto Montt

Cesión de derechos hereditarios. Condición de heredero, derechos y obligaciones .

2008-05-06T17:07:00.001-04:00

Santiago, veinticuatro de enero de dos mil ocho.

Vistos:
En estos autos rol N ° 57.481, seguidos ante el Primer Juzgado Civil de Rengo, procedimiento en juicio ordinario, caratulado ?Morales Cornejo, Juan Bautista con I. Municipalidad de Rengo?, don Juan Bautista Morales Cornejo interpuso demanda de inoponibilidad en contra de la I. Municipalidad de Rengo.
Funda su demanda señalando que es dueño del inmueble denominado Local A-Siete del Mercado Municipal ubicado en calle Elicura, entre las calles Colo Colo y San Martín, de la comuna de Rengo, el que adquirió por haber comprado la totalidad de los derechos hereditarios quedados al fallecimiento de su antiguo dueño don Orlando Jesús Herrera Migueles y la totalidad de gananciales de su cónyuge sobreviviente, doña María Teresa Miranda Gálvez, en virtud de la escritura pública de cesión de derechos hereditarios de 1° de febrero de 2.002 mediante la cual compró los mencionados derechos a don Enzo Franco Ferrari Ríos, quien a su vez los compró a doña María Teresa Miranda Gálvez, mediante escritura pública de 17 de diciembre de 2.001.
Expone que el inmueble singularizado lo adquirió don Orlando Jesús Herrera Migueles a la I. Municipalidad demandada, mediante escritura pública de 10 de diciembre de 1984, título que se inscribió a fojas 761 N° 613 del año 1985 del registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rengo y que en los autos Rol N° 53.581 caratulados I. Municipalidad de Rengo con Ferrari San Martín, Fermín, la Municipalidad demandó al señor Ferrari San Martín en un juicio sumario de resolución de contrato de compraventa en virtud del cual, el demandado le había comprado a la municipalidad el Local A-Ocho del mismo mercado Municipal, extrañamente, expresa, en dicho procedimiento se señaló que el demandado San Martín era dueño tanto del Local A- Ocho como del Local A- Siete, en circunstancias que este último era de dominio de don Orlando Jesús Herrera Migueles.
Afirma que la sentencia dictada en el expediente Rol N° 53.581, en el que don Orlando Jesús Herrera Migueles nunca fue parte, se declaró la resolución del contrato de compraventa celebrado entre la I. Municipalidad de Rengo y don Fermín Ferrari San Martín, sin que nadie notara que el Local A- Siete no se encontraba inscrito a nombre del allí demandado sino que a nombre de don Orlando Jesús Herrera Migueles, puesto que Ferrari sólo compró el local A- Ocho. En dicho procedimiento, en la etapa de cumplimiento del fallo, el actor pidió se cancelara la inscripción de dominio que figuraba a nombre del comprador Fermín Ferrari San Martín citando la inscripción que amparaba tanto el dominio del demandado como de don Orlando Jesús Herrera Migueles y que corresponde al Local A-Siete. Estima que lo más reprochable es que el Tribunal accedió a la petición del actor sin siquiera solicitar las copias de las inscripciones de dominio, lo que habría evitado el error de cancelar la inscripción de un inmueble de dominio de un tercero.
Expone que con posterioridad, la municipalidad demandó judicialmente a don Enzo Ferrari Ríos (expediente Rol N ° 55.788), obteniendo del Tribunal una sentencia que ordenó la restitución del Local A-Siete encontrándose éste actualmente en poder de la demandante, I. Municipalidad de Rengo.
Agrega que todo lo obrado en los juicios Rol N °s 53.581 y 55.788 le es inoponible en su calidad de sucesor de don Orlando Jesús Herrera Migueles, a quien también le fue inoponible lo actuado en esos autos.
Indica que de acuerdo a lo señalado en el artículo 3° inciso segundo del Código Civil, las sentencia judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren, por ello en su calidad de sucesor de los derechos de los derechos de don Orlando Jesús Herrera Migueles como cesionario de sus derechos hereditarios y de los derechos de gananciales de su cónyuge sobreviviente, le es inoponible lo obrado en el Rol N°53.581.
Afirma que la posesión efectiva de los bienes de la herencia quedada al fallecimiento de don Orlando Jesús Herrera Migueles le fue concedida el 28 de febrero de 2.005.
Solicita se declare: 1. Que en su calidad de cesionario de los derechos hereditarios de la herencia quedada al fallecimiento de don Orlando Jesús Herrera Migueles y de cesionario de los derechos a gananciales de su cónyuge sobreviviente, le es inoponible todo lo obrado en los autos Rol N° 53.581, caratulados ?I. Municipalidad de Rengo con Ferrari San Martín, Fermín? del Primer Juzgado Civil de Rengo.2.que en consecuencia, se declara que se deja sin efecto la cancelación ordenada en esos autos respecto de la inscripción del Local A-Siete de fojas 761 N° 613 del año 1985 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rengo, por lo que retomará pleno vigor dicha inscripción a nombre de don Orlando Jesús Herrera Migueles.3.Que la I. Municipalidad de Rengo debe restituirle el inmueble, Local A-Siete y; 4. Que la demandada debe ser condenada en costas.
Contestando la demanda, la parte demandada expresa que la Corporación Edilicia en mayo de 1997 inició un juicio sumario de resolución de contrato en contra de don Fermín San Martín, respecto de dos inmuebles contiguos existentes en el mercado municipal, esto es, Lotes A 7 y A 8. En dichos juicios y en atención a que el local A 7 nunca se pagó, se declaró resuelto el contrato por sentencia ejecutoriada.
Refiere que el demandado jamás discutió el dominio sobre el local A 7 del cual era poseedo r, puesto que el señor Ferrari San Martín lo ocupaba y una vez que falleció lo siguió ocupando su hijo, don Enzo Ferrari Ríos, contra quien se dirigió la acción de comodato precario.
Sostiene que a fin de seguir las acciones en contra del señor Ferrari por el Local A 7, éste exhibió un contrato de compraventa celebrado con don Orlando Jesús Herrera Migueles el 7 de octubre de 1986, contrato en el que compareció la demandante autorizando la enajenación en su calidad de acreedor y aceptando al comprador como nuevo deudor y la cónyuge del señor Herrera, doña Teresa Miranda Gálvez; señala que dentro del precio pactado se consideró la deuda que el señor Herrera Migueles mantenía con la I. Municipalidad, deuda que asumió pagar el comprador y demandado señor Ferrari. En atención a que ambos vendieron al señor Ferrari San Martín el Local A 7, ningún derecho tenían sobre el local referido.
Añade que el señor Ferrari San Martín se comportaba como propietario y como tal, suscribió con el municipio convenios de pago respecto de la deuda los locales y que en el contrato de compraventa celebrado entre los señores Herrera y Ferrari San Martín, este último asumió la deuda existente con el municipio transformándose en deudor del municipio por dicho concepto, en sustitución del primitivo deudor y al no solucionar la deuda, según lo dispuesto en la cláusula sexta letra b) del contrato, éste se resolvió concluyendo con la cancelación de la inscripción y retornando al patrimonio del municipio, lo que se decidió por sentencia ejecutoriada.
En seguida, el demandado expresa que su parte desconoce el dominio invocado por el actor sobre el local A 7, pues ningún derecho tenía don Orlando Jesús Herrera Migueles ni su cónyuge doña María Teresa Miranda Gálvez, de quienes adquirió el señor Ferrari, quien posteriormente vendió, cedió y transfirió al demandante don Juan Bautista Morales Cornejo. Luego desconoce el dominio que invoca el actor, ya que ningún derecho tenían sus anteriores vendedores sobre el local. Señala que para el caso improbable que se acoja la demanda se mantenga vigentes las hipotecas y prohibiciones que afectaban al inmueble establecidas a favor de la municipalidad y que no se de lugar a la restitución del predio pues no se ha deducido acción rei vindicatoria.
Por sentencia de dieciséis de noviembre de dos mil cinco, complementada por resolución de siete de septiembre de dos mil seis, escritas a fojas 153 y 188, el juez titular del mencionado Tribunal hizo lugar en parte a la demanda interpuesta a fojas 12 y en consecuencia, declaró inoponible al demandante lo obrado en el Rol N° 53.581 del mismo juzgado, caratulada Ilustre Municipalidad de Rengo con Fermín Ferrari San Martín?, dejándose sin efecto la cancelación de la inscripción de fojas 761 N ° 613 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rengo, correspondiente al año 1985 y la cancelación de las hipotecas y gravámenes que aseguraban el pago del precio de compraventa, establecidas a favor de la I. Municipalidad de Rengo, en relación al Local A Siete. Del mismo modo se rechazó la solicitud de restitución de la propiedad, por no encontrarse el inmueble sub lite a nombre del actor.
Apelado este fallo, una Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, por sentencia de veintisiete de octubre de dos mil seis, que se lee a fojas 208, la confirmó, con declaración de que la negativa a la solicitud de

restitución se fundamenta exclusivamente en el motivo noveno del fallo de alzada.
En contra de esta última sentencia, el ejecutante deduce recurso de casación en el fondo.
Se trajeron los autos en relación.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la recurrente sostiene que la sentencia impugnada ha sido dictada con infracción de los artículos 1097, 1700, 1545, 1560, 1489, 1487 y 578 del Código Civil, según se pasa a explicar:
Sostiene que los jueces del fondo reconocen, aplicando el artículo 1097 del Código Civil, que el actor, en cuanto sucesor del causante señor Herrera, se encuentra en la misma situación jurídica que éste con respecto al inmueble y a continuación dice que es indudable que lo obrado en el juicio 53.581 le es inoponible al actor, de este modo estima que se hace una aplicación parcial de la mencionada disposición pues el sentenciador reconoce por una parte que el actor es sucesor del causante y se encuentra en la misma situación jurídica de éste respecto del inmueble pero por otra, aplicando el mismo criterio debió entender que los efectos del contrato de compraventa del señor Herrera al señor Ferrar i le eran oponibles, ya que en virtud del artículo 1097 citado, el demandante pasó a ocupar el lugar jurídico del señor Herrera, en virtud de la cesión de derechos hereditarios. Agrega que al ser el señor Herrera suscriptor de los acuerdos contenidos en tal escritura, ellos le eran oponibles al actor por imperio del artículo 1700 del Código Civil.
Señala que si el señor Herrera consintió en transferir el inmueble y a cambio de ello recibió una cantidad de dinero y dejó de ser deudor de la I. Municipalidad de Rengo, por una correcta aplicación de los artículos 1097 y 1700 del Código Civil, dicha actuación le era oponible al actor. Resulta también infringido el precepto antes citado, en cuanto establece que las declaraciones contenidas en un instrumento público hacen plena fe- son oponibles- en contra de los declarantes y de las personas a quienes se transfieren dichas obligaciones y descargos por título universal.
A continuación afirma que se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil, norma que en virtud de lo que disponen los artículos 1097 y 1700 del mismo estatuto jurídico, es aplicable al sucesor a título universal de quien celebró dicho contrato. En ese sentido, sostiene que si el contrato de compraventa celebrado por escritura pública por el señor Herrera era una ley para él, lo es también para sus sucesores.
El fallo incurre también en error de derecho, sigue el recurrente, al dejar de aplicar el artículo 1560 del Código Civil, al no considerar que la intención del Sr. Herrera al suscribir la escritura de 7 de octubre de 1986 claramente expresada en ella, era vender, ceder y transferir el local en cuestión y desligarse de la deuda que tenía con la municipalidad demandada.
La sentencia también incurre en error de derecho, argumenta el recurso, al exigir que el señor Herrera fuera emplazado, vulnerándose con ello los artículos 1489 y 1487 del Código de Bello y se producen tales infracciones, por que la acción resolutoria es personal, ya que se dirige contra el deudor incumplidor y don Orlando Jesús Herrera Migueles no era evidentemente deudor del municipio, pues en virtud de la escritura de 7 de octubre de 1986 se liberó de la deuda y la asumió don Fermín Ferrari San MartíLa sentencia también incurre en error de derecho, argumenta el recurso, al exigir que el señor Herrera fuera emplazado, vulnerándose con ello los artículos 1489 y 1487 del Código de Bello y se producen tales infracciones, por que la acción resolutoria es personal, ya que se dirige contra el deudor incumplidor y don Orlando Jesús Herrera Migueles no era evidentemente deudor del municipio, pues en virtud de la escritura de 7 de octubre de 1986 se liberó de la deuda y la asumió don Fermín Ferrari San Martín, lo que hacía improcedente emplazarlo de una acci 3n personal por una deuda que no tenía, vulnerándose también el artículo 587 del Código Civil, al pretender los sentenciadores que el derecho se reclame de una persona determinada que no ha contraído la obligación correlativa por un hecho suyo o por disposición de la ley.
Señala que de haberse aplicado correctamente las normas violentadas se habría concluido que lo obrado en la causa Rol N° 53.581 es oponible al actor.
SEGUNDO: Que en la sentencia impugnada los jueces de la instancia dieron por establecido como hechos de la causa:
a) Que don Juan Bautista Morales tiene desde el 1 de febrero de 2.002, la calidad de cesionario de derechos hereditarios en la sucesión de Orlando Jesús Herrera Migueles, quien adquirió dichos derechos de Enzo Ferrari Ríos, el que a su vez los adquirió de María Teresa Miranda Galvez, ocurriendo lo mismo respecto de los gananciales de ésta, los que también fueron cedidos.
b) Que el actor es único titular de un derecho real de herencia, que incluye en su haber los derechos que el causante tuviera en el inmueble denominado Local A 7 del mercado municipal de Rengo. Luego, en cuanto sucesor está en la misma situación jurídica de su causante, con relación a ese inmueble.
TERCERO: Que, para un adecuado análisis de los errores de derecho que se denuncian, útil resulta tener presente los siguientes antecedentes:
a) Por escritura pública de 10 de diciembre de 1984, don Orlando Jesús
Herrera Migueles compró a la I. Municipalidad de Rengo el inmueble consistente en la propiedad denominada Local A-7 del Mercado de Rengo, el inmueble se inscribió a fojas 761 N° 613 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rengo, correspondiente al año 1985.
b) Por escritura pública de compraventa de siete de octubre de 1986,
don Orlando Jesús Herrera Migueles autorizado por su cónyuge, doña María Teresa Miranda Gálvez, vendió a don Fermín Ferrari San Martín el Local A 7. En dicha escritura compareció también don Víctor Nicoletti Margozzini en su calidad de alcalde y en representación de la I. Municipalidad de Rengo. Consta de la cláusula tercera del mencionado instrumento que el comprador se hizo cargo del pago de los dividendos mensuales a la I. Municipalidad mencionada a contar de septiembre de 1986 y que corresponde al saldo de precio de compraventa que hizo el vendedor del mismo local, ello derivado de la adquisición del local por parte del señor Herrera a la entidad edilicia cuya deuda ascendía a $182.410, valor que hizo suyo el comprador. Don Víctor Nicoletti Margozzini autorizó la celebración del contrato de compraventa, alzó la hipoteca constituida por el vendedor para garantizar el saldo de precio adeudado a la I. Municipalidad de Rengo y se acordó constituir una nueva hipoteca y prohibición de gravar y enajenar sobre el local, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato en cuanto se refiere al pago del saldo de precio adeudado a la municipalidad. En la cláusula sexta el comprador (señor Ferrari) hizo suyas las obligaciones y aceptó, demás las estipulaciones contenidas en el contrato de compraventa suscrito entre el señor Orlando Jesús Herrera Migueles y la I. Municipalidad de Rengo de 10 de diciembre de 1984.
Se establece en dicho documento que la mora en dos cuotas consecutivas o tres alternativas, dará lugar a la acreedora para optar por solicitar la resolución del contrato.
c) Mediante escritura pública de 17 de diciembre de 2.001 doña María
Teresa Miranda Gálvez, en su calidad de única heredera e interesada en la herencia intestada de don Orlando Jesús Herrera Migueles vende, cede y transfiere a don Enzo Ferrari Ríos, quien compra y adquiere para sí la
totalidad de los derechos hereditarios que le corresponden en la herencia quedada al fallecimiento de don Orlando Jesús Herrera Migueles. Se incluyen en la cesión los derechos que le corresponden a la cesionaria en el local A 7 del Mercado Municipal de Rengo.
d) Por escritura pública de 1° de febrero de 2.002 don Enzo Ferrari Ríos vende, cede y transfiere a don Juan Bautista Morales Cornejo, demandante, quien acepta y adquiere para sí la totalidad de los derechos hereditarios que le corresponden en la herencia intestada quedada al fallecimiento de don Orlando Jesús Herrera Migueles. Se incluyen en la cesión los derechos que le corresponden a la cesionaria en el local A 7 del Mercado Municipal de Rengo.
e) Según certificado de posesión efectiva emanado del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, con fecha 28 de febrero de 2.005 se concedió la posesión efectiva de la herencia quedada al fallecimiento de don Orlando Jesús Herrera Migueles a don Juan Bautista Morales Cornejo en calidad de cesionario de doña María Teresa Miranda Gálvez.
f) Ante el incumplimiento de don Fermín Ferrari San Martín en el pago del precio de venta del local A 7 la I. Municipalidad de Rengo demandó la resolución del contrato de compraventa. Por sentencia recaída en el expediente Rol N° 53.851 del Primer Juzgado Civil de Rengo, caratulado I. Municipalidad de Rengo con Ferrari se declaró la resolución del contrato de compraventa celebrado respecto del local A 7 del Mercado Municipal de Rengo y en virtud de dicho fallo se canceló la inscripción de dominio que rola a fojas 784 N° 637 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rengo, correspondiente al año 1985, que amparaba la posesión de don Orlando Jesús Herrera Migueles, cobrando vigor la inscripción de la I. Municipalidad de Rengo.
g) Del expediente Rol N° 55.788 consta que la I. Municipalidad de Rengo inició demanda de precario en contra de don Enzo Ferrari Ríos, para obtener la restitución de los locales A 7 y A 8, la que fue acogida por sentencia ejecutoriada de 29 de marzo de 2.004.
CUARTO: Que en consecuencia, la cuestión que se plantea en el recurso es discernir si, en la especie de que se trata, se incurrió en error de derecho al declarar los jueces del fondo que al actor- cesionario de derechos hereditarios- le es inoponible la sentencia dictada sobre resolución de contrato de compraventa en la que no fue parte.
QUINTO: Que nuestro ordenamiento jurídico regula la cesión de derechos hereditarios en los artículos 1909 y siguientes del Código Civil. Como es sabido, la herencia es un derecho real que comprende la totalidad de los derechos y obligaciones transmisibles del causante o una parte o cuota de ellos, según estemos ante un heredero universal o ante herederos de cuotas. Se puede decir que es el patrimonio del causante en manos de sus herederos. Es por tanto un derecho universal y al igual que el patrimonio, forma un todo independiente de los elementos que lo componen.
En la cesión del derecho de herencia se cede las consecuencias patrimoniales que resultan de la calidad de heredero. Por eso, la cesión del derecho real de herencia propiamente tal puede definirse como la cesión o transferencia a título oneroso que el heredero hace del todo o parte de su derecho de herencia a otra persona. El cesionario debe tomar o adquirir el derecho de herencia en toda su amplitud y cargar también con la participación que le quepa en el pasivo, vale decir, con las obligaciones y gravámenes que a su cuota hereditaria le corresponda; y si el cedente hubiere pagado alguna deuda o carga hereditaria, el cesionario deberá reembolsarle los costos necesarios y prudenciales.
En consecuencia, en nuestro derecho el cesionario del derecho de herencia adquiere todos los derechos que tenía el heredero cedente y al mismo tiempo toma a su cargo todas las obligaciones que pesaba sobre éste en razón de la herencia.
SEXTO: Que en el expediente Rol N° 53.581 la I. Municipalidad de Rengo, en cumplimiento a la cláusula sexta del contrato de compraventa celebrado el 7 de octubre de 1986 y ante la mora del comprador ? señor Ferrari- quien en su calidad de tal asumió las obligaciones del vendedor, señor Herrera para con la I. Municipalidad, demandó y obtuvo la resolución del contrato de compraventa.
SEPTIMO: Que tal como lo establecieron los jueces del mérito el actor desde el uno de febrero de dos mil dos, tiene la calidad de cesionario de derechos hereditarios en la sucesión de Orlando Jesús Herrera Migueles, por lo que al adquirir los derechos y acciones que se derivan de la condición de heredero del cedente, contrajo también las obligaciones correlativas a esos derechos y acciones, en este caso la de cumplir las obligaciones del contrato de compraventa. En efecto, la cedente, cónyuge sobreviviente del señor Herrera Morales pasó a ocupar, en su carácter de heredera, el lugar de éste último en el contrato y le transmitió al cesionario todos sus derechos y obligaciones transmisibles.
OCTAVO: Que en un contrato deben ser considerados como partes los contratantes, ya hayan actuado por sí o por medio de mandatario o representantes legales. Asimismo, deben incluirse como partes los sucesores a título universal. Estos últimos confunden su personalidad patrimonial con la del causante, son entonces acreedores y deudores de todo lo que era de aquél, a l ser continuadores de la persona del difunto.
Luego, en el contrato cuya resolución se demandó en el expediente Rol N° 53.851, existieron dos contratantes, por una parte, la I. Municipalidad de Rengo y por otra, don Orlando Jesús Herrera Migueles, María Teresa Miranda Gálvez, Fermín Ferrada y/o Juan Bautista Morales Cornejo. En efecto, la señora Miranda Gálvez puede estimarse como parte en su calidad de única heredera de don Orlando Herrera Migueles, el señor Ferrada en calidad de comprador y al haber asumido las obligaciones del vendedor señor Herrera para con la Municipalidad ya citada y; finalmente, el actor en calidad de cesionario de los derechos hereditario del señor Herrera.
NOVENO: Que atendido lo antes concluido, resulta forzoso afirmar que al haber suscrito el señor Herrera los acuerdos contenidos en la escritura de compraventa de 7 de octubre de 1986, ellos le eran oponibles al actor por imperio del artículo 1700 y 1545 del Código Civil y si dicho contrato era una ley para el señor Herrera, lo era también para sus sucesores. Luego, encontrándose estos en situación de incumplimiento respecto del contrato cuya resolución se demandó por la Municipalidad de Rengo, los efectos del mencionado fallo evidentemente les alcanzan en su calidad de continuadores del patrimonio del causante.
DECIMO: Que entonces los jueces del mérito al declarar que la sentencia dictada en el Rol N° 53.581, le es inoponible al actor han cometido error de derecho al infringir los artículos 1545 y 1700 del Código Civil; error que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de esta sentencia, lo que llevará a esta Corte a acoger la nulidad de fondo deducida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 764, 767, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo, deducido en lo principal de la presentación de fojas 216, por el abogado señor Carlos Seguel Pelayo en representación de la demandada I. Municipalidad de Rengo, en contra de la sentencia de veintisiete de octubre de dos mil seis, que se lee a fojas 208, la que se invalida y se reemplaza por la que se dicta a continuación, separadamente y sin nueva vista.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo del ministro señor Se rgio Muñoz Gajardo.

N° 6329-06.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Milton Juica A., Sergio Muñoz G., Juan Araya E. y Carlos Kunsemüller L. y Abogado Integrante Sr. Hernán Álvarez G.
No firma el Abogado Integrante Sr. Álvarez G., no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ausente.

Autorizado por la Secretaria Subrogante Sra. Carola A. Herrera Brummer
_________________________________________________________________________________________________________________

Santiago, veinticuatro de enero de dos mil ocho.

En cumplimiento de lo resuelto en el fallo de casación que antecede y lo que dispone el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil , se procede a dictar la sentencia que corresponde de conformidad con la ley.
VISTOS:
Se reproduce la sentencia de primera instancia, previa eliminación de sus motivos noveno y décimo.
Y TENIENDO EN SU LUGAR Y, ADEMÁS, PRESENTE:

1°.-Que corresponde tener en consideración los razonamientos efectuados en los fundamento quinto a noveno del fallo de casación que antecede.

2°.-Que teniendo presente el principio de inexcusabilidad judicial consagrado en el inciso tercero del artículo 73 de la Carta Fundamental y 10 del Código Orgánico de Tribunales, conforme al cual requerido que sea un Tribunal, éste no podrá excusarse de ejercer jurisdicción ni aún a pretexto de no existir norma respecto del asunto, esta Corte se ve obligada a resolver la cuestión sometida a su conocimiento, no obstante la inexistencia de norma que lo resuelva tanto en el aspecto sustantivo como procedimental.

Por estas consideraciones y, de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 160 y 186 del Código de Procedimiento Civil; se revoca la sentencia apelada de dieciséis de noviembre de dos mil cinco, que se lee a fojas 153 y en su lugar se declara:

a) Que se rechaza la demanda deducida en lo principal de fojas 12, por don Juan Bautista Morales Cornejo.
b) Que no se condena en costas al actor, por estimarse que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese y devuélvase con su agregado.

Redacción a cargo del ministro señor Sergio Muñoz Gajardo.

N° 6329-06.-

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sres. Milton Juica A., Sergio Muñoz G., Juan Araya E. y Carlos Kunsemüller L. y Abogado Integrante Sr. Hernán Álvarez G.
No firma el Abogado Integrante Sr. Álvarez G., no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ausente.No firma el Abogado Integrante Sr. Álvarez G., no obstante haber concurrido a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar ausente.

Autorizado por la Secretaria Subrogante Sra. Carola A. Herrera Brummer.

Nulidad de derecho público

2008-05-06T16:28:00.001-04:00

Santiago, veintinueve de enero de dos mil ocho.

Vistos:
En estos autos rol Nº 5341-2006 sobre juicio ordinario de nulidad de derecho público, el demandante Instituto de Normalización Previsional, ha deducido recurso de casación en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que revocó el fallo de primera instancia que había acogido la demanda y decidió en su lugar, acoger la excepción de prescripción deducida por la parte demandada de don José Abraham Olguín Pérez, sin costas.
Se trajeron los autos en relación.
Considerando:
1º) Que la recurrente ha sostenido que la sentencia impugnada ha vulnerado abiertamente los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República y ha efectuado una errada aplicación de los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, disposiciones estas últimas referentes a la prescripción extintiva que no son aplicables al caso en comento, pues aluden claramente a la extinción de acciones personales, lo que es discordante con esta materia, en la que se persigue la declaración de que determinados actos de la Administración adolecen de vicios de nulidad. En efecto, manifiesta que se acciona de nulidad de derecho público respecto de la cual no es aplicable el estatuto de derecho privado, salvo que el derecho público se remita a éste; y siendo la base de la acción de nulidad de derecho público la Constitución Política de la República, la que establece los principios fundamentales sobre los que los órganos del Estado deben sujetarse al derecho. En consecuencia los actos de éstos que se ejecutan en contravención a la misma, son sancionados con la nulidad de derecho público, la que no está sujeta a la normativa del derecho común, siendo imprescriptible cualqui era sea el tiempo transcurrido. Expresa que la imprescriptibilidad de la acción de nulidad de derecho público se justifica por el principio de supremacía constitucional; así este principio al situarse en un orden de intereses de carácter superior, amparando bienes que por su naturaleza son de índole permanente, no puede tolerar que los actos que lo conculcan puedan purgarse y transformarse en válidos por el solo transcurso del tiempo. La prescripción no es una institución mencionada en la Constitución ni aceptada por vía general en el derecho público. Explica además, que la nulidad de derecho público procede en caso en que los actos administrativos recurridos no han sido dictados por la autoridad competente o sin cumplir los requisitos legales para que produzcan efectos válidamente, es decir, con infracción del principio de legalidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental; que en el caso de autos, además, se exige que para que proceda el otorgamiento de pensiones de invalidez, es necesario un informe favorable del Servicio respectivo, como lo disponen, tanto el artículo 4º de la Ley Nº 10.662 y el Decreto Supremo 42 del Ministerio de salud, por lo que, en definitiva, el acto administrativo impugnado debía contar con las firmas de las autoridades competentes y legalmente investidas, lo que en este caso no ocurre, por lo tanto el acto administrativo nace nulo y no puede producir sus efectos válidamente;
2º) Que al explicar cómo los errores de derecho denunciados han influido substancialmente en lo dispositivo del fallo, señala que de no haberse aplicado los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, se habría resuelto la confirmación de la sentencia de primera instancia, la cual está totalmente acorde con la normativa aplicable al caso, y se hubiese declarado la nulidad de derecho público del Decreto Interno Nº 801 de 12 de julio de 1994 y como consecuencia de éste, la de la Resolución Interna Nº 665 de 12 de noviembre de 1998, ambas dictadas por la demandante y se habría dejado sin efecto la pensión de invalidez concedida al demandado, suspendiendo su pago o obligándosele a pagar todas las sumas de dinero percibidas a título de pensión e indemnización por años de servicio, con los intereses y reajustes legales, sin infraccionar de esta manera los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República;
3º) Que la presente litis versó sobre la petición efectuada por la demandante sobre la declaración de nulidad de derecho público del Decreto Interno Nº 801 de 12 de julio de 1994 en el que se concede pensión de invalidez e indemnización por años de servicio al demandado, así como también del decreto modificatorio, Resolución Interna Nº 665 de 12 de noviembre de 1998 y como consecuencia de ello se dejase sin efecto la pensión de invalidez, se suspendiese su pago desde que la nulidad fuese declarada y se ordenase el reintegro de los dineros percibidos por concepto de pensión y de indemnización por años de servicios con reajustes, intereses y costas, basado ello en que el certificado de invalidez supuestamente emanado del COMPIN y que declara la invalidez del demandado, es falso. A su vez el demandado alegó la excepción de prescripción y solicitó en definitiva el rechazo de la demanda, con costas;
4º) Que son hechos de la causa, por así haberlos establecido los jueces del fondo, los siguientes:
Los decretos impugnados que acompaña el actor a fojas 20 y 21, entraron en vigencia el 21 de marzo de 1994 y la demanda se notificó el día 16 de mayo del año 2002, como se ha dejado constancia a fojas 62? (considerando quinto de la sentencia de segunda instancia);
5º) Que en base a tales hechos, los magistrados de la instancia estimaron que habiéndose solicitado la declaración de nulidad de derecho público, la acción a la vez incluye el ejercicio de una de carácter patrimonial cual es la restitución de las sumas que se señaló en la demanda, y ambas, a juicio de ellos, quedan incluidas en las normas generales sobre prescripción puesto que el legislador civil en las disposiciones pertinentes relativas a la nulidad no hace distinción alguna, por lo que en definitiva acogieron la excepción de prescripción de la acción de nulidad impetrada en autos toda vez que las acciones ordinarias prescriben en general en cinco años, según lo dispone el artículo 2515 del Código Civil, habiendo en este caso particular, transcurrido en exceso el plazo referido;
6º) Que del análisis del recurso, fluye hacer una necesaria distinción entre las acciones que tienen por objeto conseguir la nulidad de un acto de carácter administrativo y aquellas otras que persiguen dejar sin efecto las consecuencias de índole pecuniarias que durante la época que perduró ha producido el acto que se priva de valor;
7º) Que como consecuencia del distingo que se ha formulado, procede dilucidar la inteligencia y aplicación de las normas legales que dicen relación con la materia planteada;
8º) Que, desde luego la acción denunciada de nulidad de derecho público, se funda en el Capítulo I de la Carta Fundamental, que establece, como se sabe, el principio de la juridicidad, al disponer que: Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República a cuyo respecto el artículo 7º estatuye que: Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. En consecuencia, todo acto que contravenga este postulado es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señala. Que de conformidad con estos preceptos constitucionales, la validez de las actuaciones de los órganos del Estado queda supeditada a la concurrencia de los elementos que integran el principio de la legalidad y la ausencia de vicios que puedan afectar la validez del acto administrativo;
9º) Que por consiguiente, cuando actos de la Administración, como los decretos del ente previsional a que se refiere la controversia de autos, no se han ajustado a la ley para su otorgamiento, al haberse prescindido en la especie de la exigencia de un certificado auténtico del COMPIN en que se haga constar la incapacidad física del postulante a la pensión de invalidez, carecen de valor jurídico, lo que puede ser declarado en cualquier momento por el tribunal competente, el cual, al formular tal declaración, se limita a confirmar el mencionado principio de juridicidad, que consagra el predominio jerárquico de la Constitución y de las leyes respecto de las actuaciones de los órganos de la Administración del Estado, sin que a falta de norma especial o general que regule la procedencia de la extinción de la acción de nulidad de derecho público por la prescripción sea necesario entrar a considerar si resultan aplicables a su respecto las disposiciones generales del derecho privado sobre la materia;
10º) Que sin embargo, bien distinta es la declaración de nulidad de derecho público del acto de la Administración que se priva de valor con el pronunciamiento judicial, del alcance que ha de dársele en relación con los efectos de carácter patrimonial que produjo el acto mientras perduró su eficacia y que en el caso de que se trata, incide en las acciones ejercidas contra el demandado por el Instituto de Normalización Previsional, a fin de obtener la restitución de los dineros que, por concepto de pensiones de invalidez e indemnización por años de servicio, se les pagó en razón de los decretos afectados por la declaración de nulidad consabida, porque atendida la naturaleza pecuniaria que revisten las prestaciones consiguientes, quedan sujetas estas acciones, en lo que concierne a la institución de la prescripción extintiva, a las normas que consagra el Código Civil;
11º) Que la relación de necesaria interdependencia que existe entre la acción de nulidad de derecho público y las acciones de naturaleza patrimonial que persiguen la restitución de los dineros, si bien tienen un antecedente común, no se opone a que estén sometidas a estatutos jurídicos diferentes como se ha establecido, de suerte que la primera de ellas pueda subsistir más allá de los plazos de prescripción o de caducidad que rigen respecto de las segundas;
12º) Que de esta manera, la sentencia que se revisa, ha vulnerado lo dispuesto en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, al hacer aplicable la institución de la prescripción a la acción de nulidad de derecho público, lo que como se ha visto, constituye un error jurídico, lo que a merita que el recurso de nulidad de fondo, deba ser acogido, en atención a que tales yerros tienen influencia dispositiva en lo decidido, puesto que han llevado a rechazar la demanda íntegramente, en circunstancias que no correspondía hacerlo respecto de la nulidad de derecho público intentada.

De conformidad, asimismo, con lo que establecen los artículos 764, 767, 785 y 805 del Código de Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de fojas 180 contra la sentencia de veinticinco de agosto del año dos mil seis, escrita a fojas 178, la que por consiguiente es nula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Pierry.

Rol Nº 5341-2006.

Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ricardo Gálvez, Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry y Sra. Sonia Araneda. Santiago, 29 de enero de 2008.

Autorizado por la Secretario subrogante de esta Corte Sra. Carola Herrera B.
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Santiago, veintinueve de enero de dos mil ocho.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:

Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de su fundamento cuarto que se elimina.
Se reproduce también del fallo de casación que antecede, sus motivos tercero y sexto a duodécimo inclusive.
Y se tiene en su lugar, y además, presente:
1º) Que tal como se dejó asentado en la sentencia de primera instancia y en el fallo de casación, en la especie la entidad demandante ha ejercido dos tipo de acciones, una de nulidad de derecho público, tendiente a obtener dicha declaración respecto de los actos administrativos que se singularizan, y otra acción de carácter patrimonial, ejercida con la finalidad de obtener la restitución de aquellas sumas de dinero percibidas por el demandado y que tienen como fundamento los actos administrativos impugnados;
2º) Que conforme se ha razonado en extenso, en la sentencia de casación, la acción de nulidad de derecho público, no se ve afectada por las normas de prescripción que contempla el derecho común, más no así las acciones restitutorias de claro contenido patrimonial que sí son prescriptibles de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil;
3º) Que de esta manera atendido el hecho que los decretos por los cuales se concedió la pensión de invalidez y de indemnización por años de servicio al demandado datan del 12 de julio de 1994, cuyo monto fue posteriormente modificado por Resolución Interna Nº 665 de 12 de noviembre de 1998, y considerando la oportunidad en que se le notificó la demanda -16 de mayo de 2002-, cabe estimar prescritas las acciones restitutorias de lo percibido por el demandado con anterioridad a los cinco años contados hacia atrás desde la notificación de la demanda, por lo que en consecuencia sí está obligado a restituir todo aquello que percibió en base a los decretos declarados nulos a contar del 16 de mayo de 1997 en adelante.

De conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia apelada de catorce de enero de dos mil cinco, escrita a fojas 131 en la parte que rechazó la excepción de prescripción opuesta por el demandado y se declara que se acoge la referida excepción sólo en cuanto concierne a las sumas solicitadas restituir pagadas con antelación al 16 de mayo de 1997, rechazándose respecto de aquellas sumas que se han pagado al demandado con posterioridad a dicha fecha, las que en consecuencia deberá restituir debidamente reajustadas según la variación que experimente el Indice de Precios al Consumidor, entre el mes previo al que fueron percibidas por el demandado y el mes anterior al de su restitución efectiva, más intereses corrientes para operaciones reajustables, lo que se liquidará en un procedimiento de cumplimiento incidental de la sentencia o en un juicio diverso que se inicie con ese objetivo.
Se confirma en lo demás apelado la referida sentencia.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro señor Pierry.

Rol Nº 5341-2006.

Pronunciado por la Tercera Sala, integrada por los Ministros Sr. Ricardo Gálvez, Sr. Adalis Oyarzún, Sr. Héctor Carreño, Sr. Pedro Pierry y Sra. Sonia Araneda. Santiago, 29 de enero de 2008.

Autorizado por la Secretario subrogante de esta Corte Sra. Carola Herrera B.

Relación directa y regular del padre o madre con sus hijos

2008-05-05T11:01:00.001-04:00

Santiago, cuatro de diciembre de dos mil seis.
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada, previa eliminación de su fundamento VII;
Y se tiene en su lugar y, además, presente:
1º) Que nuestra legislación reconoce expresamente el derecho del padre o madre que no tenga el cuidado personal de su hijo a mantener con éste una relación directa y regular, la que debe ejercer con la frecuencia y libertad acordada con quien lo tiene a su cargo o, en su defecto, con las que el juez estimare conveniente para el hijo.
2º) Que esta relación supone ciertamente una comunicación regular, estable y permanente que haga posible un mayor conocimiento, aceptación y cercanía con el niño, cuyo interés superior es el criterio que debe siempre informar la decisión del juez, tanto más si la relación directa y regular no está concebida por la ley tan solo un derecho, sino también un deber del padre o madre que no tiene al hijo bajo su cuidado personal.
Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en los artículos 222, 227, 229, 242 del Código Civil, se confirma la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil seis, escrita a fojas 469 y siguientes, con las siguientes declaraciones:
a) Las visitas se realizarán fin de semana por medio, debiendo ser retirada la niña desde el hogar materno el día viernes a las 19:00 horas para ser reintegrada el día domingo a las 20:00 horas;
b) Se modifica el horario de las visitas de los días jueves, extendiéndolo hasta las 20 horas y se prolonga igualmente hasta las 20:00 horas el horario de visita durante el día del padre;
c) En la primera semana de las vac aciones de invierno y durante quince días de las vacaciones de verano, la niña permanecerá con su padre;
d) Los feriados de semana santa y fiestas patrias de cada año corresponderán alternadamente al padre y a la madre.
e) Las festividades de navidad y año nuevo se alternarán de igual manera;
f) El día del niño se celebrará en forma alternada entre ambos padres;
g) El día de la madre y el de cumpleaños de ésta, la niña permanecerá con ella, quedando suspendidas las visitas que en esas fechas pudieren corresponder al padre.
Regístrese y devuélvanse.
Redacción de la ministra Sra. Maggi.
Nº 5.856-2006.-
No firma el ministro señor Cerda, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por licencia médica.

Pronunciada por la Sexta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por los Ministros señor Carlos Cerda Fernández, señora Rosa María Maggi Ducommun y por el abogado integrante señor Nelson Pozo Silva.

Retención de menor en régimen de visitas

2008-05-05T11:00:00.005-04:00

Valdivia, cuatro de Diciembre de dos mil seis.
VISTOS:
Se reproduce la sentencia en alzada de fecha ocho de septiembre de dos mil seis, escrita a fs. 79 y siguientes, con excepción de su razonamiento Décimo Cuarto a Décimo Sexto, que se eliminan:
Y TENIENDO EN SU LUGAR PRESENTE:
PRIMERO: Que de las conclusiones de la sentencia en alzada aparece claramente que la madre del menor Cristóbal Nicolás Moreira Aros, no tiene inhabilidad alguna para tener a su cuidado al menor de autos. Sin perjuicio de que igual conclusión se hace referente al padre demandante.
SEGUNDO: Que de conformidad con el artículo 223 del Código Civil, en caso de separación de los padres, el cuidado personal de los hijos corresponderá a la madre, a menos que ésta se encuentre inhabilitada, situación que como se señalara no ocurre en el caso de autos.
TERCERO: Que de otro lado aparece de los antecedentes que el menor permanece al lado del demandante después de haberlo éste retenido en una visita, situación anormal que debe ser corregida por los tribunales, pues no puede legitimarse situaciones de hecho, que vulneran la ley.
CUARTO: Que la circunstancia de que el menor junto a la familia del padre, tenga más compañía o mayor número de personas con quien relacionarse, no es obstáculo para entregar el cuidado del niño a la madre, quien también tiene próxima a su domicilio la casa de su madre, a quien puede recurrir en caso que ello fuere necesario.
Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 67 de la Ley 19.968; 223 a 227 del Código Civil; 213, 223 y 227 del Código de Procedimiento Civil, se declara:
Que Que se REVOCA la sentencia apelada de ocho de septiembre de dos mil seis, escrita a fs. 79 y siguientes, en cuanto acoge la demanda de tuición deducida a fs. 2 y rechaza la demanda de tuición de fs. 11 y se declara en cambio, que se rechaza la demanda de tuición deducida por don Fernando Nicolás Moreira Ríos, en contra de doña Maritza Yanet Aros Parada, y se declara en cambio que se acoge la demanda de tuición deducida a fs. 11 por doña Maritza Yaneth Aros Parada, confiándosele la tuición de su hijo el menor Cristóbal Nicolás Moreira Aros, Run N° 20.523.829-8.
Efectúense las inscripciones y subinscripciones que correspondan.
Se regula como sistema de comunicación directa y regular que permita al padre intervenir directamente en el desarrollo integral de su hijo, que el menor pase junto a su padre, fin de semana por medio, esto es, desde el día viernes a las 19.00 horas, hasta el día domingo a las 19.00 horas, siendo de cargo del padre retirar y devolver al menor desde la casa de su madre.
Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Héctor Méndez Eyssauthier, quien estuvo por confirmar el fallo de primera instancia en virtud de sus propios fundamentos.
Redacción de la Ministra señora Emma Díaz Yévenes.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Rol N° 72-2006.