Santiago, nueve de noviembre de dos mil dieciséis.
Vistos:
En estos autos Rol Nº 20.606-2016, caratulado “Medina
Casanova, Javier con Instituto de Previsión Social”, sobre
juicio ordinario de resolución de contrato con indemnización
de perjuicios, la parte demandante dedujo recursos de
casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia
de la Corte de Apelaciones de esta ciudad que revocó
parcialmente el fallo de primer grado que declaraba resuelto
el contrato y condenaba a la demandada al pago de la
indemnización de perjuicios y en su lugar declara que se
rechaza la demanda en cuanto al cobro de la indemnización de
perjuicios y lo confirma en cuanto declara resuelto el
contrato.
Se trajeron los autos en relación.
Considerando:
I.- En cuanto al recurso de casación en la forma.
Primero: Que la causal invocada por el recurso de
nulidad formal es la prevista en el N° 5 del artículo 768
del Código de Procedimiento Civil, en relación con el N° 4
del artículo 170 del mismo texto legal, esto es, la falta de
consideraciones de hecho y de derecho que sirven de
fundamento a la sentencia.
Refiere sucintamente que la sentencia de segunda
instancia mantuvo la decisión de resolver el contrato,aunque cambió su razonamiento. En efecto, eliminó el
fundamento fáctico asentado en la sentencia de primera
instancia para conceder la resolución contractual, esto es,
incumplimiento esencial del demandado, y cumplir y estar
llano a cumplir por su parte.
Expresa que se estableció, como fundamento fáctico el
incumplimiento recíproco de las partes, como consecuencia de
lo anterior, la sentencia rechazó la acción indemnizatoria,
fundado en que esta acción requiere la constitución en mora
del demandado, y al existir incumplimientos recíprocos,
ninguno de los contratantes incurrió en mora, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 1552 del Código Civil.
La sentencia de segunda instancia eliminó una serie de
considerandos de la sentencia de primer grado, suprimiendo
así el razonamiento y análisis indispensable para la debida
fundamentación de la sentencia, en especial el debido
análisis, calificación y ponderación de la prueba.
Expresa que en el fallo no se considera la abundante
prueba rendida por su parte a pesar de que ella revela los
incumplimientos contractuales, puntualizando en esta
materia que no se analiza el contenido del documento
singularizado como correo electrónico de fecha 19 de enero
de 2010 remitido por don Rodrigo Fernández Dillems
(Administrador Nacional del Contrato por parte del IPS) a
don Cristian Fuica Rivera (Coordinador del adjudicatario — demandante- y contraparte técnica del contrato). En este
mismo sentido expresa que no se analiza la declaración
testimonial del Abogado Jefe del Instituto de Previsión
Social de la Región del Bio-Bio, don Javier Andrés Rauld
Vásquez, quien conteste con el correo electrónico anterior
señaló que en las licitaciones anteriores al 2008 se
entregaba mandato judicial por escritura pública, y que la
circunstancia de asumir él personalmente el patrocinio y
poder en algunas causas era una medida transitoria, ya que
debía otorgarse mandato definitivo. Asimismo, según el
recurrente, la sentencia recurrida tampoco se haría cargo
del Informe Final N°61l2012 emanado de la Contraloría
General de la República, que señala que el Instituto debe
conferir un mandato judicial especial para el contratante,
situación que habría sido incumplida por éste respecto de
las empresas Eduardo Avilés y Javier Medina, sin que a la
fecha de dicho informe ello se haya corregido, impidiendo de
este modo llevar a efecto los términos del contrato y, por
ende, las diligencias encomendadas.
Afirma el recurrente que la prueba rendida en autos a
que se ha hecho referencia, y recogida por la propia
sentencia, acreditaría claramente que sí existió obligación
de entregar mandato judicial, y no obstante ello, la
sentencia impugnada concluye que esta obligación no existió sin dar razones legales ni lógicas para excluir o restar
valor a la prueba indicada.
Continúa el recurrente señalando que en la sentencia de
segunda instancia falta la debida apreciación y ponderación
de la prueba rendida, exponiendo una serie de correos
electrónicos que dan cuenta de sucesivas consultas y
requerimientos por la contraparte técnica del adjudicatario,
y de parte de éste a la empresa de servicios informáticos
SYNAPSIS-IT, que acreditan a su juicio la existencia de los
problemas que presentaría el sistema informático Coreágil de
la demandada, como asimismo la inutilización de la clave de
acceso, añadiendo que la sentencia impugnada no analiza
realmente esta prueba, ni menos da razones para negar valor
probatorio a tales medios probatorios.
Agrega que similar situación es lo que sucede respecto
a la conclusión fáctica a que llega el sentenciador de
segundo grado, en orden a no haber existido obligación por
parte de la demandada de dar claras instrucciones respecto a
los domicilios de los deudores y deudores inubicables, no
obstante la prueba rendida en autos sí habria acreditado la
existencia de tal obligación.
Indica el recurrente que contrariamente a lo sostenido
en el fallo toda la prueba rendida demuestra que el íntegro,
cabal y oportuno cumplimiento de sus obligaciones en la
medida que la actuación del demandado se lo permitió, y sobre todo el hecho de haber estado siempre llano a cumplir,
realizando actividades que incluso iban más allá de sus
verdaderas obligaciones, pues solicitó instrucciones
respecto del modo de proceder a la cobranza, instó en todo
momento por el cumplimiento del contrato, consultó y
solicitó que se realizaran las asignaciones de cobranza que
le correspondían según el contrato y las bases
administrativas, obtuvo y renovó las boletas de garantía que
se le exigieron, mantuvo oficina y personal a disposición
del demandado, comunicó oportunamente al Instituto cada una
de las dificultades que le surgieron, dio por sí sólo
solución a la mayoría de los problemas que debieron ser
resueltos por el Instituto, atendió deudores de éste,
presentó demandas, subió al sistema informático toda la
información que le era posible hasta la cancelación de su
clave de acceso, etc.
Finalmente sostiene que al eliminar los considerandos
de la sentencia de primera instancia, el sentenciador de
segundo grado no se percató que existía un problema de
numeración en el fallo, pues después del considerando décimo
tercero, correspondía el considerando décimo cuarto, sin
embargo la sentencia de primera instancia retrocede en su
numeración y señala como próximo considerando el décimo
primero, y de ahí sigue numerándolos correlativamente.Esto trae como consecuencia que la sentencia tiene
considerandos contradictorios, desde el momento que el
considerando Décimo Segundo (que en realidad debió ser
Décimo Quinto) no fue eliminado, y en él se sostiene que
procede la resolución por haber incumplido el demandado a
sus obligaciones esenciales, lo que está en contradicción
con los considerandos décimo y undécimo de la sentencia de
segundo grado que habla de las consecuencias jurídicas del
recíproco incumplimiento de las partes.
Segundo: Que el legislador se ha preocupado de
establecer las formalidades a que deben sujetarse las
sentencias definitivas de primera o única instancia y las
de segunda que modifiquen o revoquen en su parte
dispositiva las de otros tribunales –categoría esta última
a la que pertenece aquella objeto de la impugnación en
análisis-; las que, además de satisfacer los requisitos
exigibles a toda resolución judicial, conforme a lo
prescrito en los artículos 61 y 169 del Código de
Procedimiento Civil, deben contener las enunciaciones
contempladas en el artículo 170 del mismo cuerpo normativo,
entre las que figuran –en lo que atañe al presente recursoen
su numeral 4 las consideraciones de hecho o de derecho
que sirven de fundamento a la sentencia.
Tercero: Que esta Corte, dando cumplimiento a lo
dispuesto por la Ley N° 3.390 de 1918, en su artículo 5° transitorio, dictó con fecha 30 de septiembre de 1920 un
Auto Acordado en que regula pormenorizada y minuciosamente
los requisitos formales que, para las sentencias
definitivas a que se ha hecho mención, dispone el precitado
artículo 170 del Código de Procedimiento Civil.
Refiriéndose al enunciado exigido en el N° 4 de este
precepto, el Auto Acordado establece que las sentencias de
que se trata deben expresar las consideraciones de hecho
que les sirven de fundamento, estableciendo con precisión
aquéllos sobre que versa la cuestión que haya de fallarse,
con distinción de los que han sido aceptados o reconocidos
por las partes y de los que han sido objeto de discusión.
Agrega que si no hubiere discusión acerca de la
procedencia legal de la prueba, deben esas sentencias
determinar los hechos que se encuentran justificados con
arreglo a la ley y los fundamentos que sirven para
estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la
apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme
a las reglas legales.
Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de
la prueba rendida –prosigue el Auto Acordado- deben las
sentencias contener los fundamentos que han de servir para
aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento
de los hechos en la forma expuesta anteriormente.Prescribe, enseguida: establecidos los hechos, se
enunciarán las consideraciones de derecho aplicables al
caso y, luego, las leyes o, en su defecto, los principios
de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo;
agregando que, tanto respecto de las consideraciones de
hecho como las de derecho, debe el tribunal observar, al
consignarlos, el orden lógico que el encadenamiento de las
proposiciones requiera.
Cuarto: Que la importancia de cumplir con tal
disposición ha sido acentuada por esta Corte Suprema por la
claridad, congruencia, armonía y lógica en los
razonamientos que deben observar los fallos. La exigencia
de motivar o fundamentar las sentencias no sólo dice
relación con un asunto exclusivamente procesal referido a
la posibilidad de recurrir, sino que también se enmarca en
la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier
ciudadano de lo manifestado por el juez y hace posible,
asimismo, el convencimiento de las partes en el pleito,
evitando la impresión de arbitrariedad al tomar éstas
conocimiento del porqué de una decisión judicial.
Quinto: Que el actor fundó su demanda de resolución de
contrato, con indemnización de perjuicios, en una serie de
incumplimientos de la demandada respecto de obligaciones
contractuales pactadas en el “Contrato de prestación de
servicio de cobranza judicial de deudas de seguridad social y otras acreencias” adjudicado en septiembre de 2008 y que
comenzaría a regir a contar de la notificación al
contratante de la total tramitación de la resolución
aprobatoria del contrato, es decir, el 29 de febrero de
2009.
Señala que la cláusula segunda del instrumento antes
citado estableció la materia del contrato, consistente en
el servicio de cobranza judicial de deudas de seguridad
social y otras acreencias, constituidas por todas aquellas
que se encuentran bajo la administración del Instituto,
especialmente los aportes y cotizaciones previsionales no
pagados oportunamente, con reajustes, intereses y multas.
Expresa que el 22 de diciembre de 2009 le comunicaron
la primera –y en definitiva única- asignación de cobranza
por 100 asuntos, cargándose en el sistema el 11 de enero de
2010, sin embargo la demandada no remitió el mandato
judicial necesario que precisa cada adjudicatario para
comparecer en juicio y realizar las gestiones judiciales de
cobranza, cuya obligación se encuentra establecida en la
letra b), párrafo segundo de la cláusula segunda del
contrato. Continúa señalando que luego, el 29 de enero de
2010, le comunicó a la demandada acerca de los problemas
que presentaban los archivos correspondientes a títulos
ejecutivos, los que sobrepasaban el peso límite permitido por el Juzgado de Cobranza Laboral de Concepción, sin que
ésta le brindara ninguna solución.
Agrega que realizó una serie de consultas a la
demandada con motivo de resoluciones que tenían problemas
en su confección, además de requerir -de manera reiteradase
le indicara el criterio a seguir para aquellos deudores
inubicables, nuevas asignaciones y por el mandato judicial,
sin obtener respuesta ni solución de parte del Instituto.
Se suma a lo anterior que el 5 de mayo de 2010 la
clave de acceso al portal se hizo inutilizable, por lo que
no se pudo recepcionar pagos.
Sostiene que además hubo un permanente incumplimiento
de la demandada a la obligación de asignar causas que
mensualmente se presupuestaron para llevar a efecto la
cobranza judicial, vulnerando el contenido, finalidad y las
respectivas bases del contrato, instrumentos que
establecían la obligación de asignación, necesaria por lo
demás para ejecutar dicho contrato y para remunerar al
contratante. En síntesis, señala el actor, todo lo anterior
dejó a su parte en la imposibilidad de llevar a buen
término el contrato de autos.
La demandada al contestar señala que una vez firmado
el respectivo contrato y habiendo entrado en vigencia, se
procedió a efectuar la primera asignación -en el mes de
enero de 2010- de 105 resoluciones de cobranza, por un monto nominal de $1.331.005.611. Agrega que de acuerdo a la
información proporcionada por el sistema computacional
interno denominado Discoverer, respecto de la asignación
efectuada, se han recuperado $21.386.408, correspondiente a
5 empleadores y 6 resoluciones de cobranza. Estos pagos se
produjeron previos a la notificación de la demanda. El
demandante no ha procedido a la devolución de las cobranzas
asignadas, conforme al contrato, como tampoco ha
justificado el no haber hecho gestiones judiciales por más
de un año, como tampoco haber presentado demanda en varios
casos, excusándose en el hecho de no haber tenido sistema
computacional, pudiendo haberlo hecho en forma física.
Precisa la demandada que el actor, y de acuerdo con la
descripción detallada de las resoluciones de cobranza
asignada, ha infringido la cláusula fundamental del
contrato, ya que las acciones judiciales, no obstante
interponerse dentro de plazo, no han sido notificadas, ni
se ha efectuado gestión alguna que permita determinar la
cobrabilidad o incobrabilidad de ellas. Indica que el actor
tampoco ha cumplido la cláusula f) del punto 10.4 de las
Bases Administrativas, que se refiere a la obligación de
cargar y mantener actualizado en forma permanente y
oportuna el sistema informático en uso, con todos los
eventos de gestión que se produzcan. Del detalle de causas
asignadas, el actor no registra recuperabilidad alguna con fecha posterior a la presentación y notificación de las
demandas, por lo tanto no procede el pago de honorarios,
sólo ha hecho devolución de un caso que corresponde a una
quiebra.
Señala que de acuerdo al punto 12.3 de las Bases
Administrativas el Instituto es el que determina el número
de los casos de cobranzas a asignar, sin arbitrariedad, y
que en este caso fue un hecho público y notorio el
terremoto de 27 de febrero de 2010, lo que implicó un deber
de adaptación a las políticas gubernamentales y legales,
ya que se dictaron leyes otorgando plazos extraordinarios y
facilidades de pago a las deudas previsionales, v. gr., Ley
N° 20.446, de 3 de julio de 2010 y Ley 20.436, de 23 de
abril de 2010. Además, señala que el 80% de los archivos en
los cuales se guardaban los antecedentes de respaldo de las
cobranzas entregadas a los adjudicatarios, se destruyeron
por causa del sismo. No era posible bajo esas
circunstancias asignar cobranzas en atención a que la Ley
n° 17.322 obliga a nominar y acompañar los antecedentes
pertinentes para demandar ejecutivamente.
Continúa señalando la demandada que el adjudicatario
no entregó ni ha entregado informe alguno sobre las causas
que tiene en su poder e ingresadas al Tribunal de Cobranza,
desde la fecha de asignación a la de contestación de la
demanda. Haciéndose cargo de los incumplimientos imputados a su
parte señala que en cuanto a la asignación de causas y
corrección de resoluciones de cobranza, considerando una
asignación de 289 causas mensuales, ésta se encontraba
suspendida por la recuperación de cobranza extrajudicial,
calidad de las resoluciones a asignar y la cláusula de
adaptabilidad.
Respecto de la obligación de conferir mandato
judicial, expresa que sí se le confirió poder especial a
través del abogado regional del Instituto de la Octava
Región, para cada una de las causas, ya que el contrato no
especifica la forma en que se debe otorgar el respectivo
mandato.
Por su parte, en cuanto al acceso al sistema
informático, señala el demandante que el 14 de abril de
2009 se le asignó clave de ingreso al sistema, la que se
encontraba vigente hasta el momento de contestar la
demanda.
En relación a la suspensión de la asignación de causas
como sanción ante el incumplimiento del contratante,
precisa que el motivo esencial de dicha medida está
radicado en la cláusula de adaptabilidad de las
asignaciones en razón del caso fortuito o fuerza mayor y
posteriormente por falta de cumplimiento de sus
obligaciones como adjudicatario, agrega que en consideración a su calidad de antiguo adjudicatario no se
impusieron multas ni se puso término al contrato, en espera
de que cumpliera con los procesos de cobranza, de
devolución de casos y regularización de otros de acuerdo al
contrato.
En relación a los servicios de cobranza prestados por
el adjudicatario, señala que en el caso del actor, se
desprende del detalle de las causas asignadas, que el actor
no registra recuperabilidad con fecha posterior a la
presentación y notificación de las demandas, por lo tanto,
al tenor del contrato y sus bases, no procede pago de
honorario alguno. Más aún, por no haber efectuado el
procedimiento de incobrabilidad de un asunto, no tiene
derecho al pago del honorario base, por lo demás el actor
no ha realizado el procedimiento de incobrabilidad, con el
objeto de que luego de aprobado el respectivo informe por
el Instituto se proceda al pago de honorarios.
Agrega que en cuanto a la garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, mientras no se efectúe la
devolución del asunto asignado no es posible, según las
Bases, devolver la garantía al actor.
Finalmente opone la excepción de contrato no cumplido,
señalando que el demandante está en mora de cumplir con sus
obligaciones, no así el demandado, en virtud de la aplicación de la cláusula de adaptabilidad y por caso
fortuito y fuerza mayor.
A su turno, el sentenciador de primera instancia
decidió acoger la demanda intentada basado en que de toda
la prueba rendida surge que el actor desplegó todos sus
esfuerzos en obtener mandato en las causas que debía
tramitar, asimismo solicitó mediante múltiples correos
electrónicos que el demandado mejorara sus sistema
informático a fin de poder tramitar aquellas causas, a lo
que se respondía que se estaba trabajando en aquel sentido
y en razón de lo mismo se concertaron distintas fechas para
prueba, por lo que no cabe sino concluir que el demandante,
pese a los múltiples inconvenientes abogó por
solucionarlos; al respecto, es concluyente la declaración
del testigo Rauld, quien declara que el demandante cumplió
con rendir las garantías pertinentes, implementar la
infraestructura. Agregando, que se le asignaron causas con
múltiples defectos en sus resoluciones y que hubo
dificultad en el sistema informático, no obstante ello el
actor gestionó su solución ante los Tribunales y el
Instituto. A mayor abundamiento, si el demandante estimaba
que existía algún tipo de incumplimientos pudo aplicar la
multa a que se refiere el contrato en su cláusula undécima,
cosa que no hizo, por lo que eso sólo habla de que en el evento de haber ocurrido algún tipo de incumplimiento este
no fue sustancial.
Agrega el sentenciador de primera instancia que si
bien es efectivo que hubo caso fortuito o fuerza mayor,
como consecuencia del terremoto de febrero de 2010, hecho
público y notorio, sin embargo no parece de acuerdo a la
lógica que por este hecho no se le hayan otorgado más
causas para cobranza, ya que del propio tenor de la
contestación surge la conclusión indiscutible de que luego
todo volvió a la normalidad, hecho también público y
notorio. Además, acá no se habla de un menor flujo de
causas o de retraso en la entrega como consecuencia del
terremoto, lo que podría ser atendible, sino de que no se
asignaron más causas que aquellas correspondientes a la
marcha blanca, por lo que esta alegación también será
desechada. A mayor abundamiento el demandado el 2 de marzo
envía un correo electrónico a la demandante indicando que
se le remitirán nuevas causas, por lo que su argumentación
se ve contradicha con los actos de aquella época.
Continúa el fallo de primer grado señalando que en
cuando a la cláusula de adaptabilidad, también cabe
rechazar dicha alegación, ya que de los términos del
contrato surge que la adaptabilidad de ningún modo implica
suspender la asignación de nuevas causas, ya que la suspensión sólo aparece prevista para el caso de que
aplicada una multa no se materialice su pago.
Además la actora alega que el demandado no otorgó
mandato para la tramitación de las causas, lo que tampoco
es controvertido, y que además aparece patente en los
correos electrónicos, por cuanto se admite que éste aún no
está listo. En el mismo sentido declara el testigo señor
Rauld.
Por otro lado se advierte el error de las resoluciones
de cobranza y la deficiencia del sistema informático, tal
hecho -tampoco controvertido- se tiene por acreditado del
examen de los correos electrónicos, y de la declaración de
los testigos, así como de la absolución de posiciones en
que se reconoce la falta en este sentido.
Concluye el sentenciador que como consecuencia de lo
anterior acoge la demanda, declara resuelto el contrato y
se condena al demandado a pagar en favor del último la suma
de 616 unidades de fomento y $10.450.000 (diez millones
cuatrocientos cincuenta mil de pesos).
Apelada esta determinación por la demandante y la
demandada, la sentencia recurrida consigna que “si bien es
cierto que el demandado suspendió la asignación de causas
al estimar que correspondía aplicar la cláusula de
adaptabilidad prevista en la estipulación undécima del
contrato, -que consigna que mientras no se materialice el pago de la multa el Instituto se reserva el derecho de
suspender la asignación de nuevas cobranzas hasta el
cumplimiento de la referida obligación-, no es menos cierto
que ésta sólo lo facultaba para hacer uso de la suspensión
previa aplicación de la multa prevista en la misma
cláusula, procedimiento que obvió, motivo que le impedía
hacer uso de la suspensión”.
Continúan los sentenciadores señalando que “por su
parte, el actor estima que la conducta del demandado al no
otorgarle mandato judicial especial fue la causa principal
del conflicto. Tal reproche sorprende, porque es el propio
demandante quien reconoce en su primera presentación que el
abogado regional perteneciente al organismo previsional de
la región del Bío Bío le otorgó mandato judicial, lo que le
permitió deducir 100 demandas ejecutivas; es más, entiende
que para tener éxito en el cometido era necesario que se le
asignara un mandato por escritura pública, obligación que
nunca contrajo la demandada, como consta en la cláusula
segunda letra b) del contrato que reza: “Para el ejercicio
de las acciones de cobranza, el Instituto conferirá mandato
judicial especial al Contratante, en el que se otorgarán
exclusivamente las facultades establecidas en el inciso
primero del artículo séptimo del Código de Procedimiento
Civil”.Señala, además, que otra causa que ocasionó los
incumplimientos tuvo su origen en los problemas que
presentaba el sistema computacional de la demandada,
advirtiéndose de las probanzas aportadas por el actor que
sólo se puede apreciar la existencia de una comunicación
constante entre las partes, relativa a la clave, forma de
cargar el sistema, dudas y capacitaciones, prueba del todo
insuficiente para acreditar el sustento de tales
alegaciones. En la misma línea anterior, continúa afirmando
el mismo predicamento relativo al origen de su
incumplimiento contractual: que el Instituto no le adjudicó
el número de causas que consigna el contrato; entiende,
además, que al no proporcionarle la demandada “claras
instrucciones respecto de los deudores inubicables” se vio
impedido de notificarlos y cumplir su cometido, obligación
que nunca contrajo la institución”.
A continuación agrega el fallo recurrido “que al tenor
de las reglas transcritas resulta evidente que para que la
acción intentada en autos prosperara, el actor se hallaba
en la necesidad de acreditar los hechos fundantes de su
demanda, entre ellos la circunstancia fáctica sustancial
controvertida e indudablemente pertinente, consistente en
el cabal, íntegro y oportuno cumplimiento de las
obligaciones que para él surgieron de las convenciones
materia del pleito”. En el considerando siguiente concluyen los
sentenciadores que “no corresponde acoger la excepción de
contrato no cumplido, menos aun si quien la deduce es quien
ha cumplido el contrato en forma imperfecta”.
Y a continuación señalan que “cabe analizar entonces
cuáles son las consecuencias jurídicas atribuibles al
recíproco incumplimiento de las partes de las obligaciones
que les imponía el contrato de prestación de servicio de
cobranza judicial, suscrito el 7 de noviembre de 2008”.
Concluyendo al respecto “que no parece justo ni
equitativo dejar a las partes ligadas por un contrato que
ambas no quieren cumplir y que de hecho aparece así
ineficaz por voluntad de las mismas. Luego no pugna, por lo
tanto, con la índole y naturaleza de los principios
jurídicos que informan la acción resolutoria que ella se
acoja en este caso, porque la resolución es precisamente el
medio que la ley otorga para romper un contrato que nació a
la vida del derecho, pero que no está llamado a producir
sus naturales consecuencias en razón de que las partes se
niegan a respetarlo y, todavía, porque acogiéndola se llega
a la realidad propia de toda resolución, cual es que las
cosas puedan restituirse al estado anterior, como si el
contrato no hubiese existido.
Sin embargo, en el caso en cuestión no procede la
indemnización de perjuicios pedida, pues ella requiere demora y en este caso no podría existir para ninguna de las
partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1552
del citado Código Civil, que dispone que en los contratos
bilaterales ninguna de las partes está en mora dejando de
cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su
parte o no se allana a cumplirlo, motivo que decidirá a
estos sentenciadores a hacer lugar a la acción de
resolución del contrato, en los términos que se declarará
en la parte resolutiva del fallo”, motivos por los que
deciden revocar la sentencia en la parte que acogió la
acción de indemnización de perjuicios.
Sexto: Que en estas condiciones resulta evidente que,
los falladores en cuanto al incumplimiento contractual que
le atribuyen al demandante no especifican cuáles son los
hechos probados que lo configuran, como tampoco lo
califican, evento en el que la decisión impugnada no da
cuenta de los motivos y razones que conduzcan a desvirtuar
los hechos y circunstancias asentados en el fundamento
décimo primero del fallo de primer grado, en cuyo mérito se
desestimó la excepción de contrato no cumplido prevista en
el artículo 1552 del Código Civil que fuera alegada por la
demandada.
Séptimo: Que lo anterior reviste la máxima relevancia
ya que evidencia que los magistrados efectivamente
incurrieron en el vicio denunciado, pues si bien dejan asentado categóricamente que el actor incumplió sus
obligaciones contractuales no le confieren fundamento
fáctico a dicha aseveración al no especificar ni calificar
los hechos que configuran la conducta atribuida a la
demandante, impidiendo de este modo comprender cuál es, en
definitiva, el motivo por el que rechazan la demanda en
cuanto a la indemnización de perjuicios, cuando dieron por
establecido el incumplimiento de la demandada y rechazaron
la excepción de contrato no cumplido, careciendo por lo
tanto de los razonamientos necesarios para basar la
decisión de rechazar la demanda en cuanto a su ítem
resarcitorio.
Esta conclusión aparece así desprovista de la adecuada
fundamentación que debe contener una sentencia, pues no
encuentra su correlato en las motivaciones expuestas por
los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, de lo
que se sigue que no ha existido, en la especie, un cabal
razonamiento respecto del asunto sometido al conocimiento y
resolución de los tribunales del mérito, omitiéndose de
este modo las consideraciones de hecho y de derecho que
debían servirle de sustento, desentendiéndose así los
juzgadores de la obligación de efectuar las reflexiones que
permitan apoyar su determinación, al prescindirse del
estudio que los jueces deben efectuar de la totalidad de
los capítulos en que se asienta la acción intentada, cuestión previa al razonamiento relativo a la decisión del
asunto controvertido, que en este caso se encuentra por
completo ausente.
Octavo: Que de lo precedentemente razonado queda
demostrado que los sentenciadores incurrieron en el vicio
de casación en la forma previsto en el artículo 768 N° 5 en
relación con el artículo 170 N° 4, ambos del Código de
Procedimiento Civil, por la falta de consideraciones que
sirvan de fundamento al fallo.
Noveno: Que atento lo expuesto y lo prescrito en el
artículo 808 del Código de Procedimiento Civil, se tendrá
como no interpuesto el recurso de casación en el fondo
deducido por el demandante.
Y de conformidad asimismo con lo que disponen los
artículos 764, 765, 766, 768 y 808 del Código de
Procedimiento Civil, se acoge el recurso de casación en la
forma interpuesto en lo principal de la presentación de
fojas 680 en contra de la sentencia de dieciocho de enero
de dos mil dieciséis, escrita a fojas 673, la que por
consiguiente es nula y se reemplaza por la que se dicta a
continuación.
Téngase por no interpuesto el recurso de casación en
el fondo deducido en el primer otrosí de fojas 680.
Regístrese
Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Matus.
Rol N° 20.606-2016.
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema
integrada por los Ministros Sra. Rosa Egnem S., Sra. María
Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z., y Sr. Manuel
Valderrama R., y el Abogado Integrante Sr. Jean Pierre Matus
A. No firman, no obstante haber concurrido a la vista y al
acuerdo de la causa, la Ministra señora Egnem por estar en
comisión de servicios y la Ministra señora Sandoval por
estar con licencia médica. Santiago, 09 de noviembre de
2016. Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema
En Santiago, a nueve de noviembre de dos mil dieciséis, notifiqué en
Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente
__________________________________________________
Santiago, nueve de noviembre de dos mil dieciséis.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 786 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente
sentencia de reemplazo.
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada previa corrección de la enumeración de los considerandos señalados a continuación del décimo tercero, esto es décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo, que pasan a
denominarse décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto,
décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo
respectivamente.
Asimismo se reemplaza en los considerandos
precedentemente señalados:
a) En el motivo décimo cuarto, en el párrafo segundo la expresión “demanda” por “demandada”.
b) En el motivo décimo cuarto, punto 1.- párrafo segundo la expresión “demandante” por “demandado”.
c) En el motivo décimo octavo, en el párrafo primero la expresión “todos” por “los”, en tanto en el párrafo segundo “demandante” por “demandado” y “demanda” por “demandado”.
De la sentencia anulada se reproducen los considerandos primero a cuarto, con excepción de la expresión “se reproduce la sentencia de primera instancia, previa eliminación de la motivos Décimo primero, Décimo tercero al Décimo séptimo.” que se elimina.
Y se tiene en su lugar y además presente:
Primero: Que el artículo 1.556 del Código Civil, conceptualiza el lucro cesante como la pérdida cierta de la ganancia probable, de modo que para su procedencia se requiere que quien pretende su reparación, debe acreditar los presupuestos necesarios para hacerlo procedente, es decir, la merma efectiva del beneficio o provecho que se habría obtenido en determinadas condiciones.
Segundo: Que en la demanda se fundamentó la pretensión
de lucro cesante sobre la base de un pago mínimo por
gestión asignada ascendente a 1,2 Unidades de Fomento por gestión realizada, habiéndose acreditado – según da cuenta el fallo de primer grado- que en el período de ejecución del contrato se otorgaron 200 causas para tramitación a otros abogados, a partir de lo cual se puede concluir que la misma cantidad se le debió asignar al actor. Que en razón de lo expuesto parece acertada la suma de dinero asignada a este rubro indemnizatorio, la que se determinó a partir del número de causas que se le debieron asignar por igual período al demandante sobre la base de un pago mínimo establecido en el contrato.
Tercero: Que en relación al daño emergente cabe tener
presente que dentro de la órbita de la responsabilidad
contractual, éste dice relación con el empobrecimiento real
y efectivo que sufre el patrimonio, en este caso del actor.
A este respecto, más allá de las cantidades consignadas en
el considerando undécimo de la sentencia apelada, relativas
al valor de la adquisición de tecnología para ejecutar el
contrato ($450.000), no se encuentran acreditados en este
proceso otros costos relacionados con los rubros que el
demandante alega, relativos a gastos de oficina y personal
contratado, pues no hay prueba de que ellos hayan sido
sufragados con el fin exclusivo de realizar labores y constituir dependencias destinadas al sólo efecto de la
ejecución del contrato de autos y, por tanto, no constituyen un detrimento patrimonial para el demandante susceptible de ser indemnizado a causa de su terminación.
Cuarto: Que en cuanto al daño moral demandado por el
actor, cabe consignar que su existencia se encuentra
debidamente acreditada con el mérito de la prueba analizada en el fallo de primer grado, que permite concluir que el demandante padeció depresión, evidente congoja y desgaste emocional lo que constituye un daño inmaterial susceptible de ser indemnizado, estimando esta Corte ajustado al mérito de los antecedentes reseñados el monto regulado por el tribunal de primera instancia.
Quinto: Que en cuanto al daño emergente y lucro cesante éstos deben pagarse con más los reajustes del Índice de Precios al Consumidor desde la época de notificación de la demanda hasta su pago y, los daños extrapatrimoniales con los reajustes referidos, pero a contar de la fecha del fallo de primer grado, que es la época a la cual se hizo la regulación de ellos, hasta su pago y generarán intereses para operaciones no reajustables, desde que el deudor se constituya en mora.
Y de conformidad con lo que prescriben los artículos
186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se
confirma la sentencia apelada de ocho de octubre de dos mil catorce, escrita a fojas 541 y siguientes con declaración
de que las cantidades ordenadas pagar por concepto de daño emergente, lucro cesante y daño moral, se pagarán con los reajustes e intereses señalados en el motivo quinto de este fallo de reemplazo.
Acordada la decisión anterior, en lo que concierne al
daño moral, con el voto en contra de las Ministras Sras.
Egnem y Sandoval, quienes no comparten lo consignado en
los motivos tercero, cuarto y quinto en lo pertinente, de
la presente resolución, y fueron del parecer de revocar el
fallo de primer grado en cuanto dispone el pago de daño
emergente y daño moral, y de confirmar en lo demás la
referida sentencia.
Regístrese y devuélvase con su agregado.
Redacción a cargo del Abogado Integrante señor Matus.
Rol N° 20.606-2016.
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema
integrada por los Ministros Sra. Rosa Egnem S., Sra. María
Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z., y Sr. Manuel
Valderrama R., y el Abogado Integrante Sr. Jean Pierre Matus A. No firman, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, la Ministra señora Egnem por estar en comisión de servicios y la Ministra señora Sandoval por
estar con licencia médica. Santiago, 09 de noviembre de
2016.
Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema
En Santiago, a nueve de noviembre de dos mil dieciséis, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente
