Arica, veinticinco de mayo de dos mil veintidós.
VISTO:
Compareció don Jorge Orlando Videla Herrera, abogado, y dedujo recurso de
protección en contra del Ministerio Público, representado por su Fiscal Nacional
don Jorge Abbott Charme, por haber dispuesto el término de su contrato de
trabajo de manera arbitraria e ilegal por necesidades de la Fiscalía Regional de
Arica y Parinacota, según consta en Resolución FN/MP N° 384/2022 de 28 de
marzo de 2022, vulnerando de este modo las garantías constitucionales de los
numerales 2° y 24 de la Constitución Política de la República.
Señala que ingresó al Ministerio Público en marzo de 2013, Institución en la cual
se desempeñaba como Abogado Asesor de la Fiscalía Regional de Arica y
Parinacota, ostentando el grado VI del Estamento Profesional, obteniendo siempre
buenas calificaciones, siendo la última de ellas nota 7.0.
Refiere que la resolución que puso término al contrato se fundó en el artículo 81
k) de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que
establece como causal de término las necesidades de la Fiscalía Nacional o
Regional en su caso, tales como las derivadas de la dotación anual que se fije
para el personal, de la racionalización o modernización y del cambio de naturaleza
de las funciones que haga necesaria la separación de uno o más funcionarios.
En cuanto a la resolución en cuestión, señala que el señor Fiscal Regional
solicitó la aplicación de la causal mencionada, “por necesidades de la Fiscalía
Regional derivadas del cambio de la naturaleza de las funciones que hacen
necesaria la separación de ese funcionario”, la que se sometió a conocimiento del
Consejo General del Ministerio Público, y con informe favorable, se puso término
al contrato. En cuanto a la solicitud del señor Fiscal Regional, detalla que la misma
se fundó en que la entidad cuenta en el área de Asesoría Jurídica con tres
profesionales Abogados Asesores que asesoran principalmente al Fiscal Regional,
y secundariamente a fiscales adjuntos. Por su parte los lineamientos estratégicos
de la fiscalía regional, de acuerdo al Plan Estratégico 2016-2022, tiene como uno
de sus objetivos principales “la relación y atención de nuestros usuarios, en
especial la necesidad de tener un vinculación permanente desde los inicios de la
persecución penal hasta la audiencia de juicio oral, de manera de mantener
informados y contar con su declaración ante los tribunales competentes”. Prosigue
la petición aludiendo a la difícil tarea en la coordinación y colaboración por parte
de víctimas y testigos, siendo una tarea compleja para funcionarios de la Fiscalía,
la que “requiere no sólo el aumento del uso de los actuales profesionales en la
unidad de víctimas con los que cuenta la institución, sino que, se debe ir un paso
más allá, y conformar una sub unidad especialidad en la preparación y acompañamiento de las víctimas y testigos en los juicios orales.”, siendo necesario
avanzar en la creación de una sub unidad dentro de la URAVIT, la que requiere de
un profesional con conocimientos en el área social y psicológica. Añade que “en la
actualidad la unidad de asesoría jurídica cuenta con tres profesionales, para una
carga laboral que producto de los nuevos lineamientos es posible abordar con dos
profesionales, sin que se vean mermado las labores del servicio.”.
Cuestiona lo señalado por el Fiscal Regional, señalando que no es efectivo que
la Unidad de Asesoría Jurídica cuente con tres profesionales, por cuanto durante
el año 2021, y tras volver de su post natal y/o licencias médicas, la profesional que
se desempeñaba como la tercera Abogada Asesora es reubicada como Abogado
Asistente, cambio que significó modificar su cargo, con el respectivo anexo a su
contrato de trabajo, quedando por tanto la Unidad compuesta sólo con dos
letrados, don Richard Toledo y el recurrente.
Luego, la necesidad de la Fiscalía dice relación con una causal objetiva
como señala la norma, esto es, el cambio de naturaleza de las funciones que haga
necesaria la separación, cuestión que no ha ocurrido, pues sus funciones como
asesor no han variado, y lo que se requiere es un nuevo puesto de trabajo, sin
perjuicio de referirse a la relación laboral, que en el caso de los funcionarios del
Ministerio Público, están amparados por el principio de continuidad o estabilidad
laboral, de carácter indefinida y en la consagración de causales específicas para
poder finiquitarla, por lo tanto, la sola voluntad del empleador manifestada en ese
sentido es excepcional, y la causal de terminación del artículo 81 k) debe cumplir
con el estándar de motivación de los actos administrativos, cuestionando que la
misma no indica los motivos, razones, causas específicas y circunstancias
precisas que se han considerado para desvincular al funcionario, no se señala por
qué se le elige a él y no a los otros asesores, y que la razón esgrimida hace
patente que no existe ni existió cambio en la naturaleza del cargo de asesor
jurídico, sino la necesidad de la institución de contar con otro profesional
especialista en otra área, pero dicho aspecto debió ser atendido mediante la
solicitud de un nuevo cargo a nivel central, o tal vez aumento del presupuesto
regional para contratar al asistente social y psicólogo indicado en el formulario.
Completa este argumento indicando las funciones que realizan los asesores
jurídicos, las que se continúan haciendo.
Sostiene que en este caso se configura lo que se denomina desviación de
poder, ya que la decisión impugnada se funda en hechos diversos a los que se
desprenden de la Resolución que pone término al contrato, de modo que las
circunstancias expuestas en el mismo acto administrativo develan que el fin que
tuvo a la vista la autoridad es otro y que las funciones que desempeñaba el profesional afectado subsisten en el Ministerio Público y sólo han sido
encomendadas a otras personas. Luego, siendo cinco los elementos del acto
administrativo, la competencia, la forma, el fin, los motivos y el objeto, la ilegalidad
se configura en relación al elemento fin del acto, aspecto que constituye un vicio
que lo torna susceptible de anulación, siendo, por cierto, también arbitrario,
estimando que la resolución impugnada y el informe que sirve de fundamento no
satisfacen el estándar de motivación exigido por los artículos 11 y 41 de la Ley N°
19.880, que refrendan a nivel legal los principios constitucionales de publicidad y
transparencia de los actos de la Administración del Estado.
Indica que la garantía de igualdad ante la ley exige que la
decisión/distinción que se cristaliza en poner término anticipado a su contrato
supere un examen en el cual se analiza si la decisión es razonable, no arbitraria y
proporcional. Sostiene que ella toma como argumentos conceptos vagos e
imprecisos: pues, no queda clara la justificación o motivación de la decisión
conforme a los estándares que exige el principio de igualdad, y por lo demás,
conforme a los requisitos que debe reunir todo acto administrativo, en especial,
aquel que conculca garantías fundamentales de los trabajadores. De este modo, la
resolución impugnada carece de la más mínima motivación, por lo que su despido
deviene en discriminatorio, ilegal y carente de fundamento.
Respecto del derecho de propiedad, la estabilidad en el empleo constituye
un bien resguardado por el derecho y que pertenece al orden público económico,
porque forma parte del patrimonio personal, del patrimonio social y del patrimonio
pecuniario del sujeto, y tiene un sentido de integración e identidad social, en
importante grado forjada en el servicio a la comunidad inserto en el empleo
público, junto a los que se encuentra el nivel de lo pecuniario, la que en su caso se
asocia a las seguridades que proporciona al funcionario y a quienes de él
dependen, el estipendio periódico.
Pide acoger el recurso y decretar, como medida para restablecer el imperio
del derecho, invalidar el término del contrato del recurrente, ordenar su reintegro y
el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente
reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso con
expresa condenación en costas.
Informando el señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, plantea, en
primer término, la improcedencia del recurso de protección, toda vez que esta
materia sólo podría ser conocida en un juicio de lato conocimiento de acuerdo a
las normas del Código del Trabajo. Además, el recurrente mantiene cierta
vacilación en su argumentación, desde negar absolutamente la existencia de
fundamentación del acto, por lo que sería ilegal, hasta sostener que la fundamentación del acto no es suficiente o no se ajusta a la causal establecida en
la ley.
Luego, y atendido que el segundo argumento referido, anula por sí mismo el
primer argumento citado, forzoso es llamar la atención sobre la procedencia de
discutir aquello en sede de esta acción constitucional.
Acota que en este caso, el recurrente no se conforma o no comparte los
fundamentos del acto que impugna, controvierte circunstancias de hecho, e
incluso sugiere otras medidas que debió o pudo adoptar la autoridad regional para
poder implementar las políticas institucionales que se propone. En definitiva, la
controversia es resolver si su despido se ajusta a la causal legal invocada, esto es,
lo que nuestro ordenamiento jurídico conoce como acción de nulidad del despido o
de despido injustificado.
Enseguida, expone que la causal de desvinculación por necesidades de la
institución está expresamente consagrada en el artículo 81 letra k) ya citado,
norma en cuya virtud el Fiscal Nacional, una vez al año, se pronuncia sobre la
eventual aplicación de esta causal a determinados funcionarios de acuerdo con las
propuestas que en ese sentido formulan las fiscalías regionales o los jefes de
divisiones o unidades de la Fiscalía Nacional. Las solicitudes revisadas y
aprobadas son sometidas a conocimiento de Consejo General y sólo con el
informe favorable de éste, el Fiscal Nacional procede a dictar las resoluciones que
disponen el término del contrato de los funcionarios.
La aplicación de la causal
respecto del señor Videla Herrera fue fundada en las derivadas del cambio de
naturaleza de las funciones y en el documento adjunto a la Resolución, la que ha
dado estricto cumplimiento a las disposiciones legales que regulan esta materia.
Indica en consecuencia, que la causal invocada está ajustada a derecho,
constituyendo facultad exclusiva y excluyente del Fiscal Nacional, resultando
entonces lejano e irrelevante analizar las competencias del recurrente para el
nuevo cargo requerido o exigir mayores fundamentaciones y probanzas a la
decisión, las que en todo caso, están suficientemente expresadas en el acto que
se impugna y el documento que forma parte de él.
Sobre el argumento de falta de fundamentación, alega que el recurrente se
extiende controvirtiendo la fundamentación de la resolución. Sólo no comparte las
razones expuestas y cuestiona la suficiencia de la fundamentación para constituir
la causal, pero se encuentra fundada.
Luego, en lo referente al número de abogados que laboran en Asesoría
Jurídica, indica que el Fiscal Regional, determinó la necesidad de crear una nueva
sub unidad vinculada directamente, tanto a la atención de los usuarios externos,
como a la coordinación de las relaciones con otras instituciones colaboradoras,
requiriéndose un profesional vinculado y con experiencia en la dirección de equipos relacionados a la atención de público y a la gestión de procesos,
psicólogo o asistente social, contratación que resulta imposible por la vía del
aumento de la planta funcionaria, por existir una prohibición a ese respecto, y
contrariamente a lo sostenido por el recurrente, se contaba con tres profesionales
que ostentan el título de abogado.
Sobre las alegaciones del recurrente de falta de fundamentos y cambio en
la naturaleza de las funciones, responde que se trata de facultades del Fiscal
Regional para disponer la organización y funcionamiento de la Fiscalía Regional y
para supervisar el funcionamiento administrativo.
En ese contexto, el Fiscal
Regional ha dispuesto la creación de una subunidad de juicios orales dentro de la
Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos, la que requiere un profesional
de las características que se indican en el documento que funda la resolución de
desvinculación del recurrente, de modo que la autoridad regional concluyó que
puede prescindirse, sin afectar el funcionamiento institucional, de un profesional
de la Unidad de Asesoría Jurídica, y tener la vacante necesaria para contratar a
otro, con competencias y formación distinta a la del abogado. No es posible, como
afirma el recurrente, solicitar otro cargo a nivel central o aumentar presupuesto, y
es precisamente la falta de vacantes, determinadas por ley, la que obliga a
prescindir de funcionarios, razón por la que existe la causal del artículo 81 k).
Estimarlo de otro modo paralizaría a la institución.
Respecto de la alegación relativa a la elección del profesional desvinculado,
debía necesariamente elegir a aquel que se alejara más de la dimensión de
atención de usuarios, y que por otro lado llevara menos tiempo en la institución,
condiciones que se reunían en los abogados Richard Toledo e Ingrid Castro.
Estimando, entonces, la ausencia de vulneración de garantías
fundamentales, pidió el rechazo del recurso.
Se trajeron los autos en relación.
CON LO RELACIONADO, Y CONSIDERANDO
PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta
Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos
fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona
por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su
amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de
terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas
conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los
antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos
constitucionales de quien recurre.
SEGUNDO: Que en consecuencia, a esta Corte le cabe analizar si el actuar
de la parte recurrida fue arbitrario o ilegal, y establecido esto, si se ha vulnerado
alguna de las garantías protegidas por este arbitrio y que la recurrente estimó
infringidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución
Política de la República.
TERCERO: Que a juicio del recurrente, el acto ilegal y arbitrario consiste en
la dictación de la Resolución FN/MP 384/2022 de 28 de marzo de 2022 mediante
la cual el señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, don Jorge Abbott Charme,
puso término desde el 1 de abril del año en curso al contrato de trabajo del
recurrente por necesidades de la Fiscalía Regional, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 81 letra k) de la Ley N° 19.640, aduciendo que dicha resolución no se
encuentra debidamente fundamentada, estimando que con ello se le han
vulnerado las garantías constitucionales establecidas en los numerales 2° y 24 del
artículo 19 de la Constitución Política de la República.
CUARTO: Que informando el recurso, la recurrida expresó, en primer
término, que la presente acción constitucional resulta del todo improcedente, toda
vez que la pretensión del recurrente es la nulidad del despido, solicitud ésta que
debió haberse efectuado mediante un juicio de lato conocimiento sometido a las
reglas del Código del Trabajo.
Sin embargo, analizado el texto del recurso y tal como se señaló
precedentemente, lo impugnado por el recurrente no es la incorrecta aplicación de
la causal de despido o la nulidad de éste, como lo sostiene la recurrida, toda vez
que en parte alguna de su libelo pretensor efectúa mención a la normativa del
Código del Trabajo, específicamente a lo estatuido en el artículo 168 de dicho
cuerpo legal, sino que lo reprochado por el recurrente es la falta de
fundamentación de la resolución impugnada, insuficiencia ésta que, a su juicio, la
torna en ilegal y arbitraria, vulnerándole de este modo las garantías fundamentales
denunciadas.
QUINTO: Que atento a lo anteriormente explicitado y, acorde a lo señalado
en el considerando primero, no cabe sino concluir que la acción intentada por el
recurrente se aviene del todo con el presente arbitrio constitucional y no con un
juicio de lato conocimiento, como lo pretende la recurrida, razón por la cual la
alegación de esta última, en tal sentido, será desestimada.
SEXTO: Que en lo relativo al fondo del recurso, es del caso señalar que
examinada la resolución impugnada, consta en ella que para resolver poner
término al contrato de trabajo de don Jorge Orlando Videla Herrera, se fundó en
cuatro considerandos: En el primero, se transcribe el artículo 81 letra k) de la Ley
Nº 19.640; en el segundo, se hace lo propio con el artículo 82 de la misma Ley; en el tercero, se expresa que el Fiscal Regional de la Fiscalía Regional de Arica y
Parinacota, remitió el formulario que forma parte de la presente resolución,
solicitando se aplicara la causal de término de contrato al recurrente, por
necesidades de la Fiscalía Regional derivadas del cambio de naturaleza de las
funciones que hacen necesaria la separación de dicho funcionario; y, el cuarto se
refiere a que en sesión del 28 de marzo del año en curso, el Fiscal Nacional
sometió a conocimiento del Consejo General del Ministerio Público la decisión
anteriormente referida, recibiendo el informe favorable.
SÉPTIMO: Que del análisis de la normativa contemplada en la Ley
Orgánica Constitucional del Ministerio Público, esto es, la Ley N° 19.640,
específicamente de la letra k) del artículo 81 de la misma, aparece que el Fiscal
Nacional puede poner término al contrato de trabajo de los funcionarios de dicha
Institución que no sean de exclusiva confianza -cuyo es el caso del recurrente- por
necesidades de la Fiscalía Regional, las que determinará el Fiscal Nacional una
vez al año previo informe del Consejo General, tales como las derivadas de la
dotación anual que se fije para el personal, de la racionalización o modernización y
del cambio de naturaleza de las funciones que haga necesaria la separación de
uno o más funcionarios; siendo precisamente en dicha norma en la cual se asiló el
Fiscal Nacional para poner término al contrato de trabajo del recurrente.
OCTAVO: Que no obstante lo anteriormente reflexionado, no puede esta Corte
obviar que no es posible que una resolución que pone término al contrato de
trabajo de un funcionario, aunque provenga del ejercicio de una facultad legal, ella
está sujeta al deber de fundamentación que es inherente a todo acto
administrativo al ser un elemento de su esencia, cuya existencia siempre está bajo
el control de esta judicatura, atento lo dispuesto en los artículos 11 inciso 2° y 41
inciso 4° de la Ley N°19.880. Es decir, en el caso de marras se debe verificar no
solo la existencia de la ley que habilite al Fiscal Nacional de ejercer la potestad de
poner término al contrato de trabajo de un funcionario de su dependencia, que no
sea de su exclusiva confianza, sino que, además, se debe constatar que se
configuren los supuestos de hecho que dieron origen a tal separación y se cumpla,
además, con el requisito de razonabilidad vinculado estrechamente a la exigencia
de proporcionalidad.
NOVENO: Que en este orden de ideas y acorde lo expresado en los motivos
sexto y séptimo, aparece de forma palmaria que el Fiscal Nacional del Ministerio
Público puso término al contrato de trabajo del señor Jorge Orlando Videla Herrera
en virtud de la facultad que le confiere el artículo 80 letra k) de la Ley N° 19.640,
esto es, por necesidades de la Fiscalía Regional; ello en virtud del formulario que
le fuera remitido por el señor Fiscal Regional de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, el que forma parte de la resolución impugnada según consta en el
considerando tercero de la misma.
DECIMO: Que en consecuencia, para decidir si la resolución impugnada se
encuentra debidamente fundamentada, necesariamente debemos examinar el
formulario mencionado precedentemente, es decir, las razones esgrimidas por el
Fiscal Regional al Fiscal Nacional, para que éste hiciese uso de la facultad
prevista en el artículo 81 letra k) de la Ley Nº 19.640.
Pues bien, según consta del documento incorporado en los folios 25 y 26
como asimismo 66 y 67, don Mario Carrera Guerrero, Fiscal Regional de Arica y
Parinacota, el 16 de febrero del año en curso, suscribió un documento
denominado “Solicita uso de facultad para poner término a contrato de trabajo
prevista en el art. 81 letra k) de la Ley 19.640”, el cual consta de dos puntos: el
primero, denominado “Antecedentes del funcionario propuesto” en el cual se
consignan los datos personales relativos a don Jorge Orlando Videla Herrera y, en
el segundo, llamado “Fundamentos de la solicitud”, se expresan las necesidades
de la Fiscalía Regional.
Cabe precisar que estas últimas las subdivide en tres acápites: a)
Derivadas de la dotación anual que se fija para el personal; b) De la
racionalización o modernización y, c) del cambio de naturaleza de funciones. En lo
que respecta a la letra b) indica en síntesis, que la Fiscalía Regional de Arica y
Parinacota cuenta el área Asesoría Jurídica con tres profesionales Abogados
Asesores señalando las funciones de los mismos, acotando que asumió el desafío
de dirigir los destinos de esta Fiscalía Regional durante los restantes siete años,
estableciendo como pilar fundamental el mejoramiento de los medios de atención
a víctimas y testigos en apoyo a los fiscales y funcionarios en las diversas
investigaciones.
En lo referente al cambio de naturaleza de funciones, expresa que el plan
estratégico 2016-2022, ha trazado como uno de sus objetivos principales, la
relación y atención de los usuarios, en especial la necesidad de tener una
vinculación permanente desde los inicios de la persecución penal hasta la
audiencia de juicio oral, de manera de mantener informados y contar con su
declaración ante los tribunales competentes; señalando a continuación la cantidad
de juicios orales realizados y la dificultad de coordinar con las víctimas y testigos
las preparaciones de juicios orales. Acota que ello requiere no solo el aumento del
uso de los actuales profesionales en la unidad de víctimas con los que cuenta la
Institución, sino que además debe ir un paso más allá y conformar una sub-unidad
especializada, en la preparación y acompañamiento de las víctimas y testigos en
los juicios orales, por lo que requiere avanzar en la creación de una sub-unidad dentro de la Uravit, detallando a continuación las funciones de ésta. Finaliza
indicando que en la actualidad la asesoría jurídica cuenta con tres profesionales,
para una carga laboral que producto de los nuevos lineamientos es posible
abordar con dos de ellos sin que se vean mermadas las labores del servicio, y
propone modificar la estructura de dos unidades disminuyendo en un profesional
asesoría jurídica y potenciando a la Uravit a través de la creación de una subunidad de juicios orales.
UNDECIMO: Que acorde a lo anteriormente anotado, la solicitud del señor
Fiscal Regional al Fiscal Nacional para que éste ejerciera la facultad que le
confiere el artículo 81 letra k) de la Ley Nº 19.640, que es precisamente la que le
sirve de sostén a la resolución impugnada está sustentada, por una parte, en los
lineamientos y desafíos que el Fiscal Regional se propuso al asumir tal función
esto es, el mejoramiento de los medios de atención a víctimas y testigos y, por la
otra, en el plan Estratégico 2016-2022 de la Fiscalía.
Sobre el particular, es menester dejar establecido que es un hecho público
y notorio que el señor Fiscal Regional de Arica y Parinacota don Mario Carrera
Guerrero asumió sus funciones el 18 de enero de 2021, es decir a dos años del
término del plan Estratégico propuesto por la Fiscalía Regional; sin embargo, el 16
de febrero del año en curso, es decir, a más de un año de asumir sus funciones y
tan sólo a diez meses de expirar dicho plan, es decir, en las postrimerías del
mismo, señala que la Asesoría Jurídica cuenta con tres profesionales para una
carga laboral que producto de los nuevos lineamientos -potenciar a Uravit- es
posible atender con dos de ellos, por lo que solicita que se ponga término al
contrato de don Jorge Videla Herrera, sin explicitar de modo alguno, el por qué
dicha decisión necesariamente tenía que recaer en él y no en otro profesional,
razonamiento éste que en el caso de marras resultaba indispensable, pues no se
puede dejar de soslayar que el señor Videla ha sido calificado con nota de
excelencia, obteniendo durante el periodo 2021 el máximo de ella, es decir, un
siete.
Cabe consignar que en nada altera lo anteriormente razonado, la
explicación dada por el recurrido en orden a que tal decisión se debió a que de los
tres abogados asesores, el señor Videla fue el último en ingresar al Ministerio
Público, ya que lo requerido por el legislador es precisamente que la
exteriorización del motivo que dio origen al acto impugnado esté contenido en él;
es decir, que la resolución impugnada estuviere debidamente fundamentada, y no
que se trate de otorgar a ella, con posterioridad, visos de legalidad.
DUODECIMO: Que de acuerdo a lo anteriormente reflexionado y, tal como
se señaló en el motivo octavo, no puede esta Corte obviar que la resolución impugnada está sujeta al deber de fundamentación que es inherente a todo acto
administrativo, pues la motivación constituye uno de los elementos del mismo, ya
que a través de ella se exteriorizan las razones que ha llevado a la autoridad a
dictarlo, exigencia que se impone en virtud del principio de legalidad.
En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley N° 19.880 consagra los
principios de transparencia y publicidad. “Es así como el artículo 11 inciso
segundo de la misma previene la obligación de motivar en el mismo acto
administrativo la decisión, mencionando los hechos y fundamentos de derecho, en
el caso que afectare los derechos o prerrogativas de las personas. A su turno,
también el artículo 41 inciso cuarto del aludido texto legal dispone que las
“resoluciones contendrán la decisión, que será fundada”. Proceder que, por lo
demás, se hace enteramente exigible por mandato del artículo 8° de la
Constitución Política de la República.
Semejante exigencia supone, como es evidente, que las razones argüidas
por la autoridad hallen sustento en la realidad, vale decir, que se condigan con los
antecedentes fácticos del caso en concreto, pues, de lo contrario, solo se estaría
dando cumplimiento de manera formal y meramente formularia al cumplimiento de
la obligación en comento”. (Sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol 34.610-
2021).
DECIMOTERCERO: Que de lo expuesto precedentemente, queda de
manifiesto la carencia de motivación del acto impugnado, pues si bien éste indica
las razones por las que disminuirá la dotación de la Asesoría Jurídica de la
Fiscalía Regional, de tres a dos abogados, no es menos cierto que no efectúa
razonamiento alguno respecto al supuesto de hecho que dio origen al término del
contrato del señor Videla, esto es, el por qué se tomó tal decisión respecto de él y
no de otro profesional que labore en dicha repartición.
Dicho de otro modo, si bien pudiese estimarse que el acto impugnado
contiene las razones que lo sustentan (disminuir la dotación de asesores
jurídicos), no es menos cierto que para estimar que éste cumple con los requisitos
de fundamentación, es menester que en él se haga una relación circunstanciada
de la motivación de tal decisión (poner término al contrato del recurrente y no de
otro asesor jurídico), máxime que se realizó en las postrimerías del plan
estratégico 2016-2022, requisito este último que no concurre en la resolución
impugnada y que resulta imprescindible para evaluar la razonabilidad y
proporcionalidad de la misma, por lo que no cabe sino concluir, que el acto
administrativo materia del presente arbitrio, no solo carece de fundamentación,
sino que además, atenta contra los principios de razonabilidad y proporcionalidad
que debe contener todo acto administrativo.
DECIMOCUARTO: Que en consecuencia, por carecer el acto reprochado
de fundamento que permita entender y que entregue soporte a la decisión
contenida en él, forzoso es concluir que el acto impugnado se torna en ilegal, pues
en su emisión no se cumplieron las exigencias previstas en los artículos 11 y 41
de la Ley N° 19.880, desde que carece de fundamentos de hecho que expliquen,
la decisión allí adoptada.
Cabe señalar, además, que en concepto de estos sentenciadores la
resolución impugnada no solo constituye un acto ilegal, sino que además resulta
arbitrario, puesto que la referida ausencia de motivos que justifiquen la decisión
allí contenida, demuestra que ha obedecido al mero capricho de la autoridad que
la expidió.
DECIMOQUINTO: Que acorde a lo expresado precedentemente, el acto
reprochado mediante el presente arbitrio vulnera el derecho de igualdad ante la ley
contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda
vez que establece un tratamiento distinto entre los demás funcionarios
dependientes de la Asesoría Jurídica de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota
y el recurrente, a quien se le puso término al contrato de abogado asesor en dicha
Institución, sin que se le hayan hecho valer elementos de juicio que expliquen de
manera suficiente semejante decisión, razón por la que el recurso de protección
debe ser acogido.
DECIMOSEXTO: Que finalmente, en lo relativo a la otra garantía
constitucional que el recurrente estima conculcada con el actuar del recurrido, esto
es, el derecho de propiedad que dice tener sobre su empleo contemplado en el N°
24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, es del caso señalar
que tal derecho, no reviste el carácter de ser, según su significado legal, un derecho de
propiedad de aquellos que recaen sobre cierta clase de bienes incorporales y del cual pueda ser
privado para reclamar de protección.
Así pues, la Excma. Corte Suprema en los autos rol N° 2369-2000, señaló que “ la
garantía del Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República no contempla una
supuesta “propiedad del empleo o función”. El derecho constitucional relacionado con las
funciones y empleos públicos se encuentra contenido en el Nº 17 del citado artículo, y se limita
a asegurar la admisión a tales ocupaciones, cuando se cumplan los requisitos legales, pero no
abarca a la permanencia en esas funciones o empleos; siendo de destacar que esta garantía no
se encuentra cubierta por el recurso de protección, conforme a la enumeración que hace el
artículo 20 de la Carta Fundamental”.
Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma.
Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las
Garantías Constitucionales, se declara:
I.- Que SE ACOGE el recurso deducido por don Jorge Orlando Videla
Herrera en contra del Ministerio Público representado por su Fiscal Nacional don
Jorge Abbott Charme, en el sentido que se deja sin efecto lo dispuesto en la
Resolución FN/MP N° 384/2022, reintegrándolo a sus labores habituales,
debiendo la recurrida pagar las diferencias de remuneraciones, bonos y/o
cualquier estipendio que le hubiesen correspondido percibir al actor desde el 28 de
marzo del año en curso, esto es, desde la notificación de la Resolución materia del
presente arbitrio y la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada.
II.- Se deja sin efecto la orden de no innovar decretada. Ofíciese.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Redacción de la Ministra, señora María Verónica Quiroz Fuenzalida.
No firma la Ministra, señora María Verónica Quiroz Fuenzalida, quien no
obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, se encuentra haciendo uso de
permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.
Rol Nº 948-2022 Protección.
Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Arica integrada por Ministro Marcelo Eduardo Urzua
P. y Fiscal Judicial Juan Manuel Escobar S. Arica, veinticinco de mayo de dos mil veintidós.
En Arica, a veinticinco de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución
precedente.
TELEGRAM
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ADVERTENCIA:
Si se trata de una sentencia de Corte de Apelaciones o Juzgado, verifique si se encuentra firme y ejecutoriado en el sitio del Poder Judicial.
MARIO AGUILA, editor.
